LO DECLARADO CONSTITUCIONAL

 LO DECLARADO INCONSTITUCIONAL

AÑO 2013

Conflictos de competencia

Consultas Judiciales

Consultas Legislativas: Facultativas / Preceptivas

Acciones de inconstitucional: Lo inconstitucional / Lo constitucional

 

 

 

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

 

 

ADICIÓN Y ACLARACIÓN. 07-014745 / 1041-13. COMPETENCIA PARA APLICAR PROHIBICIONES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. Conflicto de competencia formulado por la Contraloría General de la República por la interpretación que hace el Tribunal Supremo de Elecciones al artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en el sentido de que la prohibición ahí prevista no resulta aplicable a la postulación y el eventual ejercicio posterior de cargos de elección popular. Gestión de adición y aclaración. En el presente caso, aprecia la Sala -de la lectura del memorial presentado por la Contralora General de la República que la solicitud de adición y aclaración no apunta ningún aspecto oscuro u omiso contenido en la sentencia Nº 2009-008920, sino que lo alegado se refiere a la disconformidad con el fallo en el sentido de haberse determinado  que el Tribunal Supremo  de Elecciones tiene suficiente competencia para interpretar el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Al respecto, la sentencia, cuya consistencia reclama la Contralora General de la Republica, señaló que la Contraloría General de la República no sustituye a la Administración Activa en el dictado del acto administrativo  final  sancionador,  sino  que  mediante  un  procedimiento administrativo orienta el ejercicio de la potestad sancionadora o disciplinaria cuya titularidad ostenta el órgano o ente fiscalizado. En cuanto al Tribunal Supremo de Elecciones, éste tiene la competencia constitucional para interpretar el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, inaplicando la prohibición allí prevista respecto de la postulación y el eventual ejercicio posterior de cargos de elección popular. Ello no obsta para que la Contraloría General de la República  inicie  un  procedimiento  disciplinario  y  recomiende  sanciones  a funcionarios públicos, pero tratándose de funcionarios de elección popular es el Tribunal Supremo de Elecciones el que tiene la competencia  exclusiva para declarar y aplicar la prohibición de ingreso o reingreso de estos servidores a los cargos públicos, según la citada norma. En virtud de lo anterior, no se acredita la existencia de términos oscuros u omisos en el fallo de este conflicto. No ha lugar a la gestión formulada.

 

 

CONSULTAS JUDICIALES

CONTENCIOSO. 12-13322 /097-13. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Consulta Judicial referente al artículo 120 inciso 4) y los artículos 31 inciso 1), 189 al 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se acusa que las normas establecen la derogatoria singular de normas constitucionales. Asimismo, se cuestiona el que el agotamiento de la vía administrativa, para los supuestos ahí contemplados, es preceptivo, sin excepción alguna. En este caso, se indica que en reiteradas ocasiones esta Sala ha señalado que no basta con que el consultante cite la norma constitucional que considera infringida o se limite a exponer el problema, pues es necesario que fundamente o razone sus dudas. Lo contrario implicaría admitir consultas de constitucionalidad con fines meramente didácticos, sin que exista de por medio un cuestionamiento real por parte del juez al aplicar la norma en el caso concreto,  situación ajena a la naturaleza de la consulta judicial de constitucionalidad.  Asimismo, se estima que resulta innecesario que se pronuncie sobre el fondo del presente asunto,   toda vez que los artículos 31, inciso 1, en relación con el artículo 173 constitucional y el artículos 120 inciso 4) del Código Procesal Contencioso  Administrativo -cuestionados  en la presente acción-, ya fueron conocidos por la mayoría de esta Sala, oportunidad en la que se consideró que no resultan inconstitucionales. En cuanto al artículo 120 inciso 4) y el artículo 31 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, éste último en su relación con el 173 de la Constitución Política, estése el Tribunal consultante a lo resuelto por esta Sala en sentencia número 17737-2012 de las 16:21 horas del 12 de diciembre del 2012. En lo demás, se rechaza de plano la consulta. No evacuada y Estése.

 

ADMISIBILIDAD. 12-17528 / 394-13. UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN CASOS DE BAGATELA. Consulta Judicial sobre el artículo 208 reformado por Ley No. 8720 del 04 de marzo del 2009, en relación con los artículos 24 y 74 todos del Código Penal. Se cuestiona la inaplicación de criterios de oportunidad por bagatela, en casos que objetivamente si lo ameritan y sin razonarse debidamente la discriminación que se hace entre uno y otro procedimiento, es una actuación del Ministerio Público, que consideran, violentan el artículo 33 de la Constitución Política. En consecuencia, siendo que no corresponde a la Sala Constitucional, en funciones de control de constitucionalidad, ordenar la desaplicación de una norma para un caso en particular, así como tampoco indicarle al juez los parámetros bajo los cuales debe aplicar una norma legal a un caso concreto, o cómo dimensionar su aplicación de acuerdo a las condiciones particulares de la persona inculpada, ni es competencia de la Sala valorar el impacto de las conductas de los ofendidos respecto del proceso penal, y menos la política de persecución implementadas por la Fiscalía, lo procedente es declarar inevacuable la consulta judicial, como en efecto se dispone. No ha lugar

ADMISIBILIDAD. 12-016675 / 01000-13. UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN CASOS DE BAGATELA. Consulta Judicial contra el artículo 208 reformado por Ley No. 8720 del 04 de marzo del 2009, en relación con los artículos 24 y 74 todos del Código Penal. Se cuestiona la inaplicación de criterios de oportunidad por bagatela, en casos que objetivamente si lo ameritan y sin razonarse debidamente la discriminación que se hace entre uno y otro procedimiento, es una actuación del Ministerio Público, que consideran, violentan el artículo 33 de la Constitución Política. En consecuencia, siendo que no corresponde a la Sala Constitucional, en funciones de control de constitucionalidad, ordenar la desaplicación de una norma para un caso en particular, así como tampoco indicarle al juez los parámetros bajo los cuales debe aplicar una norma legal a un caso concreto, o cómo dimensionar su aplicación de acuerdo a las condiciones particulares de la persona inculpada, ni es competencia de la Sala valorar el impacto de las conductas de los ofendidos respecto del proceso penal, y menos la política de persecución implementadas por la Fiscalía, lo procedente es declarar inevacuable la consulta judicial, como en efecto se dispone. No ha lugar a evacuar la consulta

ACUMULACIÓN. 13-1135 / 01720-13. UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN CASOS DE BAGATELA. Consulta Judicial referente al artículo 208 reformado por Ley No. 8720 del 04 de marzo del 2009, en relación con los artículos 24 y 74 todos del Código Penal. Se cuestiona la inaplicación de criterios de oportunidad por bagatela, en casos que objetivamente si lo ameritan y sin razonarse debidamente la discriminación que se hace entre uno y otro procedimiento, es una actuación del Ministerio Público, que consideran, violentan el artículo 33 de la Constitución Política. Acumúlese esta consulta a la que bajo expediente número 13-000637-0007-CO se tramita ante esta Sala.

ADICIÓN Y ACLARACIÓN. 12-015103 / 1684-13. JURISPRUDENCIA DE LA SALA SEGUNDA SOBRE LA COMPETENCIA PARA VER APELACIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Consulta Judicial sobre la jurisprudencia de la Sala Segunda, según la cual, corresponde a los Juzgados de Mayor Cuantía, el conocimiento y resolución definitiva, en funciones de jerarquía impropia, de las apelaciones interpuestas por servidores y servidoras municipales, contra los despidos o suspensión es sin goce de salario que la corporación municipal les hubiese aplicado. Señala la Sala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede  la adición o aclaración de las sentencias dictadas por esta Sala en caso de ser obscuras u omisas en algún punto sobre el cual debió pronunciarse.  Sin embargo, es claro que la gestión del juez consultante no tiene esa finalidad, sino que lo que pretende es que la Sala evacue el fondo de la consulta, a pesar de haberla declarado inevacuable.  En efecto, lo que se solicita es que la Sala dirima un conflicto de competencias que se ha producido entre órganos  jurisdiccionales actuando en funciones  administrativas  de  jerarquía impropia, lo cual es improcedente, pues como se indicó en la sentencia que se pretende aclarar o adicionar, sólo los órganos jurisdiccionales en ejercicio de la función jurisdiccional puede plantear consultas facultativas de constitucionalidad ante este Tribunal, según lo establecido en el artículo 102 de la ley que rige esta jurisdicción. Como en este caso  no se cumple ese requisito de admisibilidad, tampoco es de recibo la gestión presentada, la cual, además, tampoco es de adición y aclaración sino que en ella se plantea, nuevamente, el tema de fondo  de la consulta, no obstante la inevacuabilidad declarada.   Es en la vía de legalidad, a través de la integración de las normas que conforman el ordenamiento jurídico nacional, que deberá resolverse lo relativo al órgano que corresponde conocer y decidir, como jerarca superior impropio, sobre  los despidos  o suspensiones  de servidores municipales.  En consecuencia, la gestión resulta improcedente y así se declara. No ha lugar a la gestión formulada.

ADICIÓN Y ACLARACIÓN. 12-014641 / 02587-13. JURISPRUDENCIA SOBRE APELACIONES DE DESPIDOS DE SERVIDORES MUNICIPALES, LOS DEBEN VER LOS JUZGADOS DE TRABAJO. Consulta Judicial referente a la Jurisprudencia de la Sala Primera de este año, en tanto dispone que los Juzgados de Trabajo de Mayor Cuantía son los tribunales competentes para conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos por servidores municipales contra los actos administrativos que acuerden su despido, por estimar que se lesiona el artículo 173 de la Constitución Política.  El juez consultante plantea solicitud de adición y aclaración de la sentencia número 2012-015906 de las 15:35 horas del 14 de noviembre de 2012 que  declaró   inevacuable   la consulta, a   fin  de   que   este   Tribunal  defina y especifique si los casos de despido o suspensiones de servidores municipales le corresponde conocerlos y decidirlos, como jerarca superior impropio, a los Juzgados de Trabajo de Mayor Cuantía o a los Tribunales colegiados de Trabajo. Como ya se le indicó al señor Juez en la sentencia sobre la que solicita adición y aclaración, su gestión no tiene la finalidad señalada en el artículo 12 citado, sino que lo que pretende es que la Sala evacue el fondo de la consulta, a pesar de haberla declarado inevacuable. Se reitera que es en la vía de legalidad, a través de la integración de las normas que conforman el ordenamiento jurídico nacional, que deberá resolverse lo relativo al órgano que corresponde  conocer y decidir, como jerarca superior impropio, sobre   los despidos  o suspensiones  de servidores municipales.  En consecuencia, esta gestión resulta improcedente y así debe declararse.  No ha lugar a la gestión formulada.

ADMISIBILIDAD. 13-001578 / 2489-13. APLICACIÓN DE LA LEY DE LICORES. Consulta Judicial referente a si resulta conforme o incompatible con el bloque de constitucionalidad la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Fiscal, especialmente en cuanto a la venta de licores de fabricación lícita y procedencia legítima, cuando no se cuenta con la respectiva patente municipal y la posible aplicación del artículo 27 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico. No. 9047 del 14-06-2012. No se admite la consulta, por no exponer adecuadamente las dudas fundadas sobre la constitucionalidad de la norma, lo que realmente se duda es cuál norma concreta aplicar, lo que no corresponde resolver a la Sala. No ha lugar a evacuar la consulta.

 

13-0637 / 03016-13. SANCIONES PENALES EN LOS CASOS DE BAGATELA. Consulta Judicial referente al artículo 208 reformado por Ley No. 8720 del 04 de marzo del 2009, en relación con los artículos 24 y 74 todos del Código Penal. En el caso que nos ocupa, la duda del Tribunal nace a partir de resultado causado por el infractor.  El análisis de la norma -según los consultantes- debe partir de la sanción mínima que señala el legislador por una conducta con resultados mínimos o irrisibles. En ese caso, señala la Sala que se sanciona la conducta por un resultado contra un bien jurídico resguardado desde la cúspide del ordenamiento  jurídico. Por lo tanto, no es que no existe un bien jurídico relevante o que la conducta sancionada  no tenga relevancia social, la tiene y repercute en muchas otras áreas de la convivencia social. Se sanciona un comportamiento  concreto  con  un  resultado  igualmente  concreto  que  debe demostrarse en juicio, con independencia de su valor económico y perjuicio patrimonial. Finalmente, el hecho que el legislador haya establecido un cambio en la política criminal al reformar el artículo 208, por Ley No. 8720 de 4 de marzo de 2009, para eliminar y agravar la penalidad del hurto simple, despejadas las dudas de constitucionalidad no es un asunto de resorte de la Sala Constitucional, sino del legislador y del juzgador.  En este sentido, aun cuando se considera que el recrudecimiento de la sanción contra actuaciones sea más lesivo al infractor que al perjuicio patrimonial que se pueda causar, no es un asunto que se observe infrinja principios elementales de razonabilidad y proporcionalidad,  de manera que no existirían razones para estimar inconstitucional el artículo 208 del Código Penal consultado, y así debe declararse. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 208 del Código Penal, no resulta contrario al principio de proporcionalidad y lesividad. Evacuada

ADMISIBILIDAD. 13-3567 / 4632-13. LEY DE PRESUPUESTO 1986. CREACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL PACUARE. Consulta Judicial referente al artículo 26 de la Ley No. 7018 de 1985. Ley de Presupuesto de 1986 que creó la Reserva Forestal Pacuare. Sobre las formalidades de la consulta judicial se cita el voto 1617-97 y se declara inadmisible por falta de los requisitos formales establecidos en el artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. No ha lugar a evacuar la consulta. NHL

ADMISIBILIDAD. 13-4454 / 5673-13. SANCIÓN EN CASOS DE BAGATELA. Consulta Judicial referente al artículo 208 reformado por Ley No. 8720 del 04 de marzo del 2009. Se cuestiona la norma, en tanto califica hecho constitutivo de un delito de hurto, cualquier conducta desplegada que afecte el bien jurídico tutelado, sin que para ello sea considerada la cuantía y por ende, si se trata de un monto considerado mínimo o no representativo en cuanto a su cuantificación pecuniaria. La consulta planteada no cumple los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y además, se indica que este Tribunal ya se pronunció sobre el tema planteado, en sentencia 3016-13. No ha lugar a evacuar la consulta.

TRABAJO. 12-014637 /5716-13. PROPORCIÓN O PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE DEBEN PLANTEAR UN CONFLICTO ECONÓMICO SOCIAL. Consulta judicial de constitucionalidad respecto  de los artículos 507 y 511 del Código de Trabajo. El juez consultante plantea la supuesta omisión legislativa inconstitucional que presentan los artículos 507 y 511 del Código de Trabajo, respecto a cuál debe ser el número, proporción o porcentaje de trabajadores que, como requisito de admisibilidad del conflicto de carácter económico-social, debe apoyar la apertura e instauración de dicho proceso. Estima el señor Juez consultante que la omisión legislativa en que incurren los artículos 507 y 511 del Código de Trabajo viola el principio constitucional de seguridad jurídica. Agrega que es dudoso y cuestionable que el Código de Trabajo de Costa Rica no contenga el número, porcentaje o proporción clara, definida y expresa de los trabajadores  que deben apoyar el conflicto de carácter económico social, pues ello impide al Juez de Trabajo determinar si dicho conflicto existe, o si se trata de disconformidades de un grupo reducido o exiguo de trabajadores que no representa a la mayoría de los empleados del patrono. Considera que el principio constitucional de seguridad jurídica exige que hayan reglas claras y definidas, para que los sujetos sepan cuáles son los requisitos  para  poder  ejercer  los  derechos subjetivos que les reconoce el Ordenamiento Jurídico y sepan, también, cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del ejercicio de tales derechos. Sobre el control de las omisiones legislativas, se cita las sentencias 05649-05 y 1001-08. Finalmente, este Tribunal Constitucional, en una acción  de  inconstitucionalidad, ya  tuvo  oportunidad  de  analizar  el  agravio planteado por el juez consultante (sentencia 8600-10) y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se evacua la consulta judicial formulada en el sentido que  los artículos  507 y 511 del Código de Trabajo no son inconstitucionales. Evacuada

TRABAJO. 13-04672 / 6188-13. PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. Consulta judicial facultativa referente al artículo 476 párrafo segundo del Código de Trabajo. Estima el Juzgador que la norma consultada infringe los principios de justicia pronta y cumplida y de razonabilidad, así como el principio de igualdad constitucional, en tanto las partes que se enfrentan en otros procesos judiciales diferentes del laboral, no gozan ni disfrutan de la existencia de una norma jurídica como la consultada. Asimismo, estima que la norma
representa una excepción desproporcionada de la actividad usual y normal que deben desplegar las partes en el proceso judicial. Agrega que la norma consultada obliga al juez a admitir prueba documental novedosa, que no había sido aportada anteriormente por las partes del proceso laboral, sin justificación razonable, objetiva e idónea. Analizado el tema, el Tribunal no comparte las inquietudes del Juez consultante por las razones que se indican. En primer lugar, la Sala ha reconocido en forma reiterada, que el legislador se encuentra legitimado para diseñar dentro de cada rama general del Derecho, procesos  específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y las particularidades de cada materia. En este sentido es oportuno indicar que la circunstancia de que en el proceso laboral, antes de dictar sentencia, se pueda recibir prueba -documental o
confesional-, que no había sido aportada hasta ese momento, no lesiona ningún derecho fundamental. El objeto de la jurisdicción laboral, la tutela los derechos  laborales, reviste especial importancia; la protección que reciben es particular, al grado que algunos de ellos son irrenunciables. Su adecuado tratamiento constituye uno de los elementos básicos del Estado Social de Derecho. Todo  ello, a juicio de este Tribunal, compensa y justifica el tiempo que eventualmente deba invertirse en precluir esa fase. Por otra parte, la norma dispone que “Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará que se evacuen  todas aquellas pruebas  que no tiendan  a entorpecer el curso normal del juicio”.  De manera que si el Juez estimara que se trata de una prueba aportada o propuesta, con el único fin de dilatar el dictado de la sentencia, podrá rechazarla mediante resolución debidamente fundada. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 476 del Código de Trabajo no es inconstitucional. Evacuada (En el mismo sentido se pronunció la Sala en las sentencias 6189-13, 6190-13, 6191-13, 6192-13 y 6193-13)

CONTENCIOSO. 11-4831 / 7250-13. ATRIBUCIONES DE JUECES CONTENCIOSOS EN LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Consulta Judicial referente a los artículos 20,21 y 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. No. 8754. Se consulta a la Sala Constitucional el criterio sobre la constitucionalidad de las normas y disposiciones aludidas, en tanto y cuanto se otorga una competencia al juez de lo contencioso administrativo para imponer medidas cautelares y sanciones de perdida de patrimonio obtenido por fuentes ilícitas que es propio, lo que a juicio de la juez consultante, es propio del ámbito penal. Señala la Sala que en este caso, que lejos de detraerse contenidos o competencias constitucionales a la jurisdicción contencioso-administrativa, se le agregan o adicionan otras. Este aspecto, no constituye un problema de constitucionalidad, sino de oportunidad y conveniencia legislativa. En efecto, el legislador ordinario está habilitado, constitucionalmente, para atribuirle a esa jurisdicción nuevas competencias, en tanto no se vacié su contenido esencial, al respecto goza de libertad de configuración. El legislador ordinario tiene, entonces, una incuestionable libertad de conformación sobre el particular, al añadir o agregar competencias a la jurisdicción ontencioso-administrativa, no así para detraer las establecidas constitucionalmente. Asignarle a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y resolución de las denuncias acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva de hasta diez años, fue una opción natural, por cuanto, la ley le atribuyó esa competencia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y no a una jurisdicción ad-hoc. Se evacuan las consultas judiciales de constitucionalidad acumuladas en el sentido que los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada no lesionan los ordinales 35 y 49 de la Constitución Política.

CONTENCIOSO. 11-14009 / 7766-13 (12/06/2013). ATRIBUCIONES DE JUECES CONTENCIOSOS EN LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. ATRIBUCIONES DE JUECES CONTENCIOSOS EN LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Consulta Judicial sobre los artículos 20,21 y 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. No. 8754 y el Acuerdo de Corte Plena, sesión 18-10 del 14-6-10, artículo XVI. Se consulta a la Sala Constitucional el criterio sobre la constitucionalidad de las normas y disposiciones aludidas, en tanto y cuanto se otorga una competencia al juez de lo contencioso administrativo para imponer medidas cautelares y sanciones de perdida de patrimonio obtenido por fuentes ilícitas que es propio, lo que a juicio de la juez consultante, es propio del ámbito penal. Esta consulta fue suspendida por la Consulta 11-4831, en donde mediante voto 7250-13 señaló que este aspecto, no constituye un problema de constitucionalidad, sino de oportunidad y conveniencia legislativa. En efecto, el legislador ordinario está habilitado, constitucionalmente, para atribuirle a esa jurisdicción nuevas competencias, en tanto no se vacié su contenido esencial, al respecto goza de libertad de configuración. El legislador ordinario tiene, entonces, una incuestionable libertad de conformación sobre el particular, al añadir o agregar competencias a la jurisdicción contencioso-administrativa, no así para detraer las establecidas constitucionalmente. Asignarle a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y resolución de las denuncias acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva de hasta diez años, fue una opción natural, por cuanto, la ley le atribuyó esa competencia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y no a una jurisdicción ad-hoc. Se evacuan las consultas judiciales de constitucionalidad acumuladas en el sentido que los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada no lesionan los ordinales 35 y 49 de la Constitución Política. Estése el Juez Consultante a lo resuelto en la sentencia número 7250-2013 de las 9:05 horas del 31 de mayo de dos mil trece. Estése.

TRABAJO. 13-93 / 8213-13. (19-06-13). CONVENCIÓN COLECTIVA DE MUNICIPALIDAD DE ASERRI. Consulta Judicial referente al artículo 62 de la Convención Colectiva entre la Municipalidad de Aserri y el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San José. La norma señala que los trabajadores que ganan un salario mensual o quincenal, se les pagará bisemanalmente y, se calculará con base en el salario bruto mensual de cada empleado, multiplicado por trece meses y dividido entre 26 pagos bisemanales. El juez consultante considera que es irracional la norma por la división entre trece meses que no existen y no es posible pagar más de 12 meses de salario al año. Considera la norma violatoria del principio de igualdad y una lesión a los fondos públicos. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que es inconstitucional y en consecuencia se anula el artículo 62 de la Convención Colectiva entre la Municipalidad de Aserrí y el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San José. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Los Magistrados Armijo Sancho y Hernández Gutiérrez salvan el voto por razones diferentes. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Evacuada

TRABAJO. 13-93 / 8213-13. (19-06-13). CONVENCIÓN COLECTIVA DE MUNICIPALIDAD DE ASERRI. Consulta Judicial referente al artículo 62 de la Convención Colectiva entre la Municipalidad de Aserri y el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San José. La norma señala que los trabajadores que ganan un salario mensual o quincenal, se les pagará bisemanalmente y, se calculará con base en el salario bruto mensual de cada empleado, multiplicado por trece meses y dividido entre 26 pagos bisemanales. El juez consultante considera que es irracional la norma por la división entre trece meses que no existen y no es posible pagar más de 12 meses de salario al año. Considera la norma violatoria del principio de igualdad y una lesión a los fondos públicos. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que es inconstitucional y en consecuencia se anula el artículo 62 de la Convención Colectiva entre la Municipalidad de Aserrí y el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San José. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Los Magistrados Armijo Sancho y Hernández Gutiérrez salvan el voto por razones diferentes. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Evacuada  TRABAJO. 13-93 / VOTOS 10412-13 Y 10501-13 (06/08/2013). SE ANULA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 62 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE MUNICIPALIDAD DE ASERRI. En el voto 10412-13 la Sala señaló que en la deliberación del caso, se rechazó  de  plano  la  consulta  judicial  facultativa formulada por el Juez Civil y de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados. Sin embargo,  en el registro  electrónico emitido por sentencia 2013-008213 del 19 de junio del 2013, se consignó que se declaraba con lugar, esto debido a un error grave y manifiesto por parte de esta Sala, lo cual tiene como consecuencia la anulación de oficio de dicha sentencia, a la luz de lo preceptuado por el numeral 11 de la  Ley de  la  Jurisdicción Constitucional.  En  ese  sentido,  el  Tribunal
consignó en la resolución un texto distinto al que corresponde. De esta forma, lo procedente  es anular dicha sentencia de conformidad  a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, a fin de enmendar el error. Por tanto: Se anula la sentencia número 2013-008213 de las 14:30 hrs. del 19 de junio del 2013. En sentencia 10501-13, se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el Juez ordinario, al plantear la consulta judicial facultativa a la Sala Constitucional, debe hacerlo mediante una resolución fundada, en la que indique no sólo las normas, actos, conductas u omisiones cuestionados, sino también (y no menos importante aún) los motivos de duda del tribunal ordinario sobre su validez o interpretación constitucional. Con fundamento en lo expuesto, y teniendo en consideración que no  basta con que el juez cite la norma constitucional que considera violada, o se limite a exponer el problema, en realidad, es indispensable que el juzgador valore y fundamente adecuadamente sus dudas, situación que no se presenta en el caso concreto, Se rechaza de plano la consulta. Se anula sentencia y se rechaza de plano consulta.

