QUINCE AÑOS DE JUSTICIA

 CONSTITUCIONAL

Por años la justicia constitucional estuvo en los cajones de escritorios, estantes y bibliotecas. Durante décadas no se tomó en cuenta en la aplicación de los derechos fundamentales. No representaba supremacía dentro del sistema jurídico nacional que por jerarquía le correspondía,  pero a partir de 1989 la Sala Constitucional le da vida y la coloca en la cúspide de cada una de sus resoluciones.

Al respecto el jurista nacional Walter Antillón dijo recientemente que “reinaba pero no gobernaba, pues eran constantes y evidentes las frecuentes violaciones de los derechos fundamentales consagrados en ella que no hallaban freno ni remedio y prosperaban las leyes y códigos que contradecían sus preceptos”.

“Antes de la aprobación y vigencia de la jurisdicción constitucional se vivió en Costa Rica un constitucionalismo “ligth”, pues había un desgano en el ejercicio de la defensa de los derechos ciudadanos”, ha enfatizado el Dr. Antillón.

Cuarenta años después de la promulgación de la Carta Magna nace la Sala Constitucional, constituyéndose en un tribunal para el ejercicio de una jurisdicción que tiene como función primordial la interpretación del texto de sus 197 disposiciones normativas.

 

Los primeros jueces constitucionales electos por la Asamblea Legislativa fueron el Lic. Alejandro Rodríguez Vega, quien a la vez fuera su primer Dr. Rodolfo Piza Escalante, q.d.g; Dr. Luis Paulino Mora Mora; Lic. Luis Fernando Solano Carrera; Lic. Jorge Castro Bolaños; Lic. Jorge Baudrit Gómez y el Lic. Juan Luis Arias Arias.

Actualmente la integran el Lic. Luis Fernando Solano Carrera, quien la preside; Dr. Luis Paulino Mora Mora; Licda. Ana Virginia Calzada Miranda; Lic. Adrián Vargas Benavides; Dr. Gilberth Armijo Sancho y el Dr. Ernesto Jinesta Lobo. En este momento la Asamblea Legislativa tiene pendiente el nombramiento de quien sustituirá en este cargo al Lic. Carlos Arguedas Ramírez, quien se acogió recientemente a su jubilación. También formó parte de este tribunal el Lic. Eduardo Sancho González, jubilado hace dos años, quien ocupó el cargo durante 10 años.

 La Sala Constitucional abrió sus puertas en el mes de setiembre de 1989 con un circulante de 50 asuntos entre recursos de Habeas Corpus y Acciones de Inconstitucionalidad que provenían de la Corte Plena. Al cumplirse el mes ya tenían 250 asuntos por resolver.

Desde esa fecha la tónica ha sido el crecimiento constante de expedientes. En el 2003 la Sala Constitucional resolvió 14044. De dicha cantidad se votaron 1300 recursos de Hábeas Corpus; 12406 recursos de amparo; 257 acciones de inconstitucionalidad; 3 resoluciones por Conflictos de Constitucionalidad; 17 Consultas Constitucionales y 61 Consultas Judiciales.

Este balance numérico ha provocado que algunos sectores la califiquen como una macrosala, donde acuden los costarricenses en busca de una pronta solución a sus problemas que ya a su criterio, otros órganos judiciales y administrativos no brindan la respuesta rápida que necesitan.

Lo anterior, en criterio de expertos, no es más que la tutela efectiva de los derechos fundamentales que es la razón se ser del control de constitucionalidad.

Las resoluciones dictadas por la Sala siempre son objeto de comentario y debate jurídico. Muchas de ellas forman parte de la historia nacional por sus implicaciones, consecuencias y carácter oponible. Por ello presentamos una reseña de algunas éstas sentencias.

Juan SIN Tierra CON debido proceso

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia.

Este es el voto 1739-92 del llamado Debido Proceso con redacción del Dr. Rodolfo Piza Escalante, q.d.g. el cual se extrajo d el capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215 que desarrolló ese derecho de los barones normandos frente al Rey "Juan Sin Tierra" a no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin el juicio legal de sus pares y mediante el debido proceso legal.

Los siguientes son, a juicio de la Sala, los aspectos principales en los que se manifiesta el debido proceso.

