30 MAYO DE 2007

VOL 56,  AÑO 4

 

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Sala Constitucional elimina norma por violar el debido proceso

 

RECURRIR A PRUEBA DE ADN NO

EXCLUYE PATRIA POTESTAD

 

  • Artículo 156 del Código de Familia constituye una sanción automática a uno de los progenitores
  • Magistrados consideran que legisladores presumieron que utilizar prueba científica constituía una “conducta reprochable”
Se anula la norma... Así de claro fueron los magistrados de la Sala Constitucional al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida en contra del artículo 156 del Código de Familia referente a la exclusión de uno de los progenitores del ejercicio de la patria potestad.
“...el hecho de que un hombre (cuya paternidad solo puede ser comprobada a través del examen de A.D.N.) y en casos excepcionales la mujer, sean partes en un procedimiento para comprobar su paternidad o maternidad, no dice punto de vista objetivo, esa conducta solo demuestra que la persona tiene duda sobre su paternidad o maternidad, lo que hace necesario iniciar un procedimiento y utilizar un instrumento científico-legal puesto a disposición por el ordenamiento jurídico, para comprobar con certeza el hecho. Presumir de manera automática y como tesis de principio que ese acto constituye un acto de mala fe, es irrazonable”.
A esta conclusión llegaron los máximos jerarcas constitucionales, al indicar que la norma en mención lesiona el derecho de defensa, el principio de igualdad, los principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad, así como los derechos del niño a conocer y relacionarse con sus padres y los de estos, a ejercer los derechos derivados de la patria potestad en relación con su hijo.

 “La circunstancia de que un padre o una madre hayan sido demandados para demostrar una determinada filiación, no es motivo suficiente para excluirlos del ejercicio de la patria potestad. El desarrollo integral del menor requiere la presencia de ambos progenitores y el ordenamiento debe apoyar ese esfuerzo. De ahí que la suspensión o terminación de la patria potestad debe disponerse de conformidad con lo establecido en los artículos 158 y 159 del Código de Familia, siguiendo el procedimiento correspondiente”, indica el fallo.
Es importante señalar que la guarda, crianza, educación, representación y administración de bienes del menor son los atributos que implica la patria potestad.

La resolución fue dictada mediante voto Nº 06-12019 tras una acción de inconstitucionalidad presentada ante dicha Sala, por la abogada Alexandra Loría Beeche, en donde expuso que el artículo 156 del Código de Familia excluye al padre del ejercicio de la patria potestad, no por que haya cometido falta alguna en contra de su hija, sino por haber sido necesario iniciar un procedimiento judicial de filiación.

Alega la accionante que “la supuesta falta grave que autoriza la exclusión del ejercicio de la patria potestad es no aceptar la palabra de uno de los progenitores del menor, es decir, se sanciona el tener una duda razonable”.

Ante ello, es importante mencionar que la autoridad parental impone no solo derechos sino además deberes. Así, previo a la imposición de un deber, debe otorgársele a la persona el derecho constitucional al debido proceso de ley, audiencia y defensa.

En ese sentido, el derecho de defensa incluye el acceso irrestricto a las pruebas sin coacción de ningún tipo, no obstante, el artículo impugnado sanciona, con exclusión del ejercicio de la patria potestad, al padre que solicita una prueba de A.D.N. sea por procedimiento administrativo o por judicial, para verificar que la parte contraria –generalmente la madre-, esté diciendo la verdad.

Lo anterior, a pesar de que la norma en cuestión no prevé un momento procesal para que el padre o la madre expliquen las razones de su conducta, requisito mínimo que debe cumplirse de previo a la imposición de cualquier sanción.

El artículo resulta discriminatorio pues ordinariamente, para perder o suspender el ejercicio de la patria potestad, las causales son ofensas graves o faltas; mientras que el artículo 156 sanciona el haber acudido a un procedimiento administrativo o judicial de filiación.

“La ley exige al hombre creer ciegamente en la palabra de la mujer que los señala como padre de su hijo o hija, bajo apercibimiento de que si duda y osa pedir una prueba científica para comprobar el hecho, se les sanciona excluyéndolos del ejercicio de la patria potestad” indica la accionante.