13-0637 / 03016-13. SANCIONES PENALES EN LOS CASOS DE BAGATELA. Consulta Judicial referente al artículo 208 reformado por Ley No. 8720 del 04 de marzo del 2009, en relación con los artículos 24 y 74 todos del Código Penal. En el caso que nos ocupa, la duda del Tribunal nace a partir de resultado causado por el infractor.  El análisis de la norma -según los consultantes- debe partir de la sanción mínima que señala el legislador por una conducta con resultados mínimos o irrisibles. En ese caso, señala la Sala que se sanciona la conducta por un resultado contra un bien jurídico resguardado desde la cúspide del ordenamiento  jurídico. Por lo tanto, no es que no existe un bien jurídico relevante o que la conducta sancionada  no tenga relevancia social, la tiene y repercute en muchas otras áreas de la convivencia social. Se sanciona un comportamiento  concreto  con  un  resultado  igualmente  concreto  que  debe demostrarse en juicio, con independencia de su valor económico y perjuicio patrimonial. Finalmente, el hecho que el legislador haya establecido un cambio en la política criminal al reformar el artículo 208, por Ley No. 8720 de 4 de marzo de 2009, para eliminar y agravar la penalidad del hurto simple, despejadas las dudas de constitucionalidad no es un asunto de resorte de la Sala Constitucional, sino del legislador y del juzgador.  En este sentido, aun cuando se considera que el recrudecimiento de la sanción contra actuaciones sea más lesivo al infractor que al perjuicio patrimonial que se pueda causar, no es un asunto que se observe infrinja principios elementales de razonabilidad y proporcionalidad,  de manera que no existirían razones para estimar inconstitucional el artículo 208 del Código Penal consultado, y así debe declararse. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 208 del Código Penal, no resulta contrario al principio de proporcionalidad y lesividad. Evacuada

TRABAJO. 13-04672 / 6188-13. PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. Consulta judicial facultativa referente al artículo 476 párrafo segundo del Código de Trabajo. Estima el Juzgador que la norma consultada infringe los principios de justicia pronta y cumplida y de razonabilidad, así como el principio de igualdad constitucional, en tanto las partes que se enfrentan en otros procesos judiciales diferentes del laboral, no gozan ni disfrutan de la existencia de una norma jurídica como la consultada. Asimismo, estima que la norma representa una excepción desproporcionada de la actividad usual y normal que deben desplegar las partes en el proceso judicial. Agrega que la norma consultada obliga al juez a admitir prueba documental novedosa, que no había sido aportada anteriormente por las partes del proceso laboral, sin justificación razonable, objetiva e idónea. Analizado el tema, el Tribunal no comparte las inquietudes del Juez consultante por las razones que se indican. En primer lugar, la Sala ha reconocido en forma reiterada, que el legislador se encuentra legitimado para diseñar dentro de cada rama general del Derecho, procesos  específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y las particularidades de cada materia. En este sentido es oportuno indicar que la circunstancia de que en el proceso laboral, antes de dictar sentencia, se pueda recibir prueba -documental o confesional-, que no había sido aportada hasta ese momento, no lesiona ningún
derecho fundamental. El objeto de la jurisdicción laboral, la tutela los derechos  laborales, reviste especial importancia; la protección que reciben es particular, al grado que algunos de ellos son irrenunciables. Su adecuado tratamiento constituye uno de los elementos básicos del Estado Social de Derecho. Todo  ello, a juicio de este Tribunal, compensa y justifica el tiempo que eventualmente deba invertirse en precluir esa fase. Por otra parte, la norma dispone que “Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará que se evacuen  todas aquellas pruebas  que no tiendan  a entorpecer el curso normal del juicio”.  De manera que si el Juez estimara que se trata de una prueba aportada o propuesta, con el único fin de dilatar el dictado de la sentencia, podrá rechazarla mediante resolución debidamente fundada. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 476 del Código de Trabajo no es inconstitucional. Evacuada

TRABAJO. 13-004673 / 6189-13. PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. Consulta judicial facultativa referente al artículo 476 párrafo segundo del Código de Trabajo. Estima el Juzgador que la norma consultada infringe los principios de justicia pronta y cumplida y de razonabilidad, así como el principio de igualdad constitucional, en tanto las partes que se enfrentan en otros procesos judiciales diferentes del laboral, no gozan ni disfrutan de la existencia de una norma jurídica como la consultada. Asimismo, estima que la norma representa una excepción desproporcionada de la actividad usual y normal que deben desplegar las partes en el proceso judicial. Agrega que la norma consultada obliga al juez a admitir prueba documental novedosa, que no había sido aportada anteriormente por las partes del proceso laboral, sin justificación razonable, objetiva e idónea. Analizado el tema, el Tribunal no comparte las inquietudes del Juez consultante por las razones que se indican. En primer lugar, la Sala ha reconocido en forma reiterada, que el legislador se encuentra legitimado para diseñar dentro de cada rama general del Derecho, procesos  específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y las particularidades de cada materia. En este sentido es oportuno indicar que la circunstancia de que en el proceso laboral, antes de dictar sentencia, se pueda recibir prueba -documental o confesional-, que no había sido aportada hasta ese momento, no lesiona ningún
derecho fundamental. El objeto de la jurisdicción laboral, la tutela los derechos  laborales, reviste especial importancia; la protección que reciben es particular, al grado que algunos de ellos son irrenunciables. Su adecuado tratamiento constituye uno de los elementos básicos del Estado Social de Derecho. Todo  ello, a juicio de este Tribunal, compensa y justifica el tiempo que eventualmente deba invertirse en precluir esa fase. Por otra parte, la norma dispone que “Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará que se evacuen  todas aquellas pruebas  que no tiendan  a entorpecer el curso normal del juicio”.  De manera que si el Juez estimara que se trata de una prueba aportada o propuesta, con el único fin de dilatar el dictado de la sentencia, podrá rechazarla mediante resolución debidamente fundada. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 476 del Código de Trabajo no es inconstitucional. Evacuada

TRABAJO. 13-04675 / 6190-13. PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. Consulta judicial facultativa referente al artículo 476 párrafo segundo del Código de Trabajo. Estima el Juzgador que la norma consultada infringe los principios de justicia pronta y cumplida y de razonabilidad, así como el principio de igualdad constitucional, en tanto las partes que se enfrentan en otros procesos judiciales diferentes del laboral, no gozan ni disfrutan de la existencia de una norma jurídica como la consultada. Asimismo, estima que la norma representa una excepción desproporcionada de la actividad usual y normal que deben desplegar las partes en el proceso judicial. Agrega que la norma consultada obliga al juez a admitir prueba documental novedosa, que no había sido aportada anteriormente por las partes del proceso laboral, sin justificación razonable, objetiva e idónea. Analizado el tema, el Tribunal no comparte las inquietudes del Juez consultante por las razones que se indican. En primer lugar, la Sala ha reconocido en forma reiterada, que el legislador se encuentra legitimado para diseñar dentro de cada rama general del Derecho, procesos  específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y las particularidades de cada materia. En este sentido es oportuno indicar que la circunstancia de que en el proceso laboral, antes de dictar sentencia, se pueda recibir prueba -documental o confesional-, que no había sido aportada hasta ese momento, no lesiona ningún
derecho fundamental. El objeto de la jurisdicción laboral, la tutela los derechos  laborales, reviste especial importancia; la protección que reciben es particular, al grado que algunos de ellos son irrenunciables. Su adecuado tratamiento constituye uno de los elementos básicos del Estado Social de Derecho. Todo  ello, a juicio de este Tribunal, compensa y justifica el tiempo que eventualmente deba invertirse en precluir esa fase. Por otra parte, la norma dispone que “Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará que se evacuen  todas aquellas pruebas  que no tiendan  a entorpecer el curso normal del juicio”.  De manera que si el Juez estimara que se trata de una prueba aportada o propuesta, con el único fin de dilatar el dictado de la sentencia, podrá rechazarla mediante resolución debidamente fundada. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 476 del Código de Trabajo no es inconstitucional. Evacuada

TRABAJO. 13-04675 / 6190-13. PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. Consulta judicial facultativa referente al artículo 476 párrafo segundo del Código de Trabajo. Estima el Juzgador que la norma consultada infringe los principios de justicia pronta y cumplida y de razonabilidad, así como el principio de igualdad constitucional, en tanto las partes que se enfrentan en otros procesos judiciales diferentes del laboral, no gozan ni disfrutan de la existencia de una norma jurídica como la consultada. Asimismo, estima que la norma representa una excepción desproporcionada de la actividad usual y normal que deben desplegar las partes en el proceso judicial. Agrega que la norma consultada obliga al juez a admitir prueba documental novedosa, que no había sido aportada anteriormente por las partes del proceso laboral, sin justificación razonable, objetiva e idónea. Analizado el tema, el Tribunal no comparte las inquietudes del Juez consultante por las razones que se indican. En primer lugar, la Sala ha reconocido en forma reiterada, que el legislador se encuentra legitimado para diseñar dentro de cada rama general del Derecho, procesos  específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y las particularidades de cada materia. En este sentido es oportuno indicar que la circunstancia de que en el proceso laboral, antes de dictar sentencia, se pueda recibir prueba -documental o confesional-, que no había sido aportada hasta ese momento, no lesiona ningún
derecho fundamental. El objeto de la jurisdicción laboral, la tutela los derechos  laborales, reviste especial importancia; la protección que reciben es particular, al grado que algunos de ellos son irrenunciables. Su adecuado tratamiento constituye uno de los elementos básicos del Estado Social de Derecho. Todo  ello, a juicio de este Tribunal, compensa y justifica el tiempo que eventualmente deba invertirse en precluir esa fase. Por otra parte, la norma dispone que “Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará que se evacuen  todas aquellas pruebas  que no tiendan  a entorpecer el curso normal del juicio”.  De manera que si el Juez estimara que se trata de una prueba aportada o propuesta, con el único fin de dilatar el dictado de la sentencia, podrá rechazarla mediante resolución debidamente fundada. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 476 del Código de Trabajo no es inconstitucional. Evacuada

TRABAJO. 13-04678 / 6192-13. PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. Consulta judicial facultativa referente al artículo 476 párrafo segundo del Código de Trabajo. Estima el Juzgador que la norma consultada infringe los principios de justicia pronta y cumplida y de razonabilidad, así como el principio de igualdad constitucional, en tanto las partes que se enfrentan en otros procesos judiciales diferentes del laboral, no gozan ni disfrutan de la existencia de una norma jurídica como la consultada. Asimismo, estima que la norma representa una excepción desproporcionada de la actividad usual y normal que deben desplegar las partes en el proceso judicial. Agrega que la norma consultada obliga al juez a admitir prueba documental novedosa, que no había sido aportada anteriormente por las partes del proceso laboral, sin justificación razonable, objetiva e idónea. Analizado el tema, el Tribunal no comparte las inquietudes del Juez consultante por las razones que se indican. En primer lugar, la Sala ha reconocido en forma reiterada, que el legislador se encuentra legitimado para diseñar dentro de cada rama general del Derecho, procesos  específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y las particularidades de cada materia. En este sentido es oportuno indicar que la circunstancia de que en el proceso laboral, antes de dictar sentencia, se pueda recibir prueba -documental o confesional-, que no había sido aportada hasta ese momento, no lesiona ningún
derecho fundamental. El objeto de la jurisdicción laboral, la tutela los derechos  laborales, reviste especial importancia; la protección que reciben es particular, al grado que algunos de ellos son irrenunciables. Su adecuado tratamiento constituye uno de los elementos básicos del Estado Social de Derecho. Todo  ello, a juicio de este Tribunal, compensa y justifica el tiempo que eventualmente deba invertirse en precluir esa fase. Por otra parte, la norma dispone que “Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará que se evacuen  todas aquellas pruebas  que no tiendan  a entorpecer el curso normal del juicio”.  De manera que si el Juez estimara que se trata de una prueba aportada o propuesta, con el único fin de dilatar el dictado de la sentencia, podrá rechazarla mediante resolución debidamente fundada. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 476 del Código de Trabajo no es inconstitucional. Evacuada

TRABAJO. 13-04679 / 6193-13. PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. Consulta judicial facultativa referente al artículo 476 párrafo segundo del Código de Trabajo. Estima el Juzgador que la norma consultada infringe los principios de justicia pronta y cumplida y de razonabilidad, así como el principio de igualdad constitucional, en tanto las partes que se enfrentan en otros procesos judiciales diferentes del laboral, no gozan ni disfrutan de la existencia de una norma jurídica como la consultada. Asimismo, estima que la norma representa una excepción desproporcionada de la actividad usual y normal que deben desplegar las partes en el proceso judicial. Agrega que la norma consultada obliga al juez a admitir prueba documental novedosa, que no había sido aportada anteriormente por las partes del proceso laboral, sin justificación razonable, objetiva e idónea. Analizado el tema, el Tribunal no comparte las inquietudes del Juez consultante por las razones que se indican. En primer lugar, la Sala ha reconocido en forma reiterada, que el legislador se encuentra legitimado para diseñar dentro de cada rama general del Derecho, procesos  específicos que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y las particularidades de cada materia. En este sentido es oportuno indicar que la circunstancia de que en el proceso laboral, antes de dictar sentencia, se pueda recibir prueba -documental o confesional-, que no había sido aportada hasta ese momento, no lesiona ningún
derecho fundamental. El objeto de la jurisdicción laboral, la tutela los derechos  laborales, reviste especial importancia; la protección que reciben es particular, al grado que algunos de ellos son irrenunciables. Su adecuado tratamiento constituye uno de los elementos básicos del Estado Social de Derecho. Todo  ello, a juicio de este Tribunal, compensa y justifica el tiempo que eventualmente deba invertirse en precluir esa fase. Por otra parte, la norma dispone que “Si el Juez lo juzgare necesario, ordenará que se evacuen  todas aquellas pruebas  que no tiendan  a entorpecer el curso normal del juicio”.  De manera que si el Juez estimara que se trata de una prueba aportada o propuesta, con el único fin de dilatar el dictado de la sentencia, podrá rechazarla mediante resolución debidamente fundada. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 476 del Código de Trabajo no es inconstitucional. Evacuada

CONTENCIOSO. 11-4831 / 7250-13. ATRIBUCIONES DE JUECES CONTENCIOSOS EN LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Consulta Judicial referente a los artículos 20,21 y 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. No. 8754. Se consulta a la Sala Constitucional el criterio sobre la constitucionalidad de las normas y disposiciones aludidas, en tanto y cuanto se otorga una competencia al juez de lo contencioso administrativo para imponer medidas cautelares y sanciones de perdida de patrimonio obtenido por fuentes ilícitas que es propio, lo que a juicio de la juez consultante, es propio del ámbito penal. Señala la Sala que en este caso, que lejos de detraerse contenidos o competencias constitucionales a la jurisdicción contencioso-administrativa,  se le agregan o adicionan otras. Este aspecto, no constituye un problema de constitucionalidad, sino de oportunidad y conveniencia legislativa. En efecto, el legislador ordinario está habilitado, constitucionalmente, para atribuirle a esa jurisdicción nuevas competencias, en tanto no se  vacié  su  contenido  esencial,  al  respecto  goza  de  libertad  de configuración. El legislador ordinario tiene, entonces, una incuestionable libertad de conformación sobre el particular, al añadir o agregar competencias a la jurisdicción ontencioso-administrativa, no   así para detraer las establecidas constitucionalmente. Asignarle a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y resolución de las denuncias acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva de hasta diez años, fue una opción natural, por cuanto,  la ley le atribuyó esa competencia  al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y no a una jurisdicción ad-hoc. Se evacuan las consultas judiciales de constitucionalidad acumuladas en el sentido que los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada no lesionan los ordinales 35 y 49 de la Constitución Política.

TRABAJO. 13-93 / VOTOS 10412-13 Y 10501-13 (06/08/2013). SE ANULA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 62 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE MUNICIPALIDAD DE ASERRI. En el voto 10412-13 la Sala señaló que en la deliberación del caso, se rechazó  de  plano  la  consulta  judicial  facultativa formulada por el Juez Civil y de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados. Sin embargo,  en el registro  electrónico emitido por sentencia 2013-008213 del 19 de junio del 2013, se consignó que se declaraba con lugar, esto debido a un error grave y manifiesto por parte de esta Sala, lo cual tiene como consecuencia la anulación de oficio de dicha sentencia, a la luz de lo preceptuado por el numeral 11 de la  Ley de  la  Jurisdicción Constitucional.  En  ese  sentido,  el  Tribunal consignó en la resolución un texto distinto al que corresponde. De esta forma, lo procedente  es anular dicha sentencia de conformidad  a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, a fin de enmendar el error. Por tanto: Se anula la sentencia número 2013-008213 de las 14:30 hrs. del 19 de junio del 2013. En sentencia 10501-13, se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el Juez ordinario, al plantear la consulta judicial facultativa a la Sala Constitucional, debe hacerlo mediante una resolución fundada, en la que indique no sólo las normas, actos, conductas u omisiones cuestionados, sino también (y no menos importante aún) los motivos de duda del tribunal ordinario sobre su validez o interpretación constitucional. Con fundamento en lo expuesto, y teniendo en consideración que no  basta con que el juez cite la norma constitucional que considera violada, o se limite a exponer el problema, en realidad, es indispensable que el juzgador valore y fundamente adecuadamente sus dudas, situación que no se presenta en el caso concreto, Se rechaza de plano la consulta. Se anula sentencia y se rechaza de plano consulta.

ADMISIBILIDAD. 13-008569 /10828-13 (14/08/2013). RECONOCIMIENTO DE EFECTOS SOCIALES Y PATRIMONIALES EN UNIONES DE HECHO PARA LAS PERSONAS JÓVENES. Consulta Judicial facultativa referente al artículo 4 literal m) de la Ley de la Persona Joven. No. 9155 publicada en La Gaceta del 08 de julio del 2013. En el caso concreto, el juez formuló la consulta a esta Sala, sobre la constitucionalidad del inciso m) del Artículo 4 de la Ley de la Persona Joven. Sin embargo, de la lectura de dicha resolución se observa, que el juzgado consultante, no fundamentó en forma clara y precisa las dudas de constitucionalidad sobre las que pretende consultar, únicamente, se limitó a citar las normas de los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, relacionados con el derecho a fundar una familia y el derecho a contraer matrimonio, pero sin relacionarlos o contraponerlos con la norma consultada, y sin exponer  -en modo alguno- los motivos por los cuales tiene dudas de constitucionalidad. Esta Sala en reiteradas ocasiones, ha indicado que la Consulta Judicial constituye un verdadero proceso de control constitucional, por lo que no se trata de una simple actuación que pueda tramitarse como una petitoria a la Sala, tal como pretende hacerlo el juez en este caso. De esta forma, es necesario que el juez formule su consulta en resolución fundada, en la que exponga claramente las dudas de constitucionalidad que tenga respecto de una norma que de aplicar en el caso sometido a su conocimiento y resolución. Al respecto, cabe indicar que no basta con que el consultante cite la norma constitucional que considera infringida o se limite a exponer el problema, pues es necesario que fundamente o razone sus dudas. Lo contrario, implicaría admitir consultas de constitucionalidad con fines meramente didácticos, sin que exista de por medio un cuestionamiento real por parte del juez al aplicar la norma en el caso concreto, situación ajena a la naturaleza de la consulta judicial de constitucionalidad.  Con fundamento en lo anterior y visto que la consulta no cumple con la fundamentación exigida en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta es inadmisible. Finalmente se indica que el consultante no expone un problema de validez constitucional que provoque su duda, lo que el juez pretende con la consulta, es que esta Sala le indique cuál de las dos interpretaciones que expone es la correcta para resolver el caso concreto, lo cual resulta improcedente, pues en reiteradas ocasiones este Tribunal ha indicado que las consultas judiciales que promuevan los jueces deben formularse en relación con las normas o actos que deban aplicar, pero no en relación con el caso concreto. No procede que en esta jurisdicción se le indique al juez cuáles son las normas que debe aplicar o su correcta interpretación legal. Por otra parte, se constata, que los cuestionamientos que plantea el juzgador en cuanto a este extremo, sea, si los jóvenes entre los 15 y 35 años de edad deben acudir o no al Juzgado de familia para el reconocimiento de los efectos patrimoniales y personales de la unión de hecho; están relacionados con aspectos de legalidad y no de constitucionalidad, que debe resolver el juez. Así las cosas, como en este caso lo consultado por el juez es la solución del caso concreto sometido a su conocimiento, la consulta resulta inadmisible.  No ha lugar a evacuar la consulta.

 

CONSULTAS LEGISLATIVAS

Facultativas

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 12-16928 / 127-13. ESTATUTOS DE ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Consulta Legislativa referente a la Aprobación de los Estatutos y el Reglamento Orgánico de la Organización de Estados  Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Expediente Legislativo 18.398. En cuanto al procedimiento, se indica que las declaraciones interpretativas sí imponen obligaciones jurídicas a los declarantes en el ámbito internacional, pero no modifican per se el convenio internacional. Así las cosas, en lo que corresponde a este aspecto del trámite legislativo, no se considera que se haya incurrido en contravención alguna de la Carta Fundamental (Cfr. Sentencias No. 2010-14788 y 2010- 14789 de las 14:51 hrs. y 14:52 hrs., ambas del 1 de septiembre del año en curso). Finalmente, en cuento al fondo, se afirma que no se evidencian vicios de constitucionalidad por el fondo del proyecto. Se evacua la consulta formulada en el sentido que no se observan vicios esenciales de constitucionalidad en el trámite legislativo dado al proyecto de ley para la aprobación de los ³Estatutos y el Reglamento Orgánico de la Organización de  Estados  Iberoamericanos  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura",  expediente legislativo número 18.398; y en cuanto al fondo, no infringe el Derecho de la Constitución.  Comuníquese este pronunciamiento al Directorio de la Asamblea Legislativa.  Evacuada

INSTRUMENTO INTERNACIONAL. 12-16926 / 0174-13. CONVENCIÓN DE ASISTENCIA FISCAL. Consulta Legislativa referente a la Aprobación de la Convención sobre la Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, en su forma enmendada por el Protocolo del 2010 y sus anexos. Expediente Legislativo No. 18.420. Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad en el sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley de Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal, en su forma enmendada por el Protocolo del 2010 y sus anexos que se tramita en el expediente legislativo número 18.420, no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo.  Evacuada

ACUMULACIÓN. 13-6078 / 7462-13. LEY DE DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL. Consulta Legislativa Facultativa referente al proyecto de Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial. Expediente Legislativo No. 18.592. Acumúlese esta consulta a la que bajo expediente número 13-006071-0007-CO se tramita ante esta Sala.

ACUMULACIÓN. 6550-13 / 8124-13. (17-06-13) SOLUCIÓN DE VIVIENDA PARA CLASE MEDIA. Consulta Legislativa referente al Proyecto de ley denominado: “Creación del Fondo para el Financiamiento de Vivienda para Clase Media”. Expediente Legislativo No. 17.928. Acumúlese esta consulta a la que se tramita ante esta Sala en expediente número 13-006227-0007-CO y téngase como una ampliación de la misma.

FACULTATIVA. 13-6071 / 8596-13. (26/06/2013). LEY DE DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL. Consulta Legislativa Facultativa referente a la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial. Expediente Legislativo No. 18.592. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente legislativo número 18592 denominado "Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial", contiene el vicio sustancial del procedimiento legislativo de consulta a las municipalidades del país, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política. En cuanto al fondo del proyecto de ley, se evacua la consulta en el sentido que presenta la infracción al principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre. Los magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Rueda Leal dan razones adicionales en relación con el vicio declarado por el fondo. Comuníquese. El magistrado Castillo Víquez pone nota. Evacuada

FACULTATIVA. 13-6227 / 8600-13. (26/06/2013). SOLUCIÓN DE VIVIENDA PARA CLASE MEDIA. Consulta Legislativa Facultativa referente al Proyecto de Ley de Creación del Fondo para el Financiamiento de Viviendas de Primera Solución para la Clase Media. Expediente legislativo No. 17.928. Se cuestiona el que las operaciones crediticias otorgadas al amparo de esta ley, estarán exentas del pago de honorarios de abogado y avalúos, para ello, las entidades financieras deberá contar con funcionarios de planta para atender estos requerimientos, a fin de tomar las previsiones del caso. Señala la Sala que en este caso, se trata sencillamente de regular las condiciones con arreglo a las cuales funcionará el fondo de financiamiento para la solución de viviendas de la clase media costarricense, sin que con ello se restrinja o merme indebidamente el derecho fundamental y humano a recibir remuneración por el trabajo. Sobre el argumento de la desigualdad invocado por los consultantes carece de fundamento, pues debe tenerse en cuenta que toda exoneración implica, en principio, un trato desigual, pero no toda desigualdad será contraria a los valores y principios constitucionales y, en casos como el presente, habría que analizar otros elementos del crédito de vivienda. Se evacua la consulta en el sentido de que el artículo sétimo del proyecto de Ley de Creación del Fondo para el Financiamiento de Vivienda para la Clase Media tramitado en el expediente legislativo número 17928 no es inconstitucional. Evacuada.

FACULTATIVA. 13-6072 / 8701-13. (28/06/2013). LEY PARA REGULAR CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Consulta Legislativa facultativa referente a la Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre. Expediente Legislativo No. 18.593. Del análisis del caso, concluye la Sala que en el caso del proyecto legislativo número 18593 denominado “Ley para la regularización de las construcciones existentes en la zona restringida de la Zona Marítimo-Terrestre”, se ha incumplido con lo dispuesto con el artículo 190 Constitucional pues existía la obligación constitucional de consultar el texto del proyecto a las Municipalidades costeras del país, pero el expediente legislativo muestra que dicha actuación no se cumplió a cabalidad al dejarse por fuera varias corporaciones municipales sin que dentro del expediente aparezca motivo de justificación alguno.- Por otra parte, en cuanto a la consulta sobre la materia de fondo del texto consultado, se acusan unas supuestas infracciones constitucionales por omisión que no existen en la realidad, pues los temas que los Diputados echan de menos permanecen regulados por la ley 6043 o bien no era constitucionalmente imperativo que fuesen regulados por el proyecto, como opinan los consultantes. Se evacua la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad planteada respecto del proyecto legislativo número 18593 denominado "Ley para la regularización de las construcciones existentes en la zona restringida de la Zona Marítimo-Terrestre" de la siguiente forma: a) por mayoría, se declara que el proyecto consultado incumplió con el trámite constitucional de consulta a las municipalidades del país, establecido en el artículo 190 Constitucional.- El Magistrado Castillo Víquez salva el voto y señala que no existe en el procedimiento legislativo el vicio apuntado por los Diputados consultantes; b) por mayoría se evacua la consulta planteada en cuanto a la materia de fondo del proyecto señalando que no presenta las infracciones constitucionales planteadas por los Diputados consultantes siempre y cuando se interprete el artículo 2 del proyecto consultado en el sentido de que los potenciales concesionarios deben cumplir con los requisitos legales para obtener la respectiva concesión de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente antes de la entrada en vigencia de la Ley. Los Magistrados Rueda Leal, Armijo Sancho y Cruz Castro, en cuanto al aspecto de fondo, salvan el voto y evacuan la consulta legislativa en estudio, en el sentido de que el proyecto de "Ley para la Regularización de las Construcciones existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo-Terrestre" presenta vicios de constitucionalidad. El Magistrado Cruz Castro da razones adicionales.

