PRINCIPIO DE IGUALDAD

 

 

Principio de Igualdad. “El presupuesto esencial de este principio, es el hecho de que debe existir igualdad de situaciones entre las personas que se consideran víctimas de la violación y otras que se señalen como término de comparación, es decir la determinación del quebranto constitucional, se hace mediante un cotejo de supuestos en que la desigualdad aparezca de una forma notoria, como en el caso en examen, donde no es necesario hacer distinciones artificiosas o arbitrarias, para establecer la violación.” Sentencias: 2531-94, 196-91, 1942-92, 7582-02.

 

El principio de igualdad tal y como  ha sido entendido por el  Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución, que son el corolario de la dignidad humana.

 

 “...el principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, por lo que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales." Sentencia: 1942-94

 

 

Igualdad ente la Ley significa solo igual trato en condiciones iguales, pues resultaría contrario a ese principio aplicar una misma medida en condiciones diferentes. Pero debe hacerse hincapié en que no toda diferencia constituye causa legítima para establecer un distinto trato, menos aún sin restricción alguna, pues la diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan la medular del caso, además de que el quebranto constitucional también podría producirse por exceso, es decir, cuando se adoptan medidas exhorbitadas en relación a las diferencias que pudieran justificar algún distinto trato.” Sentencia 1785-90

 

“Si bien es cierto que la Constitución faculta para crear una desigualdad por vía de ley respecto de los extranjeros, también es cierto que esas excepciones no pueden infringir los demás derechos que consagra la Carta Fundamental, pues ello permitiría la desconstitucionalización de todas las garantías, a que tienen derecho los extranjeros, por vía de ley, lo cual no es posible en nuestro sistema de derecho. Las desigualdades entre extranjeros y costarricenses sólo pueden ser dadas por la Constitución y por ley cuando ésta respete aquella supremacía.” Sentencia 2050-91

 

“La jurisprudencia constitucional a través de varios pronunciamientos ha logrado decantar el contenido del principio de igualdad establecido en el artículo 33 de la Constitución, señalando que por medio de él, se prohibe hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales, se acuerda, en principio, un trato igual a situaciones iguales y se posibilita un trato diferente a situaciones y categorías personales diferentes Pero la exigencia de igualdad no legitima cualquier desigualdad para autorizar un trato diferenciado, para determinar si realmente se justifica una discriminación, hay que analizar si el motivo que la produce es razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias particulares del caso se justifica un tratamiento diverso.” Sentencia 1372-92

 

“El principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben contribuir a los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones idénticas deben imponerse los mismos gravámenes, lo cual no priva al legislador de crear categorías especiales, a condición de que no sean arbitrarias y se apoyen en una base razonable.  De manera que resulta contrario a la igualdad, a la uniformidad y a la imparcialidad, el establecimiento de un impuesto que no afecta a todas las personas que se encuentran en la misma situación, sino que incide en una sóla clase de personas, ya que se está infringiendo la obligación constitucional, de extenderlo a todos los que están en igualdad de supuestos. El principio de igualdad constitucional genera el principio administrativo de igualdad ante las cargas públicas, sea dar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones análogas, excluyendo todo distingo arbitrario o injusto contra determinadas personas o categorías de personas, en consecuencia no deben resultar afectadas personas o bienes que fueren determinados singularmente, pues si eso fuera posible, los tributos tendrían carácter persecutorio o discriminatorio.” Sentencia 633-94

 

“El principio a la igualdad ante la ley se viola, si alguna disposición otorga un trato distinto, sin motivo justificado, a personas que se encuentren en igual situación, o sea que para una misma categoría de personas las regulaciones tienen que ser iguales.” Sentencia 500-95

 

