D4

 

DESPIDO JUSTIFICADO

(DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD

PATRONAL)

 

Es en la vía judicial donde se demuestra la justificación de la sanción. [ 157 -90]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. ACTOR VIOLENTÓ LA NORMATIVA VIGENTE. En relación con las faltas atribuidas al servidor, de conformidad con las pruebas evacuadas, si bien el supuesto abuso cometido por el actor en perjuicio de la denunciante nunca se logró acreditar fehacientemente, sí quedó claro que violentó las normas vigentes de las cuales tenía pleno conocimiento; las cuales exigían la presencia de otra persona al momento de realizarse una pericia como la que él efectuó. Por otra parte, el incumplimiento achacado revistió un grado suficiente de gravedad, para justificar plenamente la sanción de despido impuesta al servidor. Si éste hubiere acatado las normas establecidas se hubiere evitado una grave denuncia, con directo perjuicio de la imagen, credibilidad y confianza que debe siempre tener e inspirar el Poder Judicial.  Además, debe agregarse que el actor no logró acreditar que la paciente hubiera renunciado al derecho de hacerse acompañar; por el contrario, en diversas ocasiones la denunciante señaló que el médico ni siquiera le advirtió de esa posibilidad, de ese derecho suyo. [113-99]

Contador que no respeta normas técnicas y legales de contabilidad no puede alegar que no existía manual de procedimientos, si se trata de normas básicas de contaduría, ni puede alegar desorden, porque es su labor poner orden: mala praxis: negligencia: pérdida de confianza: [259-00]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PROCESO DE MODERNIZACIÓN. TRABAJADOR INCAPACITADO. El despido del actor es justificado aún cuando fue acordado durante la vigencia de una incapacidad, porque ello no obsta para que el patrono pueda despedir al trabajador cuando hay una causa justa u objetiva de despido como lo fue el proceso de modernización ejecutado en el Banco accionado, que impuso la desaparición de la plaza ocupada por el actor. [646-01]

DESPIDO JUSTIFICADO. Si la actora dudaba de la legalidad del acto o consideraba que afectaba sus derechos adquiridos, bien pudo haberlo impugnado, pero de ninguna manera podía negarse por las meras vías de hecho a entregar un bien que no le pertenecía y que era requerido por la entidad para la realización de las funciones asignadas a la Gerencia. En síntesis, al haber resultado justificado el despido, no le corresponde a la demandante el pago del preaviso ni del auxilio de cesantía. [150-02]

Patrono elimina unilateralmente el plus salarial, lo que facultaba al trabajador a dar por roto el contrato, pero de ninguna manera a hacer huelga ilegal, despido fue justificado: [498-02]

No viola el principio de tipicidad [370-03], [293-04] (Se cita 5594-94 Sala IV)la Sala IV: 5594-94, 6960-94 y 563-97 o bajo rendimiento [434-02], [105-03]

DEBIDO PROCESO EN DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL. NO HUBO VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. Al actor se le notificó el acto de despido basado en la recomendación del Órgano Director del Proceso Disciplinario, poniéndosele en conocimiento de ese sustento; por lo que en modo alguno, puede alegarse desconocimiento de las faltas que se tuvieron por acreditadas y que justificaron el cese de la relación de trabajo. Si luego se le reinstaló y se le concedió un permiso con goce de salario, fue sólo y exclusivamente hasta tanto se resolviera el recurso de amparo por él presentado ante la Sala Constitucional. [004-07]

Despido justificado. Trabajador incapacitado. El patrono puede dar por terminada -justificadamente- la relación laboral estatutaria en período de licencia por enfermedad. [773-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. PRINCIPIOS QUE LO RIGEN. El despido se encuentra regido por varios principios para que su aplicación sea justificada. Entre ellos: principio de causalidad objetiva y psicológica (relación causa-efecto entre los hechos constitutivos de la falta y el acto jurídico del despido); principio de actualidad (despido debe hacerse oportunamente a la falta con fundamento en la cual opera este); principio de proporcionalidad (debe operar una equitativa correspondencia entre la gravedad de la falta y la magnitud de la sanción). [966-07], [1004-07]

DESPIDO DE DIRIGENTES SINDICALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO POR REESTRUCTURACIÓN. No puede concluirse que el despido tuviera una finalidad discriminatoria, que se haya dispuesto con el único fin de entorpecer la labor del sindicato. Quedó demostrado que su cese tuvo lugar por la reestructuración emprendida por el demandado –prevista desde el año 2000-, tendiente fundamentalmente a una mayor eficiencia en la asistencia técnica brindada por dicho instituto; proceso que contó con el aval del Ministerio de Planificación y Política Económica así como con el de la Autoridad Presupuestaria. Los resultados de dicha reestructuración, significaron la supresión de cargos que no representaban interés a nivel estratégico (vigilancia, limpieza y mantenimiento), optando por la contratación de empresas privadas para prestar los servicios prescindidos. Además, dentro del grupo cesado, se incluían tanto personas sindicalizadas como no sindicalizadas, al igual que, un importante grupo de trabajadores sindicalizados continúan vinculados al demandado. Una muestra más de la objetividad con la que se actuó por el demandado lo constituye la contratación de los servicios de un profesional en derecho a efecto de que las medidas implementadas como consecuencia del proceso de modernización emprendido por éste, no resultaran violatorias del fuero sindical que cubría a una parte importante de trabajadores, dentro de los que se incluía, por supuesto, a las actoras. [285-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. PRECLUSIÓN. Sea por inadvertencia o por una estrategia del litigante, en el recurso no es objetada la decisión del tribunal donde se indicó que al haber girado órdenes para que se cargaran en un vehículo de transporte externo cien varillas que no habían sido facturadas, el actor obvió los procedimientos administrativos establecidos y puso en riesgo los intereses pecuniarios de la accionada, con lo cual estimó justificada la decisión patronal. Al no existir objeción en relación con esa concreta decisión, la justificación del despido es un aspecto decidido en firme por efecto de la preclusión; y a nada conduce examinar si existió o no la falta cuya valoración protesta la parte recurrente. [519-09]

SE PRESCINDE DE LOS SERVICIOS DE MINISTRO CONSEJERO Y CÓNSUL GENERAL POR NO ESTAR INCORPORADO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA. La decisión administrativa de prescindir de los servicios del actor, se fundamentó en el acatamiento obligatorio de los votos11252 y 11253 de 2003 de la sala Constitucional. No estaba incorporado a la carrera diplomática, aspecto que no se desvirtuó con el material probatorio; y la remoción fue un acto discrecional de la administración que tuvo amparo legal en el artículo 49 del Estatuto. Además, no existen elementos que permitan arribar a la conclusión de que la demandada haya violentado los límites de su discrecionalidad. [567-09]. Ver también el voto [134-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR IMPRUDENCIA Y FALTA DE CUIDADO. CASO DE CHOFER DE BUS QUE CHOCA POR DETRÁS A OTRO BUS. El actor, como chofer que conducía un autobús con pasajeros en una zona de tránsito denso, tenía la obligación de hacerlo a una velocidad moderada, guardar la distancia que le permitiera maniobrar adecuadamente ante cualquier imprevisto de los vehículos que lo hacían delante del suyo y hacerlo con la atención debida. Si no pudo detener el vehículo oportunamente y se produjo el impacto con las consecuencias señaladas, es de suponer que efectivamente no tuvo la prudencia y los cuidados requeridos en los aspectos mencionados. [605-09] 

DESPIDO POR FALTA DE IDONEIDAD. NO HUBO RETROACTIVIDAD. PUESTO DE TRABAJO QUE HABÍA PASADO DE UN RÉGIMEN DE EMPLEO PRIVADO A UN ESQUEMA DE EMPLEO PÚBLICO. La Sala concluye que la actora nunca consolidó un derecho a la estabilidad en el puesto, pues desde un inicio se le indicó que sería nombrada en propiedad en el tanto cumpliera con el requisito de idoneidad requerido; situación que no se dio, por cuanto la administración constató que no poseía el requerimiento académico de título de técnico medio en informática fijado. El citado requisito no fue aplicado de forma retroactiva, ya que la señora, según se expuso, no había consolidado ninguna situación jurídica a su favor al estar nombrada a plazo definido resultando precisamente que este requisito se le exigió cuando se buscaba normalizar su situación dentro del Régimen del Servicio Civil con su nombramiento en propiedad, de ahí que la no continuación o cese en ese puesto no puede ser considerado como un despido ilegal. [187-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR INDEBIDO CUMPLIMIENTO DE LABORES Y ATRASO EN EL TRABAJO. Caso de abogada. De las pruebas se extrae que la accionante no cumplía en la forma debida sus labores y que al finalizar la prestación de sus servicios mantenía trabajos atrasados. En forma reiterada la jefa directa le pidió que modificara su actitud hacia el trabajo; sin embargo, no se evidenciaron cambios y la situación permaneció hasta el momento en que fue despedida. Si bien, inicialmente le fue comunicado un despido con responsabilidad patronal, lo cierto es que posteriormente se le despidió sin responsabilidad, pues las faltas subsistieron, y tratándose de comportamientos continuos, no podía prosperar la defensa de prescripción de la potestad disciplinaria. [845-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR CULPA IN VIGILANDO. SUPERIOR JERÁRQUICO QUE INCUMPLIÓ DEBERES DE CONTROL INTERNO. Caso de encargado de Departamento de Urbanismo que no ajustó la conducta de un subalterno al bloque de legalidad. Aun cuando en este asunto el permiso de construcción por levantamiento de obra terminada no fue directamente otorgado por el demandante, a este se le impuso la sanción de despido por culpa in vigilando en su condición de superior jerárquico, por no haber corregido ni ejercer el adecuado control de la conducta de aquel funcionario a fin de asegurar que en el otorgamiento del permiso de construcción referido se observaran las disposiciones de la Ley General de Salud, que obligaba y obliga a que todo plano constructivo, relativo a sitios de reunión pública, cuente con el visado previo del Ministerio de Salud, con lo que obvió su obligación de vigilar y controlar la actuación de su subalterno, pese a tener conocimiento de que los planos constructivos presentados por la empresa no contaban con aquel visado. Se le endilgó el haber incumplido sus deberes de control interno, ya que como encargado del Departamento de Urbanismo era su obligación, de conformidad con el Manual Básico de Organización y Servicio de la Municipalidad, ajustar la conducta del Ingeniero al bloque de legalidad. [1405-10]