PROPIEDAD. 13-6041 / 10158-13 (24/07/2013). TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS. Consulta Legislativa facultativa referente a la Ley de Territorios Costeros Comunitarios. Expediente Legislativo No. 18.148. Sobre este proyecto de ley indicó la Sala que habían violaciones de forma y de fondo. En primer lugar, el proyecto de ley en discusión carece de estudios técnicos que acrediten no sólo la situación fáctica, sino también la  viabilidad técnica, así como la razonabilidad y proporcionalidad como parámetros de constitucionalidad, principios que debe observar toda norma jurídica, principalmente cuando se trata de afectar recursos públicos como sucede en el caso concreto. Lo anterior permite a este Tribunal coincidir con la posición de los  diputados y diputadas consultantes en el sentido que no existe en el expediente legislativo un estudio técnico que analice y determine la posibilidad de reducir la protección ambiental en aplicación del principio de objetivación de la tutela ambiental, a pesar  que existen tanto instituciones como expertos en la temática ambiental que podrían haber elaborado el estudio técnico que se echa de menos en el proyecto de ley.  En virtud de lo expuesto, procede evacuar la consulta señalando la existencia de vicios esenciales de inconstitucionalidad  en el trámite del proyecto, en los términos del artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sobre el fondo, esta Sala en reiterados pronunciamientos ha reconocido que la zona marítima terrestre, y en particular, la zona pública, se encuentra protegida constitucionalmente por el principio de intangibilidad, por lo tanto, eventuales reformas que desafecten el territorio costero podrían infringir ese principio. De los artículos transcritos supra se desprende que el legislador si bien hace un planteamiento de manera excepcional, ante la imposibilidad de reubicar a los pobladores, lo cierto es que existe la potestad de concesionar hasta un quince por ciento de la totalidad de la zona pública que comprenda el territorio costero comunitario, situación que podría ciertamente infringir el principio de intangibilidad. Nótese que aún y cuando la zona marítimo terrestre enfrenta una problemática por la irregularidad jurídica de sus ocupantes, lo cierto es, que tal y como lo indica el artículo 20 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre la zona pública “… no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso” ni podrá ningún ciudadano o ciudadana “… alegar derecho alguno sobre ella…”. Por lo tanto  esta Sala concluye que los artículos señalados por los y las diputados y diputadas consultantes, resultan contrarios a la Constitución, toda vez que la excepción contenida en el Capítulo V del Proyecto de Ley consultado, implica, aún y cuando sea de forma excepcional, la concesión de un quince por ciento de la totalidad de la zona pública. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 18.148 "Ley de Territorios Costeros Comunitarios": 1) Es inconstitucional por la forma, toda vez que, tratándose de un proyecto de ley tendiente a la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida, carece de un elemento esencial del procedimiento, cual es, un estudio técnico que lo justifique y determine el impacto real sobre el ambiente. 2) Es inconstitucional por el fondo por violar el principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Comuníquese. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, salvan el voto y declaran que también se vulnera el art. 140 inciso 19, de la Constitución Política. De igual forma los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro dan razones distintas en cuanto a los vicios de inconstitucionalidad por el fondo. Evacuada

PENAL. 13-9065 / 11372-13. ENMIENDA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO. Consulta Judicial referente al artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La norma señala que el superior jerárquico puede enmendar, mediante dictamen fundado y con indicación del error o errores, mientras no se haya dictado la resolución correspondiente. Dicho superior podrá ordenar a otro representante del Ministerio Público la interpretación de otros recursos que la ley autoriza o que se haga cargo de la continuación del procedimiento. Consideran los jueces consultantes que la norma le otorga al ente fiscal ventajas. Señala la Sala que aún cuando exista la posibilidad de enmienda por parte del Ministerio Público de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ello no es vinculante para el juez encargado de resolver el asunto, ni lo constriñe a aceptar la solicitud del ente fiscal, pues es el juzgador quien al final debe determinar si acepta o no la corrección solicitada. En este aspecto, se observa, que en el fondo, lo que los consultantes pretenden a través de esta consulta, es que la Sala determine la norma que deben aplicar para resolver el recurso de apelación planteado por el Ministerio Publico dentro de la causa penal, a efecto de determinar la admisibilidad del mismo. No obstante, ello es un aspecto que corresponde al despacho consultante resolver, dado que la aplicación de normas en tiempo y espacio, no puede ser objeto de un proceso de consulta, el cual está destinado para ejercer un control de constitucionalidad de las normas y no para controlar la correcta aplicación del Derecho o la forma en que debe resolverse el caso concreto. Se evacua la consulta formulada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el sentido que el Artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no es contrario al principio de igualdad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Política. Evacuada

ACUMULACIÓN. 13-6078 / 7462-13. LEY DE DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL. Consulta Legislativa Facultativa referente al proyecto de Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial. Expediente Legislativo No. 18.592. Acumúlese esta consulta a la que bajo expediente número 13-006071-0007-CO se tramita ante esta Sala.

ACUMULACIÓN. 6550-13 / 8124-13. (17-06-13) SOLUCIÓN DE VIVIENDA PARA CLASE MEDIA. Consulta Legislativa referente al Proyecto de ley denominado: “Creación del Fondo para el Financiamiento de Vivienda para Clase Media”. Expediente Legislativo No. 17.928. Acumúlese esta consulta a la que se tramita ante esta Sala en expediente número 13-006227-0007-CO y téngase como una ampliación de la misma.

FACULTATIVA. 13-6071 / 8596-13. (26/06/2013). LEY DE DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL. Consulta Legislativa Facultativa referente a la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial. Expediente Legislativo No. 18.592. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente legislativo número 18592 denominado "Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial", contiene el vicio sustancial del procedimiento legislativo de consulta a las municipalidades del país, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política. En cuanto al fondo del proyecto de ley, se evacua la consulta en el sentido que presenta la infracción al principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre. Los magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Rueda Leal dan razones adicionales en relación con el vicio declarado por el fondo. Comuníquese. El magistrado Castillo Víquez pone nota. Evacuada

FACULTATIVA. 13-6227 / 8600-13. (26/06/2013). SOLUCIÓN DE VIVIENDA PARA CLASE MEDIA. Consulta Legislativa Facultativa referente al Proyecto de Ley de Creación del Fondo para el Financiamiento de Viviendas de Primera Solución para la Clase Media. Expediente legislativo No. 17.928. Se cuestiona el que las operaciones crediticias otorgadas al amparo de esta ley, estarán exentas del pago de honorarios de abogado y avalúos, para ello, las entidades financieras deberá contar con funcionarios de planta para atender estos requerimientos, a fin de tomar las previsiones del caso. Señala la Sala que en este caso, se trata sencillamente de regular las condiciones con arreglo a las cuales funcionará el fondo de financiamiento para la solución de viviendas de la clase media costarricense, sin que con ello se restrinja o merme indebidamente el derecho fundamental y humano a recibir remuneración por el trabajo. Sobre el argumento de la desigualdad invocado por los consultantes carece de fundamento, pues debe tenerse en cuenta que toda exoneración implica, en principio, un trato desigual, pero no toda desigualdad será contraria a los valores y principios constitucionales y, en casos como el presente, habría que analizar otros elementos del crédito de vivienda. Se evacua la consulta en el sentido de que el artículo sétimo del proyecto de Ley de Creación del Fondo para el Financiamiento de Vivienda para la Clase Media tramitado en el expediente legislativo número 17928 no es inconstitucional. Evacuada.

FACULTATIVA. 13-6072 / 8701-13. (28/06/2013). LEY PARA REGULAR CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Consulta Legislativa facultativa referente a la Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre. Expediente Legislativo No. 18.593. Del análisis del caso, concluye la Sala que en el caso del proyecto legislativo número 18593 denominado “Ley para la regularización de las construcciones existentes en la zona restringida de la Zona Marítimo-Terrestre”, se ha incumplido con lo dispuesto con el artículo 190 Constitucional pues existía la obligación constitucional de consultar el texto del proyecto a las Municipalidades costeras del país, pero el expediente legislativo muestra que dicha actuación no se cumplió a cabalidad al dejarse por fuera varias corporaciones municipales sin que dentro del expediente aparezca motivo de justificación alguno.- Por otra parte, en cuanto a la consulta sobre la materia de fondo del texto consultado, se acusan unas supuestas infracciones constitucionales por omisión que no existen en la realidad, pues los temas que los Diputados echan de menos permanecen regulados por la ley 6043 o bien no era constitucionalmente imperativo que fuesen regulados por el proyecto, como opinan los consultantes. Se evacua la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad planteada respecto del proyecto legislativo número 18593 denominado "Ley para la regularización de las construcciones existentes en la zona restringida de la Zona Marítimo-Terrestre" de la siguiente forma: a) por mayoría, se declara que el proyecto consultado incumplió con el trámite constitucional de consulta a las municipalidades del país, establecido en el artículo 190 Constitucional.- El Magistrado Castillo Víquez salva el voto y señala que no existe en el procedimiento legislativo el vicio apuntado por los Diputados consultantes; b) por mayoría se evacua la consulta planteada en cuanto a la materia de fondo del proyecto señalando que no presenta las infracciones constitucionales planteadas por los Diputados consultantes siempre y cuando se interprete el artículo 2 del proyecto consultado en el sentido de que los potenciales concesionarios deben cumplir con los requisitos legales para obtener la respectiva concesión de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente antes de la entrada en vigencia de la Ley. Los Magistrados Rueda Leal, Armijo Sancho y Cruz Castro, en cuanto al aspecto de fondo, salvan el voto y evacuan la consulta legislativa en estudio, en el sentido de que el proyecto de "Ley para la Regularización de las Construcciones existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo-Terrestre" presenta vicios de constitucionalidad. El Magistrado Cruz Castro da razones adicionales.

PROPIEDAD. 13-6041 / 10158-13 (24/07/2013). TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS. Consulta Legislativa facultativa referente a la Ley de Territorios Costeros Comunitarios. Expediente Legislativo No. 18.148. Sobre este proyecto de ley indicó la Sala que habían violaciones de forma y de fondo. En primer lugar, el proyecto de ley en discusión carece de estudios técnicos que acrediten no sólo la situación fáctica, sino también la viabilidad técnica, así como la razonabilidad y proporcionalidad como parámetros de constitucionalidad, principios que debe observar toda norma jurídica, principalmente cuando se trata de afectar recursos públicos como sucede en el caso concreto. Lo anterior permite a este Tribunal coincidir con la posición de los diputados y diputadas consultantes en el sentido que no existe en el expediente legislativo un estudio técnico que analice y determine la posibilidad de reducir la protección ambiental en aplicación del principio de objetivación de la tutela ambiental, a pesar que existen tanto instituciones como expertos en la temática ambiental que podrían haber elaborado el estudio técnico que se echa de menos en el proyecto de ley. En virtud de lo expuesto, procede evacuar la consulta señalando la existencia de vicios esenciales de inconstitucionalidad en el trámite del proyecto, en los términos del artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sobre el fondo, esta Sala en reiterados pronunciamientos ha reconocido que la zona marítima terrestre, y en particular, la zona pública, se encuentra protegida constitucionalmente por el principio de intangibilidad, por lo tanto, eventuales reformas que desafecten el territorio costero podrían infringir ese principio. De los artículos transcritos supra se desprende que el legislador si bien hace un planteamiento de manera excepcional, ante la imposibilidad de reubicar a los pobladores, lo cierto es que existe la potestad de concesionar hasta un quince por ciento de la totalidad de la zona pública que comprenda el territorio costero comunitario, situación que podría ciertamente infringir el principio de intangibilidad. Nótese que aún y cuando la zona marítimo terrestre enfrenta una problemática por la irregularidad jurídica de sus ocupantes, lo cierto es, que tal y como lo indica el artículo 20 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre la zona pública “… no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso” ni podrá ningún ciudadano o ciudadana “… alegar derecho alguno sobre ella…”. Por lo tanto esta Sala concluye que los artículos señalados por los y las diputados y diputadas consultantes, resultan contrarios a la Constitución, toda vez que la excepción contenida en el Capítulo V del Proyecto de Ley consultado, implica, aún y cuando sea de forma excepcional, la concesión de un quince por ciento de la totalidad de la zona pública. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 18.148 "Ley de Territorios Costeros Comunitarios": 1) Es inconstitucional por la forma, toda vez que, tratándose de un proyecto de ley tendiente a la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida, carece de un elemento esencial del procedimiento, cual es, un estudio técnico que lo justifique y determine el impacto real sobre el ambiente. 2) Es inconstitucional por el fondo por violar el principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Comuníquese. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, salvan el voto y declaran que también se vulnera el art. 140 inciso 19, de la Constitución Política. De igual forma los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro dan razones distintas en cuanto a los vicios de inconstitucionalidad por el fondo. Evacuada

PRESUPUESTO. 13-10460 / 13344-13 (04/10/2013). MODIFICACIÓN A LA LEY DE PRESUPUESTO. Consulta Legislativa referente a la Ley de Modificación a la Ley No. 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2013. Expediente Legislativo No. 18.830. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que no existen roces de constitucionalidad en el proyecto de ley "Modificación a la Ley No., 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de La República para el Ejecución Económico 2013 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013", expediente legislativo No. 18.830; e inevacuable en cuanto a la prelación de las mociones nominales y las mociones de orden. Notifíquese a los diputados consultantes

CONVENIO. 13-11213 / 1441-13. CONVENIO CON LANAMME. Consulta Legislativa Facultativa sobre la reforma al artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. No. 8114 y sus reformas. (Es sobre Convenio con Lanamme UCR sobre red vial) Expediente Legislativo No. 17.735. Se resuelve la consulta formulada en relación con el proyecto de "Reforma del Artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114 y sus Reformas", expediente legislativo número 17.735, de la siguiente forma: a) no existe la infracción al procedimiento legislativo expuesta por los consultantes; b) no existe afectación al principio de separación de poderes ni tampoco a las competencias constitucionales de la Contraloría General de la República en el proyecto consultado; c) no ha lugar a evacuar la consulta respecto de la supuesta incongruencia del texto del proyecto con normas y principios constitucionales. El Magistrado Castillo Víquez agrega razones separadas.

ADMISIBILIDAD. 13-12478 / 14711-13. TITULACIÓN EN INMUEBLE DE JAPDEVA. Consulta Legislativa Facultativa referente a la Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Expediente Legislativo No. 17.838. Se declara inadmisible la acción por el retiro de las firmas de algunos diputados, quedando la consulta con menos de diez legisladores que firman y con base en el voto 7886-99 se dispone que no ha lugar a evacuar la consulta.

ADMISIBILIDAD. 13-12479 / 14712-13. TITULACIÓN EN INMUEBLE DE JAPDEVA. Consulta Legislativa Facultativa referente a la Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Expediente Legislativo No. 17.838. Se declara inadmisible la acción por el retiro de las firmas de algunos diputados, quedando la consulta con menos de diez legisladores que firman y con base en el voto 7886-99 se dispone que no ha lugar a evacuar la consulta.

ADMISIBILIDAD. 13-12491 / 15104-13. TITULACIÓN EN INMUEBLE DE JAPDEVA. Consulta Legislativa Facultativa referente a la Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Expediente Legislativo No. 17.838. Se dispne no evacuar la consulta porque cuenta con el respaldo de nueve diputados y no de diez como lo señala la Ley de la Jurisdicción Constitucional. No ha lugar a evacuar la consulta.

ACUMULACION. 13-13519 / 15566-13. INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS. Consulta Legislativa Facultativa referente al Proyecto de Ley Reguladora de Investigación Biomédica. Expediente Legislativo No. 17.777. Acumúlese esta consulta a la que bajo expediente número 13-013489-0007-CO se tramita ante esta Sala.

ADMISIBILIDAD. 13-13520 / 15839-13. TITULACIÓN EN INMUEBLE DE JAPDEVA. Consulta Facultativa referente a la Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Expediente Legislativo No. 17.838. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se dispone que ha lugar a evacuar la consulta. NHL

 

 

Preceptivas

 

TRATADO. 13-0807 /2296-13. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON SINGAPUR. Consulta legislativa referente a Expediente Legislativo 17671 del Tratado De Libre Comercio entre La República de Costa Rica y La República de Singapur. Se evacua la consulta en el sentido de que el proyecto denominado "Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur" (expediente legislativo número 17671), no contiene vicios esenciales de procedimiento o disposiciones inconstitucionales. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro ponen nota, en lo que respecta al fondo del proyecto consultado. Los Magistrados Rueda Leal y Castillo Víquez dan razones diferentes en lo que respecta a las normas que regulan la solución de controversias entre los inversionistas y los Estados parte. Los Magistrados Jinesta, Salazar y Hernández, ponen nota. El Magistrado Hernández pone nota. SL

TRATADO. 13-0808 / 02297-13. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO. Consulta legislativa referente al expediente legislativo 18368, sobre la  Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio ente los Estados Unidos Mexicanos y Las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras Y Nicaragua, suscrito en El Salvador. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto denominado "Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, suscrito en San Salvador, El Salvador, el día veintidós del mes de noviembre del año dos mil once" (expediente legislativo No. 18368), no contiene vicios esenciales de procedimiento o disposiciones inconstitucionales. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro ponen nota, en lo que respecta al fondo del proyecto consultado. Los Magistrados Rueda Leal y Castillo Víquez dan razones diferentes en lo que respecta a las normas que regulan la solución de controversias entre los inversionistas y los Estados parte. Los Magistrados Jinesta, Salazar y Hernández ponen nota. El Magistrado Hernández pone nota. SL

13-002663 / 3655-13. CONVENIO DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTRO AMÉRICA. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la Aprobación del Convenio Constitutivo del Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América. Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad en el sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley de Aprobación del Convenio Constitutivo del Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América COMMCA, expediente legislativo Nº 18.373, no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo. Esta ley debe ser aprobada en segundo debate por la mayoría calificada prevista en el artículo 121 inciso 4° de la Constitución Política. Los Magistrados Armijo y Cruz consignan nota. Notifíquese. SL

13-3116 / 4884-13. TRATADO DE EXTRADICIÓN CON MÉXICO. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos. Expediente Legislativo No. 18.439. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto de ley denominado "Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos" (expediente legislativo No. 18.439), no contiene vicios esenciales de procedimiento. En cuanto al fondo, el artículo 3°, inciso h), del citado tratado no resulta inconstitucional en el tanto se interprete y aplique en el sentido que: a) nuestro país concederá la extradición siempre que, de previo a la entrega, se tenga la seguridad jurídica absoluta que las penas señaladas en el artículo 3°, inciso h) no serán impuestas o aplicadas y b) en caso de ya haberse dictado sentencia, Costa Rica deberá de tener la seguridad jurídica absoluta -de forma previa-, que dicha clase de pena será sustituida por una menor aceptada por nuestro ordenamiento. En lo demás, la Sala considera que las normas contenidas en el tratado consultado no contrarían los preceptos constitucionales vigentes, ni la doctrina y principios que la informan. Evacuada

13-3117 / 5013-13. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PERU. Consulta Legislativa referente a la Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y Gobierno de la República de Perú. Expediente Legislativo No. 18.150. Se evacua la consulta preceptiva en el sentido que el trámite seguido por el proyecto de aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Perú, expediente legislativo número 18.150, no resulta inconstitucional. En cuanto al fondo, se estima que el proyecto de ley no infringe el Derecho de la Constitución. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro ponen nota, en lo que respecta al fondo del proyecto consultado. Los Magistrados Rueda Leal, Castillo Víquez y Pacheco Salazar, dan razones diferentes en lo que respecta a las normas que regulan la solución de controversias entre los inversionistas y los Estados parte. Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández Gutiérrez ponen nota. Comuníquese al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Evacuada

CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 13-3800 / 6118-13. REFORMA CONSTITUCIONAL. Consulta Legislativa Preceptiva, referente a la reforma al artículo 172 de la Constitución Política. Expediente Legislativo 18.084. La norma constitucional señala que “Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un síndico propietario y un suplente con voz pero sin voto. Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en casos calificados las municipalidades podrán crear concejos municipales de distrito, como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales en que pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y financiación. Se evacua la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad de la proposición de "Reforma al artículo 172 de la Constitución Política", tramitado bajo el expediente legislativo No. 18.084, en el sentido  que contiene un vicio sustancial de constitucionalidad, toda vez que la materia que regula no es competencia del Poder Reformador. Los magistrados Cruz Castro, Castillo Víquez y Rueda Leal salvan el voto y ponen notas. Comuníquese este pronunciamiento al Directorio de la Asamblea Legislativa. CL

CONVENIO. 13-4559 / 6623-13 (15-05-13). CONVENIO DE MADERAS TROPICALES. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la Aprobación de la Adhesión al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006”. Expediente Legislativo No. 18.485. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se evacua la consulta formulada en el sentido de que en el proyecto de "Aprobación del Adhesión al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 2006" expediente legislativo número18485, no se observan lesiones de fondo ni de procedimiento a las normas y principios constitucionales. Evacuada

13-05006 / 6939-13 (22-05-13). CONVENIO SOBRE TRABAJO DECENTE. Consulta Legislativa Preceptiva, referente a la “Aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y trabajadores Domésticos (Convenio 189)”, que se tramita en el expediente legislativo No. 18.335. En este caso, se detecta un vicio de forma, esto por cuanto, En este caso, consta que después del primer debate, se detectó que la copia certificada del texto del Convenio, que en un primer momento había sido aportada por el Poder Ejecutivo, no contenía el texto íntegro correspondiente al artículo 22, por un aparente error material en el proceso de fotocopiado del texto, que se solicita corregirlo. No obstante lo anterior, debe indicarse que aún así se advierte un vicio esencial en el procedimiento legislativo. Ello por cuanto, revisado el proyecto que se publicó en el Alcance Digital No. 51 de La Gaceta No. 78 del 23 de abril de 2012 (http://www.gaceta.go.cr/pub/alcances/ALCA_2012.html), se constata que el texto que se publicó en ese momento contenía los errores u omisiones ya apuntados (es decir: varios de los artículos publicados estaban incompletos, mutilados o inconclusos). Con el perjuicio que, revisado el expediente legislativo, no se acredita que se haya publicado nuevamente el proyecto en el Diario Oficial, pero esta vez íntegro o completo, o que se haya publicado algún tipo de corrección o aclaración, en atención a lo previsto en los artículos 116, 117 y 121 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Ello de previo a que el proyecto fuera objeto de nuevo estudio, discusión y dictamen por parte de la mencionada Comisión y de discusión y aprobación por parte del Plenario Legislativo. De lo que se puede derivar que se ha incurrido en una infracción al principio de publicidad. En mérito de lo expuesto, se impone evacuar la consulta en el sentido que el proyecto consultado contiene un vicio esencial de procedimiento -por infracción al principio de publicidad- que lo invalida, razón por la cual, se omite analizar el fondo del proyecto consultado. Se evacua la consulta preceptiva en el sentido que existe un vicio de constitucionalidad grave y esencial en el procedimiento legislativo correspondiente al proyecto de “Aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189) “, tramitado en el expediente legislativo No. 18.355, por infracción al principio de publicidad. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa. Evacuada

ACUERDO.13-6112 / 7731-13 (07/06/2013). ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Consulta Legislativa sobre la Adhesión al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y Aprobación de su Protocolo de Enmienda. Expediente Legislativo No. 16.019. Señala la Sala que reiteradamente se ha indicado que las normas de esta adhesión, deben ser interpretadas en el sentido que Costa Rica no ha renunciado a su competencia para la aprobación legislativa de tratados, según las reglas del artículo 121, inciso 4), constitucional, con la única excepción de los protocolos de menor rango, único caso en que se exime de aprobación parlamentaria, de manera que no resultaría inconstitucional si se interpreta que si se trata de una reforma sustancial al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, dicha enmienda debe ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el mecanismo de aprobación legislativa previsto en el artículo 121, inciso 4), de la Constitución Política. No obstante, si se trata de enmiendas o modificaciones de orden menor, éstas pueden ser aprobadas a través del procedimiento previsto en el artículo 140, inciso 10), párrafo segundo, de la Constitución Política, el cual, dispone que “Los protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo”. Siendo que de conformidad con la línea jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, le corresponderá, en cada caso, a la Asamblea Legislativa decidir si la enmienda es sustancial o menor, a efecto de determinar si debe o no someterse al procedimiento respectivo ante ese órgano parlamentario. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto de ley de Adhesión al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y Aprobación de su Protocolo de Enmienda (expediente legislativo No. 16.019) no contiene vicios esenciales de procedimiento o disposiciones inconstitucionales. Se interpreta que el artículo XX del Acuerdo no resultaría inconstitucional si se considera que, si se trata de una reforma sustancial al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, dicha enmienda debe ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el mecanismo de aprobación legislativa previsto en el artículo 121, inciso 4, de la Constitución Política. Evacuada

PRECEPTIVA. 13-6008 / 8252-13. (21/06/2013). TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. Consulta Legislativa Preceptiva sobre la Ley de Aprobación del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus estados miembros, por otro; y la aprobación por parte de la República de Costa Rica de la enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, adoptadas en la Reunión Extraordinaria de la Conferencia de las Partes, en Gaborone, Botswana, el 30 de abril de 1993. Expediente Legislativo No. 18.563. Entre otros aspectos propios del proyecto consultado, en esta sentencia se analizan dos aspectos fundamentales que se deben resaltar: uno sobre la votación requerida para la aprobación del proyecto, se indica que cuando el artículo 121 inciso 4) la Constitución Política hace alusión a la transferencia de determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, también mencionado por esa norma, antes que consistir en un supuesto adicional, en realidad lo que significa es un efecto natural de la naturaleza jurídica propia de todo ordenamiento comunitario. No hay ordenamiento comunitario que no tienda a realizar objetivos regionales y comunes. En la especie, esta Sala estima que el Acuerdo de Asociación en examen en modo alguno está dirigido a crear un ordenamiento jurídico comunitario. Por consiguiente, al no configurarse el supuesto del artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política, este Tratado no requiere para su aprobación de la votación de dos terceras partes de la totalidad de los diputados, sino que se puede votar conforme dispone el ordinal 119 de la Ley Fundamental, esto es por mayoría absoluta de los votos presentes. Otro de los aspectos, es referente al principio de publicidad, Por consiguiente, en atención al requisito de publicación en La Gaceta dispuesto por el artículo 117 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y de la jurisprudencia de la Sala se extrae que el quid del asunto consiste en analizar, según el caso concreto, en qué medida una equivocación en la publicación lleva a un vicio en la publicidad, a partir del cual la ciudadanía en general tenga un conocimiento confuso del contenido de un proyecto por aprobar en la Asamblea Legislativa o se restrinja su participación informada en la discusión del mismo. No se trata entonces de aplicar un rígido formalismo, ajeno a las circunstancias del caso, sino de emplear la hermenéutica jurídica de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de modo tal que las normas se interpreten en la forma que mejor garanticen la realización del fin o los fines que persiguen. En el caso concreto, es plenamente constatable que las y los diputados de la Asamblea Legislativa en todo momento dispusieron del texto íntegro del Acuerdo y en este basaron sus discusiones, mociones y la voluntad plasmada en sus dictámenes y votaciones. Asimismo, las autoridades y personas a las que se les confirieron las audiencias respectivas, siempre tuvieron a su disposición el texto completo del Acuerdo. Así las cosas, no se advierte que del error en la publicación, hubiera derivado una lesión al contenido esencial del principio de publicidad, por lo que no se ha producido un vicio de inconstitucionalidad. Diferente es el caso cuando ni siquiera en el propio Parlamento se ha contado con el texto íntegro del proyecto por aprobar, o que el mismo presente errores, o cuando el propio legislador ha introducido importantes cambios a la versión original de un proyecto mientras se discute en una comisión (lo que en la especie hubiera sido, en todo caso, improcedente porque el artículo 361 del Acuerdo no permite reservas unilaterales ni declaraciones interpretativas al mismo). Se evacua la consulta en el sentido que los artículos 1 y 2 del expediente legislativo Nº 18.563, por su orden correspondientes a la "Ley de Aprobación del Acuerdo por el que se establece una asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otro; y a la aprobación por parte de la República de Costa Rica de la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, adoptada en reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, en Gaborone, Botsuana, el 30 de abril de 1983" no contiene vicios esenciales del procedimiento ni disposiciones inconstitucionales. En lo concerniente a los artículos 3, 4 y 5 del expediente legislativo Nº 18.563, por no ser materia objeto de una consulta preceptiva de constitucionalidad, esta resulta inadmisible e inevacuable. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota separada. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y evacuan la presente consulta legislativa en el sentido que advierten vicios de forma y de fondo. Notifíquese esta resolución al Directorio de la Asamblea Legislativa. Evacuada