“El artículo 33 de la Constitución Política, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe toda práctica de discriminación que resulte contraria a la dignidad humana, precepto al cual, el Constituyente le otorgó el rango de uno de los valores superiores que informan nuestra Constitución. Así las cosas, el Estado debe, a través del Poder Legislativo,  emitir las  leyes  con absoluto respeto al  principio de igualdad.  Lo anterior,  no implica que deba darse un trato igualitario a todos los grupos de personas, pues, por el contrario, se debe procurar que, en iguales condiciones, se apliquen las mismas medidas jurídicas. Lo anterior, toda vez que, existen grupos de personas que, por sus  condiciones particulares, se encuentran en una situación distinta a los demás, siendo que, de otorgárseles el mismo trato, se les estaría colocando en una condición de desventaja que resultaría discriminatoria. Ahora bien, en ese sentido, las personas que presentan alguna discapacidad física, sea ésta temporal o permanente,  se encuentran, objetivamente, en una situación distinta a la del resto de las personas, por lo que otorgar un trato igualitario en ambos casos, implicaría una vulneración al principio de igualdad.” Sentencia 5694-08

“Ante ello, cabe indicar que a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional la jurisprudencia y los precedentes de esta jurisdicción son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Ello implica que, ante nuevas situaciones de hecho que resulten similares, este Tribunal -previo estudio- podrá decidir en forma diversa. El cambio de criterio de esta Sala se puede dar tanto en relación con precedentes que estiman un recurso, como también respecto de sentencias desestimatorias de un proceso planteado con anterioridad. Así las cosas, y luego de una nueva ponderación de la situación, se procede a variar el criterio que se había vertido en la sentencia supracitada. Y es que este Tribunal estima que resulta irrazonable e injustificado que al realizarse la revisión técnica vehicular no se verifique el cumplimiento de los requisitos o exigencias impuestas por las normas de accesibilidad ya contenidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y sus reglamentos.” Sentencia 11861-08

“el parámetro económico que utiliza la Caja es extremadamente bajo y desproporcionado en comparación con las necesidades que debe cubrir una persona con discapacidad, ya que el monto de la canasta básica alimentaria establecida por el INEC, sólo toma en consideración los alimentos o productos básicos para un persona sin discapacidad, pero en dicha estadística no se incluyen otros productos o gastos en los que incurre una persona con necesidades especiales en virtud de una discapacidad. De esta forma, el monto que se obtiene al calcular una y media veces el monto de la canasta básica, dista mucho de ser un parámetro económico razonable y proporcional para la realidad económica social de las personas con discapacidad, independientemente, si se trata de una persona con parálisis cerebral profunda, una persona con invalidez de un 66%, o un adulto mayor que por sus condiciones de avanzada edad podría ver disminuidas sus capacidades y ser tomada en cuenta dentro del grupo de personas con discapacidad. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que la Caja Costarricense de Seguro Social, al emitir una normativa destinada en forma general a varios grupos de personas, que ofrece un trato irrazonable e igualitario a las personas con discapacidad, sin tomar en consideración sus necesidades básicas y con la consecuente discriminación que ello genera, incumple con su obligación de brindar una protección especial al anciano, al niño y las personas con discapacidad. En virtud de ello, estima este Tribunal que el artículo 4 del Reglamento al Régimen No Contributivo de Pensiones aprobado el 17 de mayo del 2007, es inconstitucional por contravenir lo dispuesto en los artículos 33, 50 y 51 de la Constitución Política.” Sentencia 16300-09

 

“Es precisamente con el sistema de paridad y con la creación e implementación del mecanismo de alternancia, que el Estado costarricense asegura la realización práctica del principio de igualdad entre hombres y mujeres protegido a nivel Constitucional y Convencional, pues permite una participación equilibrada e igualitaria entre ellos, en el escenario político, sin distingo…. Ciertamente, la alternancia tampoco garantiza que las personas más capacitadas queden ubicadas en las listas con mayor posibilidad de ser electas, pues ese no es su objetivo, sino únicamente el garantizar que, una vez hecho el proceso de selección, candidatos y candidatas, puedan acceder a las listas en condiciones de igualdad o equilibro, que es lo que exige el marco convencional y constitucional costarricense…En consecuencia, esta acción debe declararse sin lugar, pues la alternancia, por sí misma, no limita o impide, de ninguna manera, a las personas –hombres o mujeres-, “más capacitadas” a postularse o resultar electos en cargos de elección popular, por el hecho de que se deban colocar en una manera alterna en la papeleta, pues es erróneo pensar que las personas “más capacitadas”, sólo tienen posibilidades reales de resultar electas si se colocan de manera consecutiva –siendo del mismo sexo.”Sentencia 1966-12