DESPIDO JUSTIFICADO DE EMPLEADO MUNICIPAL POR NEGLIGENCIA. El actor incurrió en una negligencia inexcusable, pues como un funcionario que ostentaba un alto puesto a nivel administrativo dentro la corporación municipal demandada, debió tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar  y controlar el sano manejo de los recursos públicos que disponía ese ente para la satisfacción de los intereses locales. El accionante desatendió sus obligaciones primordiales como empleado público, por lo tanto, no resultó desproporcionada la sanción que finalmente se le impuso por los hechos objeto de esta litis. [328-11]

DESPIDO JUSTIFICADO. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CUANTO A COBROS INDEBIDOS POR PERMISOS DE PESCA. Las declaraciones recibidas son suficientes para tener por acreditadas las graves faltas imputadas al accionante, porque estudiados tales elementos probatorios de conformidad con las reglas del correcto entendimiento humano y de razonabilidad, se deduce que el actor efectivamente incurrió en las conductas ilícitas e inmorales totalmente reprochables a él endilgadas, que facultaron a su empleador a prescindir de sus servicios sin el pago de prestaciones legales. Caso de trabajador de INCOPESCA. [453-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PROBLEMAS DE ASISTENCIA. CASO DE REINCIDENCIA. Resulta evidente que al momento de sancionar al trabajador con una suspensión sin goce de salario por ocho días, conmutando la sanción de despido que reglamentariamente era procedente por los problemas de asistencia que presentó el, la Gerencia de la entidad accionada desconocía de la existencia de una falta de la misma naturaleza cometida antes (en ese mismo año), adoptando la decisión de conmutar el despido sin contar con ese elemento de juicio. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 99 del Reglamento Autónomo de Servicios, a la luz de los principios que rigen el derecho sancionatorio laboral, especialmente el de gradualidad, cuando exista una conducta previamente sancionada, al conocer de otra falta de la misma naturaleza no disciplinada, deberá aplicarse la sanción mayor que corresponda a la última conducta castigada, salvo que la nueva transgresión diera pie a una sanción más severa, en cuyo caso esa es la que correspondería imponer. En el caso concreto, entonces, la Gerencia del Instituto accionado se encontraba facultada para imponer una sanción mayor a la última aplicada (por ser faltas de la misma naturaleza), lo que de conformidad con el artículo 101 de ese mismo cuerpo normativo, equivalía al despido sin responsabilidad patronal. VOTO SALVADO. Para quien suscribe este voto disidente, el criterio de “reincidencia” empleado por la entidad patronal, para agravar la sanción a imponer al trabajador, se fundamentó en una sanción que si bien, cronológicamente se impuso primero, lo fue para sancionar faltas acaecidas con posterioridad (en junio de 2006) a las que motivaron el despido (ocurridas en mayo de 2006). Así las cosas, a su juicio, la interpretación del instituto accionado, a todas luces quebranta los principios de gradualidad y proporcionalidad, según los cuales, a una falta leve se le podría aplicar una sanción mayor a la que correspondiere. [076-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA. PRUEBA RECABADA EN SEDE ADMINISTRATIVA. Sobre el tema de valoración de la prueba se cita el voto 493 del Código de Trabajo, así como el voto de la Sala Constitucional n° 4448-96 y, en particular, en materia de hostigamiento sexual en el trabajo el voto n° 5273-11 también de la Sala Constitucional. Se afirma que la declaración de la víctima tiene especial relevancia dentro de los elementos probatorios, los cuales deben analizarse conforme con las reglas de la sana crítica, por lo que, de no existir pruebas irrefutables que lleven al convencimiento de que  se trata de una denuncia calumniosa, la versión deviene absolutamente creíble. Se agrega que al caso encuentra aplicación el criterio jurisprudencial según el cual, la prueba recabada en sede administrativa con observancia del debido proceso y del derecho de defensa tiene valor probatorio sin necesidad de reproducirla en sede judicial (se cita al respecto el voto 592-08) y, debe valorarse junto con el resto de las pruebas. Por otra parte, se considera que el cese del accionante fue justificado, ya que los saludos con beso y el decir amor en este caso, formaban parte de un acoso constante a saber, la insistencia del actor por salir con ella y ante la negativa de la misma, decirle que en algún momento iba a caer; los tocamientos que le hizo en la cara, manos y piernas; el propiciar que estuvieran solos y cerrar la puerta de la oficina con llave; su ofrecimiento de una plaza; y continuar con su conducta pese a la repulsión manifiesta que causaba en su subalterna. Aún más, tratándose del campo policial, el actor estaba llamado a resguardar los derechos de la ciudadanía, sin vulnerarlos. Caso de jefe policial. [092-12]

SE PRESCINDE DE LOS SERVICIOS DE CÓNSUL DE COSTA RICA. ACTORA ESTABA NOMBRADA EN COMISIÓN. Se dispuso prescindir de los servicios de la accionante como Cónsul de Costa Rica (quien se hallaba nombrada en comisión) a partir del 31 de marzo de 2004. Se indicó que la medida obedecía a los fallos de la Sala Constitucional n° 11252-03 y 11253-03, que ordenaron revocar los nombramientos de aquellos funcionarios en comisión respecto de los cuales no constase haber sido realizados con base en alguno de los tres supuestos de excepción contemplados en el Estatuto de Servicio Exterior (inopia, conveniencia o emergencia), siendo que el acuerdo de investidura de la actora no se sustentó en ninguna de esas hipótesis. Se cita voto [567-09]. [134-12]

DESPIDO JUSTIFICADO DE CHOFER AL QUE SE LE SUSPENDIÓ LA LICENCIA DE CONDUCIR. El actor prestó servicios a la demandada como chofer y estando nombrado en ese puesto, producto de una sentencia firme, se le suspendió por seis meses la licencia de conducir. Se declaró al accionante autor responsable de una infracción a la Ley de Tránsito, por haber conducido el vehículo a 101 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida era de 60 kilómetros por hora. Así las cosas, la pérdida de la condición indispensable para poder prestar el servicio de chofer, como lo es el tener la licencia vigente, le causó perjuicio a la demandada, quien se vio imposibilitada para ocuparlo en las labores por las cuales lo contrató, en demérito del buen uso que de los recursos públicos debe hacerse, y de ahí que el despido dispuesto se encuentre ajustado a derecho. Caso de chofer de la CCSS. [330-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. La relación concluyó por despido y no por reorganización. El actor había planteado un recurso de amparo contra el proceso de reestructuración que suprimía su plaza, y en el ínterin incurrió en falta grave que justificó su destitución. [462-12]

DESPIDO FUE VÁLIDO. La decisión del Poder Ejecutivo de despedir al actor estuvo válidamente motivada y obedeció a la autorización que le brindó el Tribunal de Servicio Civil. Ahora bien, de haber sido requisito la firmeza de la resolución del Tribunal de Servicio Civil para proceder a despedir al actor, debíamos haber tenido presente lo estipulado por los numerales 158, 168 y 188 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública. En tal supuesto podría hablarse de la imperfección del acto administrativo por medio del cual se ejecutó el despido, debido a que se encontraría sujeto a lo resuelto en la apelación ante el jerarca impropio. Sin embargo, en el sub litem consta la sentencia emitida por el Tribunal de Trabajo actuando como jerarca impropio donde se confirma la resolución del Tribunal de Servicio Civil.   [1145-12]

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DESPIDO JUSTIFICADO. [038-13]

DESPIDO JUSTIFICADO. NO SE DIO EL SILENCIO POSITIVO. Para el disfrute del permiso sin goce salarial -con la finalidad de atender a su padre en fase terminal-, el actor debió cumplir con una serie de requisitos, establecidos por la normativa, que sustentaran su petición y, además, debió formularla ante el Ministro del Ramo, haciéndola acompañar de la documentación respectiva de respaldo; lo cual no acreditó cumplir. En razón de lo anterior, nunca pudo operar un silencio positivo a su favor (numeral 330 de la Ley General de la Administración Pública). Caso de funcionario del Servicio Nacional de Guardacostas. [110-13]

 

 

 

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR ABANDONO DEL TRABAJO

(ARTÍCULO 81 INCISO i DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

Se suspendió el contrato y al regresar se varió negocio pero ni entró. (9-80)

En casos de quiebra o concurso, sólo procede la ruptura del contrato por parte del trabajador cuando hay cese en la gestión del negocio, lo que no se da en autos. Hubo abandono del trabajo pues el actor no demostró que hubiese sido despedido, habiendo prueba en contrario. [ 144 -90]

DESPIDO JUSTIFICADO. PISTERO DE SERVICIO QUE ABANDONÓ SU PUESTO SIN DAR AVISO A ADMINISTRADORES. El actor abandonó su puesto sin dar aviso del mismo a los administradores, siendo el único trabajador, aduciendo que su esposa le avisó que su hija estaba gravemente enferma de asma, por lo que le dijo a un guarda nocturno de la zona que cuidara la gasolinera y se fue a su casa, tomando un vehículo de un cliente que se guardaba en dicha gasolinera. Sin embargo no aportó ningún tipo de prueba que acreditara fehacientemente que su esposa efectuó una llamada telefónica, en horas de la madrugada, por lo que el despido es justificado. [218-98]

ABANDONO DE LABORES Y DAR CONSULTA A OTRO PATRONO EN HORARIO ESTABLECIDO EN CONTRATO DE TRABAJO. CASO DE MÉDICO CIRUJANO. El demandante no ha desvirtuado la prueba que demuestra que durante ese tiempo se fue a laborar donde su otro patrono, pues si fuera cierto como afirma que se dirigió al cajero automático del Banco Cuscatlán, bastaría con que presentara el comprobante de la transacción que realizó, por lo que queda acreditada la falta endilgada, suficiente para dar por rota la relación de trabajo sin responsabilidad patronal. [1139-06]