13-3116 / 4884-13. TRATADO DE EXTRADICIÓN CON MÉXICO. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos. Expediente Legislativo No. 18.439. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto de ley denominado "Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos" (expediente legislativo No. 18.439), no contiene vicios esenciales de procedimiento. En cuanto al fondo, el artículo 3°, inciso h), del citado tratado no resulta inconstitucional en el tanto se interprete y aplique en el sentido que: a) nuestro país concederá la extradición siempre que, de previo a la entrega, se tenga la seguridad jurídica absoluta que las penas señaladas en el artículo 3°, inciso h) no serán impuestas o aplicadas y b) en caso de ya haberse dictado sentencia, Costa Rica deberá de tener la seguridad jurídica absoluta -de forma previa-, que dicha clase de pena será sustituida por una menor aceptada por nuestro ordenamiento. En lo demás, la Sala considera que las normas contenidas en el tratado consultado no contrarían los preceptos constitucionales vigentes, ni la doctrina y principios que la informan. Evacuada

13-3117 / 5013-13. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PERU. Consulta Legislativa referente a la Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y Gobierno de la República de Perú. Expediente Legislativo No. 18.150. Se evacua la consulta preceptiva en el sentido que el trámite seguido por el proyecto de aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Perú, expediente legislativo número 18.150, no resulta inconstitucional. En cuanto al fondo, se estima que el proyecto de ley no infringe el Derecho de la Constitución. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro ponen nota, en lo que respecta al fondo del proyecto consultado. Los Magistrados Rueda Leal, Castillo Víquez y Pacheco Salazar, dan razones diferentes en lo que respecta a las normas que regulan la solución de controversias entre los inversionistas y los Estados parte. Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández Gutiérrez ponen nota. Comuníquese al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Evacuada

CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 13-3800 / 6118-13. REFORMA CONSTITUCIONAL. Consulta Legislativa Preceptiva, referente a la reforma al artículo 172 de la Constitución Política. Expediente Legislativo 18.084. La norma constitucional señala que “Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un síndico propietario y un suplente con voz pero sin voto. Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en casos calificados las municipalidades podrán crear concejos municipales de distrito, como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales en que pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y financiación. Se evacua la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad de la proposición de "Reforma al artículo 172 de la Constitución Política", tramitado bajo el expediente legislativo No. 18.084, en el sentido que contiene un vicio sustancial de constitucionalidad, toda vez que la materia que regula no es competencia del Poder Reformador. Los magistrados Cruz Castro, Castillo Víquez y Rueda Leal salvan el voto y ponen notas. Comuníquese este pronunciamiento al Directorio de la Asamblea Legislativa. CL

CONVENIO. 13-4559 / 6623-13 (15-05-13). CONVENIO DE MADERAS TROPICALES. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la Aprobación de la Adhesión al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006”. Expediente Legislativo No. 18.485. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se evacua la consulta formulada en el sentido de que en el proyecto de "Aprobación del Adhesión al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 2006" expediente legislativo número18485, no se observan lesiones de fondo ni de procedimiento a las normas y principios constitucionales. Evacuada

13-05006 / 6939-13 (22-05-13). CONVENIO SOBRE TRABAJO DECENTE. Consulta Legislativa Preceptiva, referente a la “Aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y trabajadores Domésticos (Convenio 189)”, que se tramita en el expediente legislativo No. 18.335. En este caso, se detecta un vicio de forma, esto por cuanto, En este caso, consta que después del primer debate, se detectó que la copia certificada del texto del Convenio, que en un primer momento había sido aportada por el Poder Ejecutivo, no contenía el texto íntegro correspondiente al artículo 22, por un aparente error material en el proceso de fotocopiado del texto, que se solicita corregirlo. No obstante lo anterior, debe indicarse que aún así se advierte un vicio esencial en el procedimiento legislativo. Ello por cuanto, revisado el proyecto que se publicó en el Alcance Digital No. 51 de La Gaceta No. 78 del 23 de abril de 2012 (http://www.gaceta.go.cr/pub/alcances/ALCA_2012.html), se constata que el texto que se publicó en ese momento contenía los errores u omisiones ya apuntados (es decir: varios de los artículos publicados estaban incompletos, mutilados o inconclusos). Con el perjuicio que, revisado el expediente legislativo, no se acredita que se haya publicado nuevamente el proyecto en el Diario Oficial, pero esta vez íntegro o completo, o que se haya publicado algún tipo de corrección o aclaración, en atención a lo previsto en los artículos 116, 117 y 121 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Ello de previo a que el proyecto fuera objeto de nuevo estudio, discusión y dictamen por parte de la mencionada Comisión y de discusión y aprobación por parte del Plenario Legislativo. De lo que se puede derivar que se ha incurrido en una infracción al principio de publicidad. En mérito de lo expuesto, se impone evacuar la consulta en el sentido que el proyecto consultado contiene un vicio esencial de procedimiento -por infracción al principio de publicidad- que lo invalida, razón por la cual, se omite analizar el fondo del proyecto consultado. Se evacua la consulta preceptiva en el sentido que existe un vicio de constitucionalidad grave y esencial en el procedimiento legislativo correspondiente al proyecto de “Aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189) “, tramitado en el expediente legislativo No. 18.355, por infracción al principio de publicidad. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa. Evacuada

ACUERDO.13-6112 / 7731-13 (07/06/2013). ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Consulta Legislativa sobre la Adhesión al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y Aprobación de su Protocolo de Enmienda. Expediente Legislativo No. 16.019. Señala la Sala que reiteradamente se ha indicado que las normas de esta adhesión, deben ser interpretadas en el sentido que Costa Rica no ha renunciado a su competencia para la aprobación legislativa de tratados, según las reglas del artículo 121, inciso 4), constitucional, con la única excepción de los protocolos de menor rango, único caso en que se exime de aprobación parlamentaria, de manera que no resultaría inconstitucional si se interpreta que si se trata de una reforma sustancial al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, dicha enmienda debe ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el mecanismo de aprobación legislativa previsto en el artículo 121, inciso 4), de la Constitución Política. No obstante, si se trata de enmiendas o modificaciones de orden menor, éstas pueden ser aprobadas a través del procedimiento previsto en el artículo 140, inciso 10), párrafo segundo, de la Constitución Política, el cual, dispone que “Los protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo”. Siendo que de conformidad con la línea jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, le corresponderá, en cada caso, a la Asamblea Legislativa decidir si la enmienda es sustancial o menor, a efecto de determinar si debe o no someterse al procedimiento respectivo ante ese órgano parlamentario. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto de ley de Adhesión al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y Aprobación de su Protocolo de Enmienda (expediente legislativo No. 16.019) no contiene vicios esenciales de procedimiento o disposiciones inconstitucionales. Se interpreta que el artículo XX del Acuerdo no resultaría inconstitucional si se considera que, si se trata de una reforma sustancial al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, dicha enmienda debe ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el mecanismo de aprobación legislativa previsto en el artículo 121, inciso 4, de la Constitución Política. Evacuada

PRECEPTIVA. 13-6008 / 8252-13. (21/06/2013). TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. Consulta Legislativa Preceptiva sobre la Ley de Aprobación del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus estados miembros, por otro; y la aprobación por parte de la República de Costa Rica de la enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, adoptadas en la Reunión Extraordinaria de la Conferencia de las Partes, en Gaborone, Botswana, el 30 de abril de 1993. Expediente Legislativo No. 18.563. Entre otros aspectos propios del proyecto consultado, en esta sentencia se analizan dos aspectos fundamentales que se deben resaltar: uno sobre la votación requerida para la aprobación del proyecto, se indica que cuando el artículo 121 inciso 4) la Constitución Política hace alusión a la transferencia de determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, también mencionado por esa norma, antes que consistir en un supuesto adicional, en realidad lo que significa es un efecto natural de la naturaleza jurídica propia de todo ordenamiento comunitario. No hay ordenamiento comunitario que no tienda a realizar objetivos regionales y comunes. En la especie, esta Sala estima que el Acuerdo de Asociación en examen en modo alguno está dirigido a crear un ordenamiento jurídico comunitario. Por consiguiente, al no configurarse el supuesto del artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política, este Tratado no requiere para su aprobación de la votación de dos terceras partes de la totalidad de los diputados, sino que se puede votar conforme dispone el ordinal 119 de la Ley Fundamental, esto es por mayoría absoluta de los votos presentes. Otro de los aspectos, es referente al principio de publicidad, Por consiguiente, en atención al requisito de publicación en La Gaceta dispuesto por el artículo 117 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y de la jurisprudencia de la Sala se extrae que el quid del asunto consiste en analizar, según el caso concreto, en qué medida una equivocación en la publicación lleva a un vicio en la publicidad, a partir del cual la ciudadanía en general tenga un conocimiento confuso del contenido de un proyecto por aprobar en la Asamblea Legislativa o se restrinja su participación informada en la discusión del mismo. No se trata entonces de aplicar un rígido formalismo, ajeno a las circunstancias del caso, sino de emplear la hermenéutica jurídica de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de modo tal que las normas se interpreten en la forma que mejor garanticen la realización del fin o los fines que persiguen. En el caso concreto, es plenamente constatable que las y los diputados de la Asamblea Legislativa en todo momento dispusieron del texto íntegro del Acuerdo y en este basaron sus discusiones, mociones y la voluntad plasmada en sus dictámenes y votaciones. Asimismo, las autoridades y personas a las que se les confirieron las audiencias respectivas, siempre tuvieron a su disposición el texto completo del Acuerdo. Así las cosas, no se advierte que del error en la publicación, hubiera derivado una lesión al contenido esencial del principio de publicidad, por lo que no se ha producido un vicio de inconstitucionalidad. Diferente es el caso cuando ni siquiera en el propio Parlamento se ha contado con el texto íntegro del proyecto por aprobar, o que el mismo presente errores, o cuando el propio legislador ha introducido importantes cambios a la versión original de un proyecto mientras se discute en una comisión (lo que en la especie hubiera sido, en todo caso, improcedente porque el artículo 361 del Acuerdo no permite reservas unilaterales ni declaraciones interpretativas al mismo). Se evacua la consulta en el sentido que los artículos 1 y 2 del expediente legislativo Nº 18.563, por su orden correspondientes a la "Ley de Aprobación del Acuerdo por el que se establece una asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otro; y a la aprobación por parte de la República de Costa Rica de la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, adoptada en reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, en Gaborone, Botsuana, el 30 de abril de 1983" no contiene vicios esenciales del procedimiento ni disposiciones inconstitucionales. En lo concerniente a los artículos 3, 4 y 5 del expediente legislativo Nº 18.563, por no ser materia objeto de una consulta preceptiva de constitucionalidad, esta resulta inadmisible e inevacuable. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota separada. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y evacuan la presente consulta legislativa en el sentido que advierten vicios de forma y de fondo. Notifíquese esta resolución al Directorio de la Asamblea Legislativa. Evacuada

TRATADO. 13-8957/11569-13. COMERCIO DE ARMAS. Consulta Legislativa referente a la aprobación sobre el Tratado de Comercio de Armas. Expediente Legislativo No. 18.800. Aparte del análisis de procedimiento que se hace en este caso, la Sala indica que resulta claro que su jurisprudencia ha protegido y reconocido la paz como un valor trascendental para el desarrollo de la sociedad costarricense y, a su vez, como un derecho constitucional. En efecto, si la Constitución contempla el valor constitucional de la paz, evidentemente, las personas tienen el derecho fundamental a que tal valor se preserve, lo que lógicamente significa la existencia de un derecho fundamental a la paz y un principio internacional adoptado por Costa Rica desde décadas atrás, con la ratificación de la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945, y posteriormente respaldado por diferentes acontecimientos históricos nacionales (v.gr., la abolición del ejército el 01 de diciembre de 1948, la aprobación del artículo constitucional que suprime el ejército como una institución permanente en 1949, y la "Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada" del 17 de noviembre de 1983, entre otros). Por su parte, otro de los principios contemplados en el Tratado sobre el Comercio de Armas, al que merece la pena dedicar algunas reflexiones, es el principio de “legítima defensa individual o colectiva”. Como bien se mencionó en la sentencia número 02645-98 de las 15:33 horas del 21 de abril de 1998, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, el derecho a defenderse de un injusto agresor ha gozado de un reconocimiento universal, porque tiene su base en el instinto de conservación. Este derecho a defenderse es, precisamente, a lo que se refiere el principio de legítima defensa citado en el Tratado. Según explicó este Tribunal Constitucional en aquella oportunidad, actualmente el instituto de la legítima defensa es reconocido por la doctrina penal como una causa de justificación, contemplando no solo la defensa de la vida e integridad física, sino también de otros derechos. De conformidad con este instituto, no comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos, siempre que concurran las circunstancias determinadas en la ley. En consecuencia, según lo explicado por la Sala, “la situación de la legítima defensa presupone que se produce un ataque injusto y que en ese momento el individuo se halla abandonado (sic) a sus propias fuerzas, teniendo que reaccionar contra el injusto agresor, pues de lo contrario, la única alternativa que le queda es la de soportar la agresión injusta, de forma que hay así una situación de necesidad, en el sentido de que el sujeto ha de sufrir un mal o inferirlo”(ver sentencia 02645-98). Si bien se reconoce esa legítima defensa, recientemente esta Sala aclaró que no existe un derecho de rango constitucional a la portación y tenencia de armas de fuego, sino de un derecho meramente legal que es susceptible de ser regulado por el Estado y restringido de conformidad con los límites establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política. Tales restricciones a la portación y uso de armas derivan del hecho de que Costa Rica es un país con vocación pacifista y sin ejército, que promueve la negociación, utilización del diálogo y otros mecanismos similares para la solución de conflictos. En ese contexto, la Sala aclaró que el uso de armas de fuego, con independencia del fin y utilidad que se les dé, es una actividad que -per se- es susceptible de ocasionar daños a terceros, motivo por el cual el Estado se encuentra facultado para emitir una regulación sobre la inscripción y los permisos de uso de estos dispositivos en forma legítima, así como para su utilización con fines de seguridad y defensa. La Sala estima que no se encuentra en discusión un sector cualquiera del comercio, sino uno sumamente sensible como lo es la comercialización de armas de fuego. Este sector perteneciente a la libertad de empresa demanda fuertes e intensos controles, habida cuenta de las graves secuelas que puede producir el uso y disposición de las armas de fuego en el conglomerado social. Una regulación intensa y fuerte resulta, a todas luces, razonable para evitar las consecuencias adversas y dolorosas derivadas del comercio ilícito de armas y su consecuente uso sin control. Este Tribunal Constitucional entiende que los países exportadores e importadores, así como en los que se desarrolle el tránsito, transbordo y corretaje de armas, tienen una alta responsabilidad social. En lo atinente a nuestro país, debe procurarse la contribución firme en la implementación y ejecución de este tipo de instrumentos internacionales, sobre todo tomando en consideración la amplia trayectoria en temas de paz que se recordó al inicio de esta sentencia. Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad en el sentido de que el proyecto de ley de "Aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas", expediente legislativo Nº 18.800, no contiene ningún vicio sustancial de forma ni de fondo. Notifíquese y comuníquese.-

CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO. 13-10438 / 13255-13 (04/10/2013). PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO. Consulta Legislativa referente al Protocolo Facultativo sobre la Convención de Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. Expediente Legislativo 18.672. Se evacua la consulta preceptiva de constitucionalidad en el sentido que el trámite seguido por el proyecto de "APROBACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES", que es de iniciativa de PODER EJECUTIVO, expediente legislativo número18.672, no resulta inconstitucional. En cuanto al fondo, se estima que el proyecto de ley no infringe el Derecho de la Constitución.

CONVENIO. 13-10440 / 13510-13 (11-10-2013). CONVENIO SOBRE TRABAJO DECENTE. Consulta Legislativa Preceptiva sobre el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189). Expediente Legislativo 18.335. Luego de analizado el contenido del articulado correspondiente al Convenio No. 189 consultado, este Tribunal Constitucional estima que el mismo resulta, sustancialmente, conforme con los preceptos, valores y principios fundamentales del Derecho de la Constitución. Esto, habida cuenta que el referido instrumento jurídico, tal y como se demostró supra, establece una serie de derechos y garantías tendentes a mejorar las condiciones de trabajo y la vida de los cientos de miles de trabajadores domésticos que existen en el mundo, los cuales se han caracterizado por ser un grupo sumamente vulnerable que, a su vez, contribuye significativamente a la economía nacional y mundial. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto denominado "Aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189)" (expediente legislativo No. 18.335), no contiene vicios esenciales de procedimiento o disposiciones inconstitucionales. Los Magistrados Rueda y Abdelnour ponen nota. Evacuada

ACUERDO. 13-12421 / 14701-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON ISLAS FEROE. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica e Islas Feroe para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.343. Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley de Aprobación del "Acuerdo entre la República de Costa Rica e Islas Feroe para el Intercambio de Información en Materia Tributaria", expediente legislativo Nº 18.343, no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran la existencia de un vicio esencial del procedimiento, al no haberse cumplido con la votación requerida para la aprobación del proyecto en primer debate. Comuníquese.-

ACUERDO. 13-12422 / 14702-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON FINLANDIA. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Finlandia para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.342 Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad en el sentido que con motivo del trámite del proyecto de ley de Aprobación de Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Finlandia para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, expediente legislativo No. 18.312, no se ha producido ningún vicio esencial del procedimiento ni contiene disposiciones inconstitucionales. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto en relación con la mayoría necesaria para la aprobación del texto en primer debate.

ACUERDO. 13-12426 / 14703-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON GROENLANDIA. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y Groenlandia para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.344. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que en el proyecto de "Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y Groenlandia para el intercambio de información en Materia Tributaria", expediente legislativo número 18.344 no se observan infracciones de fondo o de procedimiento a las normas y principios constitucionales. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran la existencia de un vicio esencial del procedimiento, al no haberse cumplido con la votación requerida para la aprobación del proyecto en primer debate. Comuníquese.

ACUERDO. 13-12428 / 14704-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON DINAMARCA. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de Dinamarca para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.346. Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley de Aprobación del "Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de Dinamarca para el Intercambio de Información en Materia Tributaria", expediente legislativo No. 18.346, no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran la existencia de un vicio esencial del procedimiento, al no haberse cumplido con la votación requerida para la aprobación del proyecto en primer debate. Comuníquese.

ACUERDO. 13-012420 / 14948-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON SUECIA. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de Suecia para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.347. Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley de Aprobación del "Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de Suecia para el Intercambio de Información en Materia Tributaria", expediente legislativo Nº 18.347, no se ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara la existencia de un vicio esencial del procedimiento, al no haberse cumplido con la votación requerida para la aprobación del proyecto en primer debate. Comuníquese.-

ACUERDO. 13-012422 / 14949-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON FINLANDIA. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Finlandia para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.342. Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad en el sentido que con motivo del trámite del proyecto de ley de Aprobación de Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Finlandia para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, expediente legislativo No. 18.342, no se ha producido ningún vicio esencial del procedimiento ni contiene disposiciones inconstitucionales. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto en relación con la mayoría necesaria para la aprobación del texto en primer debate. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa.

PROTOCOLO. 13-012425 / 14950-13. PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES. Consulta Legislativa referente a la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Expediente Legislativo No. 18.404. Se evacua la consulta formulada en el sentido que no se observan vicios esenciales de constitucionalidad en el trámite legislativo dado al proyecto de ley para la aprobación del "Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", expediente legislativo No. 18.404; y en cuanto al fondo, no infringe el Derecho de la Constitución. Comuníquese este pronunciamiento al Directorio de la Asamblea Legislativa.

ACUERDO. 13-012427 / 14951-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON NORUEGA. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de Noruega para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.345. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que en el proyecto de "Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de Noruega para el intercambio de información en Materia Tributaria", expediente legislativo número 18.345 no se observan infracciones de fondo o de procedimiento a las normas y principios constitucionales. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara la existencia de un vicio esencial del procedimiento, al no haberse cumplido con la votación requerida para la aprobación del proyecto en primer debate. Comuníquese.

ENMIENDA. 13-012507 / 14955-13. ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. Consulta Legislativa Preceptiva referente a la aprobación en cada uno de sus partes, de las Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones. Expediente Legislativo No. 18.295. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto denominado "Aprobación, en cada una de sus partes, de las Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones" (expediente legislativo No. 18.295), no contiene vicios esenciales de procedimiento o disposiciones inconstitucionales

ACUERDO. 13-12424 / 15615-13. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON ISLANDIA. Consulta Legislativa Preceptiva refereten a la aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica e Islandia para el intercambio de información en Materia Tributaria. Expediente Legislativo No. 18.341. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que en el proyecto de Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica e Islandia para el intercambio de información en Materia Tributaria expediente legislativo número 18.341 no se observan infracciones de fondo o de procedimiento a las normas y principios constitucionales. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran la existencia de un vicio esencial del procedimiento, al no haberse cumplido con la votación requerida para la aprobación del proyecto en primer debate. Comuníquese.

 

 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Lo inconstitucional

 

TRANSITO. 12-010150 / 091-13. MULTAS POR IRRESPETAR LA PROHIBICIÓN DE PASAR POR UNA ISLA CANALIZADORA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 131 inciso b), en relación con los artículos 79 inciso c) y 116 de la Ley de Tránsito por Vías Terrestres, Ley de Tránsito No. 7331. Las normas impugnadas sancionan al conductor que irrespete las señales fijas de velocidad, las señales verticales y demarcaciones en vías públicas y se acusa que las multas son desproporcionadas e irrazonables. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula el artículo 131 inciso b) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres reformado por el inciso p) del artículo 1° de la ley N ° 8696 de 17 de diciembre de 2008, en cuanto establece una sanción para quien irrespete la prohibición de pasar por una isla canalizadora. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento en los siguientes sentidos: a) se tiene por vigente el monto de la multa que se aplicaba antes del establecimiento del monto de multa que aquí se anula; y b) para el caso de aquellas multas que se hubiesen pagado, y cuyos actos estén firmes en sede administrativa y judicial, el Estado no está en obligación de repetir lo pagado a consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto. Notifíquese. CL

TRABAJO. 11-15503 / 1593-13. REQUISITOS PARA NOMBRAMIENTOS EN LA CCSS
Acción
de inconstitucionalidad contra el artículo 9 inciso a) del Reglamento de Concursos para el nombramiento en propiedad en la CCSS. Normativa interna que fue aprobada por la Junta Directiva de la CCSS. La norma se impugna en cuanto se le exige tener acumulados 180 días de nombramiento en la CCSS como mínimo, durante el último año a partir de la presentación de la solicitud de inscripción, para ser incluido en el Registro de Elegibles, lo que considera lesiona el principio de igualdad, el debido proceso y el derecho al trabajo, contenidos en los artículos 33, 41 y 56 de la Constitución Política. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar la acción y en, consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 9º inciso a) del Reglamento de Concursos para el nombramiento en propiedad en la Caja Costarricense de Seguro Social, normativa interna que fue aprobada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en el artículo 2º de la sesión 8449, celebrada el 27 de mayo de 2010. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar la acción. Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de emisión del Reglamento que se impugna, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese en el Diario Oficial  "La Gaceta" y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese a la Caja Costarricense de Seguro Social. CL

PRESUPUESTO. 13-001267 / 02913-13. LEY DE PRESUPUESTO. PUBLICACIÓN DE NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. Acción de inconstitucionalidad contra la Partida 70104 280 2310 3120 650 incorporada a la Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2013. Ley No. 9103 La norma que se cuestiona señala que las: "MUNICIPALIDADES DEL PAÍS (A DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA MUNICIPALIDADES DEL PAIS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN MUNICIPAL, ESTIMUNLANDO EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO LOCAL Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS HABITANTES. LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL FIN DE PROMOVER, ADMINISTRAR Y ATENDER LOS INTERESES DE LA COLECTIVIDAD Y ASÍ LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL RESPECTIVO CANTÓN. LOS RECURSOS SERÁN GIRADOS POR ELMINISTERIO DE HACIENDA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA, Y CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL DESTINATARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL ESTADO. CÓDIGO MUNICIPAL, LEY No. 7794 DE 30/4/98 Y SUS REFORMAS)". La Contralora señala  que esta partida presupuestaria fue declarada inconstitucional por la Sala en sentencia 16393-12, por  violación al principio de especialidad prespuetaria; no obstante, fue promulgada con el mismo texto. Se declaran CON LUGAR las acciones. En consecuencia se anula la Partida Presupuestaria número 70104 280 2310 3120 650  por la suma de tres mil seiscientos millones de colones incorporada en la Ley número 9103 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2013, por violar el principio de especialidad presupuestaria. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. CL

TRANSITO. 12-008785 / 2813-13. SE DECLARA INCONSTITUCIONAL MONTO DE LA MULTA POR NO PORTAR TRIÁNGULOS. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 134 inciso c),  131 inciso e) y 32 inciso 1), aparte m) y 115, todos de la Ley de Tránsito. Se cuestiona la multa por utilizar teléfono celular al conducir y por no portar triángulos de seguridad. Se acusa que los montos de las multas son desproporcionados e irrazonables. Señala la Sala que en el caso que se reclama, en cuanto al monto de la sanción establecido en el artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 1) apartado m) de la Ley de Tránsito, por no portar triángulos de seguridad, es desproporcionado, al establecer un monto del 30% del salario base de un auxiliar judicial que asciende a la suma de ciento cinco mil ciento ochenta colones (¢105,180) a lo que debe sumarse el 30% destinado al Patronato Nacional de la Infancia. De este modo, se estima que este nuevo reclamo también debe acogerse y procede entonces la anulación por inconstitucional del monto establecido en el artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 1) apartado m) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres, específicamente en cuanto a no portar los triángulos de seguridad.  Se rechaza por el fondo la acción, en cuanto al artículo 131 inciso e) en relación con el artículo 115 impugnado. Se declara CON LUGAR la acción, y en consecuencia se anula el artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 1) apartado m) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, reformado por el inciso  p) del artículo 1° de la ley N° 8696 de 17 de diciembre de 2008, en cuanto establece una sanción para el conductor que no porte los triángulos de seguridad u otro dispositivo de seguridad análogo. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento en los siguientes sentidos: a) se tiene por vigente el monto de la multa que se aplicaba antes del establecimiento del monto de multa que aquí se anula; y b) para el caso de aquellas multas que se hubiesen pagado, y cuyos actos estén firmes en sede administrativa y judicial, el Estado no está en obligación de repetir lo pagado a consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad.- Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Rueda Leal pone nota en cuanto al artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 1) apartado m) de la Ley de Tránsito. La Magistrada Calzada pone nota. RF y CL