 

“…el principio de igualdad de oportunidades y de condiciones reales de vida, son el fundamento y propósito de numerosas normas y principios consagrados en la Constitución y en Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, lo cual evidentemente en el caso en cuestión, es infringido al limitar hasta el segundo grado de consanguinidad la autorización para  conducir un vehículo de una persona que presenta algún grado de discapacidad. Aunado a ello, la igualdad de oportunidades es inherente a la idea de igual dignidad de la persona, por lo cual, limitar el grado de consaguinidad de dicho grupo social, se convierte en una restricción excesiva que impide alcanzar la igualdad para los desiguales.  Así las cosas, en criterio de esta Sala, la norma impugnada, no tiene elementos de razonabilidad técnica que la justifiquen, ya que deja sin efecto el ejercicio de un derecho que la ley ya había reconocido a las personas con discapacidad, lo cual lo vuelve inconstitucional por infracción del principio de razonabilidad...” Sentencia 266-12

 

“…En este caso en particular, debe realizarse un especial análisis en torno al elemento de `necesidad´, toda vez que la autoridad recurrida fundamenta la imposición de la limitación de la edad en la especial naturaleza de las funciones que deben cumplirse en la seguridad ciudadana. Concuerda esta Sala en que la naturaleza de las funciones de un oficial de policía justifican la imposición de ciertos requisitos (…)sin embargo,  también considera  que la sola edad no es un factor que establezca de forma clara y precisa la condición física de las personas (...)Es decir, existen otras opciones (…)de modo que no se discrimine en razón de la edad.  De  esta  manera,  comprueba  este  Tribunal  la  lesión  a  los  derechos fundamentales de la amparada, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso…” Sentencia 2569-12

 

“…Sobre el particular, es menester analizar el principio de razonabilidad de las normas. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (...) Así, un acto limitativo de derechos es razonable cuando, amén de legítimo, cumple la triple condición de ser necesario, idóneo y proporcional…” Sentencia 2569-12

  

“…el accionante presentó una oferta de servicios la cuál fue rechaza en el proceso de reclutamiento y selección (…) por contar con más de cuarenta años de edad (…)Al respecto, la Sala reitera (…) por considerar que lesiona el principio de razonabilidad y resulta discriminatorio limitar el acceso al cargo fundándose exclusivamente en la edad del concursante, por no ser un factor que por sí solo, define las condiciones físicas de una persona, siendo que, tal requerimiento puede ser solventado mediante exámenes o pruebas físicas. Una diferenciación de trato para acceder o no al servicio público fundada exclusivamente en la edad, es siempre sospechosa constitucionalmente, en  cuanto  utiliza  un  parámetro normalmente discriminatorio que no es relevante -por si mismo- para el servicio de que se trata; como si lo sería, en cambio, la condición de aptitud física o mental del aspirante…” Sentencia 3685-12

 

“…Sobre la supuesta violación al principio de igualdad. Igualmente, si el recurrente considera que otra persona que se encuentra en su misma situación fue incorporado al Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, esto no implica discriminación alguna en su perjuicio, toda vez que el principio de igualdad, que consagra el artículo 33 Constitucional, no concede un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, y no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. En este caso no se ha acreditado con prueba idónea que ambos personas estén en la misma situación…” Sentencia 4190-12

 

 “…Así, y sujeto al principio de reserva de ley, pueden establecerse limitaciones al ejercicio de la actividad profesional para procurar la no afectación a terceros, la protección de la moral y el orden público...” Sentencia 4190-12