DESPIDO JUSTIFICADO DE OFICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA. ABANDONO DE PUESTO OFICIAL POR VARIAS HORAS. UTILIZÓ VEHÍCULO OFICIAL PARA ASUNTOS PERSONALES.  Se comprobaron hechos objetivos que por sí solos son graves y que además configuraron la pérdida de confianza  alegada en la gestión de despido. En razón del cargo de Jefe Departamental de Cartago debió cumplir fielmente el cargo y no lo hizo en la fecha supracitada, encuadrando su conducta dentro del supuesto previsto por el artículo 81 inciso l del Código de Trabajo y por haber violentado los artículos 7, 9 y 10 del Reglamento para el Uso de Vehículos del Ministerio de Seguridad Pública. El abandono del trabajo reviste mayor gravedad cuando se trata de guardas o vigilantes, así lo ha señalado esta Sala. [38-07]

ABANDONO DE LABORES COMO CAUSAL DE DESPIDO. El abandono constituye causa de despido, según lo dispuesto en el artículo 81 inciso i) en relación con el inciso a) del numeral 72 del Código de Trabajo; sin embargo, para que resulte suficiente para disponer el despido, se requiere que se haya apercibido al trabajador al menos una vez en un período de tres meses, antes de la comisión del nuevo abandono. En el caso concreto no consta que se haya dado durante ese período de tres meses, en consecuencia, la causal de abandono como tal no se produjo, pero el hecho de haber abandonado su trabajo una hora antes, sin haber cumplido debidamente sus funciones, sin duda agravó los otros comportamientos que se le atribuyeron.[121-07]

Despido justificado. ABANDONO DE LABORES. Rampero de ferry que se comporta irrespetuosamente con su empleador e incumple horario de trabajo. Los requisitos del apercibimiento previo y la reiteración dentro del plazo de tres meses fueron cumplidos en el caso concreto. [555-07]

Despido justificado. Falta grave. NO SE PRESENTÓ A PRESTAR EL SERVICIO. No se requiere la causa de un perjuicio económico al patrono, para considerar la falta como grave. Caso de chofer de trailer que realiza transporte de mercadería por Centroamérica. [805-07]

Despido justificado. Abandono del trabajo e incumplimiento de funciones. Caso de peón agrícola en finca bananera que desobedece la orden de traslado temporal, ante las necesidades de la empresa. El actor se negó a realizar la actividad principal a la cual estaba obligado en virtud de la relación laboral que lo unía a la demandada. [811-07]

ABANDONO DE TRABAJO IMPUTADO A GUARDIA VIGILANTE. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. De las testimoniales transcritas, como la confesional, claramente se deriva que el actor, efectivamente, encontrándose en sus labores de guarda vigilante, el día cuatro de junio del dos mil cinco, a cargo del puesto de monitoreo de cámaras por circuito de televisión, observó  un partido de fútbol de la Selección Nacional, a través de los monitores en que debía controlar las imágenes de las cámaras de seguridad, desatendiendo así, negligentemente  la tarea de vigilancia encomendada por su patrono. El abandono del trabajo típicamente se produce cuando, el trabajador, se aleja del establecimiento donde presta sus labores, pero, también, el abandono puede darse en el lugar de trabajo y se produce cuando el trabajador deja de realizar las labores que le corresponden y con las que debe cumplir. Y pese a que no hay prueba de que se generara alguna situación de emergencia que comprometiera bienes o la vida de alguna persona, la sola eventualidad de la circunstancia, es suficientemente grave para justificar el rompimiento de la relación laboral. Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que si el abandono de labores es muy grave, por las circunstancias que lo rodean o los perjuicios que le cause al patrono, no es necesario un apercibimiento previo, como lo indica el mismo numeral 72 del Código citado, pues por sí sola configura una falta grave, en los términos del inciso l), del artículo 81, del Código de Trabajo.[194-08]

ABANDONO DEL TRABAJO. DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR REALIZABA OTRAS ACTIVIDADES EN SU PROPIO LUGAR DE LABORES. Trabajador de centro hospitalario a quién se le sorprende desnudo en un baño del hospital con compañera de labores. El trabajador que incumple con su deber de desempeñar la función para la que fue contratado, y sustrae el tiempo laboral para dedicarse a otras actividades aún en el mismo lugar de trabajo, es responsable de abandono, porque con esa conducta perjudica los intereses de su empleador, lo que también justifica el despido sin responsabilidad patronal. Sobre este tema  se cita el voto 672-01 de esta Sala. En el caso bajo análisis, es evidente que mientras el actor se dedicaba a realizar la conducta antes descrita, no podía estar trabajando, y es claro que además de que faltó a la moral, abandonó el trabajo sin retirarse de la institución en la que laboraba. [275-09]

ABANDONO DE LABORES. NEGATIVA A CUMPLIR CON SU TRABAJO. CASO DE MECÁNICO INDUSTRIAL. Por las evidentes pérdidas económicas que sufrió la empresa accionada debido a la paralización de la planta de producción, es posible calificar el abandono de labores en que incurrió el accionante como falta grave por sí solo -es decir, sin necesidad de apercibimiento previo- al tenor del inciso l) del ordinal 81 del Código de Trabajo. Pero no solo eso, sino que los/as infrascritos/as estiman que el comportamiento del actor fue más allá que un mero abandono de labores, ya que él se hallaba en la planta y se enteró de la avería, pero en forma indolente se negó siquiera a acercarse al lugar de los hechos, quedándose acostado en una banca, dejando todo en manos del electricista, quien no contaba con la preparación necesaria para atender la emergencia.  Distinto hubiese sido si el actor hubiese salido momentáneamente del establecimiento y no se hubiese percatado de la emergencia, o que, encontrándose en las instalaciones, por estar distraído en cosa ajena a sus labores, no hubiese tenido conocimiento de que se requerían urgentemente sus servicios, pues en tales casos sí se hubiese configurado un simple abandono de labores. Más que abandono de labores, fue una negativa expresa a cumplir con su trabajo. Se debe agregar el hecho, no menos relevante de que, ese día llegó varias horas tarde a trabajar, lo que pone aún más de manifiesto su desinterés por el empleo. [354-09]

DESPIDO JUSTIFICADO POR ABANDONO INJUSTIFICADO Y REITERADO DEL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN. Caso de empleado judicial. Se demostró que después de haberse presentado al trabajo y acudir a una cita médica, el actor omitió reintegrarse a sus funciones durante las tardes de los días viernes 16, lunes 19 y miércoles 21 de julio de 1999, sin ofrecer una justificación válida de su desatención al trabajo. También, se tiene que no se presentó a laborar el día martes 20 y el jueves 22, de ese mismo mes. En materia de faltas al trabajo tenemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial contiene un régimen particular y distinto al contenido en el Código de Trabajo. Esa legislación distingue y califica como faltas gravísimas que autorizan la suspensión o revocatoria del nombramiento (artículo 195), el abandono injustificado y reiterado del desempeño de la función; así como el abandono injustificado de labores durante dos días consecutivos o más de dos días alternos en el mismo mes calendario (incisos 3 y 4 del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente). Es decir, que a diferencia del régimen de abandono del trabajo y ausencias, contenido en el Código de Trabajo, esta ley tipifica como falta gravísima sancionable con la revocatoria del nombramiento, el abandono reiterado e injustificado del trabajo; a diferencia del Código de Trabajo que exige en ese supuesto, de un apercibimiento previo. En este caso tenemos que el actor hizo abandono de manera injustificada y reiterada de sus labores durante tres tardes, agravado con la ausencia total de dos días de funciones. [1307-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR ABANDONO DEL TRABAJO. ROMPIMIENTO JUSTIFICADO DEL CONTRATO Y RENUNCIA. DEFINICIONES Y DIFERENCIAS. Caso donde el trabajador no agotó la vía conciliatoria e incurrió en abandono del trabajo. La relación laboral terminó porque el Instituto Costarricense de Electricidad finalizó el contrato de servicios con la empresa demandada. Sin embargo, posteriormente se le indicó al actor que debía presentarse a laborar en las oficinas centrales de la accionada, pero no lo hizo. No es cierto que el empleador impusiera condiciones que tornaban imposible la continuidad del contrato de trabajo. Consta que el actor no solicitó a su empleador aclarar las nuevas condiciones de trabajo y en su lugar dio por roto el contrato de trabajo sin agotar las vías conciliatorias, y optó por no presentarse más a la empresa, incurriendo en un abandono de trabajo, falta grave contemplada en el inciso g) del ordinal 81 del Código de Trabajo. Así las cosas, al tenerse por demostrada la falta que originó el despido sin responsabilidad patronal, deviene en improcedente la pretensión del actor consistente en el pago de preaviso y cesantía. [1562-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES. FALTA GRAVE. Se demostró la falta (omisión culposa y retardo en la creación de un archivo central en Incopesca). [721-12]

FALTA GRAVE POR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE DIO EL ABANDONO DEL TRABAJO. DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA RELACIÓN DE SERVICIO. El actor fungía en ese momento como suplente técnico en radiología en un hospital y se había comprometido a estar en una determinada cirugía. Mas, al escuchar por altoparlantes que se requería de un técnico de radiología en sala de operaciones, lo que ocurrió cuando él salía a almorzar, no acudió a verificar si se trataba del caso que le correspondía, o a constatar que otro técnico atendiera la situación, sino, simplemente ignoró los llamados y se fue a almorzar. Esta actitud demuestra poca diligencia, interés y responsabilidad en sus funciones. El demandante actuó con pleno desprecio de las consecuencias que su actuación podría tener, no solo sobre el servicio brindado por su empleadora –a la que le debía lealtad en sus funciones y buena fe en su relación-, sino sobre la salud y la vida de la paciente que recibía la cirugía. Si bien no se produjo un perjuicio objetivo, no cabe duda de que se estuvo en presencia de un perjuicio potencial, al tener a la paciente en dicha sala, en condiciones de verdadero peligro de contaminación o de sufrir otros inconvenientes en su salud. Amén de que se debió cancelar la cirugía siguiente por el atraso ocasionado, lo que –aunque no se ha alegado en el proceso- sí causó perjuicios en los servicios brindados por la demandada y en los asegurados que los reciben. Debe quedar claro que no se está ante un simple abandono de labores tipificado por el inciso a) del numeral 72 del Código de Trabajo en que para la procedencia del despido se requiere el apercibimiento previo (artículo 81 inciso i) ibídem). Se está en presencia del incumplimiento de las obligaciones originadas en la relación de servicio que hacen inviable su continuidad, al ser calificable como una falta grave por las circunstancias ya indicadas en que se dio el abandono de las labores, cuya sanción es el despido sin responsabilidad patronal. [813-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES. Entre las funciones del actor estaban aquellas que fueron incumplidas y que se tuvieron por probadas en sede administrativa. Por tal razón, con fundamento en los artículos 81 inciso L) del Código de Trabajo y el 43 inciso e) del Estatuto de Servicio Civil, se autorizó su despido sin responsabilidad patronal. En este aspecto, la carga de la prueba le correspondía al actor, quien debió demostrar el motivo por el cual su despido era injusto, mas no lo hizo. Caso de jefe del Departamento de Servicios Generales de un ministerio del Estado. [1013-12]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS

