En octubre del 2009 cumplió un año de aplicarse en Goicoechea

 

FLAGRANCIA: JUSTICIA OPORTUNA

QUE SE EXTIENDE

 

·       Con la entrada en vigencia de la ley que rige procesos de flagrancia, Puntarenas, Alajuela, Heredia y Cartago emprendieron su aplicación.

·       Resguardo de derechos de las partes, agilidad y resolución en pocas semanas son algunos de sus resultados.

 

Andrea Marín Mena

Periodista

 

Lo que inició como un proyecto piloto para tramitar los casos delictivos de quienes eran detenidos en flagrancia, un año después de iniciado su ejecución se ha convertido en parte de una política de seguridad ciudadana que el Poder Judicial ya aplica en la mayoría del país y respaldada por el ordenamiento jurídico costarricense.

La Comisión de Flagrancia la integran la magistrada Magda Pereira, el defensor público, Milton Castro; el magistrado José Manuel Arroyo y el fiscal adjunto Francisco Fonseca.

La resolución de casos en cuestión de horas, días o semanas es ahora una realidad, la recuperación inmediata que tiene las víctimas  de los bienes sustraídos, la utilización de la tecnología para grabar los partes policiales y la denuncia de las víctimas, el combate a la delincuencia reincidente son parte de los logros que destaca la Comisión de Flagrancia del Poder Judicial integrada por los magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez, Magda Pereira Villalobos, el fiscal adjunto Francisco Fonseca Ramos y el defensor público Milton Castro Serrano.

El  proyecto se vio fortalecido en abril del 2009 con la entrada en vigencia de la Ley 8720 “Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal  Penal y al Código Penal, que introdujo el procedimiento expedito para los delitos en flagrancia e incorporó modificaciones como la eliminación de la etapa intermedia y por ende, el Juzgado Penal y que el Tribunal asumiera estas funciones.

Hoy la Jurisdicción de Flagrancia está integrada por 12 jueces divididos en tres secciones, 9 defensores  públicos y 6 fiscales y se labora de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y de 5 p.m. a 11 p.m. Además en las provincias de Puntarenas, Alajuela, Cartago y Heredia ya comienzan a trabajar los equipos de flagrancia.  En el caso de Limón, se espera que para el próximo año.

“El modelo de Goicoechea es distinto al que se ha tenido que implementar en otros lugares del país, pues se analizaron las particularidades de cada zona y sus requerimientos son diferentes, de ahí que el modelo se ha transformado, e incluso en otras provincias Flagrancia le dan apoyo a los tribunales diurnos”, explicó José Manuel Arroyo Gutiérrez.

Un ejemplo de este trabajo es Alajuela, donde en menos de dos meses se iniciaron 20 asuntos, de los cuales 11 cuentan ya con sentencias en firme.  Sin embargo, los resultados de flagrancia en todo el país podrían obtenerse en aproximadamente cuatro meses.

 

Flagrancia en cifras

 

El informe realizado por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público registró de octubre 2008 a setiembre del 2009 un total de 1065 casos tramitados bajo esta modalidad.

De la totalidad de los asuntos atendidos el 23% corresponden a delitos por robo agravado (246 casos), un 21, 6% fueron robos simples (230 casos), por conducción temeraria durante ese período se atendieron 167 asuntos para 15,1% y por portación ilícita de arma permitida 142 casos (13,3%).

Además se procesaron imputados por hurto simple, incumplimiento de medida de protección, agresión con armas, hurto agravado, infracción a la Ley de Armas y Explosivos, entre otros.

El informe señala que durante ese período se realizaron 317 juzgamientos, de los cuales el 86% culminaron en condenas,  y un 13% en absolutorias; así como 159 causas resueltas con medidas alternas a la prisión que equivalen a un 71% por suspensión del proceso a prueba, 20% conciliaciones y un 9% reparaciones integrales del daño.

Se resalta que durante el primer trimestre del 2009, el Tribunal de Flagrancia fue el que más juicios celebró en todo el país con un total de 107 debates, de los cuales 36 fueron colegiados, 14 unipersonales y 57 abreviados.

Un total de 379 solicitudes de medidas cautelares se registran, de las cuales 267 corresponden a solicitud de prisión preventiva, lo que representa un 25% del total de asuntos ingresados, 112 fueron por medidas cautelares que son un 10,5% y 686 sin medidas que equivalen al 64,5% de los asuntos ingresados.

Los representantes de la Comisión de Flagrancia del Poder Judicial puntualizaron los alcances del proyecto. “La preocupación de la celeridad en los procesos fue un aspecto que motivó este proyecto, que ya ha resuelto la larga espera de la resolución de este tipo de conflictos, que ha logrado revictimizar menos a la víctima y combatir al delincuente reincidente que se hacía sentir constantemente en las calles y se ha podido sacar de circulación haciendo justicia en estos casos en el menor tiempo posible. Además hay más presencia de la policía preventiva”, puntualizó la magistrada de la Sala Tercera, Magda Pereira.

Para el fiscal Francisco Fonseca, estos procesos se resuelven en cuestión de días, o semanas.  “Las partes se mantienen interesadas en la sentencia pronta, aunado a que las víctimas recuperan de manera casi inmediata los bienes sustraídos y reduce los tiempos de espera, pues se utilizan herramientas tecnológicas de audio y video para la grabación de las denuncias y los partes policiales. También se registran casos muy significativos donde se le otorga a la persona el beneficio condicional de la pena por ser primario, se le suspende la pena y al día siguiente es nuevamente capturado en flagrancia y ahora si tiene que descontar las dos penas”, explicó Fonseca Ramos.

Desde la visión de la Defensa Pública, Milton Castro manifestó entre los logros el hecho de que flagrancia no satura los depósitos de evidencia, pues ésta se devuelve de inmediato, aunado a la rapidez con que se resuelve la situación jurídica de los imputados y el impulso de las medidas alternas a la pena de prisión.

“En pro de este esfuerzo,  la Defensa ha logrado identificar a organizaciones fuera del Poder Judicial que nos están dando soporte en la atención por ejemplo de adictos.  Entonces en las reparaciones o suspensiones hemos podido ingresar a programas de desintoxicaciones a imputados tanto hombres como a mujeres, que son recibidos sin costo alguno y nos ha funcionado”, explicó Castro Serrano.