 

“…Ese principio es el que alegan los recurrentes infringido por la decisión del Presidente del Parlamento de negarle permiso para ausentarse del plenario a los diputados que, como ellos, integran el Partido Liberación Nacional, mientras que sí se le otorga a las personas que integran otras fracciones políticas. Se considera que esa disposición administrativa es discriminatoria (…), según se desprende de los oficios que presenta, todas las personas solicitantes y a quienes se les negó el permiso de ausentarse forman parte del Partido Liberación Nacional, (…) si bien el Presidente recurrido tiene la facultad de conceder o denegar tales permisos, ello debe hacerse bajo parámetros objetivos que no signifiquen menoscabo alguno en los derechos fundamentales de las personas requerientes, como en este caso…” Sentencia 4771-12

 

“...La igualdad, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala, se viola cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. En ese sentido, el principio de igualdad no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, como tratamiento diverso, si existen parámetros objetivos que fundan tal distinción, examen que deberá hacerse en cada caso concreto al analizar la proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad…” Sentencia 4771-12

 

“…se constata que el menor amparado posee una discapacidad visual, que existen criterios médicos y docentes que prescriben su estimulación visual, y que pese a
que la Directora del Centro educativo donde está el menor solicitó al Ministerio
recurrido un especialista en defectos visuales (…)las autoridades de dicho Ministerio procedieron a denegar la solicitud sin ofrecer alternativa alguna, en detrimento del interés superior del menor. No siendo sino, hasta con posterioridad a la presentación de este recurso que se procederá a realizar una valoración al menor (…)para determinar los apoyos educativos que su proceso educativo requiere, se constata la violación de los derechos fundamentales del menor a recibir una atención especial a sus necesidades especiales (interés superior del menor, igualdad y educación), razones por las cuales procede la estimatoria de este recurso…”
Sentencia 5353-12

“Ante ello, cabe indicar que a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional la jurisprudencia y los precedentes de esta jurisdicción son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Ello implica que, ante nuevas situaciones de hecho que resulten similares, este Tribunal -previo estudio- podrá decidir en forma diversa. El cambio de criterio de esta Sala se puede dar tanto en relación con precedentes que estiman un recurso, como también respecto de sentencias desestimatorias de un proceso planteado con anterioridad. Así las cosas, y luego de una nueva ponderación de la situación, se procede a variar el criterio que se había vertido en la sentencia supracitada. Y es que este Tribunal estima que resulta irrazonable e injustificado que al realizarse la revisión técnica vehicular no se verifique el cumplimiento de los requisitos o exigencias impuestas por las normas de accesibilidad ya contenidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y sus reglamentos.” Sentencia 11861-08

“el parámetro económico que utiliza la Caja es extremadamente bajo y desproporcionado en comparación con las necesidades que debe cubrir una persona con discapacidad, ya que el monto de la canasta básica alimentaria establecida por el INEC, sólo toma en consideración los alimentos o productos básicos para un persona sin discapacidad, pero en dicha estadística no se incluyen otros productos o gastos en los que incurre una persona con necesidades especiales en virtud de una discapacidad. De esta forma, el monto que se obtiene al calcular una y media veces el monto de la canasta básica, dista mucho de ser un parámetro económico razonable y proporcional para la realidad económica social de las personas con discapacidad, independientemente, si se trata de una persona con parálisis cerebral profunda, una persona con invalidez de un 66%, o un adulto mayor que por sus condiciones de avanzada edad podría ver disminuidas sus capacidades y ser tomada en cuenta dentro del grupo de personas con discapacidad. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que la Caja Costarricense de Seguro Social, al emitir una normativa destinada en forma general a varios grupos de personas, que ofrece un trato irrazonable e igualitario a las personas con discapacidad, sin tomar en consideración sus necesidades básicas y con la consecuente discriminación que ello genera, incumple con su obligación de brindar una protección especial al anciano, al niño y las personas con discapacidad. En virtud de ello, estima este Tribunal que el artículo 4 del Reglamento al Régimen No Contributivo de Pensiones aprobado el 17 de mayo del 2007, es inconstitucional por contravenir lo dispuesto en los artículos 33, 50 y 51 de la Constitución Política.” Sentencia 16300-09