(ARTÍCULO 81 INCISO G DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

DESPIDO POR AUSENCIA. El actor solicitó vacaciones los últimos días de diciembre y sus compañeros lo esperaban en enero. Sin embargo no se presentó, llamaron a su casa, e informaron que se encontraba en Limón. Posteriormente, aportó una incapacidad cubriendo los días del 8 al 21 de enero y fue hasta el 31 de enero de 1991 cuando volvió a laborar, solicitando hablar con la Directora General , a quien narró que había estado encarcelado en los Ángeles (USA), durante su viaje de vacaciones. Por lo expuesto, el actor se ausentó de sus labores por más de dos días consecutivos. [ 20-93]

DESPIDO JUSTIFICADO. OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR DE COMUNICAR A SU PATRONO SU AUSENCIA. El despido es justificado, porque el actor estaba obligado a informar a su superior inmediato, que un día iba a pedir una cita médica y en otro, a solicitar permiso para poder retirarse a fin de recibir atención fuera de las instalaciones de la empresa, con el objeto de que sus ausencias no fueran sorpresivas y que pudieran tomarse las medidas para su sustitución, lo que no hizo. De otro lado, debió comunicar a la empresa, para los mismos efectos, las incapacidades de esas fechas, lo que tampoco hizo. Así las cosas, al no hacer las comunicaciones oportunamente, incurrió en incumplimiento de sus deberes, en una falta de consideración y respeto para su empleadora y, definitivamente, en un menosprecio absoluto a su trabajo y a la empresa. [ 334-96]

DESPIDO POR AUSENCIAS. El actor estuvo ausente dos días consecutivos en enero de 1991 y el Estatuto de Personal del ICE, establece la obligación de los trabajadores de proceder a justificar las ausencias, en un plazo de 3 días hábiles, siguientes al momento en que ocurren los hechos que impiden laborar. Quedó acreditado que el actor faltó los días 3 y 4 de enero, el último día estuvo incapacitado, pero la justificación de dicha ausencia no llegó a conocimiento del patrono sino hasta el 28 de enero, pese a que la recibió desde el día 22, siguiente de la fecha que el gestionante se reintegró a trabajar y le fue comunicada la apertura del proceso disciplinario, que sancionaría las ausencias indicadas, por lo que el despido es justificado. [356-96]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. ACTOR NO SE PRESENTÓ A LABORAR DESPUÉS DE CONCLUIR SU PERÍODO DE VACACIONES. El actor alegó que no incurrió en abandono del trabajo, sino que, por recomendación de su jefe inmediato, gestionó para acogerse a la movilidad laboral; por lo cual, habiendo presentado esa solicitud, no tenía por qué presentarse a laborar los dos días siguientes al período en que concluyó sus vacaciones. Tal argumento, aparte de no haber sido planteado sino hasta esta tercera instancia rogada, también carece de cualquier sustento jurídico, pues la sola presentación de una nota mediante la cual solicitó la cancelación de su contrato de trabajo, previo pago de las prestaciones legales, no tuvo la virtud de ponerle fin a la respectiva relación laboral, pues ese tipo de renuncia, condicionada al pago de las prestaciones, requiere de una manifestación de voluntad del empleador –aquí un ente regulado, por el Derecho Público., aceptándola o rechazándola; es decir, nunca opera automáticamente. [201-01]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. TRABAJADOR OMITIÓ COMUNICAR A PATRONO EXTENSIÓN DE INCAPACIDAD. Si la comunidad en que vivía el actor y donde se prestaban los servicios, es pequeña, un accidente grave como el sufrido por él, que lo mantuvo al borde de la muerte, debió, como lo entendió el Tribunal, ser del conocimiento general. Pero, es inaceptable que el trabajador se desentendiera completamente de sus obligaciones laborales, omitiendo absolutamente una comunicación formal, ya que por lo menos debió haberla hecho en relación con la extensión de la incapacidad que lo aquejaba, para que la parte patronal tomara cualquier medida que conviniera a sus intereses. El tiempo de espera del patrono fue más que razonable. Cuando un empleado se ve obligado a faltar a su trabajo, por alguna enfermedad o por algún accidente, debe dar aviso oportuno a sus empleadores, con el fin de que éstos puedan disponer las medidas del caso y, además, debe presentarle o hacerle llegar la justificación médica correspondiente, en un plazo que jurisprudencialmente se ha fijado en dos días; pues, de lo contrario, el empleador queda facultado para ponerle fin a la relación, sin responsabilidad de su parte; de acuerdo con el artículo 81, inciso g), del Código de Trabajo [427-02]

Trabajador que fue despedido por persecución sindical y al ordenarse por sentencia firme su reinstalación no se presentó a laborar y por tal motivo fue despedido de manera justificada. Esta tiene voto salvado. El despido fue discriminatorio. [ 80 -03]

DESPIDO JUSTIFICADO. NO SE PRESENTÓ A LABORAR. RECARGO NOCTURNO. El recargo nocturno debe pagarse cuando efectivamente se labore y con un valor superior al de la hora ordinaria de trabajo. Para que pueda ser considerado un plus adicional del salario de los trabajadores se  requiere de una negociación interna entre los servidores y representantes de la Administración ; por lo que forma parte del salario integral para efectos de calcular las garantías laborales. [765-05]

El artículo 81 del Código de Trabajo, en el inciso g), establece tres presupuestos básicos para que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa: en primer lugar, la inasistencia del trabajador sin permiso de aquel; en segundo término, que dicha ausencia sea sin causa justificada; y por último, que haya sido durante dos días consecutivos, o bien durante más de dos días alternos dentro del mismo mes-calendario. Para enervar las consecuencias provenientes de la inasistencia al trabajo por parte de un trabajador surgen ciertas obligaciones a los efectos de que no se configure la justa causal de despido. De este modo, ante la buena fe que rige las relaciones de trabajo, la persona imposibilitada de asistir a desempeñar sus habituales funciones debe procurar un aviso durante un tiempo prudencial, para impedir que el empleador sufra contratiempos ante su inasistencia, el cual, jurisprudencialmente, se ha establecido en dos días -equiparándolo al mínimo de ausencias necesario para que se configure la causal de despido-. Luego, está claro que se requiere también una justificación oportuna, que consiste normalmente en un certificado médico donde conste la incapacidad que establezca la imposibilidad de laborar. La jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado varias veces sobre este punto. Así, en la sentencia N ° 82 de las 9:30 horas del 26 de febrero del 2003 se expuso: “Teniendo en cuenta el principio de buena fe y el deber de consideración mínima, inherentes a todo contrato de índole laboral, esta Sala ha indicado, en forma reiterada, que la persona trabajadora obligada a faltar a su trabajo por causa de alguna enfermedad, debe poner esa situación en conocimiento de su empleadora en forma oportuna, para que ésta pueda disponer las medidas pertinentes en resguardo de sus intereses. Además, como ese simple acto de comunicar no implica, de modo automático, obtener el aval de la justificación correspondiente, ha de entregar o hacer llegar la prueba de rigor -generalmente documental- también oportunamente. En principio, la obligada, en forma exclusiva, a avisar y a presentar la justificación correspondiente es la persona trabajadora y el término se debe computar a partir del momento en que esté en posibilidad efectiva de cumplir con ambos deberes o, cuando menos, de solicitarle a algún familiar o conocido que lo haga por ella; resultando inaceptable cualquier actitud de descuido que menoscabe la relación laboral y las obligaciones recíprocas que de ella derivan. (...) En otras palabras, no es suficiente la incapacidad para trabajar si se desea evitar que dos ausencias consecutivas se tengan como injustificadas y hagan improcedente la más grave medida disciplinaria en materia laboral; se requiere, además, la comunicación de ese hecho y la presentación oportuna, a la parte patronal, del documento idóneo -la incapacidad, por ejemplo- donde conste la misma y el cumplimiento fiel de todo ello debe ser acreditado por quien objeta la sanción impuesta ...” (sobre este tema, véanse además las sentencias N° 448 de las 10 horas del 20 de agosto del 2003, 1104 de las 9 horas del 21 de diciembre del 2004 y 1006 de las 10:10 horas del 2 de diciembre del 2005). En lo que respecta al plazo para presentar los comprobantes de incapacidad, en la resolución de esta Sala N° 159 de las 10 horas del 11 de junio de 1999 se resolvió: “II.- Tanto esta Sala, como la Constitucional , han resuelto que, las ausencias al trabajo son faltas de mera constatación, por la parte patronal y que, si la persona trabajadora quiere enervar sus consecuencias, por imperativos del principio de buena fe y del deber de consideración mínima, inherentes a todo contrato laboral, ha de proceder, en forma inmediata, a poner en conocimiento de aquella las razones de su inasistencia; las cuales deben tener, además, asidero real y demostrársele documentalmente. En este sentido, como bien se transcribe en el recurso, en nuestro voto N° 136, de las 9:00 horas, del 19 de abril de 1995, se señaló lo siguiente: “El trabajador está obligado a prestar sus servicios al patrono a cambio de una remuneración (artículos 4, 18, 19 y 71, inciso b), todos del Código de Trabajo). Las ausencias a sus labores, que implican un incumplimiento de esa obligación, deben fundarse en hechos ciertos que le impidan, sin lugar a dudas, cumplir con su cometido. La prueba de ellos, ha de presentarla al empleador en tiempo, a fin de que éste tenga la oportunidad de tomar las previsiones del caso.” (...) En un voto anterior, el N° 158, de las 15:00 horas, del 4 de octubre de 1989, se indicó, además, que: “La jurisprudencia ha sido clara en el sentido de que en el caso de ausencias al trabajo es indispensable que el empleado, por razones de la buena fe y del deber de consideración mínima que subyace como elemento de todo contrato laboral, está obligado a avisarlo y a justificarlo en forma oportuna y no se ha aceptado como correcta la práctica de hacerlo posteriormente (...). Se concreta que el aviso y comprobación deben hacerse en forma oportuna, o sea durante los dos primeros días, con el fin de que el patrono pueda tomar las medidas del caso para la atención de sus intereses; y no es concebible una actitud de descuido y descortesía como si no existiera de por medio una relación con obligaciones recíprocas. Se habla del término de dos días por lo menos, en vista de que de acuerdo con el artículo 81, inciso g), del Código de la materia, la inasistencia al centro de trabajo sin permiso del patrono y en forma injustificada es causa de despido, de suerte que la ausencia en aquellos términos hace nacer de inmediato para el empleador el interés legítimo para proceder de conformidad. Si de acuerdo con la norma basta la ausencia conforme se ha señalado para que se dé el motivo de despido, ahí está implícito el deber de acreditar las cuestiones de hecho que excluyen la falta antes de que ésta se pueda tener por configurada y se produzcan los efectos que legitiman al patrono para actuar en defensa de sus derechos... ”. VOTO SALVADO. No puede concluirse que la demandante hubiera aportado en forma oportuna, el certificado médico que acreditaba su imposibilidad de asistir a laborar.   [505-06].