  • El derecho general a la justicia.
  • El derecho general a la legalidad.
  • El derecho al juez regular.
  • Los derechos de audiencia y defensa.
  • El principio de Inocencia.
  • El principio de In Dubio Pro Reo.
  • Los derechos al procedimiento.
  • El derecho a una sentencia justa.
  • El principio de la doble instancia.
  • La eficacia formal de la sentencia.
  • Derecho a la eficacia material de la sentencia.

Libertad Sindical

La teoría de la libertad sindical, llamada también teoría triangular de la libertad sindical, lo conforman tres aspectos esenciales:

  1. El libre ingreso y retiro del sindicato;
  2. La pluralidad de agrupaciones sindicales;
  3. La autonomía necesaria de las asociaciones sindicales para actuar libremente frente al Estado, frente a otras organizaciones o frente al empleador.

Este es el voto 5000-93, con redacción del magistrado suplente Fernando Del Castillo Riggioni, con el cual se garantiza a los trabajadores costarricenses la libertad de sindicalizarse.

En el caso concreto la Sala restituyó en el pleno goce de sus derechos a tres trabajadores de una compañía bananera quienes fueron despedidos por ejercer actividades sindicales, señalando además que la empresa recurrida debía evitar la repetición de una actuación similar y con aplicación del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la resolución debía aplicarse erga omnes, de manera que lo dispuesto es vinculante y de acatamiento general y obligatorio.

Sin derecho a Huelga servicio público esencial

Del análisis hecho queda claro que la Constitución difiere a la ley enunciar en qué servicios públicos procede excluir o limitar el ejercicio del derecho de la huelga.

Esto no tiene un efecto impeditivo absoluto, que proscriba de los servicios públicos el ejercicio del derecho de huelga. Por consiguiente, la ley debe discernir en qué casos ese ejercicio no es legítimo, tomando en cuenta la naturaleza de la prestación y los efectos que produciría la huelga en el ámbito de los derechos e intereses de los destinatarios o usuarios de dichos servicios.

En tal caso, es viable limitar el ejercicio del derecho, lo que debe hacerse con aplicación de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Lo anterior es el pronunciamiento de la Sala en el voto 1317-98, redactado por el exmagistrado Carlos Arguedas Ramírez.

Además se dispone la inconstitucionalidad de la atribución del Poder Ejecutivo de decidir en que funciones públicas se prohíbe la huelga por exceder el principio de reserva de ley dispuesto en el numeral 61 constitucional.

Dicha atribución recae exclusivamente en el Poder Legislativo. En consecuencia la Sala declaró la inconstitucionalidad de los incisos a) y e) del artículo 376 del Código de Trabajo.

Contratación en Moneda Extranjera

Prohibir negocios jurídicos en moneda extranjera entraña una violación a la libertad de contratación. Por ello la Sala mediante voto 3495-92 redactado por el Dr. Piza Escalante dispuso que el artículo 6 de la Ley de la Moneda se leyera de la siguiente manera:

En toda determinación de precios, fijación de sueldos, jornales, honorarios, pensiones y toda clase de remuneraciones, indemnizaciones o prestaciones, imposición de derechos, impuestos y contribuciones, y en cualesquiera otras obligaciones públicas o privadas, que impliquen empleo de dinero y deban solventarse en Costa Rica, los importes correspondientes deberán necesariamente expresarse en colones.

Sin embargo, podrán celebrarse contratos y contraerse obligaciones en monedas extranjeras, pudiendo, a opción del deudor, cancelarse en colones

No a la Fecundación in Vitro

La Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria atenta contra la vida humana. El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte.

Esta es la opinión de la Sala externada en el voto 2306 –00, redactado por el Dr. Piza.

La fundamento principal de la Sala es que la aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo.

La Sala es conciente de que los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados aquí desaparezcan.

Sin embargo, las condiciones en las que se aplica actualmente, llevan a concluir que cualquier eliminación o destrucción de concebidos voluntaria o derivada de la impericia de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud de ésta, viola su derecho a la vida, por lo que la técnica no es acorde con el Derecho de la Constitución y por ello el reglamento cuestionado es inconstitucional por infracción al artículo 21 de la Constitución Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Salvaron el voto el Magistrado Carlos Arguedas Ramírez y la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda declarando sin lugar la acción.