La utilización de una prueba científica que el ordenamiento jurídico pone a disposición del interesado para poder comprobar la paternidad o maternidad acarrea para una de las partes involucradas la pérdida de derechos, lo que supone por tanto, una violación al debido proceso. De ahí que resulte inconstitucional sancionar su utilización.

 

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

 

“Artículo 156.- Exclusión para ejercer la patria potestad (*)
No ejercerá la patria potestad el padre o la madre cuya negativa a reconocer a sus descendientes haya hecho necesaria la declaración administrativa o judicial de filiación, salvo que, posteriormente, el Tribunal decida lo contrario, de acuerdo con la conveniencia de las hijas y los hijos.
(*)Reformado mediante Ley No. 8101 de 16 de abril del 2001. LG #81 de 27 de abril del 2001.”
 

La norma cuestionada se ubica en el Capítulo 3, “Patria potestad de los hijos nacidos fuera del matrimonio”, el cual forma parte del Título III, que regula en general la autoridad parental o patria potestad.

Según estiman los magistrados “la única explicación al hecho de que la acción de acudir a un procedimiento de filiación conlleve como sanción la exclusión de la patria potestad, es que el legislador haya considerado que la negativa a reconocer inicialmente la paternidad o maternidad imputada obedece a un acto de mala fe que permite presumir a priori la falta de idoneidad de los padres para ejercer sus derechos como tales, a tal punto que resulta preferible desvincularlos del menor; sin embargo, ello no necesariamente es cierto y, en última instancia, debería ser comprobado en un procedimiento dispuesto a tal efecto y contando las partes involucradas con las garantías procesales correspondientes”.
 
“La exclusión del ejercicio de la patria potestad se convierte así en una sanción cuyo fundamento es la presunción (por parte del legislador) de que la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo o judicial de filiación y utilizar la prueba científica que se ofrece, constituye una “conducta reprochable” de parte del padre o la madre” revela la sentencia.

En este mismo sentido, la Procuraduría General de la República indicó que “no merece ejercer la patria potestad quien niega o rechaza la paternidad o maternidad a un hijo...” Agregan que “la exclusión contenida en el artículo 156 es necesaria y no es inconstitucional pues no colisiona con los principios y garantías constitucionales...”.

No obstante, los jerarcas constitucionalistas consideran que el hombre no está en la misma situación que la mujer, en el sentido de que no hay signos materiales que indiquen su paternidad y, según las circunstancias, el dicho de la madre puede no ser prueba suficiente y existirán dudas válidas.

Así, el Tribunal estima que la situación debe plantearse de modo inverso. “El padre o la madre de cualquier menor debe poder ejercer la patria potestad sobre este, salvo que previamente se demuestre que ello supone un peligro o daño para aquél, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 158 y 159 del Código de Familia”.

El legislador al ver la posibilidad de que se pueda atribuir falsamente una paternidad e hiciera recaer responsabilidad sobre quien así lo manifieste, vio necesario la existencia de un procedimiento y una prueba científica a través de la cual se pueda dilucidar la paternidad o maternidad en casos de duda.

En la actualidad, en el procedimiento legal, el presunto padre es citado y en caso de rechazar la paternidad, debe someterse a una prueba de A.D.N. En sede jurisdiccional debe seguirse el procedimiento para las acciones de filiación dispuesto en el artículo 98 bis del Código de Familia. Es precisamente ese hecho, la declaración administrativa o judicial de filiación, lo que el artículo 156 del Código de Familia toma como base para excluir al padre o a la madre del ejercicio de la patria potestad.

 

RACIONALIDAD, RAZONABILIDAD

Y PROPORCIONALIDAD...

 

La Sala Constitucional ha aceptado como parámetros de constitucionalidad los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la "razonabilidad" al lograr identificar, de una manera muy clara, sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla afirmando que ya han sido reconocidas por nuestra jurisprudencia constitucional.
Es por ello, que según concluye la Sala Constitucional, la norma impugnada lesiona y viola dichos principios por los siguientes motivos:

En primer término, la disposición no es legítima, porque la Constitución Política establece claramente que los padres tienen hacia sus hijos –tanto los nacidos dentro como fuera del matrimonio-, iguales obligaciones; la Sala ha interpretado que también tendrán los mismos derechos, en tanto la autoridad parental supone un conjunto de poderes-deberes que no se puede fragmentar.