DESPIDO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS DE DOS DÍAS CONSECUTIVOS. La inasistencia al trabajo sin permiso del patrono y sin causa justificada durante dos días consecutivos, siempre configurará la falta ahí contemplada con independencia de que se dé o no en el mismo mes calendario. El supuesto de la norma en casos como el que nos ocupa, es la ausencia injustificada y sin autorización de dos días consecutivos, sin importar si tal inasistencia se da o no dentro del mismo mes calendario. VOTO SALVADO. Ante la existencia de estas dos posibles interpretaciones, ha de optarse por la que más favorezca al trabajador -o sea, la segunda-, según lo ordena el principio “in dubio pro operario”. Si el actor faltó a su trabajo dos días seguidos pero en diferentes meses (30 de setiembre y 1° de octubre del 2002), no se puede tener por configurada la causal de despido regulada en el inciso g) del artículo 81 del Código de Trabajo[1161-06]

DESPIDO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS. NO ACREDITÓ PROBLEMA DE ALCOHOLISMO. Se trata de hechos suficientemente graves para justificar su separación del puesto que ocupaba como técnico en farmacia en el EBAIS. Si bien, el accionante en algún momento atribuye sus ausencias a un problema de alcoholismo, lo cierto es que no justificó en forma alguna tal circunstancia, máxime si se toma en cuenta que en ningún momento demostró haberse sometido a tratamiento o presentar incapacidad médica en ese sentido, y su proceder generó consecuencias, sobre todo para aquellos pacientes que debieron trasladarse hasta el hospital a retirar sus medicamentos. La decisión de despido estuvo apegada a derecho de conformidad con los 72 y 76 del Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social y el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo. [083-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR FALTÓ A DOS TURNOS DE TRABAJO. Sí quedó demostrada la ausencia del actor en dos ocasiones de acuerdo a los turnos que debía cumplir. Si bien debía ingresar a laborar en un segundo y tercer turno el día primero de diciembre, este último se hacía extensivo al día dos de diciembre hasta las siete de la mañana. No cabe duda que al haber faltado a ambos turnos sin que se haya demostrado justificación alguna, la causal es procedente. [158-07]

NO JUSTIFICÓ LAS AUSENCIAS EN LOS DOS PRIMEROS DÍAS. El despido es justificado porque el trabajador no justificó las ausencias en los dos primeros días, aún cuando sí contaba con una incapacidad por todo el periodo en que se ausentó  [312-07]

Despido justificado POR AUSENCIAS. Trabajador alcohólico. EMPLEADO MUNICIPAL. Caso de funcionario municipal que se ausenta del trabajo sin presentar justificación. Trabajador no logra demostrar que la crisis que sufrió fuera de tal gravedad que le impidiera presentar la justificación. [581-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR NO JUSTIFICÓ DEBIDAMENTE LAS AUSENCIAS. Quien juzga debe valorar los elementos probatorios llevados a los autos, y aplicar las reglas de la razonabilidad y la sana crítica. En este caso, el propio demandante admitió su omisión de presentarse a laborar -por problemas de salud- durante tres días seguidos. Justificó sus ausencias con un documento donde exponía su problema. Al no existir documento médico, no se conoce el estado de salud del demandante durante esos días; tampoco consta que la crisis que sufrió fuera tan grave, como para impedirle presentar en tiempo la respectiva justificación. Tampoco se preocupó por justificar sus ausencias al reincorporarse a sus labores. Se demostró la falta, no hubo error en la valoración de las pruebas. [963-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. AUSENTARSE Y FALSIFICAR FIRMAS DE COMPROBANTE DE CITA MÉDICA. empleado de la CCSS. Falta grave por ausentarse y presentar comprobante de cita médica con firmas falsificadas. [987-07]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. SE AUSENTA DEL TRABAJO SIN AUTORIZACIÓN DE LA JEFATURA. CASO DE FUNCIONARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Falta grave que ameritó su destitución sin responsabilidad patronal, pues se ausentó de manera injustificada a su trabajo, en el tanto en que no se le había conferido autorización para disfrutar de vacaciones.[059-08]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. TRABAJADOR DEL ICE. Quedó demostrada la falta endilgada. Se concluye que el actor como Operador de la Subestación Eléctrica-3, incurrió en ausentismo consecutivo e injustificado los días catorce y quince de enero de dos mil tres; así como en abandono de trabajo reiterado el tres y cinco de febrero de ese año. Con su proceder incurrió en la causal de despido prevista en el artículo 81, inciso g)  del Código de Trabajo, y generó una pérdida de confianza en el patrono que lo facultó a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad de su parte, pues el puesto que ocupaba está relacionado directamente con la operación de equipos de mando del Sistema Nacional Interconectado, y una operación indebida no solo puede sacar el sistema de operación por horas, ocasionando costos económicos elevados y daños a la industria y el comercio, sino que incluso la muerte de un técnico que se encuentre laborando en el sistema al momento de la operación. [600-08]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. TRABAJADOR NO DEMOSTRÓ IMPOSIBILIDAD DE DAR AVISO A PATRONO. El trabajador debe avisar inmediatamente al empleador acerca de las causas que le impiden asistir a cumplir con sus funciones y comprobarlas. Quedó demostrado que el padre del actor murió, situación que le generó síntomas normales del duelo. Sin embargo, no se desprende que el actor se encontrara mentalmente enfermo hasta el punto de no poder dar aviso a su patrono de sus ausencias al trabajo. Estaba en la obligación de demostrar la alteración en la salud que invoca y que le impidió la comunicación oportuna. [776-08]

AUSENCIAS. DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Funcionario que se ausenta por una tarde y dos días alternos en un mismo mes. La Sala considera suficientemente demostradas las ausencias injustificadas cometidas por el accionante los días 15, 20 y 22 de diciembre del 2000." [333-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. SE AUSENTA CONCLUIDO EL PERMISO CON GOCE DE SALARIO. CASO DE SERVIDOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Es extremadamente grave que a un trabajador se le dé una licencia con goce de sueldo para participar en una actividad deportiva organizada por el patrono en beneficio de sus empleados y que esa actitud benevolente sea aprovechada por el servidor para darse unos días libres, lo que demuestra muy mala fe, agravada por el hecho de posteriormente tramar la historia del alcoholismo, para tratar de impedir la sanción disciplinaria que sin duda correspondía, como lo era el despido justificado.[334-08]

AUSENCIA AL TRABAJO. SE REQUIERE AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERMISO SIN GOCE DE SALARIO. Presentada la solicitud del permiso sin goce de salario por un período de tres semanas, el actor, previamente a ausentarse de su trabajo, debió averiguar si la gestión fue aprobada o no, pues debía estar autorizado expresamente. Si el actor se ausentó sin justa causa de su trabajo del 12 al 20 de enero, incurrió en la causal de despido prevista en el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo. [364-08]

DESPIDO JUSTIFICADO DE TRABAJADORA EMBARAZADA POR AUSENCIAS. SE SIGUIÓ PROCEDIMIENTO ANTE MINISTERIO DE TRABAJO. Esta Sala arriba a la conclusión de que en el fallo recurrido no se verificaron los yerros acotados por la impugnante, pues se concluye que hubo justa causa para despedirla, conforme al artículo 81 del Código de Trabajo amén de que el patrono se encontraba legitimado para hacerlo, toda vez que cumplió el trámite exigido por imperativo legal (numeral 94 ídem), obteniendo la autorización respectiva de la Inspección General de Trabajo. En esta materia, resulta claro que se requiere una justificación oportuna, que consiste normalmente en un certificado médico donde conste la incapacidad que establezca la imposibilidad de laborar, lo cual no se dio. [789-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR NO JUSTIFICÓ AUSENCIAS. CASO EN QUE NO ACREDITÓ ESTAR AFECTADO POR CRISIS ALCOHÓLICA. Es cierto, que esta Sala ha resuelto que existen aflicciones que imposibilitan el cumplimiento de los plazos señalados en las diferentes normas -reglamentarias, convencionales, etc.- para presentar la justificación de ausencias, y que han sido interpretadas rígidamente por el empleador. En esos supuestos excepcionales, se ha interpretado que el plazo para justificar la ausencia se debe computar a partir de que el trabajador esté en la posibilidad efectiva de cumplir personalmente ese deber, o, al menos, de solicitarle a algún familiar o conocido que lo haga. También es cierto, que de acuerdo a la gravedad, un estado de ingesta alcohólica puede convertirse en una de esas situaciones que impiden cumplir con el plazo de dos días hábiles, fijado en el precepto 46 del Estatuto de Trabajo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para justificar la ausencia, si tomamos en cuenta la situación que vive el alcohólico cuando entra en crisis. No obstante, en el presente cuadro fáctico, no cumplió el actor con su carga procesal (artículos 317 inciso primero del Código Procesal Civil y 452 del Código Laboral), de acreditar de manera contundente e irrefutable que durante todo el período en que se ausentó de su trabajo se hubiese visto afectado por una crisis alcohólica de una magnitud tal que le impidiera cumplir con el mínimo de sus obligaciones laborales. [822-08]