“El principio de igualdad es un principio rector de nuestra democracia constitucional y permea todo el sistema político y jurídico, no sólo en su dimensión subjetiva, sino objetiva. En consecuencia, ninguna política ni norma puede abstraerse de cumplir con este principio básico, que en el caso concreto, ni siquiera significa dar un trato mayor a favor de las mujeres o de los hombres, ya que el tratamiento para ambos es el mismo en porcentaje y modalidad. Lo que pretende el mecanismo de la alternancia, como bien lo apunta el Tribunal Supremo de Elecciones, es incorporar la diversidad de género a la democracia, en igualdad de condiciones para ambos géneros. Este mecanismo no puede provocar una discriminación en perjuicio de personas “más capacitadas” o de restarles posibilidades, según lo argumenta el accionante, ya que precisamente busca todo lo contrario, que es garantizar las mismas oportunidades de resultar electos o electas en los lugares de mayor posibilidad tanto a hombres para mujeres. Por el contrario, la ausencia del mecanismo de la alternancia dejaría a los partidos políticos en la libertad de proponer una nómina de candidatos según sus intereses, con la posibilidad de que aún respetando la paridad (50% para cada género), las mujeres terminen en el “piso” de la lista -como ha sucedido en el pasado-, lugar en que no tendrían mayor opción electoral, ya que en nuestro sistema político, los partidos políticos compiten no sólo por un número determinado de cargos, sino que el reparto de escaños se da en forma descendente dependiendo del número de votos obtenidos…” Sentencia 1966-12

“…estas multas no buscan castigar la condición social y económica de grupos específicos de extranjeros, sino sancionar una situación migratoria irregular. En este sentido, las diferencias que existan entre extranjeros no varían las circunstancias de aplicación de la ley en cuestión, pero sí se hace necesario resaltar que la ley prevé un mecanismo distinto que le compatibiliza con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, en cuanto que, si el migrante no puede hacer frente a la sanción económica, puede optar por una totalmente distinta a la económica, es decir, la prohibición de ingreso al país por el triple del tiempo de su permanencia irregular. En consecuencia se estiman infundados los reclamos de los accionantes respecto de la violación del principio de igualdad, debido a que contrario a lo que se ha dicho, no existe lesión alguna del principio de igualdad formal, el cual implica un tratamiento igual para los iguales y desigual para los desiguales por parte de la ley, dado que éste se cumple a cabalidad en las normas cuestionadas en las cuales -sin distingo alguno-todos los extranjeros que hayan incurrido en una conducta bien definida…” Sentencia 5651-12

“…se crea una limitación que restringe, innecesariamente, el compromiso frente a las población discapacitada, de aplicar normas que permitan superar reducir la desigualdad real, aplicando medidas que propicien una igualdad que sólo se logra mediante acciones jurídicas y adminsitraivas solidarias. La norma comentada en lugar de eliminar los obstáculos para la inserción de este grupo social, establece medidas irrazonables que no reducen la desigualdad real que debe enfrentar la población que padece algunadiscpacidad y que impide su movilidad. No se constata, en modo alguno que dicha medida o limitación esté justificada por la situación real de los individuos o grupo social en cuestión, motivo por el cual en criterio de éste Tribunal dicha diferenciación es inadmisible, pues no se determina que la finalidad de la medida impuesta, sea constitucionalmente legítima. Como bien se indicó, el principio de igualdad de oportunidades y de condiciones reales de vida, son el fundamento y propósito de numerosas normas y principios consagrados en la Constitución y en Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, lo cual evidentemente en el caso en cuestión, es infringido al limitar hasta el segundo grado de consanguinidad la autorización para conducir un vehículo de una persona que presenta algún grado de discapacidad…” Sentencia 266-12

