Fallo Sala Segunda

 

SUBSIDIO POR RIESGO DE TRABAJO PUEDE

FIJARSE SEGÚN SALARIO MÍNIMO LEGAL

 

·       Beneficio debe procurarle a la persona trabajadora “(…) bienestar y existencia digna (…)” (artículo 57 de la Constitución Política). 

·       Aplicación del mínimo minimorum para establecer remuneración es contrario a los principios que inspiran el régimen de seguridad social y la finalidad perseguida con la fijación de salarios mínimos.

 

 

Andrea Marín Mena

Periodistas

 

La fijación del subsidio por el Seguro de Riesgos del Trabajo que recibió una mujer, cuyo cálculo tomó en consideración los montos de salario mínimo que fija el Consejo Nacional de Salarios es justificable.

Así lo señaló la Sala Segunda en su sentencia 2008-000246, luego de resolver un recurso de apelación que elevó el Instituto Nacional de Seguros (INS) para su conocimiento.

Para la Sala Segunda, el subsidio ha de estar regido y transversalizado por el derecho fundamental de igualdad.

 “Los Decretos de Salarios Mínimos son aplicables, no solo a las personas trabajadoras del sector privado, sino, también a quienes laboran en el ámbito público, al amparo de una relación estatutaria de servicios. Aunque cuentan con su propio y especial régimen de remuneración, estipulado, entre otras normas, por los artículos 48 del Estatuto del Servicio Civil, 21 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y la Ley de Salarios de la Administración Pública, tal régimen también queda afectado, por la fijación del salario mínimo legal”, estableció la sentencia.

Para el Alto Tribunal Laboral, dicha situación justifica la utilización de los montos fijados semestralmente por el Consejo Nacional de Salarios como parámetro para calcular la indemnización a la que tiene derecho un servidor o una servidora pública, por concepto de incapacidad temporal, en el marco del Seguro de Riesgos del Trabajo.

Los hechos que dieron lugar a este pronunciamiento surgen de un proceso por riesgos del trabajo que entabló una mujer de apellidos Ortega Rodríguez contra el INS.

La actora vecina de Limón, trabajaba como auxiliar de un albergue de la zona y demandó a la entidad aseguradora al pago de una incapacidad temporal y permanente, así como de brindarle atención médica, quirúrgica y rehabilitación.

El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica declaró parcialmente con lugar la demanda y estableció la obligación del INS de cancelarle únicamente ¢617 637 por incapacidad temporal y el Tribunal de Limón confirmó dicha sentencia.

El INS elevó el caso ante la Sala Segunda pues alegó que lo que se le adeudaba a Ortega Rodríguez no eran 99 días sino 62 días de incapacidad temporal.  Además la institución manifestó su disconformidad por el monto salarial diario que se utilizó para calcular el subsidio por los 62 días en descubierto y que para tales fines debía aplicarse las Normas Técnicas del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Sin embargo la Sala Segunda dejó claro que el derecho a un salario mínimo tiene rango constitucional en el Ordenamiento Jurídico Costarricense.

“Lo que sí resulta contrario a los principios que inspiran el régimen de seguridad social y a la finalidad perseguida con la fijación de salarios mínimos, es la utilización generalizada del mínimo minimorum, para establecer sobre cuál parte de la remuneración diaria se paga el 100% y sobre cuál otra el 67%.  No puede obviarse, que en Costa Rica es una práctica inveterada -por demás legítima de conformidad con lo dispuesto en forma expresa por el numeral 15 del Decreto-Ley de salarios mínimos y creación del Consejo Nacional de Salarios N° 832 de 4 de noviembre de 1949 y sus reformas- fijar diversos salarios mínimos en función de la rama de actividad económica y del perfil ocupacional al que se pertenece”,  puntualizó el Alto Tribunal Laboral.

Además recalcó que el subsidio debe procurarle a la persona trabajadora “(…) bienestar y existencia digna (…)” (artículo 57 de la Constitución Política). 

“… el subsidio ha de estar regido y transversalizado por el derecho fundamental de igualdad.  Si ello es así, no se comprende cómo un asalariado o asalariada, que haya de ganar, como mínimo, una mayor cantidad de dinero, deba, ante un infortunio laboral, sufrir un mayor sacrificio que otro u otra, pues, entre más alta sea su remuneración mínima, menor será el porcentaje que recibirá durante la incapacidad temporal.  Y eso es lo que sucede cuando se aplica el salario mínimo minimorum, con independencia de la rama de actividad y de la categoría ocupacional, en un mercado de trabajo, que justamente considera esos aspectos, para establecer diversas remuneraciones mínimas”,  determinó el fallo.

Por estas razones, la Sala Segunda confirmó el fallo recurrido y únicamente modificó el monto que la entidad pública deberá cancelar.

“Se modifica el pronunciamiento impugnado, únicamente, en cuanto concede a la actora la suma de setecientos diecisiete mil seiscientos treinta y siete colones quince céntimos (¢717.637,15) por noventa y nueve (99) días de incapacidad temporal, y en su lugar, se le concede la suma de cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve colones y cuarenta y cinco céntimos (¢449.429,45), por sesenta y dos (62) días de incapacidad temporal.  En lo demás se confirma el fallo recurrido”,  indicó la resolución de la Sala.