DESPIDO POR AUSENCIAS AL PARTICIPAR EN HUELGA ILEGAL. Una vez que la huelga fue declarada ilegal, en primera y segunda instancia, de conformidad con el artículo 377 del Código de Trabajo, el patrono está facultado para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal. Los recurrentes fueron despedidos de conformidad con el artículo 81, incisos g) y l), en concordancia con el numeral 72 inciso a), todos del Código de Trabajo, por ausentarse a sus labores por el tiempo que duró el movimiento de protesta. [427-09]

DESPIDO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS. CASO DE GERENTE GENERAL Y GESTOR DE VENTAS. El actor era un empleado de confianza y por ende no sujeto a fiscalización inmediata ni a horarios rígidos, pero, esa situación no puede significar un derecho suyo a hacer dejación de sus labores. En la demandada venía operando un sistema de reporte de entradas y salidas y el actor no fue reportado entando o saliendo del lugar, aparte de que ninguno de los testigos corroboró su presencia en las instalaciones empresariales. El demandado omitió dar aviso o razones de las ausencias y tampoco tenía permiso, ni se demostró que estuviera realizando tareas relacionadas con las ventas. Además, es evidente que se ausentó en otras oportunidades por las cuales ya se le había llamado la atención. [869-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. NO HUBO DESPIDO ENCUBIERTO. CASO DE GUARDA DE SEGURIDAD. A la Sala no le cabe la menor duda de que el actor incurrió en ausencias, las que justificaron su despido sin responsabilidad patronal. No puede aceptarse que las ausencias son justificadas, por haberse incurrido en un ius variandi abusivo.  De haberse  dado este último supuesto, el trabajador a lo que estaba facultado era a dar por rota la relación de trabajo con responsabilidad patronal (artículo 83 del Código de Trabajo), pero, no podía de ninguna manera pretender sustituir la voluntad patronal, como al parecer lo pretendió hacer, presentándose en el plantel de Quepos y no en Limón. Por ello, debe entenderse que el despido fue justificado. [872-09]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. CASO DE POLICÍA. El actor incurrió en ausentismo consecutivo e injustificado los días 11, 12  y 13 de diciembre, configurándose la causal de despido prevista en el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo. [893-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. PLAZO PRUDENCIAL PARA JUSTIFICAR AUSENCIAS. CERTIFICADO DE MÉDICO PARTICULAR. COSTUMBRE. Cuando un trabajador o servidor público se ve compelido a faltar a su trabajo a causa de alguna enfermedad, debe, oportunamente, avisarle a su empleador la situación que impidió su presencia, para que éste pueda disponer las medidas del caso, y, además, debe presentarle o hacerle llegar con un tercero, la justificación correspondiente, en un plazo que, vía jurisprudencial, se ha fijado en dos días. Se tiene por demostrado que el actor no avisó oportunamente a la jefatura y en ningún momento demostró que las ausencias obedecieran a la problemática del alcoholismo. Además, el reglamento interior de trabajo de la demandada prevé, a modo de excepción, que la ausencia se justifique con un certificado de un médico particular u otro medio de prueba, pero, únicamente cuando el servidor justifique que no pudo recurrir a los servicios médicos que provee la institución o que ésta no le prestó la atención reglamentaria requerida, circunstancia que se extraña en este caso. Por otra parte, no puede admitirse que estaba autorizado para ello, bajo el argumento de que era: “la costumbre tanto de la Institución como de mi persona al aceptar por tanto tiempo los Certificados Médicos y rebajarlos de mi salario”, toda vez que, no puede pretender derivar derecho alguno amparado en la costumbre (la costumbre contra legem no crea derecho), sobre todo en materia de empleo público, donde rige el principio de legalidad. El actor tuvo una actitud de absoluto descuido y un comportamiento de total irresponsabilidad ante las obligaciones que impone el contrato de trabajo, con lo cual quebrantó el principio de buena fe que debe imperar en las relaciones laborales. [123-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. SE CONSTATARON TRES AUSENCIAS INJUSTIFICADAS ALTERNAS EN EL MISMO MES CALENDARIO. Caso de trabajador sindical que se ausentó de su trabajo injustificadamente, por tres días alternos durante un mismo mes calendario. Se configura la causal de despido contemplada en el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo motivo por el cual el patrono se encuentra facultado para dar por terminado el contrato laboral. Resulta innecesario hacer referencia al tema de una presunta persecución laboral que de todas formas no es posible desprender del expediente. [326-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTORA NO SE PRESENTÓ A LABORAR LUEGO DE TERMINAR LA SANCIÓN POR SUSPENSIÓN. Caso de policía, cuya sanción de despido fue sustituida por una sanción de suspensión. La Sala considera que la actora tenía la obligación de presentarse al lugar de trabajo a partir del día siguiente a que fue notificada, toda vez que se estableció que la reinstalación operaba en idénticas condiciones a las disfrutadas con anterioridad al despido. Por lo que la solicitud presentada por la accionante para que se le indicara el lugar (destacamento), hora y fecha de reinstalación resultaba completamente innecesaria. [225-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. CARGA PROCESAL: TRABAJADOR DEBÍA JUSTIFICAR LAS AUSENCIAS. Caso de oficial de seguridad. Según la prueba documental, el demandante se ausentó de su trabajo los días 14, 19 y 20 de diciembre de 2005, 7, 8 y 9 de enero de 2006. Dicha prueba no fue objetada por el actor. Al trabajador le correspondía la carga procesal de justificar las ausencias, la cual no cumplió. Si bien la empresa aceptó en la contestación que el demandante remitió por facsímile la incapacidad correspondiente al período del 6 de enero al 1° de febrero, de 2006, también argumentó que lo hizo hasta el 10 de enero de ese año. En todo caso, siempre quedarían sin justificar las tres ausencias del mes de diciembre de 2005. El actor incurrió en ausentismo injustificado los días 14, 19 y 20 de diciembre de 2005, configurándose la falta endilgada. [640-10]  

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADORA NO DIO AVISO OPORTUNO DE SUS AUSENCIAS A EMPLEADORA NI PRESENTÓ LOS JUSTIFICANTES NECESARIOS. La persona imposibilitada de asistir a desempeñar sus habituales funciones debe procurar un aviso durante un tiempo prudencial, para impedir que el empleador sufra contratiempos ante su inasistencia, el cual, jurisprudencialmente, se ha establecido en dos días, admitiéndose además, que en casos excepcionales, el plazo para tales efectos deba computarse a partir de que el trabajador (a) está en la posibilidad efectiva de llevar tales comprobantes o de solicitar a alguien que lo haga por él (ella). En este caso, la recurrente se ausentó de sus labores los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de enero de 2008. Su hija entregó los comprobantes correspondientes a los días 21 y 22 el día 23 de ese mismo mes. En relación con las ausencias de los días 23, 24, 25 y 26, la actora no dio aviso oportuno a su empleadora de las causas que lo originaban, ni le presentó los justificantes correspondientes. Es claro que se dio el incumplimiento, por parte de la actora, de su obligación de dar aviso oportuno de las circunstancias que le impedían presentarse a laborar, y de la presentación de los justificantes necesarios de dichas ausencias. [1384-10]

DESPIDO POR AUSENCIAS. ACTOR FALTÓ DOS DÍAS CONSECUTIVOS AL TRABAJO EN DIFERENTE MES CALENDARIO. El actor, aunque llegó al puesto de trabajo a las 4:50 de la mañana del día 30 de setiembre, en el que debía empezar a trabajar a las 6:00 a.m., no se quedó en dicho sitio, sino que se fue a dormir a otra parte de las instalaciones de las demandadas, de donde fue despertado y sacado varias horas después de aquella en que debió presentarse a trabajar y, según testigos, en estado de ebriedad. Se concluye que, efectivamente, el recurrente no se presentó a laborar de manera injustificada el 30 de setiembre, lo que sumado a su ausencia del día  1 de octubre siguiente, significa que faltó dos días consecutivos a sus labores. Esas ausencias constituyeron motivo suficiente para decretar justificadamente el despido, conforme con el inciso g) del artículo 81 del Código de Trabajo (se cita el voto 1161-06). VOTO SALVADO. Se considera que el inciso g) del artículo 81 del Código de Trabajo debe interpretarse en armonía con el principio protector. Dichas ausencias lo fueron en distinto mes calendario, por lo que no se cumple con lo exigido por el citado ordinal, en el sentido de que deben ser en un mismo mes calendario. Sin bien, en algún momento se ha centrado el análisis de dicha disposición normativa en el carácter copulativo o disyuntivo de la “o” que aparece en el texto de la norma, dando lugar a dos interpretaciones posibles y respetables, ha de optarse por la que más favorezca al  trabajador. [281-11]