TRANSITO. 12-010096 /02811-13. MULTA POR POLARIZADO, CONDICIONES  Y DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS DE AUTOMÓVILES. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 134 inciso c) y artículos 32 de la Ley de Tránsito con Vías Terrestres, Ley número 7331. Se cuestiona el monto de la multa por la falta de “parabrisas delantero como el trasero deben estar provistos de una transparencia o polarización de fábrica, que permita la visibilidad de adentro hacia fuera y viceversa del ciento por ciento (100%). El parabrisas delantero debe contar con un desempañador por ventilación y este debe ser accionado desde el panel de control del vehículo. Asimismo, debe estar construido con una sustancia de seguridad que al romperse se desmorone y no deje trozos cortantes; lo anterior, siempre que sea tecnológicamente posible constatar dicha situación sin afectar el vehículo. El parabrisas trasero debe contar con un desempañador por calor en buen estado de funcionamiento. Se prohíbe totalmente el uso de tintas, pinturas, materiales opacos, plástico de polarizado, en cualquiera de los parabrisas”. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula el artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 2) apartado c) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, reformado por el inciso  p) del artículo 1° de la ley N° 8696 de 17 de diciembre de 2008, en cuanto establece una sanción para el conductor que conduzca un automotor que tenga algún grado de polarizado en los parabrisas, contrario a la normativa impugnada.  Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento en los siguientes sentidos: a) se tiene por vigente el monto de la multa que se aplicaba antes del establecimiento del monto de multa que aquí se anula; y b) para el caso de aquellas multas que se hubiesen pagado, y cuyos actos estén firmes en sede administrativa y judicial, el Estado no está en obligación de repetir lo pagado a consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad.- Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. El Magistrado Rueda Leal pone nota. CL

PENSIÓN. 11-006560 /03471-13. ELIMINACIÓN DE PENSIÓN A VIUDAS EN EL BANCO NACIONAL, PORQUE SE CASAN NUEVAMENTE. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 del Reglamento del Fondo de Garantías y Jubilaciones del Banco Nacional de Costa Rica. La norma dispone, en lo que interesa: “…El derecho a la pensión por viudez cesará de inmediato cuando el beneficiario establezca un nuevo vínculo matrimonial o de Unión de Hecho…”. La norma se impugna en cuanto lesiona lo establecido en los artículos 33 y 74 de la Constitución Política, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad.  Alega la accionante que el contenido de la norma es igual al artículo 20 inciso d) del Reglamento del Seguro de Vejez, Invalidez y Muerte, el cual fue anulado por la Sala Constitucional por sentencia número Nº 2010-18965 de las 13:18 horas del 17 de noviembre de 2001. Se declara con lugar la acción planteada. En consecuencia, se anula por inconstitucional la frase "El derecho a la pensión por viudez, cesará de inmediato cuando el beneficiario, establezca un nuevo vínculo matrimonial o de Unión de Hecho" del artículo 16 del Reglamento del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los empleados del Banco Nacional de Costa Rica. Asimismo, por conexión o consecuencia se anula por inconstitucional la frase "cónyuge o compañera (compañero) debe mantener su estado de viudez o soltería" del artículo 12 del Reglamento del Fondo, publicado en La Gaceta No. 78 de 24 de abril de 2003, el cual fue modificado según reforma publicada en La Gaceta No. 62 de 31 de marzo de 2005. Esta sentencia tiene efectos declarativos a partir de la fecha de esta sentencia en sentido general. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de esta resolución en el sentido de que el derecho de pensión se reconocerá para los casos pendientes de resolución en sede administrativa o judicial a partir de la publicación del primer aviso de interposición de esta acción, salvo para el caso de la actora para quien la retroactividad de la declaratoria es plena. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara sin lugar la acción. Los Magistrados Jinesta Lobo y Araya García, así como la Magistrada Salazar Cambronero, consignan nota. CL

MUNICIPALIDAD. 12-017390 /3750-13. COBRO DE PATENTES A PROFESIONALES LIBERALES EN PEREZ ZELEDÓN. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 40 y 64 inciso c) de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Pérez Zeledón, Ley número 8821. La norma impugnada establece la obligación del pago del impuesto derivado de la existencia de una licencia. Con la norma se pretende exigir y cobrar el monto respectivo de la patente a los profesionales liberales. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar la acción. Se anula del inciso c) del artículo 64 de la Ley número 8821, Ley de Patentes Municipales de Pérez Zeledón, la frase que indica "tan solo a los que ostentan un grado inferior o igual al de bachillerato universitario y también los que prestan sus servicios de manera directa y exclusiva al sector público centralizado o descentralizado. En el caso de los profesionales que tengan más de un título académico, se considerará el de mayor valor para establecer la posible exención". Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Los Magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez y Rueda Leal salvan el voto y declaran sin lugar la acción. CL

TRABAJO. 11-005560 / 5151-13. NOMBRAMIENTOS INTERINOS EN EL SERVICIO CIVIL. Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 36320 que adiciona el artículo 11 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil y el Transitorio Segundo del mismo Decreto. Acusan los accionantes que el Decreto 36320 adiciona el artículo 11 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil con el objeto de permitir que los servidores interinos que se encuentren en el registro de elegibles formen parte de una tema para el puesto que ocupan, sin tomar en cuenta la calificación de todos los integrantes de la terna y, por ende, el orden de prevalencia que corresponde. Señalan que de conformidad con el artículo 21 del Estatuto del Servicio Civil, es competencia exclusiva de la Dirección de Servicio Civil la selección de los candidatos elegibles para servidores públicos. Selección que debe realizarse por medio de pruebas de idoneidad, que se califican con una escala del uno al cien, y donde el setenta es la calificación mínima aceptable. Esta escala permite establecer quiénes son los candidatos más idóneos para el puesto, y son estos, los que conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto deben integrar la terna que el Servicio Civil remite al jefe peticionario. No obstante, ahora para que una terna sea integrada por interinos es suficiente que este funcionario se encuentre en el registro de elegibles, de modo que independientemente de la calificación que haya obtenido ese interino, por el sólo hecho de ocupar el puesto al menos por un año, puede integrar la terna para el puesto que ocupa. Continúan manifestando que el interino puede ciertamente ser elegible y, consecuentemente, integrar una terna, pero debe integrarla de acuerdo con la calificación que haya obtenido en la prueba correspondiente, razón por la cual podría integrar una terna a condición de que no haya otras personas más idóneas para el puesto, lo cual se establece con el orden de prevalencia resultado de la calificación. Estiman que con ello se parte de que el interino tiene un derecho al puesto, solo por el hecho de ocuparlo en forma interina. Estiman que el Decreto impugnado otorga un derecho al interino que ocupa la plaza un derecho de integrar la terna con preferencia a otras personas que hayan obtenido una mayor calificación en las pruebas.  A las dieciséis horas.  Acción  de inconstitucionalidad contra  Decreto 36320. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula el párrafo segundo  del artículo 11 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil y el transitorio segundo, ambos adicionados mediante Decreto Ejecutivo N° 36320  de 10  de  diciembre  de 2010.  El  Magistrado  Jinesta  y  la Magistrada  Pacheco  dan  razones  adicionales.  El  Magistrado  Cruz  salva el voto y declara sin lugar la acción, siempre y cuando se interprete la  adición  al  párrafo  segundo  del  artículo 11  del  Reglamento  del Estatuto  de  Servicio  Civil,  en  el  sentido que  el  derecho  allí establecido  para  los  servidores  interinos  que  se  encuentren  en  el registro de elegibles a que se les envíe en terna para el mismo puesto vacante en que se encuentran nombrados interinamente, lo es siempre y cuando  hayan  alcanzado  la  calificación  suficiente  para  ello.  Esta sentencia  tiene  efectos  declarativos  y  retroactivos  a  la  fecha  de vigencia  de  la  norma  impugnada,  sin  perjuicio  de  derechos  adquiridos de buena fe. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a la Procuraduría General de  la  República  y  a  la  Dirección  General  de  Servicio  Civil. Comuníquese al Poder Ejecutivo. CL

AMBIENTE. 11-016395 /6615-13 (15-05-13). REGLAS PARA SUSTITUCIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO. Acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo N° 4230 tomado por la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). El acuerdo se impugna por considerar que lesiona el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la vida y el principio precautorio, al autorizar la sustitución o traslado de tanques de combustible en estaciones de servicio y de almacenamiento para auto consumo, sin necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el acuerdo No. 4230 de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), adoptado en la Sesión Extraordinaria No. 315-11 del 31 de octubre de 2011. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia del acuerdo anulado, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento al Poder Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. CL

CONTRATOS O LICITACIONES. 11-015515 / 6639-13 (15-05-13). APLICACIÓN DE MULTAS Y CLÁUSULAS PENALES EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICE. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 107, 108 y 109 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del Instituto Costarricense de Electricidad, emitido según acuerdo del Consejo Directivo en el artículo 5 inciso a), de la sesión en firme 5931 del 2 de diciembre de 2010, el artículo 41 del Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET “Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones y del artículo 47 del Decreto Ejecutivo No. 33411 del 27 de setiembre de 2006, que es Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por estimarlos contrarios a los artículos 7, 33, 39, 41, 45, 48, 49 y 74 de la Constitución Política. Las normas se impugnan por los siguientes motivos: Indica que el artículo 107 y párrafo primero del artículo 108 se impugnan, por cuanto impide ejercer el derecho de defensa, por tratarse de una sanción automática, de igual manera el párrafo segundo del artículo 108 estima se trata de una confiscación prematura que ordena ejecutar como medida cautelar, la retención de fondos en facturas pendientes de pago, sin establecer de previo un procedimiento de defensa del administrado, lo que lesiona el artículo 45 de la Constitución Política. Respecto del artículo 109 impugnado, señala que es inconstitucional por delegar en la Proveeduría de la Administración, la ejecución de un procedimiento de gestión y recaudación del cobro de una multa o penalidad sin haberse instituido de previo a ello, algún proceso que permita la puesta en marcha del derecho de defensa o debido proceso por parte del administrado. En cuanto al artículo 41 cuestionado, refiere que es inconstitucional la segunda frase en la que indica: "…Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores…", por cuanto con ello se lesiona también el derecho de defensa, al no admitir ningún reclamo del contratista colocándole en una condición de indefensión jurídica pura y simple. Respecto al artículo 47 del Reglamento al Título II de la Ley de Contratación Administrativa, señala que es inconstitucional la frase: "Una vez firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores", pues de igual manera lesiona el derecho fundamental del debido proceso, establecido tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, bajo los mismos razonamientos expuestos. Indica que además se lesiona el principio de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, toda vez que con dichas normas se produce una desigualdad jurídica a favor de la administración y en perjuicio del administrado, al impedirle ejercer su derecho de defensa en sede administrativa. Indica además, que se lesiona el principio de reserva de ley y de legalidad, en tanto el reglamento establece restricciones mayores a los dispuestos en la ley, que incluso garantiza el debido proceso. Finalmente señala que se lesiona el principio de nulidad, pues al no haberse contemplado un proceso para hacer efectiva esa defensa, subyace un vicio de nulidad absoluta y se lesiona la garantía del contenido esencial del derecho defensa, al no permitir vía reglamentaria que se permita recibir, ni valorar alegatos del administrado en su defensa. Concluye que por todo lo señalado anteriormente se lesiona la libertad de comercio, la seguridad jurídica de la contratación y la propiedad patrimonial, al sufrir como administrado una pérdida pecuniaria sin fundamento legal válido. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara parcialmente con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional la palabra automáticamente dispuesta en el ordinal 107 del Reglamento Interno de la Contratación Administrativa del ICE. En lo demás se declara sin lugar la acción. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la palabra anulada en la citada norma, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a la Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República y al Presidente del Instituto Costarricense de Electricidad. Los Magistrados Cruz, Castillo y Ulate salvan el voto y declaran sin lugar la acción. CLP

TRABAJO. 11-010751 / 6871-13. (22-05-13). CONVENCIÓN COLECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 34 de la Sexta Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica. La norma se impugna en cuanto el límite de pago de 25 meses de cesantía contenido en el artículo 34 de la Sexta Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica. Indica que la norma impugnada contiene un supuesto por el cual se posibilita que se pague un límite de hasta 25 meses de cesantía a determinados funcionarios, por lo que se crea una desigualdad en relación con el resto de los funcionarios del sector público y constituye un uso no apropiado de los fondos públicos. Por mayoría se declara CON lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional las frases "hasta por el tope máximo de 25 meses de cesantía" y "de acuerdo con el tope máximo de 25 meses" contenidas en el artículo 34 de la Sexta Convención Colectiva del Banco Nacional. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. El Magistrado Armijo Sancho salva el voto y rechaza de plano en su totalidad la acción planteada. Notifíquese. CL

PENSIÓN. 11-02274 /8210-13 (19/06/2013). VIUDAS O EX COMPAÑERAS DE BOMBEROS PIERDEN PENSIÓN EN CASO NUEVA RELACIÓN. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 15 del Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. No. 8863 del 02-11-2007. La norma se impugna en cuanto condiciona a las viudas de un pensionado al amparo del citado Fondo, el mantenimiento del beneficio, a que no contraigan nuevas nupcias o bien constituyan una unión de hecho con otra persona, trato que califica como discriminatorio. Argumenta la promovente que es ilegítimo que se le impida disfrutar de la pensión que le fue otorgada por viudez, por el solo hecho de haber contraído nuevas nupcias, pues como ser humano tiene un derecho incondicionado de compartir o elegir un compañero sin que ello le genere alguna consecuencia negativa. Se declara con lugar la acción. Se anula por inconstitucional el 15 del Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma impugnada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan en el tiempo los efectos de la presente declaratoria de inconstitucionalidad, para que éstos se produzcan sólo hacia el futuro, a partir de la fecha del dictado de esta sentencia. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara sin lugar la acción. El Magistrado Jinesta pone nota. CL

TRANSITO. 12-012455 / 10010-13 (24/07/2013). MULTA POR NO PORTAR IMPLEMENTOS DE VEHÍCULOS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 1) apartado n) de la Ley de Tránsito vigente. No. 7331. Se impugna la multa por no portar implementos para el cambio de llantas y no tener el juego de cables de batería. Impugna las normas referidas por considerar que la multa prescrita es excesiva y desproporcionada. Manifiesta que presentó el recurso de amparo número 12-001874-007-CO contra las multas prescritas en los numerales 133, inciso h) y 134, inciso c), de la Ley de Tránsito, por lo excesivo y desproporcionado de las mismas, lo cual le hace imposible su pago, máxime que tiene una familia que mantener. Dice que, mediante resolución número 2012011977 de las nueve horas cinco minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce, el recurso fue declarado parcialmente con lugar, ya que esta Sala anuló el monto de la multa establecida en el artículo 133, inciso h) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres reformado por el inciso p) del artículo 1° de la ley N° 8696 de 17 de diciembre de 2008, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 96 inciso d) de la misma Ley, y lo adecuó al monto de la multa que regía con antelación por medio de la resolución número 2012003940 de las dieciséis horas y veinte minutos del veintiuno de marzo del dos mil doce; mientras tanto que para el caso del artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 1) apartado n) de la misma Ley, se le otorgó un plazo de quince días para que presentara la respectiva acción de inconstitucionalidad contra las normas que contienen la multa que considera desproporcionada. Agrega el accionante que ya se ha demostrado ante esta Sala la desproporción de otras multas de tránsito, en donde también se establecieron montos elevados como el que impugna. Señala que la multa referida supera el test de razonabilidad frente a la capacidad económica de la mayoría de la población costarricense, por lo cual las autoridades deben adecuar el monto de la sanción impugnada. Resolución de las 9:17 del 12-11-2012. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula el artículo 134 inciso c) en relación con el artículo 32 inciso 1) apartado n) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, reformado por el inciso  p) del artículo 1° de la ley N° 8696 de 17 de diciembre de 2008, en cuanto establece una sanción para el conductor que no porte los implementos necesarios para realizar el cambio de llantas, un juego de cables para batería, un juego de herramientas básico, así como un botiquín elemental o básico de primeros auxilios. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento en los siguientes sentidos: a) se tiene por vigente el monto de la multa que se aplicaba antes del establecimiento del monto de multa que aquí se anula; y b) para el caso de aquellas multas que se hubiesen pagado, y cuyos actos estén firmes en sede administrativa y judicial, el Estado no está en obligación de repetir lo pagado a consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad.- Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. El Magistrado Rueda pone nota. CL

AMBIENTE. 12-010016 / 10540-13 (07/08/2013). EXTRACCIÓN DE CAMARONES CON RED DE ARRASTRE. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 27 punto d): 43 inciso d); 47 inciso a) y b) de la Ley de Pesca y Acuicultura. No. 8436. Se cuestiona la norma en lo que se refiere a la extracción de camarón con red de arrastre, que a juicio de los accionantes, la técnica es dañina, desproporcionada, destructora y carente de todo criterio de sostenibilidad de los recursos marinos.  Con base en amplios estudios científicos, la Sala tuvo por demostrado que esa técnica de pesca provoca serios daños al ambiente marino, debido a la cantidad de fauna marina que incidentalmente es capturada pero no es utilizada, y los efectos negativos en el dominio bentónico de los océanos. En efecto, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha comparado la pesca con redes de arrastre para capturar camarón, con la tala rasa de un bosque. Además, incide negativamente en un desarrollo sostenible democrático puesto que disminuye las posibilidades de pesca de los pescadores artesanales. Se declara con lugar la acción. En consecuencia se declara inconstitucional la frase "del camarón con red de arrastre," del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta Digital. Los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto en cuanto al dimensionamiento de los efectos de esta sentencia y anulan los permisos, autorizaciones y licencias vigentes. El magistrado Castillo Víquez declara sin lugar la acción y considera que la norma no es inconstitucional, siempre y cuando el uso de las técnicas de arrastre sean aquellas admitidas por organismos internacionales de reconocido prestigio, tales como la FAO. Notifíquese. CL

PENAL. 13-3150 /10404-13 (31/07/2013). MEDIDAS DE SEGURIDAD                                                                                                             Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 98 inciso 6) y 102 inciso e) del Código Penal. Las normas se impugnan por cuanto la accionante considera que resultan inconstitucionales ante la pérdida del apoyo de la comunidad científica que permitió afirmar que la homosexualidad era una enfermedad mental objeto de tratamiento desde la psiquiatría y en aplicación de los principios señalados en la jurisprudencia constitucional, ya que ante la comisión de una conducta delictiva, se permite hacer una diferenciación ilegítima en el ejercicio del poder punitivo del Estado en razón de la orientación sexual de la persona, desconociendo la determinación de esta orientación como un ejercicio legítimo de la libertad y la autonomía reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental. En el caso de la homosexualidad, considera que las normas implican una violación al artículo 40 constitucional, no solo por la indeterminación de la vigencia de la medida de seguridad, sino por la pretensión implícita de aplicación de tratamientos o curas para la reversión de la orientación sexual. Indica que según el Informe del Relator Especial contra la Tortura del Comité de Derechos Humanos -Informe A-56-156 presentado el 3 de julio de 2011 ante la Asamblea General de la ONU-, desde el año 1992 se eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de Enfermedades, con lo cual resultaba necesario eliminar las disposiciones jurídicas, que como las de análisis, no solo no responden a las reglas propias del Derechos Constitucional Penal o a una mayor compresión científica de la diversidad sexual del ser humano, sino que constituye un mandato urgente e improrrogable para el Estado Costarricense en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por resultar discriminatorias y contrarias a la dignidad humana. Señala que este tipo de medidas aplicadas a la homosexualidad, respondían a una concepción única de la sexualidad humana que calificaba como "anormal" o "degenerada" cualquier otra posibilidad de vivencia de ésta y, en consecuencia, relegaba su abordaje al mundo de lo penal y a la atención psiquiátrica. Esta concepción es la que sigue latente en la normativa cuestionada, partiendo de que la homosexualidad es en sí misma una condición de peligrosidad, es decir, un elemento que incide en la comisión de un acto delictivo. Por otro lado, es calificada como "hábito o costumbre", que como tal puede ser eliminada o controlada mediante un tratamiento psiquiátrico, lo cual ha sido descartado según se indicó y que además vulnera la dignidad humana en el tanto se trata de normas discriminatorias que menoscaban el acceso y disfrute de los derechos fundamentales en razón de la orientación sexual. En relación con la incorporación del concepto de prostitución como supuesto para la aplicación de medidas de seguridad, indica que sin desconocer la existencia de la prostitución masculina, esta ha sido una actividad reducida esencialmente al ámbito de lo femenino, sancionando su alejamiento del patrón de conducta que socialmente se ha impuesto a la mujer y que limita la vivencia de su sexualidad a un rol pasivo, procreador, y principalmente, reducido al ámbito de lo privado, jamás al mundo de lo público. Señala que en consecuencia, la pretensión de aplicar medidas de seguridad -sean estas denominadas curativas, educativas o correctivas- tiene como único fin la corrección de la desviación de la conducta de la mujer, que es considerada en sí misma como peligrosa para la colectividad, para imponerle nuevamente el rol que socialmente es considerado como natural o normal en ella. Indica que un abordaje desde lo penal de esta realidad social, invisibilizando las razones por las cuales muchas mujeres trabajadoras sexuales han elegido esta actividad, criminaliza la conducta de la mujer, restando validez e importancia a su decisión y realidad, sin valorar incluso las causas que las llevaron a optar por dicha actividad. Considera que la mujer o la persona sometida a prostitución no puede ni debe ser objeto de la reacción punitiva del Estado, sino que siempre la atención y su participación en el proceso debe ser en condición de víctima. La aplicación de medidas de seguridad a las mujeres que se dedican a la prostitución como actividad voluntaria, tiene como único objetivo real la modificación de su conducta con el fin de garantizar que su comportamiento en relación con la vivencia de su sexualidad, se ajuste al rol tradicional impuesto a la mujer. En ese tanto, considera que se trata de una medida adoptada por el mismo Estado que procura la legitimación y reproducción de criterios que invisibilizan la condición de las personas (mayoritariamente mujeres) que ejercen la prostitución y que, lejos de contribuir con su reinserción social, las discrimina, excluye y estigmatiza  en contradicción directa con las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer.  Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar la acción. Se anula el inciso 6) del artículo 98 y el inciso e) del artículo 102 del Código Penal, únicamente en cuanto incorporan como supuestos para la imposición de medidas de seguridad, la prostitución y el homosexualismo. Se confiere a esta declaratoria efectos retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento, en el siguiente sentido: 1- Todas aquellas personas que hubieren descontado una medida de seguridad, por  homosexualismo o prostitución, según lo reglado en las normas que ahora se acuerda su inconstitucionalidad, así como aquellos que encuentren sometidos a una medida por los motivos señalados, pueden plantear el procedimiento de revisión, en los términos establecidos en el artículo 408 y siguientes del Código Procesal Penal. 2- Todas las medidas que se estuvieren cumpliendo y que hayan sido impuestas con fundamento a lo reglado en el artículo 98 inciso 6) y 102 inciso e) del Código Penal, por homosexualismo o prostitución, el Juzgado de Ejecución de la Pena deberá darlas por concluidas. Comuníquese a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Los Magistrados Armijo, Jinesta y Hernández dan razones adicionales. Los Magistrados Cruz y Castillo ponen nota. CL

PODER JUDICIAL. 12-011335 /11083-13 (21/08/2013). NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS SUPLENTES. Acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento para el nombramiento de Magistrados y Magistrados Suplentes de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, publicado en el Boletín No. 56 del 19 de marzo del 2012. Se acusa que el Reglamento impugnado no es de organización, desarrolla una norma constitucional, para lo cual la Corte Suprema de Justicia no está legitimada, exige más requisitos que los establecidos por la Constitución misma para participar en el concurso, entre otras.  Por mayoría, se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad. Se anula el Reglamento para la Selección de Magistrados y Magistradas Suplentes en las Salas de la Corte Suprema de Justicia aprobado en la sesión No. 5-12 de 13 de febrero de 2012, artículo III. Por conexidad, se anula, parcialmente, el artículo 4° de la Ley de Apertura de la Casación Penal No. 8503 de 28 de abril de 2006, únicamente, en cuanto modificó el artículo 62 y su transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que debe entenderse que ese numeral de la Ley Orgánica del Poder Judicial se mantiene vigente en su versión previa a la reforma por la Ley de Apertura de la Casación Penal. Los Magistrados Armijo y Cruz, acogen la acción en contra de las normas impugnadas, únicamente, por omisión de la consulta preceptiva a la Sala Constitucional del artículo 4° de la Ley de Apertura de la Casación Penal, en cuanto modificó el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las mantienen vigentes para las Salas de Casación. Notifíquese a la Procuraduría General de la República y las partes. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el diario oficial "La Gaceta". Comuníquese a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia. El Magistrado Rueda salva el voto y declara sin lugar la acción en todos sus extremos. CL

TRABAJO. 12-017412 /11086-13 (21/08/2013). TOPE DE CESANTÍA EN CONVENCIÓN COLECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 78 inciso a) de la cuarta modificación a la Convención Colectiva de Trabajo del Consejo Nacional de Producción. La norma dispone: “Artículo 78. a) Al concluir todo contrato de trabajo por despido con responsabilidad Patronal, renta vitalicia o pensión, la Institución pagará al trabajador por concepto de auxilio de cesantía, una suma equivalente a un mes de salario por cada año trabajando hasta 25 años o fracción no menor de seis meses, salvo norma más favorable.”  Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción. Manifiesta la accionante que la norma impugnada supera el tope máximo de veinte años por reconocer por concepto de cesantía, establecido en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Se indica que la norma se aparta del límite jurisprudencia fijado y convierte en irrazonable y desproporcionada la superación –vía convención colectiva-, del número de años por reconocer establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo, todo lo cual conlleva un uso indebido de fondos públicos en detrimento de los servicios que prestan las entidades pública. Se trata asimismo de un privilegio odioso, exclusivo y excluyente a favor de un grupo de servidores públicos, que no cuenta con una base objetiva de respaldo. Por mayoría se declara CON lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional la frase, hasta 25 años, contenida en el artículo 78.a) de la Convención Colectiva del Consejo Nacional de la Producción. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Los magistrados Armijo Sancho y Jinesta Lobo salvan el voto y rechazan de plano en su totalidad la acción planteada por razones separadas. Notifíquese. CL