Convenciones Colectivas

¿quiénes sí, quiénes no?

Son inconstitucionales las convenciones colectivas reguladas por los artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo que se celebran en el sector público, cuando se trata de personal regido por la relación de empleo de naturaleza pública es decir una relación estatutaria.

Así mismo se dispuso que no son inconstitucionales las convenciones colectivas que se celebran en el mismo sector, cuando las realizan obreros, trabajadores, funcionarios o empleados del sector público, cuyas relaciones laborales se regulan por el Derecho común.

Los anteriores lineamientos se encuentran en el voto 7730-00, en el que se resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los Habitantes que impugnaba algunas normas de la convención colectiva de Recope. La redacción del voto estuvo a cargo del entonces magistrado Eduardo Sancho González.

Además se analiza la naturaleza jurídica de RECOPE y se indica que no puede, por la vía de la negociación colectiva, dispensarse o excepcionarse de leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes, ni modificar o derogar leyes que otorgan o regulan competencias de los entes públicos, atribuidas en razón de la jerarquía normativa o de las especiales condiciones de la Administración Pública con relación a sus trabajadores.

Dicha conclusión se extrae de la lectura del artículo 112 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública y además de las sentencias No. 1696-1992 y 04453-2000 de la Sala Constitucional.

De esta manera se concluyó que los artículos 28, 33, 107 y 112 de la Convención Colectiva de RECOPE son contrarios a los artículos 11, 33, 50, 56, 62 y 68 de la Constitución Política, y violan los principios, de razonabilidad y proporcionalidad de las normas, de legalidad y de igualdad, y de los deberes de la función pública.

No financiación en Deuda Política

 

Una acción de inconstitucionalidad presentada por la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Estela Quesada que impugnó una serie de disposiciones constitucionales y electorales en relación el financiamiento de los partidos políticos, la Sala mediante voto 980-91 declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la inclusión del vocablo financiación en el artículo 96, de la Constitución Política, adicionados según Ley No. 4765 de 17 de mayo de 1971, por violación de los trámites constitucionales previstos para su promulgación.

Lo anterior tuvo como consecuencia la anulación del financiamiento adelantado por parte del Estado a los partidos políticos.

 

Así mismo se dispuso mediante voto que el texto del artículo 64 del Código Electoral quedara de la siguiente manera:

“La inscripción de partidos podrá hacerse en cualquier tiempo, excepto dentro de los seis meses anteriores a una elección.

Para la inscripción el presidente del comité ejecutivo del organismo superior del partido y en caso de ausencia o imposibilidad cualquiera de los otros miembros del comité ejecutivo debidamente autorizado al efecto, presentará, con la solicitud, la certificación del acta notarial de constitución, conforme con el artículo 57, y un número de tres mil adhesiones de electores inscritos en el Registro Civil, si se tratare de partidos de carácter nacional.

Para inscribir partidos de carácter provincial se necesitará un número de adhesiones equivalente al uno por ciento del número de electores inscritos en la respectiva provincia, y para los partidos cantonales el mismo porcentaje de los electores inscritos en el cantón. Los partidos que aun no se hubieren inscrito, si ya estuvieren debidamente organizados conforme con el artículo 57, podrán hacer uso de los medios de comunicación colectiva para la propaganda político-electoral, conforme lo prescribe el artículo 85 del citado cuerpo de leyes”.

Tutela efectiva de Libertad de Expresión

Un comentarista deportivo quien fue sentenciado por ejercicio ilegal de la profesión, impugnó vía acción de inconstitucionalidad el artículo 22 de la Ley del Colegio de Periodistas, que exigía la colegiatura obligatoria alegando que se lesionó su libertad de expresión.

Al resolver la acción la Sala cita una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 1985 cuyos jueces por unanimidad declararon : que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

En la resolución 2313-95 del actual presidente de la Sala, Luis Fernando Solano Carrera se indicó además que tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional.

Se enfatiza que los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, no solamente tienen un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, se colocan sobre ésta.

De esta manera se declaró con lugar la acción y se anuló el artículo 22 de la Ley N° 4420, de 22 setiembre de 1969, que obligaba a los periodistas costarricenses integrar el Colegio de Periodistas para ejercer la profesión.