RENUNCIA IMPLÍCITA Y NO DESPIDO. AUSENCIAS PROLONGADAS SIN JUSTIFICACIÓN DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE UNA INCAPACIDAD. Las ausencias sin justificación prolongadas después del vencimiento de una incapacidad constituyen una renuncia implícita. Si con posterioridad se decreta un llamado acto de despido, éste no tiene la virtud de poner término a la relación, pues ya se había extinguido por voluntad unilateral del trabajador. VOTO SALVADO. Quien emite el voto salvado considera que no debe admitirse la existencia de la renuncia implícita. Indica que no resultaría lógico ni razonable que de la sola ausencia a prestar el servicio, aunque ésta se haya dado en distintas oportunidades, se desprenda automáticamente la voluntad de renunciar al puesto, sin que previamente se haya dado un proceso mínimo de verificación de la situación real. Además, que la condición de salud del trabajador no era lo suficientemente normal (padecía un trastorno depresivo moderado tratado con medicamentos) como para exigirle la justificación de sus ausencias o que diera razones adecuadas sobre las mismas. Considera que el despido se dio cuando la potestad disciplinaria del empleador había prescrito, por lo que resulta nulo y debe reinstalarse al servidor. Caso de ingeniero informático. [681-11]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR NO DEMOSTRÓ AUSENCIAS POR CRISIS ALCOHÓLICA. Si bien, el actor estuvo incapacitado mientras estuvo internado en un centro de atención al alcohólico, las ausencias injustificadas que se le atribuyeron para su cese se dieron los días 01, 02, 18, 19, 23, 24, 26 y 29 de noviembre, más de un año después de aquel período. A su vez, el actor ha reconocido durante el proceso que no justificó ante el empleador los motivos por los cuales se ausentó durante esos días (no todos consecutivos) y no se ha aportado prueba alguna que acredite que durante los días que no laboró se encontrara sufriendo una crisis alcohólica. Nótese que incluso, entre ausencias, el demandante se reincorporó a sus labores, solicitó permisos, justificó otras ausencias por incapacidad, etc.; con lo cual no es cierto que se encontrara imposibilitado para realizar la justificación correspondiente. Además, se le brindaron múltiples oportunidades de superar los problemas que lo aquejaban y que le impedían cumplir cabalmente con sus obligaciones laborales, por parte de su empleador, oportunidades que él no supo aprovechar. Se agrega que existió una aplicación gradual del régimen disciplinario, lo que le dio la posibilidad de rectificar su comportamiento laboral, pero aún así no quiso aprovecharlo. [708-11]

NO PROCEDE EL DESPIDO PORQUE EL REGLAMENTO INTERNO EXIGE QUE LAS DOS AUSENCIAS CONSECUTIVAS SE DEN EN EL MISMO MES CALENDARIO. SE APLICA LA NORMA MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR. La norma reglamentaria de la institución (reglamento autónomo de servicios) es más beneficiosa para el trabajador que la disposición contenida en el artículo 81 del Código de Trabajo; toda vez que establece como supuesto para despedir, dos ausencias consecutivas dentro del mismo mes calendario, mientras que el citado artículo 81 no exige que dichas ausencias se presenten en el mismo mes. Si bien, la Ley de Personal de la institución dispone que solo podrán ser removidos de sus puestos los servidores regulares que incurren, entre otras, en las causales que determina el artículo 81 del Código de Trabajo, también dispone textualmente que la gravedad de las faltas deberá determinarse reglamentariamente, y así se hizo. Caso de funcionario público que se ausentó el 31 de marzo y el 1 de abril del mismo año. [1044-11]

JUSTA CAUSAL DE DESPIDO. NO JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS EN TIEMPO. NO PROCEDE REINSTALACIÓN NI PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. Declarada la prescripción de la potestad disciplinaria, el despido efectuado deviene en improcedente. Sin embargo, para acoger la pretensión de reinstalación deben examinarse las causas que motivaron la sanción y, de poderse establecer que existió falta grave del servidor o servidora, ésta no resultaría procedente, pues no es posible obligar a la Administración Pública a readmitir a una persona que transgredió los deberes inherentes al contrato de trabajo, de modo que se torne insostenible el mantenimiento de la relación de servicio. En el presente asunto ha sido acreditado que el actor se ausentó entre los días 12 y 15 de febrero y no presentó una justificación sino hasta el día 21 del mismo mes. La conducta se ha considerado reprochable y constituye un motivo válido para decretar la separación del funcionario sin responsabilidad patronal, al haberse ausentado durante dos días consecutivos, sin presentar comprobante de incapacidad dentro del plazo reglamentariamente designado (dos días) y sin dar el aviso correspondiente a su jefatura inmediata a través de un medio efectivo. Como consecuencia de esto, su pretensión de reinstalación con abono de los salarios caídos no puede prosperar. VOTO SALVADO. Quienes salvan el voto se apartan del criterio de mayoría en cuanto deniega la pretensión principal de reinstalación, y en su lugar acoge la subsidiaria de pago del extremo de auxilio de cesantía. Consideran que en materia de empleo público, por tener el servidor un derecho a la estabilidad en expuesto, el efecto de la prescripción extingue por completo la potestad disciplinaria y no podrá ponerse en práctica el libre despido. Caso de funcionario municipal. [314-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS DE TRABAJADOR ALCOHÓLICO. NO SE LE DEJÓ EN INDEFENSIÓN. El despido se fundamentó en sus ausencias al trabajo sin justificación alguna, y le fue comunicado mediante publicación efectuada en el diario oficial La Gaceta, en virtud de no haber sido posible localizarlo en la dirección que constaba en los registros de la institución como su domicilio. Esto, de conformidad con el trámite autorizado por la Ley General de la Administración Pública.  El accionante no mostró disconformidad dentro del término legal, de manera que el acto sancionatorio quedó firme. Además, se observa que la entidad demandada le ofreció en reiteradas oportunidades, someterse a distintos tratamientos para sobrellevar  su padecimiento, así como apercibimientos para que rectificara su conducta laboral, los cuales no fueron aprovechados por él; facultando de ese modo a su empleador para que adoptara medidas más drásticas, como lo es la sanción de despido sin responsabilidad patronal. Por otra parte, no se le ocasionó ningún perjuicio al demandante, al confirmar la propuesta de despido de previo al pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Laborales. Caso de asistente de pacientes de hospital de la CCSS. [427-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. AUSENCIA. Trabajadora del Banco Nacional que al enfermarse su madre decide no asistir a laborar, informa tardíamente y gestiona la licencia más de un mes después. [707-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. ALEGÓ ALCOHOLISMO FUERA DEL MARCO DEL DEBATE. El accionante nunca indicó que las ausencias se debieran a un problema de ingestión de alcohol y fue solo al apelar el fallo que invocó ese argumento, el que resulta inadmisible por estar precluido. Además, el dictamen médico que aportó tampoco indicaba que las ausencias tuvieran su origen en ese motivo. [677-12]

DESPIDO DE OFICIAL DE POLICÍA POR AUSENCIAS. como el actor no se presentó a trabajar dentro de los dos días siguientes en que cesó la prisión preventiva decretada en su contra, incurrió en ausencias, lo que motivó justificadamente su despido (véase al respecto lo dispuesto por el numeral 78 del Código de Trabajo). Si bien es cierto, en el expediente consta una nota suscrita por el actor y dirigida al supervisor, también lo es que él no presentó dicha nota en la fecha que aparece en el documento, sino días después. [996-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS (POR MÁS DE DOS DÍAS CONSECUTIVOS). FUNCIONARIO ALCOHÓLICO. La institución realizó todas las gestiones necesarias para que el accionante tratara de superar su problema de dependencia al alcohol. Aun así el demandante no las acató y persistió en su conducta, lo cual hizo que se tornara imposible la continuación de la relación. [1014-12].

VALORACIÓN DE LA PRUEBA CONFORME CON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y NO DEL SISTEMA DE VALORACIÓN PROPIO DEL DERECHO COMÚN. Valorados los elementos probatorios, a la Sala no le cabe la menor duda de que el demandante incurrió en las ausencias correspondientes a los días 18, 25 y 30 de octubre de 2006 (no prescritas), lo que nos lleva a la ineludible conclusión de que el despido estuvo plenamente justificado. [1150-12]

DESPIDO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS. PARTE DEMANDADA NO CONOCÍA QUE ACTOR ENFRENTARA PADECIMIENTO DE ALCOHOLISMO. Cuando la administración instó al actor a que justificara sus ausencias, no alegó que se debiera a problemas derivados de una ingesta alcohólica. Sino que lo justificó, inicialmente, en el disfrute de vacaciones, cuya autorización quedó desvirtuada; amén de que el dictamen médico aportado luego para justificar las ausencias, expedido más de cinco meses después de las mismas, no fue expedido en un servicio público de salud, para poder concluir de manera fidedigna que el actor enfrentara un síndrome cerebral orgánico agudo asociado al alcohol y que este tuviera la suficiente gravedad para justificar la ausencia al trabajo por tres días. [037-13]

DESPIDO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS. PERSONA TRABAJADORA TIENE LA OBLIGACIÓN DE AVISAR Y JUSTIFICAR. Servidora (policía) del Ministerio de Seguridad Pública no avisó ni justificó en forma oportuna, conforme a la normativa especial aplicable. Dejó de asistir al trabajo los días 1°, 15 y 21 de agosto, es decir, tres días alternos dentro del mismo mes calendario; presentando la justificación de las ausencias en fecha que resultó sobradamente extemporánea, con lo cual incumplió su obligación de justificarlas en el tiempo y forma ante quien correspondía. [475-13]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR COMPETENCIA DESLEAL

 

 

Principio de buena fe. COMPETENCIA DESLEAL. Despido justificado. Trabajador incurrió en competencia desleal con su empleadora al recomendar trabajo de empresa competidora. Las actuaciones del colaborador iban dirigidas a favorecer otras empresas en detrimento de la actividad de su patrono.  *Intimidad de las comunicaciones electrónicas de los trabajadores. Concepto y aplicación. [998-07]

DESPIDO DE EMPLEADO DE FUNERARIA POR COMPETENCIA DESLEAL. Trabajador laboraba como chofer para una funeraria y fue despedido por competencia desleal. El voto de mayoría de l a Sala concluye que, el patrono tenía la carga procesal de demostrar en forma fehaciente e indubitable la grave falta que le imputó al actor, y al existir una duda razonable sobre la existencia de dicha falta, el despido no puede tenerse por justificado. VOTO SALVADO. Se llega a la conclusión de que el actor incurrió en la causal de despido que se le endilgó, incurrió en competencia desleal contra su empleadora.[045-08]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO O DE LAS PERSONAS QUE ALLÍ SE ENCUENTREN