TRABAJO. 12-017415 / 11087-13 (21/08/2013). TOPE DE CESANTÍA EN CONVENCIÓN COLECTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 27 y 28 de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de San José.  Las normas se impugnan en cuanto no establecen un tope o límite de años por reconocer por concepto de cesantía, ya que esas disposiciones reconocen a los funcionarios de la Municipalidad de San José –y sólo a ellos- un pago por concepto de cesantía por cada año de servicios prestados en la municipalidad, sin establecer un límite de años. No se cuestiona esa prestación económica en sí, que es un derecho constitucionalmente reconocido, sino el hecho de no establecer un tope o límite de años por concepto de auxilio de cesantía, lo cual, de conformidad con lo señalado por esta Sala Constitucional, es contrario al principio constitucional de igualdad y refleja un indebido uso de fondos públicos en detrimento de los servicios públicos que la institución presta.  Por mayoría se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional las frases "sin límite de tiempo" y "sin límite de años" contenidas en los artículos 27 y 28 de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de San José. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Los Magistrados Armijo Sancho, Jinesta Lobo y Hernández Gutiérrez salvan el voto y rechazan de plano en su totalidad la acción planteada por razones separadas. Notifíquese. CL

COMERCIO. 12-011881 /11499-13 (28/08/2013). REGULACIONES EN MATERIA DE LICORES. Acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico. No. 9047 del 14-06-2012. Las normas se impugnan en cuanto señalan: que violentan el derecho de propiedad, libertad de comercio e igualdad, ya que crea licencias municipales gratuitas despojando de valor a las patentes adquiridas con anterioridad por sus representados sin ninguna indemnización previa (aspecto sobre el cual el Pleno de la Sala dispuso revisar el criterio dado en sentencia No. 2012-2675). Refieren que se da un quebranto al principio de información privada de las Sociedades Mercantiles que forma parte de la libertad de comercio, al obligar en el artículo 17 con el 3, párrafo segundo, a que las personas jurídicas que tengan una variación del 50% de su capital social deban sacar una nueva licencia, ya que estiman es una intromisión legislativa al régimen de privacidad de la misma. Argumentan que se violenta el principio de progresividad social porque el artículo 3 incisos b y c contraviene el derecho a la salud y la protección especial de los menores, al favorecerse con la modificación de horarios y distancias una autorización desmedida de licencias municipales, y con ello además, el derecho de igualdad, ya que los índices de población serán exigidos únicamente para las licencias tipo B, dejando a la libre las demás categorías, lo que consideran discriminatorio. Señalan que esta Ley subordina al Ministerio de Salud la competencia que por años tenía a su cargo el IAFA, restándole competencias que la Sala indicó al resolver la Consulta Legislativa debía ser integrado. Estiman que el artículo 3 inciso b y c, así como el 10 con relación al 4 inciso c) violentan el principio de justicia tributaria en la imposición del impuesto en ausencia de un hecho generador, ya que la ley impugnada no contiene ningún parámetro que fundamenta el hecho generador, sino que lo hace con respecto al salario base, lo cual estiman irracional y desproporcionado, toda vez que no hay relación de pago por ejemplo entre un abastecedor o un minisúper, con un supermercado o un gigantesco complejo comercial. Por otro lado, la normativa deja a discrecionalidad arbitraria el establecer parámetros de medio a un salario o de un salario a dos salarios. Consideran que con ello se violenta además el principio de reserva de ley, ya que se deja a las municipalidades el establecer las diferencias de las licencias que concurren en dos ámbitos de aplicación de rangos de medio salario a un salario o de un salario a dos salarios, lo cual se señala lesiona el principio de legalidad. Indican que con este tipo de fijación se desnaturaliza el marco de los principios tributarios, ya que la aplicación del tributo no nace de una base impositiva por razón de venta o ingresos o cualquier parámetro que sirva porcentualmente en su fijación, lo que hace que el mismo sea irrazonable y desproporcionado. Por otro lado, se indica que se produce en su perjuicio una doble imposición, porque los expendios de licores de los patentados deben pagar además otro impuesto contemplado en la Ley No. 4716 cuya retención la hace FANAL y la distribuye al IFAM y a las municipalidades en forma porcentual. Asimismo, refieren que los montos del impuesto constituyen una violación al principio de razonabilidad y proporcionalidad; pues resulta desproporcionado que se eleve dicho monto de trescientos colones a trescientos veinte mil colones en el pago trimestral, aumento que impacta al grueso del sector de patentados, conformado por pequeños negocios, que no soportarían el pago de este impuesto por el alto costo de la vida. Refieren que los artículos 3 y 26 de la Ley en cuestión violentan la libertad de comercio, pues dotan a las municipalidades de discrecionalidad para imponer una ley seca a su arbitrio, sin ningún marcador de horario y en irrespeto a la actividad de los patentados, pues se establece como parámetro para el cierre de la venta de licores, “otras actividades cantonales”. Indican que el legislador fue omiso causando indefensión, pues el artículo 24 de la Ley hace alusión a multas, pero omitió establecer el tipo de proceso que debe seguirse frente a su imposición. Indican que la ley señala las distancias que deben existir entre los locales y escuelas y hospitales, pero que repite la omisión de la ley anterior, en cuanto no establece los puntos de medición de los establecimientos, lo que provoca incertidumbre jurídica y discrecionalidad administrativa a la hora de aplicarla en detrimento de la libertad de comercio. Se acusa que los artículos 4 y 9 lesionan el principio de igualdad, la libertad de comercio y se produce una inconstitucionalidad por omisión legislativa, ya que el legislador no contempló en las categorías para optar por una patente de licores a los abastecedores y pensiones, que previo a esta ley sí podían comercializar bebidas con contenido alcohólico, lo cual es irrazonable si se toma en consideración que mantuvo el derecho a los minisúper y supermercados que también venden abarrotes, lo cual resulta irrazonable y crea una discriminación comercial entre aquellos que ya están autorizados y los que no la tenían patente en este momento. En este caso, el Tribunal Constitucional considera que el criterio de otorgar una licencia por cada 300 habitantes como máximo, no solo se debe aplicar a las licencias Clase B (bares y otros), sino también a las de Clase A (licoreras), en virtud de la requerida protección a la sociedad civil. Asimismo, se anula la subclasificación de licencias Clase C1 y C2 a los efectos de fijar el monto del pago trimestral de la patente, establecida en el inciso 3) del artículo 10, puesto que la ley no define qué es cada una de esas Subclases, solo determina que la Clase C corresponde a restaurantes. En consecuencia, se mantiene como categoría única la licencia Clase C sin ningún tipo de subdivisión. Igualmente, la Sala estima necesario interpretar que los montos únicos dispuestos en los incisos 3) y 5) del artículo 10, para las Licencias Clase C (restaurantes) y Clase E1a, E1b, E2, E3, E4 y E5 (hoteles y otros), significan el límite máximo por aplicar, lo que implica que cada municipio puede fijar provisionalmente un límite mínimo (es decir un monto inferior) de acuerdo con el potencial de explotación de cada negocio (según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos). Ello hasta tanto el legislador ordinario no corrija la situación. Además, los magistrados acordaron que todos los montos contemplados en el artículo 10 deben ajustarse tomando en consideración el potencial de explotación de cada negocio (según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos). Tal determinación corresponde al legislador ordinario; empero, con el propósito de evitar un vacío legal que cause graves dislocaciones a la seguridad, justicia o paz sociales, el Tribunal Constitucional toma como referencia el criterio anterior del legislador, incorporado en el artículo 12 de la Ley Nº 10 (parcialmente derogada) y, en consecuencia, se establece como medida excepcional y transitoria hasta tanto el legislador no disponga otra cosa, que los rangos estatuidos en el ordinal 10 de la nueva Ley Nº 9047 únicamente serán aplicables a los negocios localizados en las cabeceras de provincia, debiendo reducirse a la mitad en el caso de las cabeceras de cantón y en una cuarta parte cuando se trata de las demás poblaciones. La Sala no puede optar por otra alternativa en virtud del principio de autocontención del juez constitucional. Lo anterior no obsta que, en el futuro, el legislador se base en otro tipo de parámetros objetivos que reflejen con más precisión el potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva clase de licencia. Corresponde al Legislador la solución definitiva que se dé al problema. Por último, la Sala ordena que en cuanto al Transitorio I de la Ley Nº 9047, se debe interpretar conforme a la Constitución que los titulares de patentes de licor adquiridas a la luz de la Ley Nº 10 (parcialmente derogada), mantienen el derecho de traspasarla a un tercero hasta que expire su plazo de 2 años de vigencia. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Licores Nº 9047. En todo lo restante, los magistrados declaran sin lugar la acción. Se declara parcialmente con lugar la acción en los siguientes términos: A) Es contrario al derecho de igualdad, estipulado en el artículo 33 constitucional, que el criterio de otorgar una licencia por cada trescientos habitantes como máximo, establecido en el inciso d) del numeral 3 de la Ley Nº 9047, solo se aplique a las licencias Clase B y no a las licencias Clase A. Por ello, este parámetro deberá ser aplicado a estas dos clases de licencia, en razón de que en ambas la actividad comercial principal es el expendio de bebidas con contenido alcohólico. B) Vulnera el principio de seguridad jurídica que el legislador ordinario haya establecido en el inciso 3) del artículo 10 de la Ley N° 9047 una subclasificación de las licencias Clase C, cuando en el artículo 4 de ese mismo cuerpo normativo (donde se definen cada una de las clases de licencia) esta no fue contemplada. Por consiguiente, se anulan por inconstitucionales las siguientes frases de ese inciso: Licencia clase C1: medio salario base y Licencia clase C2: un salario base, de modo que solo queda vigente el enunciado que indica: 3.- Licencia clase C: un salario base, todo ello sujeto a lo que se expone en el siguiente punto. C) Se interpreta conforme al Derecho a la Constitución que los montos únicos por concepto de pago de derechos trimestrales establecidos en los incisos 3) y 5) del artículo 10 de la Ley Nº 9047 para las Licencias Clase C, E1a, E1b, E2, E3, E4 y E5, significan el límite máximo por aplicar, lo que implica que cada municipio puede fijar provisionalmente un límite mínimo de acuerdo con el potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva clase de licencia, según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos, todo ello hasta tanto el legislador no regule al respecto. D) A pesar de que sea constitucional el establecimiento de un límite máximo para la fijación del monto por pago de derechos trimestrales en el supra citado artículo 10, deviene inconstitucional que en todas las clases de licencia contempladas en esa norma (incluso las que tienen un mínimo y un máximo como rango), no esté regulado que la graduación del mencionado monto se debe aplicar conforme al potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva clase de licencia, según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos. Tal determinación corresponde al legislador ordinario; no obstante, a efectos de evitar el surgimiento de un vacío legal que cause graves dislocaciones a la seguridad, la justicia o la paz sociales, la Sala toma como referencia el criterio anterior del legislador incorporado en el artículo 12 de la Ley N° 10 (Ley sobre venta de licores) únicamente en cuanto al uso del parámetro de ubicación para determinar el monto del cobro de patentes, y, por ende, establece como medida excepcional y transitoria que hasta tanto el legislador ordinario no disponga otra cosa, los rangos estatuidos en el mencionado ordinal 10 únicamente serán aplicables a los negocios localizados en las cabeceras de provincia, debiendo reducirse a la mitad en el caso de las cabeceras de cantón y en una cuarta parte cuando se trata de las demás poblaciones. Lo anterior no obsta que, en el futuro, el legislador se base en otro tipo de parámetros objetivos que reflejen con más precisión el potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva clase de licencia. Por otra parte, respecto del Transitorio I de la Ley Nº 9047 se declara sin lugar la acción, siempre y cuando se interprete, conforme al Derecho de la Constitución, que los titulares de patentes de licor adquiridas mediante la Ley Nº 10 mantienen el derecho de transmitirla a un tercero en los términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de vigencia y deba ser renovada. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Licores Nº 9047. En todo lo restante se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Los Magistrados Cruz Castro y Castillo Víquez consignan nota separada. Notifíquese al Presidente de la Asamblea Legislativa para lo de su cargo y a todas las partes. CL Parcial

TRABAJO. 12-3783 /11455-13 (28/08/2013). BENEFICIOS EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 inciso h) y 14 incisos b), c) y d) y 15 inciso a) de la V Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Montes de Oca, el artículos 38 y 39 del Reglamento de Normas para la aplicación de la Carrera Profesional de la Municipalidad de Montes de Oca. Gaceta 137 del 17-07-97 y el artículo 24 del Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Montes de Oca. Gaceta 209 del 1-11-2000. Las normas se impugnan en cuanto el artículo 7 de la Convención Colectiva referida, en concordancia con los artículos 38 y 39 del Reglamento de Normas para la Aplicación de la Carrera Profesional, establecen un incentivo para quienes cuentan con un grado mínimo de bachiller universitario. Considera que estas normas infringen los principios de igualdad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad en tanto establecen un tratamiento diferenciado para un grupo de trabajadores, por medio del cual se les concede un privilegio en perjuicio del uso racional que deben tener los fondos públicos. Asevera que la Municipalidad de Montes de Oca pagará sesenta y un millones de colones anuales por este incentivo a tan solo cuarenta funcionarios. Señala que el aumento anual del 20% aprobado en la convención colectiva y en el Reglamento de Normas para la Aplicación de Carrera Profesional ha venido impactando groseramente los presupuestos municipales en los últimos años. Agrega que al resto de funcionarios públicos profesionales y bajo el amparo del Régimen del Servicio Civil se le reconoce únicamente la suma de mil novecientos nueve colones, con un tope máximo de 20 puntos por modalidad; entendiéndose ellos como cursos de aprovechamiento, curso de participación, capacitación impartida y publicaciones, ello a diferencia de la Municipalidad de Montes de Oca en donde no existe tope de los puntos para solicitar su reconocimiento y pago. Es criterio del accionante que la disponibilidad de los recursos estatales no puede quedar al arbitrio o discrecionalidad de los poderes públicos ni de las corporaciones municipales, sino que deben estar basados en el principio de igualdad ante la ley, los parámetros de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues el pago en exceso de dichos fondos, resulta un acto confiscatorio del patrimonio de todos los vecinos y contribuyentes del cantón de Montes de Oca. Expone que los artículos 14 y 15 de la Convención Colectiva objeto de esta acción, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad de Montes de Oca son inconstitucionales en tanto permiten el pago de cesantía a los funcionarios que voluntariamente den por terminado su contrato sin justa causa, lo cual se contrapone a la pérdida del derecho que prevé la legislación laboral común, cuando es el trabajador es el que da por terminado el contrato de trabajo. Es decir que el trabajador sólo tiene el derecho al auxilio de cesantía cuando está en alguna de las situaciones previstas de los artículos 29 y 83 del Código de Trabajo. De igual manera, alega que son inconstitucionales en tanto estipulan el pago de dicha cesantía de manera ilimitada en cuanto a los años servidos. Es decir que rompe el tope de años de cesantía en contraposición al tope de 8 años establecido en la legislación laboral común -artículo 20 inc) 4 del Código de Trabajo-. Considera el accionante que estas normas conceden privilegios a un grupo de trabajadores municipales sin que existan razones objetivas que justifiquen un trato desigual con el resto de trabajadores. El derecho que tienen los trabajadores de obtener el pago del auxilio de cesantía sin limite de años, resulta desproporcionado, cuando en al resto de la Administración y en la empresa privada, dicha indemnización se otorga con un tope máximo de ocho años, o como lo ha establecido la Sala Constitucional a un máximo de veinte años. Estima que lo más grave de este trato discriminatorio, es el reconocimiento del pago del mencionado instituto aún en el caso de renuncia voluntaria, con lo cual se violentan los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad por cuanto este privilegio se otorga sin que existan criterios objetivos y razonables que los justifiquen. Por mayoría se declara parcialmente CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula por inconstitucional lo siguiente:

a) Del artículo 39 de las Normas para la aplicación de la Carrera Profesional en la Municipalidad de Montes de Oca, publicado a La Gaceta No. 137 del 17 de julio de 1997, la frase: "... con un aumento anual del 20%...";

b) Del artículo 14 de la V Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Montes de Oca, el encabezado con la siguiente frase: "... serán consideradas como un derecho adquirido de todos los trabajadores que cesaren sus funciones y...". Asimismo, la totalidad del inciso d); en cuanto lo dispuesto en los incisos b) y c), las frases, respectivamente: "..., el 100% del período laborado en la Municipalidad" y "... y si se superara este período, el 100% de las prestaciones del período laborado", cuyo límite son veinte años de cesantía.

c) El artículo 15 inciso A) de la V Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Montes de Oca.

d) Del artículo 24 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad de Montes de Oca, publicado a La Gaceta No. 209 del 1° de noviembre de 2000, el encabezado con la siguiente frase: "... serán consideradas como un derecho adquirido de todos los funcionarios que cesaren sus funciones y...". En cuanto lo dispuesto en los incisos b) y c), las frases, respectivamente: "..., el 100% del período laborado en la Municipalidad" y "... y si se supera este período, el 100% de las prestaciones del período laborado", cuyo límite son veinte años de cesantía. Finalmente, por inconstitucionales la totalidad de los incisos d), e), f), g) y h).-

Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, las prestaciones laborales en todos los casos que mantienen vigencia no podrán exceder de los veinte años el pago de las prestaciones autorizadas. En lo demás se declara sin lugar la acción y sobre los extremos no expresamente declarados inconstitucionales se mantienen vigentes las disposiciones. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Los magistrados Armijo Sancho y Hernández Gutiérrez salvan el voto (este último parcialmente) y rechazan de plano la acción. El magistrado Jinesta Lobo rechaza de plano la acción y da razones diferentes. Notifíquese.

El magistrado Hernández Gutiérrez pone nota en cuanto concurre con el voto de la mayoría en el punto a). CL Parcial

TRABAJO. 12-017417 / 11457-13 (28/08/2013). TOPE DE CESANTÍA EN CONVENCIÓN COLECTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 60 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Turrialba. La norma se impugna en cuanto no establece un tope o límite de años por reconocer por concepto de cesantía, ya que esa disposición reconoce a los funcionarios de la Municipalidad de Turrialba –y sólo a ellos- un pago por concepto de cesantía por cada año de servicios prestados en la municipalidad, sin establecer un límite de años. No se cuestiona esa prestación económica en sí, que es un derecho constitucionalmente reconocido, sino el hecho de no establecer un tope o límite de años por concepto de auxilio de cesantía, lo cual, de conformidad con lo señalado por esta Sala Constitucional, es contrario al principio constitucional de igualdad y refleja un indebido uso de fondos públicos en detrimento de los servicios públicos que la institución presta, según lo resuelto en sentencia número 2006-06727 de la 14:42 horas del 17 de mayo de 2006. Esa situación revela no solo la grave desigualdad que genera la norma acusada de inconstitucional, sino también el uso ineficiente de fondos que integran la Hacienda Pública. Las municipalidades están compelidas a administrar sus recursos con estricto apego al ordenamiento jurídico constitucional y legal establecido, no solamente por tratarse de un recurso propiedad del Estado, sino también por el interés expreso del Constituyente en el sentido de que dichos fondos se utilicen en la satisfacción de intereses y servicios locales de cada cantón, según lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política. Existe un impedimento expreso del Constituyente y del legislador ordinario en el artículo 1 del Código Municipal, respecto de la disposición de fondos públicos de manera libre e irrazonable por parte de los gobiernos locales, limitación que trasgrede la norma impugnada. Por mayoría se declara parcialmente CON LUGAR la acción. En consecuencia se anula por inconstitucional la frase: "de un mes de salario por cada año de servicio prestado a la Municipalidad" del artículo 60 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Turrialba, así como el inciso e) del mencionado numeral. En el caso de los incisos a), b), c) y d) del mismo cuerpo normativo, no son inconstitucionales, siempre y cuando se interprete que el pago de la cesantía no puede exceder de los veinte años. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. En lo demás se declara sin lugar la acción. Salva el voto el magistrado Gilberth Armijo Sancho y Hernández Gutiérrez. El magistrado Jinesta Lobo rechaza de plano la acción y da razones diferentes. Notifíquese. CL Parcial

 

Lo constitucional

 

COMERCIO. 11-001484 / 0171-13. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES CON EL INS. Acción de inconstitucionalidad contra la
Norma Técnica
del Seguro de Riesgos del Trabajo, emitida por el Instituto Nacional de Seguros. Publicada en el Alcance No. 31 de La Gaceta 207 del 29 de octubre del 2007.
Las normas se impugnan en cuanto establecen que solo  para las empresas dedicadas a la rama económica de la construcción, las primas del seguro de riesgos del  trabajo se fijan a través de una estimación de la totalidad del valor de la mano de obra que se utilizará dentro de un periodo determinado del seguro que se declarará al inicio del mismo, tomando como base las proyecciones de los pagos salariales de la empresa en los proyectos que pretende ejecutar dentro de ese mismo periodo y multiplicando el resultado de la estimación por la tarifa correspondiente. Estima que como resultado se obtiene un cobro desproporcionado, irrazonable y discriminatorio. Además, las normas no tienen rango de ley, por lo que no pueden establecer sanciones, ni limitar derechos fundamentales. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara SIN LUGAR la acción. SL

TRABAJO. 11-014438 / 094-13. NIEGAN AL DENUNCIANTE IMPUGNAR DECISIÓN DESESTIMATORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 209, 210 y 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se impugna la omisión, al no tutelarse la posibilidad para el denunciante de recurrir la decisión desestimatoria que adopte el Tribunal de la Inspección Judicial.  Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, señala la Sala que no existe un derecho general fundamental a apelar o impugnar  cualquier  resolución  que  se  dicte  en  un proceso,  sea  judicial  o administrativo, salvo lo señalado en materia penal contra la sentencia condenatoria y en aquellos supuestos en que el legislador lo ha dispuesto por la naturaleza de la resolución o del proceso. Tampoco existe en la Constitución una norma de la cual emane un mandato directo al legislador para que legisle en el sentido concreto que reclama el accionante. En virtud de lo expuesto, la acción es improcedente, por lo que procede su rechazo por el fondo. RF

TRANSITO. 12-014214 / 099-13. MULTA POR CONDUCIR SIN LICENCIA O PERMISO. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 130 inciso b) de la Ley de Tránsito La norma establece una multa “a quien conduzca sin haber obtenido la licencia de conducir o el permiso temporal de aprendizaje, o al aprendiz de conductor que, portando el permiso temporal, no se haga acompañar de alguna de las personas autorizadas de conformidad con el inciso b) del artículo 66 de la presente Ley”. Se considera que la multa es desproporcionada e irrazonable. Sobre el tema se citan las sentencias 9202-12 y 16614-11 y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. RF

TRIBUTARIO. 10-012424 / 92-13. COBRO A NAVIERAS DEL IMPUESTO POR CONCEPTO DE ZARPE. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 de la Ley 6717.
La ley señala que toda actividad lucrativa pagará impuesto de patente sobre los ingresos brutos anuales. Se establece dentro de la categoría de “servicios” el transporte. No obstante, lo anterior, la norma impugnada, grava exclusivamente, la actividad de las empresas navieras de bandera no costarricense y, crea un impuesto sobre el zarpe de los barcos, lo que a juicio del accionante no es considerado una actividad lucrativa, pues es parte del proceso de transporte marítimo. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

PENSIONES ALIMENTARIAS. 12-017149 / 0135-13. SE ACUSA DESIGUALDAD ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, POR EL ACCESO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS AL SALARIO ESCOLAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 30955-MCM-H-MTSS, sobre regulación del acceso de los acreedores alimentarios al salario escolar de los servidores públicos. A juicio de la accionante el decreto  es contrario al artículo 33 de la Constitución Política, pues cuando se trata de funcionarios públicos, se hace un rebajo automático  por un monto igual al de la pensión, por concepto de salario escolar, sin que exista un análisis real de las necesidades del acreedor alimentario; mientras que en el caso de los trabajadores del sector privado, no se hace el rebajo automático, sino que debe solicitarse por escrito y demostrarse la necesidad del acreedor. Sostiene que ello constituye un trato discriminatorio, pues aun cuando ambos padres se encuentran en igualdad de condiciones y son igualmente obligados, se brinda un trato desigual solo por la condición de servidor público. En este caso, de la simple lectura del decreto impugnado,  se constata que la norma pretende autorizar el embargo o deducción del salario escolar que recibe el servidor público, dado que forma parte de su salario y establecer la prioridad que tiene la deducción o embargo a favor de un acreedor alimentario. Sin embargo, la norma no hace referencia al monto, ni a cuál de los padres debe pagarlo, pues si procede o no el pago del salario escolar, quién debe pagarlo,   así como el monto,   son extremos que   deben ser discutidos y resueltos por el juez dentro del   proceso alimentario. En ese sentido, no corresponde a esta Sala interpretar  y aplicar la ley a efecto de determinar quién o quienes deben pagar el salario escolar, ni establecer el monto correspondiente. Ahora bien, en cuanto al tema de la igualdad, estima esta Sala que el hecho de que se autorice la deducción o rebajo del salario escolar de  los  funcionarios  públicos  cuando  son  deudores  alimentarios  no  resulta discriminatorio, pues en primer lugar, los funcionarios públicos y los trabajadores del sector privado, no se encuentran en igualdad de condiciones, ya que para cada uno existe un régimen de empleo diferente,  cuyas reglas son distintas,  por lo que no puede pretender la accionante, que se equiparen ambas situaciones, porque en ese aspecto no se parte del mismo supuesto de hecho, ni de derecho.   Por otra parte, es necesario precisar, que en el caso de los trabajadores del sector privado o trabajadores independientes, no existe una normativa que establezca o reconozca un monto o rubro salarial por concepto de salario escolar, por lo que -a excepción de los acuerdos  entre partes- los trabajadores privados  no perciben ese rubro dentro de su salario, motivo por el cual no procede exigirles dicho pago en forma automática, sin previa demostración de la capacidad económica en ese sentido. Por el contrario, por ley todos  los servidores  públicos, reciben como  parte de su salario, el denominado salario escolar, por lo que su rebajo automático no es discriminatorio, ni arbitrario, al ser un rubro fijo que recibe el servidor como parte de su salario, y que en virtud del interés superior del menor, debe cubrirse a favor del acreedor alimentario, para que éste pueda enfrentar los gastos que demanda el ingreso e inicio del año estudiantil. En consecuencia, resulta claro, que al no encontrarse los servidores públicos y los trabajadores del sector privado en igualdad de condiciones, no deviene discriminatorio que a cada uno se le brinde un trato desigual. En virtud de lo anterior, procede rechazar por el fondo la acción. RF

