PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. Sentencia: 15-90, 1734-92, 1739-92

 

“El derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.” Sentencia 15-90

 

"Tampoco se ha violado el principio del debido proceso, por cuanto la Corte Plena, al nombrar los jueces no ejercita una competencia de carácter sancionatorio. El principio del debido proceso garantiza que ningún derecho subjetivo puede ser restringido ni eliminado sin previa garantía de defensa del eventual perjudicado. En el presente caso, por carecer los jueces de un derecho subjetivo a la reelección, es evidente que la Corte Plena puede discrecionalmente no reelegirlos, ya que, (como se dijo), no se trata del ejercicio de una potestad de carácter sancionatoria...Sentencia 634-94

 

“La simple discrepancia del recurrente con su defensor no es motivo para estimar que se ha violado el debido proceso y el derecho de defensa, pues es precisamente a su defensor, profesional en derecho, al que corresponde determinar la posibilidad y oportunidad de presentar una incidencia y, de cualquier modo, el interesado tiene la posibilidad de nombrar a otro abogado defensor.”  Sentencia 568-95

 

"La Administración debe, en atención al derecho de defensa del administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria." Sentencia 5469-95

 

 “Debe indicarse que esta Sala ha venido perfilando el contenido del debido proceso, haciendo la distinción entre infracciones al proceso legal – o violaciones “in procedendo - que pueden ser corregidas a través del curso del procedimiento administrativo o ante la jurisdicción ordinaria, y las infracciones sustanciales a ese procedimiento, que inclusive pueden ir más allá del contenido de las normas procesales y cuyo irrespeto provoca verdadera indefensión, siendo este un vicio que sí debe ser analizado por la Sala Constitucional a través del recurso de amparo.” Sentencia 10735-02

“En aplicación de los principios de gratuidad (artículo 328 ibídem) e informalismo a favor del administrado (artículo 224 ibídem) que rigen el procedimiento administrativo, el legislador dispuso que el administrado podrá ejercer, optativamente, una defensa material o técnica ante la administración pública (artículo 220 ibídem), lo que significa que sólo en casos excepcionales o extremos -por su complejidad y repercusiones socioeconómicas-, la administración pública puede exigirle patrocinio letrado (defensa técnica). En consecuencia, cuando el administrado ejerce una defensa material, es decir, cuando actúa sin representación o asistido por un abogado que no tiene alguna especialidad académica o experiencia previa e idóneamente comprobada en el ámbito del Derecho Administrativo, la omisión de los recaudos del artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública produce una grosera lesión al orden constitucional. Si al administrado o al representante legal -sin formación académica o experiencia previa e idóneamente comprobada en el campo del Derecho Administrativo- simplemente se les notifica el acto administrativo, y se omite indicarles los recursos procedentes, plazos para interponerlos y órganos competentes para resolverlos, se produce una grosera indefensión al omitirse el cumplimiento de  una formalidad sustancial (artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública), lo adquiere relevancia constitucional. De acuerdo con lo que se ha venido expresando, cuando el administrado ejerza una defensa material -sin representante- o técnica –con patrocinio letrado- bajo las condiciones indicadas la omisión de los requisitos de la comunicación indicados en el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública produce una grosera lesión al derecho defensa como garantía integrante del debido proceso y como el asunto adquiere relevancia constitucional, puede ser analizada a través del recurso de amparo.” Sentencia 4632-03

  

La Sala únicamente está facultada para determinar los alcances del principio constitucional del debido proceso y su derivado, el derecho de defensa, sin calificar, ni valorar las circunstancias del caso concreto, aspecto que corresponde dilucidarlo a la autoridad consultante.” Sentencia 7958-05

 

“dice el párrafo primero del artículo 39 de la Constitución Política, disposición -junto con el artículo 41 ejúsdem- de la que deriva el principio constitucional del debido proceso, entendido como el procedimiento judicial justo, que es aplicable no sólo a los procesos penales, sino además, a todos los judiciales, y también administrativos. Concretamente, del artículo 39 se reconoce el principio de inviolabilidad de la defensa, ya que para ejercitarla es necesario un procedimiento reglado en la ley; en tanto la sentencia firme a que la que se refiere la norma constitucional, tiene que ser lógicamente el resultado de un juicio pendiente, en el que se hayan dado todas las garantías del debido proceso y derecho de defensa. En virtud de ello, es que es violatorio de este principio -y por ende de los artículos 39 y 41 constitucionales- el pretender establecer efectos jurídicos de un proceso penal sin que haya mediado procedimiento al efecto, como lo ha señalado en forma reiterada esta Jurisdicción.” Sentencia 18352-09

“Si bien es cierto este Tribunal Constitucional, en anteriores oportunidades, ha sostenido que cuando se da un despido sin responsabilidad patronal en perjuicio de un funcionario de confianza por la supuesta comisión de alguna falta disciplinaria, se deben respetar las reglas del debido proceso (por ejemplo, las sentencias Nos. 2005-06758 de las 22:30 hrs. de 31 de mayo de 2005 y 2007-05650 de las 16:39 hrs. de 25 de abril de 2007); bajo una mejor ponderación del caso, se cambia el criterio expuesto y se considera que, dado que, los funcionarios nombrados en puestos de confianza son de libre nombramiento, por consiguiente, son de libre remoción para el empleador.” Sentencia 17928-10

En el caso concreto, el recurrente indica que por resolución 2777-09 de las ocho horas treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil nueve, dictada dentro de la causa disciplinaria número 519-09, el Ministro de Educación Pública ordenó el cese de su nombramiento como Profesor de Enseñanza Media, luego de constatar que se había ausentado sin justificación, los días once y veinticinco de junio de dos mil nueve. Aduce que previo al dictado de dicha resolución no se siguió el debido proceso, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales. Con vista en lo anterior, debe indicarse que luego de analizar los elementos aportados a los autos por la autoridad accionada, la Sala considera que en el presente asunto no existe lesión alguna a los derechos fundamentales del tutelado, pues la resolución 2777-09, fue dictada con fundamento en la tesis que este Tribunal sostenía en ese momento, en el sentido de que no resultaba necesario cumplir con los elementos del debido proceso, en los supuestos de faltas de mera constatación, criterio que fue variado a partir del dictado del voto número 2010-11495 de las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos del treinta de junio de dos mil diez. Ergo, el nuevo criterio de la Sala se aplica a partir de la fecha en que se adoptó la resolución 2010-11495. Así, en virtud de lo anterior, lo procedente es desestimar el recurso planteado, por estimar que la actuación recurrida no es contraria a derecho…” Sentencia 16530-10, 11495-10

 

De lo expuesto, y la jurisprudencia parcialmente transcrita esta Sala se ajusta nuevo criterio jurisprudencial que considera violatorio del debido proceso la destitución del funcionario respecto de las faltas denominadas “por mera constatación” sea sin haberse instruido un procedimiento administrativo con observancia de las garantías del debido proceso. Esta omisión, a la luz de los argumentos sostenidos en el considerando que antecede, hace que el despido del recurrente sea arbitrario y contrario a los derechos reconocidos en los artículos 39 y 41 constitucionales. Lo anterior no es óbice para que si concluido el procedimiento administrativo y existe mérito suficiente, se imponga la sanción que corresponda con arreglo a Derecho. En consecuencia, se declara con lugar el recurso, restituyase al recurrente en el pleno goce de sus derechos.” Sentencia 15659-10