“...Esta normativa excepcional,  la cual, autoriza a realizar nombramientos  en  propiedad  sin  haberse  sometido  a  un  procedimiento  de selección público y en igualdad de condiciones, regido por criterios de mérito y capacidad, rompería con el criterio de igualdad en el acceso  a los empleos públicos,  lesionándose  lo  dispuesto  en  los  artículos 33, 191  y 192  de  la Constitución Política.  Nótese que esta normativa, del todo, no prevé la realización de  un  concurso  público  de  antecedentes -mecanismo  por  excelencia  para demostrar la idoneidad- sino que se limita a autorizar a asignar plazas en propiedad a determinados funcionarios que cumplan los requisitos de antigüedad allí dispuestos, excluyéndose, por ende, a todos los demás funcionarios que no cumplan dichos requisitos de años de servicio en determinadas condiciones, pero que desean aspirar a un ascenso o a realizar carrera administrativa dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dicha situación, sin duda alguna, es lesiva del derecho de acceso a los cargos públicos o a la función pública en condiciones de igualdad.   Si bien es cierto el fin último de este tipo de procedimientos -poner coto a los prolongados  interinazgos de la institución- es justificado, no así el medio empleado, por cuanto, se está obviando el mecanismo legítimo para realizar los nombramientos en propiedad y, además, se está obstaculizando el principio de libre concurrencia.   Tampoco es lícito pretender que sólo por ser el único grupo profesional que no se ha visto favorecido  con este tipo de transitorios,  deben aplicárselos a ellos también, para, de este modo,  no vulnerar el principio de igualdad.   El principio de igualdad no autoriza a equiparar situaciones ilegítimas como la que se analiza en el sub lite, tanto así, que, como se examinó supra, este Tribunal declaró la inconstitucionalidad  del  inciso c) del artículo transitorio de la Reforma al Reglamento de Reclutamiento y Selección de Profesionales en Farmacia, Nutrición, Odontología y Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social, que preveía un mecanismo de nombramientos similar al que se examina en esta resolución. ...”  Sentencia 15254-12

“… Sobre el principio de igualdad de las personas con capacidades especiales en relación con el derecho a la educación. En múltiples ocasiones la Sala, como garante de los derechos fundamentales de los individuos, se ha pronunciado sobre la tutela especial que merecen las personas con capacidades especiales a raíz del contenido de los artículos 33 y 51 la Carta Magna. En primer término, es importante señalar que la Constitución Política de Costa Rica y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (instrumento internacional con fuerza superior a la ley por disposición del artículo 7 constitucional) consagran el principio de igualdad de las personas y la prohibición de hacer distinciones contrarias a su dignidad -artículos 33 y 24 respectivamente-. Adicionalmente, los derechos de las personas con capacidades especiales están reconocidos en otros instrumentos internacionales como la "Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", aprobada por la Asamblea Legislativa por ley número 7948 y la "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad", número 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Esta última Convención define en su artículo 1° la discriminación, de la siguiente manera: "El término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales" La referida Convención parte de la premisa de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con capacidades especiales. Del preámbulo de dicha Convención y de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 se desprende que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa razón, se considera que cualquier discriminación o cualquier trato discriminatorio negativo de una persona con capacidades especiales es una violación a sus derechos. Finalmente, reconoce que a las personas con capacidades especiales se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad (ver sentencias número 2001-12062 de las diez horas con veinticuatro minutos del veintitrés de noviembre de dos mil uno, y la número 2003-09003 de las dieciocho horas cuarenta y siete minutos del veintiséis de agosto de dos mil tres). Concretamente en cuanto al derecho a la educación en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad que en su artículo 14 se consagra el derecho de acceso a la educación. La educación de las personas con capacidades especiales deberá ser de igual calidad, impartirse durante los mismos horarios, y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo (ver sentencia número 2005-11543 de las doce horas veinte minutos del veinticuatro de agosto del dos mil cinco)…” Sentencia 16172-13