PODER EJECUTIVO. 09-1711 / 173-12. TOPE PARA OPERACIONES DE CRÉDITO E INVERSIONES IMPUESTAS A LAS EMPRESAS ESTATALES. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 61 inciso 5) de la Ley No. 1644 del 25 de setiembre de 1953. Publicada en La Gaceta No. 219 del 27 de setiembre de 1953. Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
La norma se impugna en cuanto alega que el artículo 5 de la Ley No. 7818 le confirió a LAICA doble capacidad jurídica: la de derecho público para ejercicio de sus facultades y deberes de imperio y la de derecho privado para el ejercicio de las actividades de comercialización. Indica que acorde con esa dicotomía LAICA se encuentra estructurada en dos divisiones: la corporativa que se rige por el derecho público y la de Comercialización que se regula por el derecho privado. Alega que la política de administración y financiamiento de la infraestructura de producción, almacenamiento y comercialización de LAICA se rige por el Derecho Privado. Menciona que la redacción del artículo 61 inciso 5) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, desconoce dicha división técnico jurídica y les limita la posibilidad de todas las actividades de financiamiento de todas las actividades que desarrollan los entes públicos, independiente de si dichas actividades fueran regidas o por Derecho Público o Derecho Privado.  Alegan que no resulta jurídicamente razonable limitar la capacidad de obtener financiamiento a una corporación pública no Estatal como LAICA, máxime si se considera que, por mandato del artículo 5 de la Ley No. 7818 sus actividades comerciales están dentro del marco del derecho privado, de ahí que la interpretación contra legem y extensiva de la norma coloca a LAICA en desventaja respecto de sus competidores, lo que violenta el principio de igualdad y establece una indebida ventaja a esos competidores. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

PROPIEDAD. 12-002959 / 095-13. PRESCRIPCIÓN EN LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 24 de la Ley General de Caminos Públicos. No. 5060 del 22-08-1932. Prescribirán en un año contado a partir de la fecha en que se causaren los daños o desde que se tomó la faja de terreno para la construcción de caminos públicos, los derechos y acciones para reclamar del Estado o de Municipalidades la indemnización correspondiente. Las acciones establecidas caducarán y se tendrán no interpuestas si transcurriere un año sin activar las diligencias por el interesado. Se acusa que la norma lesiona el derecho de propiedad y el debido proceso. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

NOTARIOS. 09-08376 / 439-13. PROHIBICIONES A NOTARIOS PARA TRABAJAR EN MÁS DE TRES INSTITUCIONES. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 inciso e) del Código Notarial. La norma prohíbe a los notarios públicos, ejercer el notariado simultáneamente, en más de tres instituciones estatales descentralizadas y en empresas públicas estructuradas como entidades privadas. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. SL

PENAL. 13-000104 / 01011-13- PRESCRIPCIÓN EN DELITOS DE LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 62 inciso a) de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. No. 8422 Se acusa que la norma regula la prescripción de la responsabilidad penal, respecto a los delitos de los deberes de la función pública y los demás previstos en el Código Procesal Penal que es la ley especial. Indica el artículo cuestionado que una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el artículo 31 del Código Procesal Penal volverán a correr por un nuevo período, sin reducción alguna. En este caso, se citan las sentencias 7689-08 y 6685-05 y con base en las consideraciones dadas en la sentencia se rechaza por el fondo la acción. RF

TRIBUTARIO. 12-011936 / 00992-13. IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre Personas Jurídicas. No. 9024. La norma señala que el impuesto creado en esa Ley, no tiene carácter de gasto deducible para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, lo que a juicio del accionante es un doble impuesto. Señala la Sala que no se encuentra que con la normativa impugnada exista una doble imposición, por cuanto el impuesto de renta y el impuesto a personas jurídicas, tienen distinto hecho generador, razón por la cual procede rechazar por el fondo la acción. RF

CONCESIONES. 12-6179 / 1594-13. LIMITACIÓN DE CONCESIONES PARA MINERÍA. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 8 bis y 65 f) del Código de Minería y el Transitorio V de la Ley número 8964 del 01 de diciembre del 2010. Las normas prohíben el otorgamiento de concesiones para la minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional, perjudicando con ello a muchas empresas. Se declara sin lugar la acción. Los magistrados Rueda Leal y Salazar Cambronero salvan el voto y rechazan de plano la acción. SL

CIVIL. 12-013418 / 1725-13. RECURSOS EN MATERIA CIVIL. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 586 del Código Procesal Civil. La norma señala que “interpuesto el recurso, el superior lo rechazará de plano si no se ajusta a los requisitos prescritos en el artículo 584, y enviará el legajo para que se una al proceso principal. En el caso contrario, resolverá sin trámite alguno, si fuere posible; y si no, solicitará informe al juez de primera instancia acerca de los datos que crea convenientes para poder resolver, y sólo en caso de que el informe resulte insuficiente, pedirá el expediente original, el cual devolverá dentro de tercero día.” A juicio de la recurrente, limita la doble instancia y el acceso a la justicia. Se indica que este Tribunal ya se ha pronunciado en relación con el contenido del artículo 586 del Código Procesal Civil, mediante sentencias 0248-01 y 4730-95 y por no existir razones o alegatos tales que hagan a la Sala reconsiderar esos criterios, la acción resulta improcedente. Se rechaza por el fondo la acción. RF

COMERCIO. 11-009765 / 01721-13. SERVICIO DE PORTEO. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 además de los transitorios: primero, segundo y tercero de la Ley 8955. Reforma la Ley N° 3284 "Código de Comercio ", del 30 de abril de 1964, y la Ley N° 7969 "Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi " del 22 de diciembre de 1999.  Publicada en La Gaceta del 07-07-2011. Se impugnan los requisitos para la acreditación de los porteadores, los cuales están condicionados a la autorización de una autoridad pública. La cuestión de fondo que se plantea con la interposición de esta acción de inconstitucionalidad, ya ha sido conocida y analizada por esta Sala en la consulta judicial, evacuada por sentencia 4778-11 y en la acción de inconstitucionalidad resuelta por sentencia 14114-12. Así las cosas, lo planteado por el accionante ya ha sido revisado por este Tribunal y no ha considerado que con las reformas impugnadas se lesionen los derechos fundamentales acusados. RF

TRABAJO. 12-005133 / 01722-13. CONVENCIÓN COLECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Convención Colectiva del Consejo Nacional de Producción. La norma se impugna en la medida que establece que el Consejo reconoce al Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción como la única agrupación representante de los trabajadores, comprometiéndose a tratar con ese sindicato todos los asuntos de carácter económico-social de índole laboral, disciplinario o conflictivo que se presenten en el desempeño de la función. Refiere que dicha norma contraviene los artículos 7, 25, 33 y 60 de la Constitución Política, y 2 y 3.2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. Estima que la norma cuestionada violenta de manera directa los núcleos esenciales de los derechos de sindicalización y de libre sindicalización, así como el principio de igualdad, pues vuelve nugatoria e ineficaz la creación de nuevos sindicatos dentro del Consejo, pues impide a los trabajadores escoger libremente al sindicato de su preferencia, toda vez que se otorgan privilegios a un único sindicato. Agrega que la norma impugnada obliga a los trabajadores a pertenecer a determinado sindicato si quieren obtener representación sindical reconocida dentro de la institución, además de que está impedida la creación de sindicatos nuevos porque estos no serían reconocidos por el Consejo. Aduce que reconocer privilegios a un sindicato y no al que el accionante representa, contraviene igualmente el principio de igualdad, creando una discriminación contraria a la ley.  Se declara sin lugar la acción, siempre que se interprete conforme al Derecho de la Constitución que el artículo 3 de la Convención Colectiva de Trabajo (Cuarta modificación) La institución reconoce al Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción (SINCONAPRO) como la única agrupación representante de los trabajadores, comprometiéndose la Institución a tratar con él todos los asuntos de carácter económico social de índole laboral, disciplinario o conflictivo que se susciten o puedan suscitarse en el desempeño de la función, solo se aplica a los efectos de la negociación colectiva y a la gestión y aplicación de la Convención vigente, suscrita entre SINCONAPRO y el CNP, mientras el primero continúe siendo el sindicato mayoritario o más representativo; y en el sentido de que tal disposición no impide la formación de otras organizaciones sindicales, ni priva a los sindicatos minoritarios reconocidos de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros ni del derecho de organizar su gestión o actividad, reconociéndoseles el derecho de hacerse portavoces de sus miembros y de representarlos en caso de reclamaciones individuales. En lo concerniente a los artículos 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 81 y 94 de la Convención Colectiva, se rechaza de plano la acción. Notifíquese a la Presidencia Ejecutiva del Consejo Nacional de Producción, el Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), el Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción y Afines (SINCONAPRO), el Presidente del Directorio de la Asamblea legislativa y la Procuradora General de la República. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. La Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo y Jinesta salvan el voto y declaran inadmisible la acción, el último de ellos con razones diferentes. SL

ADMISIBILIDAD. 12-0160 / 02222-13. CONDENA EN COSTAS EN CASO DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 195 Inciso 1) Del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se acusa que cuando el Estado sale vencedor, los jueces contenciosos condenan a pagar costas a la parte, con base en la tabla de honorarios, aún cuando los abogados son de planta. Se declara sin lugar porque la acción no es medio razonable para reclamar el derecho que se considera lesionado, al encontrarse firme la sentencia. Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. SL

PODER JUDICIAL. 12-07093 / 02223-13. ANOTACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES. Acción de inconstitucionalidad contra la frase "sin efectuarse nueva inscripción" del artículo 11 de la Ley 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, 10 de Marzo de 1982.  Señala la Sala que el  manejo  y  consecuencias  del  registro  de  la información sobre las antecedentes  penales de las personas  han dado lugar a diversos pronunciamientos de la Sala. Asimismo, se ha considerado armónico con la Constitución Política que se tomen en cuenta los antecedentes penales como dato subjetivo del comportamiento anterior del sentenciado, a efectos de la individualización de la pena. Específicamente en lo que se vincula al plazo durante el cual se conservan las inscripciones en el Registro Judicial, también ha establecido con anterioridad la Sala que un lapso de diez años es, en sí mismo, razonable. El hecho de que las inscripciones se encuentren atadas entre sí, en el tanto su cancelación está supeditada al transcurso de diez años sin que surja, del todo,  un nuevo juzgamiento, está justificado en el interés de la sociedad en que las personas no incurran en nuevas conductas ilícitas dentro de un marco temporal específico que, como ya se dijo, no resulta irrazonable. En todo caso, mantener el dato en el Registro no tiene como  resultado añadir efectos sancionadores perjudiciales adicionales a las condenatorias impuestas, sino limitar el acceso  a beneficios,  lo cual, ha señalado ya este Tribunal no implica ni un derecho ni una desmejora de la situación definida por la imposición de una pena. Se recuerda, asimismo, en esa decisión, que la ejecución condicional de la sentencia es un beneficio, de modo que las restricciones para su aplicación repercuten simplemente en la eventualidad de flexibilizar una sanción que fue impuesta a partir de los parámetros sentados por la Constitución. Se declara sin lugar la acción. SL

SERVICIOS PÚBLICOS. 11-9444 / 02220-13. CONDICIONES PARA ACTIVAR CELULARES QUE NO ESTÁN HOMOLOGADOS. Acción de inconstitucionalidad contra Resolución 092-2011 del Consejo de la Superintendencia De Telecomunicaciones. La Resolución de cita se impugna en cuanto exige a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, de terminales no homologadas, a firmar una carta de renuncia por motivos de calidad del servicio, lo cual considera el accionante, constituye un acto discriminatorio, que además cercena el acceso a la justicia que tiene todo ciudadano. Adicionalmente, el promovente estima que la renuncia a futuras reclamaciones por problemas de calidad, constituye una violación indirecta a la libertad de elección, ya que si el usuario se ve obligado a renunciar a su derecho a reclamar, deberá orientar su consumo a aquellos aparatos (terminales) que sí cuenten con la homologación. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. Se interpreta conforme al Derecho de la Constitución lo dispuesto por el Por Tanto VII de la resolución No. 092-2011 de las 11:00 hrs. De 4 de mayo de 2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.95 de 18 de mayo de 2011, adoptada por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en el sentido que la renuncia se aplica siempre que la respectiva terminal no presente problemas de incompatibilidad técnica. SL

TRABAJO. 11-010225 / 02221-13. DERECHO A RECIBIR SALARIO Y PENSIÓN. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 31 de La Ley 7302, Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional; Artículos 47, 48, 49, 50 Y 51 del Decreto Ejecutivo No 33080-MTSS-H (modificado Mediante Decreto No 34869-MTSS-H De 23 de Octubre De 2008; y Otras. Las normas se impugnan en cuanto establecen que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo remunerado en la Administración Pública, por lo que una persona que reciba pensión no puede recibir salario por parte del Estado, situación que lesiona el derecho al trabajo y a la seguridad social del pensionado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

CONTRATOS O LICITACIONES. 13-000002 / 2336-13. CONVENIOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 115 de la Ley de Contratación Administrativa. Publicada en La Gaceta No. 210 del 02 de noviembre del 2006. Decreto Ejecutivo No. 33411-H. Señala el accionante que la norma impugnada es ambigua e imprecisa, pues en teoría supone  que la licitación de convenio marco que se haga para contratar determinados bienes o servicios es suficiente en sí misma y que los miembros que integren el convenio  se limitarán   a tramitar órdenes de compra  o pedidos  sin necesidad de llevar a cabo procedimientos adicionales al concurso de licitación y durante un plazo de 4 años, sin valorar posibles desactualizaciones de los bienes o servicios o las necesidades actuales de la administración. Si bien la Sala no se ha pronunciado respecto  al convenio marco de licitación aquí impugnado por el accionante, lo cierto es que sí lo ha hecho respecto a otras modalidades de contratación administrativa en los cuales  se  han  aminorado  ciertos  principios  y  no  han  sido  considerados inconstitucionales. (sentencias 6329-07 y 11922-07). Se indica que en el caso de la modalidad impugnada, ésta más bien encuentra respaldo en un proceso licitatorio previo que fue realizado con las garantías del caso, y que si bien puede ser utilizado por otros órganos, no son cualesquiera otros, sino aquellos que comparten  una misma Proveeduría o sistema de adquisiciones  o electrónico, con el objeto de optimizar los recursos de la administración. La Sala considera que el objeto de la norma en cuestión, lejos de pretender desmejorar las condiciones  de contratación de la administración y los controles  del caso, es aprovechar los recursos con que se cuenta, en tanto sean compatibles  y optimizar los procedimientos.  Y como ya indicó este Tribunal, de prestarse para eventuales situaciones de abuso, dando pie a situaciones de ventaja para algunos, incompatibles con el verdadero interés de las administraciones contratantes y del correcto aprovechamiento de los fondos públicos, ello no derivaría en un problema de constitucionalidad  que afecte al  marco normativo de la licitación en sí, sino, eventualmente, de prácticas viciadas, incluso corruptas, propiciadas quizá tanto por agentes de la Administración como de  determinados  proveedores  privados.  Sin  embargo,  la  solución  para  esa problemática no es decretar la inaplicabilidad del marco jurídico en cuyo contexto se da, sino acudir a los mecanismos  de control existentes para prevenirla y sancionarla. Desde esta óptica, sería por ejemplo a la Contraloría General de la República,  así  como  a  las  distintas  auditorías  institucionales,  a  las que correspondería -en el marco de las competencias que brinda la Ley General de Control Interno y su normativa conexa-  emitir directrices  que traten acerca de normas de actuación que prevean situaciones como las señaladas, o, en su caso, ejercer la fiscalización necesaria para atacarlas. Se rechaza por el fondo la acción. RF

TRABAJO. 12-012457 / 2312-13. JURISPRUDENCIA DE LA SALA SEGUNDA SOBRE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS. Acción de inconstitucionalidad contra la Jurisprudencia de la Sala Segunda, en relación con la Ley de Asociaciones Solidaristas. En el caso concreto, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la de la Jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, pues a su juicio modifica la normativa dispuesta en la Ley de Asociaciones Solidaristas en aspectos relacionados con la naturaleza, el propósito de los recursos trasladados por el patrono, los recursos y facultades de las asociaciones solidaristas y los derechos de los ex asociados y su naturaleza jurídica, para lo cual aporta las sentencias números 2002-00373, 2005-00090,  2005-00721  y 2009-001068.  Señala la Sala que lo que pretende el actor es una discusión que constituye un cuestionamiento de  de mera legalidad que no corresponde ser dilucidado en esta sede, por ser un tema propio del juez. En cuanto a la alegada violación al principio de igualdad, se indica que no cualquier diferencia, puede justificar un trato desigual, pues se estaría lesionando con ello el derecho de igualdad de las personas  que pese a encontrarse  en igualdad de condiciones de hecho y de relevancia jurídica, se le brinde un trato diferenciado. Por otra parte, cabe resaltar que el derecho a los rendimientos provenientes del fondo de cesantía, es un tema reconocido no solo por la Jurisprudencia de la Sala Segunda, sino que además, se encuentra reconocido y regulado en la propia Ley de Asociaciones Solidaristas, en su artículo 17, por lo que tampoco es admisible el alegato del accionante en el sentido de que la Sala concede derechos que la ley no reconoce. En virtud de lo expuesto, estima esta Sala que la Jurisprudencia impugnada no resulta contraria al principio de igualdad contemplado en el artículo. Se rechaza por el fondo la acción en cuanto a la alegada violación al principio de igualdad. En lo demás, se  rechaza de plano la acción. RF y RP

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 09-012767 / 2815-13. ACUERDO LEGISLATIVO. Acción de inconstitucionalidad contra la Moción de Orden aprobada por el Plenario de la Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria número 57 del diecisiete de agosto del dos mil ocho. Este acto se impugna en la medida en que establece que no existe régimen sancionatorio alguno dentro del ordenamiento jurídico para conocer de la gestión de "Cancelación de credenciales" por la presunta infracción a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Estiman los accionantes que en virtud de dicho acto, se lesionaron los principios democrático, de participación y representación política, participación de las minorías, así como lo dispuesto en los artículos 41 y 11 de la Constitución Política.  Por mayoría se declara SIN lugar la acción. La Magistrada Calzada, y los Magistrados Armijo y Cruz declaran con lugar la acción por razones diferentes. Los Magistrados Jinesta, Araya y Ulate ponen nota. El Magistrado Rueda declara sin lugar la acción por cuestiones de legitimación. SL

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 12-004991 / 02893-13. TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY INDÍGENA. Acción de inconstitucionalidad contra la Ley Indígena. No. 6172. Publicada en La Gaceta No. 240 del 20-12-1977.  Se acusa que durante la aprobación de la ley impugnada, se violaron principios constitucionales, como que el texto que se aprobó, no fue el que se concibió originalmente, en el Colegio de Abogados, por lo que se violó el principio de conexidad, el texto sustitutivo no se publicó, no fue consultado al Instituto de Tierras y Colonización, entre otras violaciones. Sobre el tema, se citan los votos 1650-11 y 4511-93 y con base en las consideraciones dadas en la sentencia se rechaza por el fondo la acción.El Magistrado Castillo Víquez pone nota. RF

PENAL. 10-006789 / 02992-13. INDEMNIZACIÓN DEL ESTADO EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO O ABSOLUTORIA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 271 párrafo infine del Código Procesal Penal. La norma se impugna en cuanto establece que una persona que haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, puede ser indemnizada por el Estado, siempre y cuando, se de una plena demostración de inocencia. Afirma el accionante que la norma impugnada contiene una exigencia inusual y que, de hecho, constituye una verdadera excepción a la regla, toda vez que la mayoría de los casos se resuelven en aplicación de in dubio pro reo y no por certeza de inocencia.  Se introduce una discriminación arbitraria e irracional, violentando de manera flagrante el principio pro homine. El derecho a la tutela judicial efectiva no puede encontrar excepciones fundadas en privilegios irracionales, ya que, dentro de un Estado de Derecho, éste ha de ser el primero en dar el ejemplo y responder por sus actos.  Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción, siempre y cuando la frase "con plena demostración de inocencia del artículo 271, párrafo in fine, del Código Procesal Penal  se interprete en el sentido que la absolutoria o el sobreseimiento se dictaron por que hay certeza sobre su inocencia. La Magistrada Calzada y el Magistrado Jinesta salvan el voto y declaran con lugar la acción de inconstitucionalidad en todos sus extremos. SL

PENSIONES ALIMENTARIAS. 13-001893 / 02931-13. DEBER DE FIRMAR ÓRDENES DE APREMIO POR PENSIÓN TODOS LOS MESES. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias. De esta norma, se cuestiona la frase que dice: “siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada”. Considera la recurrente que obligar a los beneficiarios alimentarios firmar todos los meses las órdenes de apremio, es violatorio del acceso a la justicia, del acceso a la familia y del interés superior del menor. Sobre el tema planteado, la Sala ya se pronunció en la sentencia 9251-12, al no haber nuevos elementos que hagan variar el criterio, procede rechazar por el fondo la acción. RF

PROPIEDAD. 12-014780 / 02895-13. REVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE PARCELAS DEL IDA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 68 inciso cuarto de la Ley de Tierras y Colonización. No. 2825 del 14-10-1961. La norma establece que el IDA puede revocar o extinguir la adjudicación de una parcela, entre otras razones, por abandono y por esta causal, no se da debido proceso, lo que considera el accionante violatorio del artículo 33 constitucional. En este caso, considera la Sala que el legislador hizo uso de su discrecionalidad y la decisión de establecer una excepción acerca de la procedencia o no de la amonestación en los casos de abandono injustificado, lo cual puede deberse a un sinnúmero de factores que van desde que no lo estimó necesario o conveniente hasta que se reguló así por mera inadvertencia. En cualquiera de esos casos, ello no significa que la norma sea inconstitucional; a lo sumo, podríamos estar frente a una omisión de carácter legal. Por ello, al no haber omisión constitucional, no se lesionan los principios señalados. Así las cosas el diseño del proceso referido en cuanto a la revocatoria o extinción de la adjudicación de una parcela es competencia del legislador y no le corresponde a esta Sala revisarlo mientras no infrinja las citadas garantías de tutela o suponga una determinación absoluta y evidentemente irrazonable. Se rechaza por el fondo la acción. RF 

TRANSITO. 12-04292 / 2808-13. MULTA POR OBSTRUCCIÓN DE VÍA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 132 inciso j) de la Ley de Tránsito. La norma señala que se impondrá una multa al  conductor que use una vía para otros fines distintos de los que está destinado, a quien utilice un vehículo con otro fin que no sea para el cual esté autorizado. Se impuso la multa porque supuestamente obstruyó la vía de entrada de emergencias a un hospital. A juicio del accionante el monto es irrazonable. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SLTRANSITO. 12-009537 / 02812-13. MULTAS POR CONDUCIR UN VEHÍCULO CON MODIFICACIONES Y POR NO ACATAR LAS INDICACIONES VERBALES O ESCRITAS DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 131 inciso b), artículo 133 inciso d) y f) y artículo 134 inciso g)
Las normas establecen distintas sanciones a quien infringiere las disposiciones de la Ley de transito con respecto a las indicaciones dadas por una autoridad y conducir un vehículo con modificaciones. En este caso, la Sala estima que la multa de 144.240 (boleta de citación), por conducir un vehículo que no reúne los requisitos exigidos a los vehículos de uso corriente, que no tiene parabrisas o el mismo está obstruido, no constituye una sanción excesiva.  Se rechaza por el fondo la acción en relación con el artículo 134 inciso g), de la Ley de Tránsito N° 7331 y se declara sin lugar en relación con la frase ".. A quien irrespete ... las indicaciones de la autoridad de tránsito, en contravención de los artículos 79, 83 y 116 de esta Ley, normas que establecen los deberes de acatar las indicaciones verbales o escritas de las autoridades de tránsito..." contenida en el inciso b) del artículo 131 así como en relación con los incisos d) y f) del artículo 133, todos de la Ley de Tránsito. RF y SL

TRANSITO. 12-012987 / 02805-13. MULTAS POR IRRESPETO A SEÑALAS FIJAS Y LÍMITES DE VELOCIDAD. VIRAR A LA IZQUIERDA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 131 inciso b) y 79 inciso c) de la Ley de Tránsito No. 7331. El accionante impugna lo dispuesto en el artículo 131 inciso b) y en el artículo 79 inciso c), ambos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331 del 13 de abril de 1993 y sus reformas, ello por cuanto se le impuso una multa con base en dichas normas, específicamente por haber realizado un viraje hacia la izquierda, y considera que ambos artículos violentan los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pues la multa establece un monto superior al devengado por muchos de los trabajadores de la sociedad costarricense, como es el caso de muchos trabajadores del sector privado. Agrega que la multa referida está basada en la revaloración salarial para profesionales del sector público, cuya estructura de pago salarial es muy diferente a la estructura de pago salarial del sector privado, al que -señala- pertenece el accionante, situación que a su juicio, lesiona lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la Constitución Política. Sobre el tema se cita el voto 6868-12 y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. RF

TRANSITO. 12-017370 / 2810-13. SANCIONES POR SISTEMA DE CÁMARAS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 150 bis de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley número 7331. La norma impugnada establece la sanción realizada por el sistema automático de cámaras. Sobre el tema se cita la sentencia 11950-12 y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. La Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo y Guerrero salvan parcialmente el voto y declaran inconstitucional el artículo 150 bis de la Ley de Tránsito. El Magistrado Guerrero pone nota. RF

AMBIENTE. 11-012089 / 3091-13. MORATORIA DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. Acción de inconstitucionalidad contra Decreto Ejecutivo 36693-MINAET Del 01 Agosto 2011 publicado En La gaceta 159 Del 19-08-2011.  Las normas se impugnan en cuanto la moratoria en la explotación de hidrocarburos constituye otro serio golpe para sus agremiados, quienes verían restringido el campo de su actividad profesional, aún más de lo que ya lo está, sobre todo, luego de haberse prohibido legalmente la minería metálica a cielo abierto. Considera que no pueden permitir que se vayan cerrando las oportunidades de trabajo para sus agremiados y por ello interpone la presente acción de inconstitucionalidad. Estima la accionante que es vital para el país que se permita la explotación de hidrocarburos para no seguir dependiendo de su importación. Además de que la importación de hidrocarburos y en general la política energética seguida por la actual Administración, ha sido lesiva para los intereses económicos y ambientales del país, pues el gran peligro de los derrames de hidrocarburos no ocurre durante su explotación, sino más bien en la etapa de transporte. Agrega que las moratorias tendrían que hacerse por medio de una ley, ya que implican dejar sin efectos temporalmente, las normas de la Ley de Hidrocarburos que autorizan la exploración y la explotación petroleras. Se declara sin lugar la acción. Los magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez y Hernández Gutiérrez salvan el voto y declaran con lugar la acción en todos sus extremos. El Magistrado Jinesta Lobo da razones adicionales para estimar la acción de inconstitucionalidad.  SL

