PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY

 

El último punto que se discute es la violación del principio de retroactividad y el de debido proceso reconocidos en la Constitución Política, dado que se pretende retrotraer en sus efectos la sentencia que fija el precio del alquiler al momento de la presentación del juicio, en contra de la cosa juzgada y de la regla de que las sentencia deben regir hacia el futuro. La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución Política es la que pretende interferir con derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas  nacidas con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de validez y eficacia perfeccionadas  bajo el imperio de otras regulaciones, de forma que sus efectos y consecuencias no pueden ser variadas por nuevas disposiciones, excepto si conllevan beneficio para los interesados.   Sentencia 5667-99

 

El principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 34 de nuestra Constitución Política, debe entenderse en el sentido de que las situaciones y relaciones jurídicas se rigen conforme a las reglas vigentes al momento de constituirse esos vínculos, en virtud de la certeza que debe imperar en el ordenamiento, de modo que los administrados puedan saber a qué atenerse en las relaciones con el Poder Público. Esto significa que el Estado no puede aplicar válidamente hacia el pasado normas jurídicas posteriores para resolver situaciones acontecidas con anterioridad al dictado de dichas normas(…) Lo anterior pues, constatados ambos sentidos, resulta que aunque en la práctica no se revoque las autorizaciones vigentes de los Almacenes para desarrollar su actividad, lo cierto es que al entender que para continuarla deben reunirse los requisitos exigidos para el Depositario Aduanero introducidos por la nueva legislación -artículo 47 de la Ley General de Aduanas- sí ocurre el fenómeno del que se habló en la sentencia N°0518-97, arriba citada, consistente en dejar sin sentido la autorización vigente del Almacén. En consecuencia, materialmente se está dando efecto retroactivo a normativa posterior a situaciones que nacieron a la vida jurídica con anterioridad.    Sentencia 6107-99

 

SOBRE LA APLICACIÓN RETROACTIVIDAD DE LA LEY.- Por otra parte, el recurrente aduce que al momento en el que se llevaron a cabo los hechos investigados no se encontraba vigente la Ley impugnada, y por ello -a su juicio- la aplicación de dicha normativa a su caso particular, constituye una lesión al principio de irretroactividad de la ley. Sin embargo, considera esta Sala que las argumentaciones referidas no corresponden a una aplicación retroactiva de la norma, sino más bien, constituyen un problema de la aplicación de las normas en el tiempo, aspecto que toca resolver al juez de legalidad. Sentencia 4028-10

 

De tal modo, para resolver el planteamiento del accionante debe estudiarse en primer lugar la noción de efecto de retroactivo de la ley, recogida en la primera parte del citado numeral constitucional  porque con ella se establece de forma precisa la acción que se prohíbe cuando se está en  presencia de las condiciones recogidas en el resto del texto, es decir perjuicio para una persona, existencia de derechos adquiridos o constatación de una situación jurídica consolidada. Tal comprensión del concepto señalado y la acción que él describe debe partir del hecho de que lo normal es que las normas jurídicas se promulguen para regular situaciones fácticas o  hechos que ocurren dentro de la época de su vigencia, dejando fuera de su alcance y de sus regulaciones tanto los hechos acaecidos en el pasado respecto de la ley (es decir antes de su entrada en vigor), como también los que suceden luego de la derogación de la norma (o sea después de su pérdida de vigencia). En cambio, en los en casos de retroactividad de la ley se abandona esa situación usual de vigencia de las normas pues en la norma retroactiva toda su estructuración jurídica y su enlace con la realidad se mueve hacia atrás en el tiempo. Sentencia 17820-10

 

Así las cosas, refiere que el 25 de enero de 2000, fue emitido el dictamen No. 008-2000, que ya había vertido criterio en ese sentido. Por lo anterior, indica que en su caso se está procediendo a una aplicación retroactiva de una normativa en su perjuicio, pues durante años se ha venido aplicando un sistema, y no es posible que en irrespeto de sus derechos adquiridos, se le vaya a aplicar otra interpretación de la normativa referida. Pese a los reclamos expuestos por la petente, a criterio de este Tribunal lo planteado corresponde a un problema de aplicación en el tiempo de un dictamen de la Procuraduría General de la República, en el cual se emitió un criterio acerca de la naturaleza jurídica del pago de incapacidades, y no a un asunto de retroactividad de la ley. Conforme lo dicho, el reclamo en cuestión resulta en un  extremo de legalidad que debe ventilarse ante las instancias ordinarias correspondiente. Sentencia 10940-11