Si al derecho a Reelegir

La Sala Constitucional mediante voto 2771-03 declaró con lugar acciones acumuladas interpuestas contra la reforma introducida al artículo 132, inciso 1) de la Constitución Política por la Ley No. 4349 del 11 de julio de 1969, en cuanto se lesionó los derechos fundamentales a ser electo y a elegir.

La Sala estimó, igualmente, que la Asamblea Legislativa no podía, en este caso, cercenar o restringir derechos fundamentales por su carácter indisponible así como por su rango y jerarquía.

En este sentido votaron los Magistrados Luis Fernando Solano Carrera, Ana Virginia Calzada Miranda, Adrián Vargas Benavides, Gilberth Armijo Sancho y Ernesto Jinesta Lobo. Los Magistrados Luis Paulino Mora Mora y Carlos Arguedas Ramírez salvaron el voto y declararon sin lugar las acciones.

Taxímetros con Voz, billetes al Tacto

Un ciudadano costarricense acudió a la Sala Constitucional, acusando que se siente discriminado en su condición de persona no vidente porque no puede determinar la distinta denominación de los billetes de circulación nacional, lo que le obstaculiza su desarrollo normal. Asimismo porque los taxímetros que se utilizan en los automóviles de servicio público sólo permiten la comprobación de la tarifa de inicio del servicio y el monto final a través de medios visuales, no auditivos, situación que facilita a los taxistas el cobro de tarifas y montos no comprobables para la persona no vidente, que requiere de ese medio de transporte.

La Sala declaró con lugar el recurso de amparo por violación al artículo 33 de la Constitución Política de acuerdo al voto 8800-04.

En consecuencia se ordenó al Director Ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que dentro del plazo de un mes, iniciara los estudios técnicos para buscar una solución viable y satisfactoria tendiente a realizar la modificación de una proporción razonable de los taxis con el fin de que cuenten con medios auditivos o de otra índole que permita a las personas no videntes realizar la verificación del pago de la tarifa en el servicio público, modalidad taxi.

Asimismo, se dio el plazo de un año para haber ejecutado dicha solución.

También se ordenó a la Presidencia del Banco Central que inicie los estudios para que las futuras emisiones de monedas y billetes que se hagan, cumplan con los requisitos necesarios que permitan a la población no vidente en nuestro país distinguir la denominación de los distintos valores.

Jurisprudencia constitucional que protege el medio ambiente

La Sala Constitucional marcó novedosas pautas y lineamientos en la gestión integrada y la protección de los reservas de aguas subterráneas, de los cuales, en buena parte, depende por su valor estratégico, el desarrollo sostenible del país.

Dichos lineamientos se encuentran en el Voto No. 1923-04 en el cual se declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por el Comité Pro-No Construcción de la Urbanización Linda Vista en Poás de Alajuela.

El alto Tribunal estimó que el proyecto urbanístico que pretendía construir cada vivienda con su respectivo tanque séptico podía afectar ostensiblemente el área de recarga y descarga del manto acuífero de Poás que nutre del líquido vital a varias comunidades de la zona, sea por contaminación bactereológica e impermeabilización del mismo.

La sentencia, redactada por el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, hace un extenso análisis del régimen jurídico, naturaleza y protección de las aguas subterráneas, los mantos acuíferos, su tipología en Costa Rica, sus áreas de carga y descarga.

Así mismo establece las competencias sectoriales en materia de gestión integrada de recursos hídricos subterráneos ordenando a una serie de entes y órganos públicos que cumplan cabal y eficientemente con las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico en materia de protección de aguas subterráneas.

El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos.

No a la Guerra

 

Por ser contrario a la Constitución Política, al sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al derecho internacional aceptado por Costa Rica, la Sala Constitucional anuló el acuerdo del Poder Ejecutivo en el que se dio apoyo moral a la intervención armada en Irak.

Se ordenó al Gobierno de la República realizar las gestiones pertinentes para que el Gobierno de los Estados Unidos excluya a nuestro país de la lista de países aliados o de la coalición.

Por este caso se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Luis Roberto Zamora Bolaños, estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Abogados y la Defensoría de los Habitantes.

Las coadyuvancias fueron del Lic. Alberto Salom Echeverría y el Lic. José Miguel Corrales Bolaños.