NOTARIOS. 13-002535 / 03446-13. SANCIONES A NOTARIOS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 143 b) y 144 c) del Código Notarial. Ley No. 7764 del 17-04-1998. Las normas regulan lo relativo a las sanciones por uno o seis meses impuestas a notarios. Se considera que las normas son desproporcionadas y carentes de razonabilidad y que son tipos penales abiertos. Sobre el tema, se citan las sentencias 0637-10, 5594-94 y 014281-09. Estima la Sala que tanto en el caso de la infracción al artículo 143 inciso b) como en el caso del artículo 144 inciso c), el legislador dispuso sanciones que van “hasta por un mes” en el primer supuesto y de uno a seis meses en el segundo, siendo ambos extremos los límites mínimos y máximos. Es claro entonces que el Juez, luego de hacer un análisis sobre los hechos probados (parámetro objetivo) y la gravedad de la conducta del Notario y de las consecuencias materiales y morales derivadas de aquella (grado de lesividad de la falta), deberá imponer la sanción dentro de ese rango. Pareciera que a juicio de los accionantes el límite menor fijado por el artículo 144 inciso c)  -un mes-, resulta per se excesivo. Sin embargo, y como lo ha dicho la Sala en relación con otras sanciones, el legislador tiene la discrecionalidad de determinar la naturaleza y el quantum de una sanción y el tema solo sería revisable por este Tribunal, en cuanto se transgredan esos principios de razonabilidad y proporcionalidad que constituyen parámetros de constitucionalidad, lo que no ocurre en este supuesto. Se rechaza por el fondo la acción. RF

PODER EJECUTIVO. 12-010882 / 03472-13. LIMITACIONES PARA INSCRIPCIÓN Y PORTACIÓN DE ARMAS. Acción de inconstitucionalidad contra la Modificación a la Directriz No. 1. Emitida el 13 de febrero del 2012 por el Viceministro de Seguridad Pública. La directriz deniega la inscripción y portacion de armas de fuego a personas con antecedentes penales o policiales, por los delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, delitos contra la libertad e Infracción a la Ley contra Estupefacientes. Señala que la frase “o policiales”, lesiona el principio de inocencia. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

TRIBUTARIO. 10-013570 /03470-13. JURISPRUDENCIA DE LA SALA  PRIMERA SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE UTILIDAD DEL DISTRIBUIDOR DE UN  30%. Acción de inconstitucionalidad contra la Jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia vertida en los votos números 290-F-S1-2009 de las 10:30 horas del 20 de marzo del 2009 y 000794-S1-F-2010 de las 14:10 horas del 1° de julio de 2010, según la cual se fija en un treinta por ciento el margen de utilidad del distribuidor, sin que exista fundamento normativo vigente para establecer dicho porcentaje. La jurisprudencia se impugna en cuanto fija el margen de utilidad, sin que exista fundamento normativo para ello, lo cual el violatorio del régimen constitucional tributario. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Jinesta y Araya salvan el voto, declaran con lugar la acción y declaran inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera que avala que el 30% de la utilidad del distribuidor para el cálculo del impuesto a la cerveza se encuentre establecido por actos administrativos. SL

COLEGIO PROFESIONAL. 11-013000 / 3744-13. TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS. SANCIONES. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Orgánica del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica.  La norma se impugna en cuanto a que el Tribunal de Honor, que conoce de las sanciones al Código de Ética del Colegio, puede fallar "a conciencia" e imponer sanciones incluso, como en su caso de seis meses de suspensión del ejercicio profesional, sin tener que cumplir los principios constitucionales. La norma impugnada permitió que el Tribunal de Honor sobrevalorara su conducta objeto del procedimiento, con base en argumentos que no tenían relación con los artículos del Código de Ética mencionados. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

TRABAJO. 13-1478 / 3752-13. PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 82 del Código de Trabajo. Se cuestiona el pago de salarios caídos por despido injustificado.  Señala que este concepto de pago implica una doble sanción para el patrono. La acción se rechaza por el fondo, con base en un antecedente, que la sentencia 4448-96 y como no existen motivos para cambiar el criterio, se rechaza por el fondo la acción. RF

TRANSITO. 12-03351 / 3742-13. CERTIFICACIONES QUE EMITE CONAVI SOBRE VEHÍCULOS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 221 de la Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres. La norma señala que  todo propietario o interesado deberá cancelar todas las obligaciones pendientes que, a la fecha, aparezcan a su nombre, como multas, gravámenes o anotaciones, establecidas en esta Ley, además de impuestos, seguro obligatorio de vehículos y derechos, para realizar inscripciones, reinscripciones, desinscripciones, inscripción de gravámenes, etc. Quedan igualmente obligados a tal cancelación, los propietarios de vehículos destinados al transporte público, cuando se trate de gestiones referentes a concesiones, permisos, exoneración de impuestos, trámites ante la Comisión Técnica de Transportes y otros. Se acusa que COSEVI interpreta que para emitir  una certificación que un vehículo está al día en sus deudas, todos los vehículos del mismo propietario deben estar igualmente al día en el pago de sus obligaciones. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

TRANSITO. 12-6360 / 3741-13. PROPORCIONALIDAD DE MULTAS EN LA LEY DE TRÁNSITO. PERDIDA DE PUNTOS EN LA LICENCIA DE CONDUCIR.  Acciones de inconstitucionalidad acumuladas contra los artículos  71 bis párrafo segundo en relación con los artículos 130 incisos c) y f); 131 incisos f), g), h) y l); 131 incisos c), d), e) g) y j); 133 a) y h); 136, 134 incisos c), ch) y e) y Artículo 71 incisos b) y d) en relación con los artículos 131 ch) y 132 ch)  todos de la Ley de Tránsito. Se especifica que lo impugnado es lo que tiene que ver con la pérdida de puntos en la licencia de conducir y la desprorcionalidad de las multas contenidas en los artículos 131, 132 y 133. Además, se multa a quien conduzca un vehículo que se encuentre alterado o modificado en el motor, los sistemas de inyección y carburación, o los sistemas de control de emisiones que disminuyan la contaminación ambiental. Se considera que la multa es desproporcionada e irrazonable, pues sanciona con el rebajo de puntos en la licencia a quien conduce, que en el caso concreto es un chofer, sin tomar en cuenta que la responsabilidad objetiva es del propietario. Se rechaza de plano la acción en cuanto a la multa prevista en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres y sus reformas. En cuanto a los artículos 71 bis, párrafo segundo en relación con los incisos g) y j) del artículo 131; los incisos f), g), h) y l) del artículo 132; los incisos c), d) y g) del artículo 133; los incisos ch) y e) del artículo 134 de la misma Ley, se declara sin lugar la acción siempre y cuando el conductor sancionado sea a su vez el propietario registral del vehículo. En lo demás se declara sin lugar la acción. En todos los casos en que se aplique el descuento de puntos de la licencia de conducir, es requisito indispensable que se informe al conductor en la boleta de citación la cantidad de puntos rebajada, a fin de que éste pueda ejercer plenamente su derecho de defensa ante las autoridades correspondientes. Notifíquese. RP y SL

CIVIL. 12-001384 /4055-13. PLAZOS PARA APELAR Y EXPRESIÓN DE AGRAVIOS EN MATERIA CIVIL. Acción de inconstitucionalidad planteada por la Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Palmares R.L. contra la Jurisprudencia formada a partir de los artículos 567 y 574 del Código Procesal Civil. La jurisprudencia se impugna en cuanto considera el accionante produce una grave lesión al derecho de defensa de los apelantes establecido en las normas constitucionales y convencionales citadas, al juntar en un solo momento y someter a un plazo único, cuyo máximo es de cinco días, la mera comparecencia de las partes ante el superior y la expresión de agravios.  Los artículos 567 y 570 inciso 4) de refieren solamente al emplazamiento de las partes para comparecer ante el superior en el plazo fijado.  El traslape del emplazamiento con la expresión de agravios es arbitrario, atenta contra la lógica del proceso de segunda instancia y lesiona el derecho de defensa del apelante. La reconstrucción dogmática del proceso de segunda instancia permite determinar que, una vez admitida la apelación de la sentencia recaída en juicio ordinario, el trámite correspondiente se compone de tres momentos, a saber, la introducción del recurso ante el tribunal de grado que se inicia con el emplazamiento, la sustanciación que se compone de la expresión de agravios y de la instrucción probatoria y, finalmente, la decisión en la que el tribunal de alzada confirma, revoca o anula la sentencia de primera instancia.  Todo ello se deriva de lo dispuesto en los artículos 166, 561, 562, 563, 567 y concordantes, y 570 a 576, todos del Código Procesal Civil. Esa secuencia tiene una racionalidad que proviene del fin mismo del instituto de la apelación, racionalidad que se viola por el traslape de dos momentos procesales que deben ser sucesivos y no simultáneos, ya que de nada serviría apelar si no se permite al apelante defender adecuadamente su posición.  Además, la jurisprudencia impugnada contiene otro fuerte agravio al instituto de la defensa en juicio, al punto que llega a constituir una verdadera negación de éste, cual es el plazo.  Indica que el artículo 567 del Código Procesal Civil sólo contiene un plazo entre tres y cinco días para la mera comparecencia de las parte ante el superior, pero no tiene un plazo para la expresión de agravios.  Sin embargo, la jurisprudencia impugnada junta ambos actos en un solo momento y otorga un plazo único de cinco días para comparecer ante el superior y expresar agravios, con lo cual se niega la posibilidad de que, en casos de una cierta complejidad, puedan los abogados ofrecer a los tribunales un estudio concienzudo de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia apelada, en beneficio de la justicia y de los intereses de sus clientes.  Señala que cinco días es el plazo fijado en el artículo 578 del Código Procesal Civil para expresar agravios ante un simple auto, pero también se dispone de cinco días para alegar contra una orden de desalojo mal despachada, contra el rechazo de un testigo, etc.  Argumenta que ante ese vacío legal, una jurisprudencia sensible al derecho de defensa de las partes que la Constitución Política y el Pacto de San José garantizan, debió integrarlo con el artículo 144 del mismo código, pues cuando se trata de un proceso ordinario complejo y el acto es nada menos que la expresión de agravios del apelante vencido contra la sentencia de primera instancia, que, en complejidad, no le cede ni al mismo recurso de casación, no se sabe cuál es el plazo y el jurisprudencialmente otorgado es insuficiente. Sobre el tema, se citan las sentencias 9080-02 y 9146-12. Se rechaza por el fondo la acción. RF

MUNICIPALIDAD. 12-017406 /3822-13. PLAN REGULADOR DE ESCAZÚ. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 16.2.2 inciso d y 16.2 del Plan Regulador de Escazú. El actor pretende que esta Sala anule las restricciones al uso del suelo “específicamente a la construcción” que impone el Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú -en particular, los artículos 16.2.2 inciso d) y 16.2.4-  sobre las propiedades ubicadas en la Zona Protectora Cerros de Escazú. El plan regulador permite para cada finca “que puede ser de varias hectáreas” la construcción de una única vivienda con un área habitable no mayor de 60 m² y 30 m² de área no habitable (parqueos, rancho de reuniones y similares). Además, alega que la Municipalidad de Escazú   le indicó que la propiedad se encuentra dentro de la Zona de Amortiguamiento Agrícola, lo cual, rechaza el accionante. En este caso, señala la Sala que ya se conoció otra acción de inconstitucionalidad  en la que se discutió el mismo artículo 16.2 del Plan Regulador del Cantón de Escazú, la que fue declarada sin lugar en sentencia número 2008-14186 de las nueve horas y cincuenta y seis minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho . De este modo, queda descartado el alegato del accionante, en el sentido de que las restricciones contenidas en la normativa impugnada constituyen una expropiación, sino antes bien, restricciones legítimas al derecho de propiedad, acordes con la Zona de Protección en que se encuentra ubicada la propiedad,  y que son congruentes con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De conformidad con lo señalado en la sentencia,, esta Sala concluye que las limitaciones a la propiedad privada contenidas en planes reguladores municipales deben contar con el respaldo de los criterios objetivos y razonables que se establecen en la citada Ley de Planificación Urbana, además de que es necesario que éstos estén sustentados en estudios técnicos para cumplir cabalmente con lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 45 de la Constitución Política. Asimismo, dichas limitaciones no lesionan el derecho de propiedad, siempre y cuando no vacíen su contenido -expropiación de hecho-, de lo contrario, el ente corporativo  está en la obligación de pagar la respectiva indemnización a su propietario, de conformidad con lo que regula el artículo 45, párrafo primero, de la Carta Fundamental. Se rechaza por el fondo la acción. Tómese nota de lo señalado en último considerando de esta sentencia. RF

TRANSITO. 13-111 / 4047-13. MULTAS APLICADAS AL PROPIETARIO REGISTRAL. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 150 bis, párrafo 5 de la Ley de Tránsito. No. 7331. Manifiestan los accionantes que la norma viola los principios de seguridad jurídica, debido proceso y legalidad, así como los principios de inocencia, defensa, división de poderes e inviolabilidad de la propiedad privada. En cuanto al principio de seguridad jurídica, la norma es confusa en relación con el procedimiento de notificación y la determinación de cuál es la Autoridad competente para conocer las impugnaciones. Por otra parte, lesiona el debido proceso y el principio de legalidad, el hecho que se le imponga al propietario Registral una condenatoria por una “supuesta infracción impersonal”, sin que exista un proceso en que se identifique al infractor de manera indubitable. Por otra parte, lo dispuesto en la norma invierte la carga de la prueba, de manera que es el propietario quien tiene que demostrar que no es el conductor sancionado. Asimismo, y conforme al procedimiento establecido en la norma, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el ente que realiza las infracciones personal y fija las multas mediante el uso de cámaras; además notifican y conocen en única instancia de los reclamos e impugnaciones, con lo que se constituye en ente sancionatorio en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, el procedimiento dispuesto en la norma amenaza el patrimonio de las personas, físicas o jurídicas, por un solo parte impersonal  pues la multa final se convierte en un documento cobratorio, lo que no es justo ni lógico. Se citan los votos 11950-12 y 6348-11. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. La Magistrada Calzada Miranda y los Magistrados Armijo Sancho y Guerrero Portillo salvan el voto. El Magistrado Guerrero Portilla pone nota.  RF

AMBIENTE. 13-2058 / 4619-13. PERMISOS PARA TALA DE ÁRBOLES NO AUTÓCTONOS. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 27 y 28 de la Ley Forestal No. 7575 y el artículos 90 y 91 del Reglamento a la Ley Forestal. Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE del 17-10-1996. Las normas cuestionadas permiten la tala de árboles, siempre y cuando no sean originarios o autóctonos de la zona, lo que permite cobertura de zona vegetal en las montañas de Heredia. Sobre el tema, se cita el voto 3923-07 y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. Tome nota la Asamblea Legislativa de lo dispuesto en el último párrafo del primer considerando de esta sentencia. Comuníquese esta sentencia a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Los Magistrados Jinesta Lobo y Castillo Víquez ponen nota. RF

CONTRALORIA. 11-013971 / 4491-13. SANCIONES DE INHABILITACIÓN IMPUESTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La norma se impugna en cuanto permite establecer una sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos en sede administrativa, lo cual está vedado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Mendoza contra Venezuela, en sentencia dictada en el mes de setiembre del 2011. Además, porque el concepto de falta grave incluido en la norma no está suficientemente determinado, lo que viola los principios de legalidad y tipicidad contenidos en la Constitución Política y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La Sala, por mayoría declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica que establece la prohibición de ingreso o de reingreso de un funcionario público que cometió un delito o una falta administrativa grave en contra de las normas que integran el sistema de fiscalización de la Hacienda Pública. De acuerdo con la Sala Constitucional ese artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República es conforme con la Constitución, asimismo, no se estimó que violente el artículo 23, párrafo 2°, de la Convención Americana, dado que, la sanción administrativa puede ser impugnada y discutida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. También se estimó que no resultaba aplicable la sentencia de la Corte Interamericana en el caso López Mendoza c./ Venezuela.  El Magistrado Armijo Sancho salvó el voto y declaró con lugar la acción, porque considera que sí es aplicable a este caso lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Mendoza c/ Venezuela. Al ser la Corte Interamericana el intérprete último de la Convención, no es posible entender sus decisiones en un sentido distinto del que ella ya ha establecido, que para este caso consiste en que solamente por decisión de un juez de la República puede inhabilitarse a un funcionario público por falta administrativa. Los magistrados Cruz y Rueda ponen nota. Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. El Magistrado Castillo Víquez consigna razones adicionales. Los Magistrados Cruz y Rueda ponen nota. El Magistrado Armijo salva el voto y declara con lugar la acción en todos sus extremos. SL

PENSIONES ALIMENTARIAS. 13-3271 / 4627-13. PENSIÓN ALIMENTARIA PARA HIJOS MAYORES DE EDAD CON ALGUNA DISCAPACIDAD. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 173 inciso 5) del Código de Familia. La norma señala que: “No existirá obligación de proporcionar alimentos: 5) Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable. Estos requisitos deberán probarse al interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento académicos.” El accionante considera que este artículo crea una desigualdad para el caso de los hijos con alguna discapacidad, que no pueden estudiar.  Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. RF

TRABAJO. 12-016999 /4470-13. SEGURO DE COBERTURA TOTAL A VEHÍCULOS DE USO DISCRECIONAL. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 18 y 72 del Reglamento de Transportes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. La norma regula que los vehículos de uso discrecional para los altos funcionarios de la Institución y algunos otros casos especiales, sí se les cancela seguro de cobertura total, mientras que los vehículos de trabajo que usan los demás funcionarios para el ejercicio de sus funciones, NO tienen seguro de cobertura total. Lo cual resulta contrario al artículo 33 de la Constitución debido a la discriminación clara entre los funcionarios de Alto Rango con el resto de funcionarios. Sobre el artículo 18 que establece las pólizas totales a ciertos vehículos, se rechaza de plano la acción, por no tener legitimación el sindicato recurrente. Por otra parte, el artículo 72 dispone la sanción pecuniaria o disciplinaria de los funcionarios que conducen de vehículos del estado, aún cuando hayan sido absuelto en vía judicial. Sobre este tema se citan los votos 5594-94 y 4395-96. Se rechaza por el fondo la acción en cuanto al artículo 72 del Reglamento de Transportes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En lo demás, se rechaza de plano. RF y RP

TRANSITO. 12-013927 / 4612-13. MULTA Y REBAJO DE PUNTOS  POR CONDUCIR VEHÍCULO SIN REVISIÓN TÉCNICA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 71 bis inciso d) y 132 ñ de la Ley de Tránsito. Las normas se impugnan en cuanto se establece que al desempeñar la labor de chofer en la zona de Pacuare de Pérez Zeledón, se le realizó la boleta de citación número 2-2012-245000180 debido a que el vehículo que conducía no poseía revisión técnica vehicular, y en consecuencia se le rebajaron quince puntos de su licencia de conducir. Manifiesta que esta sanción aunada a las boletas de citación realizadas con anterioridad, lo dejaron sin puntos, por lo que su licencia de conducir fue retenida. Menciona que la sanción que le fue impuesta al conducir un vehículo que no es de su propiedad, y que le fue asignado para realizar su trabajo, violenta su derecho al trabajo, debido a que se le obstaculiza el ejercicio de su labor, a través de la cual obtiene el sustento diario, sin tener otra actividad a la cual dedicarse.  Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara SIN lugar la acción, interpretándose que la sanción del rebajo de puntos contenida en el artículo 71 bis inciso d) de la Ley de Tránsito por violar el artículo 132 inciso ñ de la Ley de Tránsito no resulta inconstitucional, siempre y cuando el conductor sancionado sea a su vez el propietario registral del vehículo. Notifíquese. SL

TRIBUTARIO. 12-010369 / 4468-13. SANCIONES POR MOROSIDAD A PERSONAS JURÍDICAS. Acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Personas Jurídicas. No. 9024 del 22-12-2011. Se acusa que la Ley impugnada sanciona a las personas jurídicas que no han pagado el impuesto, de manera que no pueden sacar certificaciones por estar morosas. Sobre el alegato de la acusada discriminación por no gravarse otras figuras asociativas, se cita el voto 5933-12. Sobre la doble imposición tributaria, se cita el voto 992-13. Finalmente, sobre la acusada afectación de la capacidad contributiva, se suspende la tramitación de esta acción hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramita en expediente número 12-016277-0007-CO, únicamente en cuanto se alega violación de la capacidad contributiva respecto al impuesto establecido en la Ley No. 9024 denominada "Impuesto a las Personas Jurídicas". En cuanto a los demás extremos, se rechaza por el fondo la acción. RF y Se suspende

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. 13-001575 /5091-13. AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La norma que se cuestiona señala que “no procede el amparo: b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder
Judicial.” Sobre el tema, se cita el voto 2277-92. Se rechaza por el fondo la acción. El Magistrado Castillo salva el voto. RF

COMERCIO. 11-011512 / 5692-13. SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley No. 7472 del 20-12-1994. La norma se impugna en cuanto impone sanciones muy onerosas para las empresas sancionadas y ello lesiona -entre otros- el principio constitucional de razonabilidad. Además, el hecho de que ese artículo disponga que las infracciones que a juicio de la Comisión para Promover la Competencia, revistan "gravedad particular", también lesiona el principio de tipicidad de las sanciones administrativas. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara SIN LUGAR la acción. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara con lugar la acción con sus consecuencias. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. SL

PENITENCIARIO. 12-002258 / 5587-13. BENEFICIOS A PRIVADOS DE LIBERTAD CON CAUSAS PENDIENTES. Acción de inconstitucionalidad contra la Directriz-Circular 6-2006 del 27-06-2006 del Instituto Nacional de Criminología y acuerdo adoptado en sesión 3666 artículo 110 del 27 de junio del 2010, por tanto segundo; Directriz-Circular 3-2011 del 06-04-2011 del Instituto Nacional de Criminología y acuerdo adoptado en sesión 4285 del 06 de abril del 2011, artículo 64, por tanto cuarto; Directriz-Circular 4-2011 del 27-04-2011 del Instituto Nacional de Criminología y acuerdo adoptado en sesión 4289 del 27 de abril del 2011, artículo 68, por tanto artículo 1 inciso a); Directriz-Circular 7-2010 del 03-11-2010 del Instituto Nacional de Criminología y acuerdo adoptado en sesión 4227 del 03 de noviembre del 2010, artículo 67, por tanto uno a). Señala que las directrices administrativas impugnadas, permiten la eliminación de beneficios para los privados de libertad que tengan expedientes judiciales pendientes, de manera que no se enviarán los expedientes administrativos de los privados de libertad para valorar un cambio de nivel, lo que a juicio del accionante viola el principio de inocencia. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

TRIBUTARIO. 12-003251 / 5588-13. NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE VENTAS LOS SERVICIOS DE VENTAS DE MERCANCÍAS GRAVADAS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 11 inciso b de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Impuesto General sobre las Ventas. La norma señala que la base imponible en ventas de mercancías. En las ventas de mercancías el impuesto se determina sobre el precio neto de venta, que incluye para estos efectos el monto del impuesto selectivo de consumo, cuando las mercancías de que se trate estén afectas a este impuesto. No forman parte de la base imponible: b) El valor de los servicios que se presten con motivo de las ventas de mercancías gravadas, siempre que sean suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado. Asimismo el artículo 17 del Reglamento señala que no forman parte de la base imponible si son suministrados por personas ajenas al contribuyente. Lo que  juicio del accionante es violatorio del principio de igualdad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

TRIBUTARIO. 12-8083 / 5939-13. SE DETERMINA IMPUESTO CON DESTINO ESPECIFICO SIN CONSULTAR AL IFAM. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 87 inciso a) de la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. No. 7800 del 30 de abril de 1998. La norma se impugna, por cuanto en dicha ley se creó el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), sin embargo en el proyecto de ley correspondiente No. 12790, donde fue tramitado, no se realizó la consulta que impone el artículo 190 constitucional al IFAM, a pesar de que el artículo 139 del proyecto original redireccionaba recursos que recibe el IFAM para la Dirección que se pretendía crear. Indica que fue por una consulta dirigida a la Federación Costarricense de Voleibol que el Presidente Ejecutivo de aquel momento, emitió un criterio sin informar a la Junta Directiva, a pesar de que según el inciso j) del artículo 11 de la Ley No. 4716 y el inciso n) artículo 3 del Reglamento de la Junta Directiva, Presidencia y Dirección Ejecutiva, es la Junta quien debe fijar el criterio institucional en respuesta a las consultas que sobre proyectos de ley y dictámenes, remita a la Institución la Asamblea Legislativa. Refiere que incluso posteriormente se aprobó un texto sustitutivo, el cual modificó no solo la institución creada, sino las condiciones en que el IFAM debería trasladar un 25% del impuesto de consumo girado a su favor, según el inciso a) del artículo 87 finalmente aprobado, respecto del cual tampoco fue consultada la institución que representa.  Señala que dicha afectación no atañe únicamente al IFAM, sino también a todos los Municipios, ya que el 50% de su presupuesto debe ser distribuido entre todas las Municipalidades, con lo cual se dio una afectación a éstas, respecto de la cual tampoco fueron consultadas. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

COMERCIO. 12-09094 / 06119-13. MULTA POR PERJUICIO FISCAL EN DECLARACIÓN ADUANERA. Acción de inconstitucionalidad contra el inciso 25 del artículo 236 de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557, publicada en La Gaceta Nº 212 del 08   de   noviembre   de 1995. En  criterio  de  la  promovente, la  norma impugnada  atenta  contra  los  principios  constitucionales  de  razonabilidad  y proporcionalidad, pues impone una multa única de 500 pesos centroamericanos (500 dólares) cuando se cause perjuicio fiscal; sin embargo, la norma no permite una gradualidad en la pena ni tampoco diferenciar si se actuó con intención o no. Sostiene que la sanción surge a partir de una diferencia de cualquier monto, es decir, de 1 colón en adelante. Para cualquier diferencia la multa a imponer es fija. Refiere que, por ejemplo, en materia de impuesto internos (renta, ventas, selectivo de consumo, entre otros), el Código de Normas y Procedimientos Tributarios fija una multa de un 25% de la diferencia de los impuestos que se establezca que debió pagarse (artículo 81), multa que sí es proporcionada pues en su caso los montos que  hubiese  tenido  que  cancelar  serían  de 4.253  colones  y 751  colones respectivamente, y no de 500 dólares cada multa. En este caso, con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción. SL

FAMILIA. 12-012657 / 6120-13. PROCESO DE FILIACIÓN.