La norma tampoco es idónea, ya que el Estado se ha comprometido a proteger y procurar el desarrollo integral de los niños -para lo cual es fundamental la presencia activa del padre y de la madre-. La disposición impugnada no favorece tal desarrollo, pues sin que exista un motivo objetivo y comprobado a través del procedimiento correspondiente, se impide el desarrollo del vínculo afectivo entre el padre/madre e hijo/hija.

Asimismo, la norma no es necesaria. La negativa inicial de un padre –o una madre en supuestos calificados-, en reconocer su paternidad, no es motivo suficiente para invalidar el derecho del niño a la relación paterno-filial y los derechos que de esa relación se derivan. En el eventual caso de que se compruebe un ejercicio inadecuado de la patria potestad (en los supuestos establecidos en los artículos 158 y 159 del Código de Familia) existen procedimientos específicos para la suspensión o terminación de aquella.

Finalmente, la norma no es proporcional porque se sanciona al padre o la madre por utilizar un medio científico probatorio, puesto a disposición por el mismo ordenamiento jurídico excluyéndolo del ejercicio de la patria potestad, equiparando tal hecho con cuestiones tan graves como la negativa de los padres a dar alimentos a sus hijos, dedicarlos a la mendicidad, permitir que deambulen en las calles, y demás hipótesis establecidas en la ley.

Por las razones expuestas anteriormente, por voto de mayoría los magistrados Luis Fernando Solano, Luis Paulino Mora, Gilberth Armijo, Ernesto Jinesta y Horacio González declararon con lugar la acción. En consecuencia, se anuló el artículo 156 del Código de Familia. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.

De igual manera, la magistrada Ana Virginia Calzada y el magistrado Fernando Cruz salvaron el voto y declararon sin lugar la acción, al considerar que “ciertamente los derechos del padre a practicarse la prueba de ADN constituye parte del ejercicio del debido proceso, en razón del régimen de responsabilidad que implica la paternidad, sin embargo, la norma en cuestión lo que tutela en este caso es al menor, pues en principio resulta difícil pensar en otorgar todos los atributos que implica la patria potestad en forma directa al progenitor que por una u otra razón no ha tenido relación con el menor, o peor aún, con quien no ha establecido un lazo afectivo o de responsabilidad hacia él o ella”.

Por lo anterior consideran que es razonable que la norma sujete el ejercicio de la patria potestad de una persona, a la valoración posterior de un Tribunal para que éste se manifieste sobre la conveniencia de dicho ejercicio frente al menor.

 EN  ESTA EDICIÓN

REELIGEN A PRESIDENTES DE SALAS DE CASACIÓN

Los magistrados de la Corte Plena dieron un voto de confianza y reeligieron a la Dra. Anabelle León Feoli y al Lic. Orlando Aguirre Gómez como Presidentes de la Sala Primera y Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia respectivamente.
Tras su designación ambos fueron juramentados por parte del Presidente en ejercicio de la Corte, Lic. Alfonso Chaves y continuarán en su cargo por un nuevo período de cuatro años.

 

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CAMBIOS EN PRESIDENCIA DE CONAMAJ

El Magistrado Román Solís Zelaya, integrante de la Sala Primera es el nuevo presidente de la Comisión Nacional para la Administración de Justicia. Sustituye a la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda quien deja el cargo tras ocho años de presidir dicha Comisión.
La Corte Plena nombró al Magistrado Solís, como nuevo integrante de la Conamaj, posteriormente sus miembros lo designaron presidente.

 

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REALIZAN TALLER DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Con el objetivo primordial de regionalizar la capacitación de los defensores públicos a nivel nacional, se llevó a cabo el taller denominado “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y puesta en marcha de la Gestión para la Regionalización del Plan de Capacitación de la Defensa Pública para el año 2008”.
Con la actividad se dieron a conocer los elementos básicos para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, identificar las diferencias y similitudes de aquellas necesidades detectadas por las y los coordinadores regionales

 

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