(ARTÍCULO 81 INCISO F DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

DESPIDO JUSTIFICADO. negligencia y rompimiento del deber de custodia de los intereses de la institución bancaria. CAJERO DE BANCO ESTATAL. Los hechos que se le atribuyeron al demandante pueden calificarse como graves, pues hicieron objetivamente imposible la continuación de la relación de servicio, razón suficiente para justificar el despido sin responsabilidad. [90-06], [227-09]: caso en que se extraviaron timbres que estaban bajo la custodia de la Cajera General del banco

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. NEGLIGENCIA EN LAS LABORES DE VIGILANCIA. Guarda que por descuido permitió que se perpetrara un robo en una de las viviendas de la urbanización cuya seguridad le estaba confiada a él en ese momento. Concluye la Sala que el actor era el responsable de la seguridad de la urbanización, por lo que debió tomar las medidas del caso para preservar el bienestar de las familias que le habían encomendado dicha función, independientemente de si se trataba de una de las casas por las que se pagaba el servicio o no, pues al ocurrir un hecho así, también se vulneró la confianza de la asociación que fungía como su empleadora. [287-10]

DESPIDO DE  GUARDA POR NEGLIGENCIA. CONCEPTO DE NEGLIGENCIA. ARTÍCULO 81 INCISO F) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.  La negligencia consiste en la omisión de la diligencia o cuidado que debe poner el trabajador en el desempeño del cargo  asignado en el manejo y custodia de los implementos de trabajo. El actor permitió que personas extrañas a la institución (JAPDEVA) guardaran materiales ajenos a esta, y que posteriormente ingresara un vehículo particular en horas de la madrugada; lo que comprometió la seguridad y puso en peligro el patrimonio de la institución. El comportamiento viene a ser aún más reprochable al tratarse de un guarda cuya tarea principal es velar por la seguridad. Si bien, además ocurrió un acto delictivo en la bodega de la demandada (sustracción de llantas) y se reprocha que no se logró determinar con exactitud el momento en que se dio la sustracción, esto es irrelevante para el caso que nos ocupa pues el despido se basó únicamente en la conducta negligente del actor. [846-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. REPARTIDORES DETUVIERON EL CAMIÓN EN UNA ZONA PELIGROSA Y FUERON VÍCTIMAS DEL HAMPA. Tanto para el actor como para sus compañeros existían indicios precisos de que la zona donde realizaban la entrega era desolada y peligrosa; además, tenían bajo su custodia una considerable cantidad de dinero. Resulta una falta laboral enmarcable dentro del inciso f del artículo 81 del Código de Trabajo, el hecho que conociendo todos esos pormenores, el actor y sus compañeros detuvieran el vehículo en esa zona, comprometiendo su seguridad y la de los bienes de su patrono, al punto que los convirtió en un blanco fácil para el hampa. Esa situación no es excusable, ya que se encontraban próximos a arribar al lugar donde debían hacer una de las entregas encomendadas. [855-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. EMPLEADO DE HOTEL QUE SE ENCONTRABA EN UN ÁREA EXCLUSIVA PARA HUÉSPEDES, FUERA DE HORARIO DE TRABAJO, SIN AUTORIZACIÓN Y HUSMEANDO POR LA VENTANA DE UNA HABITACIÓN. Caso de encargado de mantenimiento. Estos hechos fueron acreditados a través de las declaraciones recibidas. El guarda del hotel expresó de forma clara que, antes del día de los hechos, sorprendió al actor en dos ocasiones, cuando éste se escondía entre las matas y husmeaba hacía el área de jacuzzi. También manifestó que un huésped se quejó de que un trabajador del hotel, estaba agarrado de la baranda mirando por una ventana de la habitación, mientras que él y su esposa, mantenían relaciones íntimas. El hecho de que el actor saliera corriendo del lugar al percatarse de la presencia del guarda del hotel, que fue sorprendido en un área exclusiva para huéspedes, fuera del horario de trabajo y sin autorización, son indicios que permiten concluir, que era la persona que estaba husmeando por la ventana de la habitación. [1553-10]

 

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR DAÑO CONTRA PROPIEDAD

(ARTÍCULO 81 INCISO D DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTORA INCURRIÓ EN FALTA CONTRA LA PROPIEDAD -DINERO- EN PERJUICIO DE SU PATRONO. CASO DE TRABAJADORA EMBARAZADA. La prueba testimonial es conteste, en cuanto a que la actora era la encargada de atender los clientes de la tintorería -recibía las prendas de vestir, hacía las facturas, entregaba las prendas cuando el trabajo estaba listo, cobraba las facturas y entregaba el dinero al representante patronal-, e incurrió en falta contra la propiedad -dinero- en perjuicio directo de su patrono -inciso d) del artículo 81 del Código de Trabajo-, por haberse apropiado del precio con que se cancelaban los servicios de tintorería, o por no cobrar el servicio a la hora de entregar las prendas de vestir. [834-00]

FALTA GRAVE. HECHO ILÍCITO COMETIDO EN PERJUICIO DEL PATRIMONIO DE LA EMPLEADORA. El demandante contactó a ciertas personas con los traileros, a los efectos de que cometieran un hecho ilícito en perjuicio del patrimonio de la empleadora y con ello percibió algún beneficio económico, lo cual no resulta admisible en una relación laboral. [1148-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE DE TRABAJADOR QUE SUSTRAE LECHE DE FINCA GANADERA. Se concluye que se trataba de leche en buenas condiciones, que no había vacas enfermas y solo una recién parida, así como que las anomalías ya venían suscitándose, pues reiteradamente observaban que el actor traía las pichingas, las llenaba de leche y después no se veían más, todo lo cual confirma que estaba hurtando bienes de su empleador.[388-08]

DESPIDO JUSTIFICADO POR BORRAR CONTROLES INFORMÁTICOS ELABORADOS POR ÉL. FALTA GRAVE POR QUEBRANTO AL PRINCIPIO DE BUENA FE. Indica la Sala que la decisión del actor de anular los archivos que él consideró le pertenecían por haberlos creado, no puede estimarse que obedeció a un error material de su parte, en tanto conocía perfectamente -como encargado del departamento de Transporte- de la utilidad que representaban esos archivos para el departamento; es decir, que constituían un instrumento de control adecuado y más acertado que el llevado en físico, lo que no le importó para su supresión, dejando a la institución sin los controles de administración y mantenimiento de los vehículos institucionales, durante el periodo a partir del cual los implementó. Por eso, la decisión del demandado de despedir al actor sin responsabilidad se estima legítima porque tiene fundamento en la disposición específica contenida en el artículo 81 inciso d) del Código de Trabajo que faculta esa decisión cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo. [1129-12]

DESPIDO JUSTIFICADO DE CHOFER DE AUTOBÚS QUE CAUSÓ SERIOS DAÑOS AL VEHÍCULO. NO APLICA INDUBIO PRO OPERARIO. Los hechos han sido acreditados por medio de los elementos probatorios aportados (un autobús propiedad de las accionadas sufrió un daño de magnitud tal que debió ser sacado de servicio para no poner en riesgo a los usuarios y usuarias, reparación que costó alrededor de los quinientos mil colones). La única interrogante es ¿cómo fueron provocados los daños?, pero el accionante no ha dado ninguna explicación ni aportó prueba al respecto. Es por eso que el principio de indubio pro operario invocado por el recurrente no puede ser aplicado al caso. [1187-12]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR ENGAÑO AL PATRONO

(ARTÍCULO 81 INCISO J DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

Ineptitud, incapacidad, incompetencia, inidoneidad como causa de despido (artículo 81, inciso j del Código de Trabajo): [216-99], [781-06]

Engaño sobre condiciones del trabajador a la hora de contratar, como causa de despido (inciso j, del artículo 81 del Código de Trabajo): [679-00]

Trabajador de la CCSS que no cumplía con la idoneidad para el ejercicio de las funciones asignadas. [ 637 -04]

DESPIDO JUSTIFICADO. OMISIÓN EN declaraciÓn jurada. La obligación de los funcionarios universitarios de cumplir con una declaración jurada, en la que deben indicar las instituciones para las que laboran, así como la jornada y el horario desempeñados, es el medio a través del cual, las universidades, se garantizan el respeto de la prohibición establecida en el artículo 41 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal. Existió una conducta no sólo omisiva de una de sus obligaciones laborales, sino un evidente actuar malicioso tendente a encubrir ilegítimamente, ante la institución patronal, su grave incumplimiento  de la prohibición  establecida en el artículo 41 del Convenio.   [166 -01], [76-03]

Despido justificado. FALTA GRAVE. OCULTAR INFORMACIÓN PERSONAL. Guarda de seguridad. C.C.S.S. Guarda que oculta información personal sobre su idoneidad moral al momento de ser contratado. Pérdida de confianza derivada de comportamiento contrario a la buena fe. Razonabilidad de la medida patronal tendente a conocer los antecedentes penales y morales del funcionario. [328-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. ASISTENTE DE PACIENTE APORTÓ FOTOCOPIA DE TÍTULO DE BACHILLER FALSO. El actor fue despedido al detectarse que a su expediente personal fue aportada una fotocopia de un título de bachiller en educación media que resultó ser falso. Ese título era un requisito necesario para poder optar por el puesto de Asistente de Paciente. No es cierto que el nombramiento del actor se haya dado por inopia, o sea por falta de personal calificado. La falta atribuida al accionante reviste la gravedad suficiente y justifica la sanción impuesta por la entidad demandada. [789-07]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. TRABAJADOR TOMÓ PREVISIONES PARA ENGAÑAR A SU EMPLEADORA. El demandante incurrió en un proceder engañoso, en aras de vulnerar el sistema de control de entrada al trabajo puesto en práctica por la accionada, pidiéndole a un compañero de trabajo que cada vez que llegara antes que él, le marcara la tarjeta.  Por ello, resulta irrelevante que tuviera o no alguna justificación para ausentarse de su trabajo, pues, la falta grave está constituida. [804-09]

 

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

(ARTÍCULO 81 INCISO L DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

HUBO IRRESPETO CONTRA PACIENTE. Técnico en ortopedia de Hospital, se introdujo en estado de embriaguez a una de las cabinas del hospital, con la finalidad de hacerle la corte a una paciente. [158-83]

Se trató evadir vigilancia tirando paquete por encima malla. (214-84)

De la prueba, se estableció que el actor era un empleado problema, que con su conducta o modo de comportarse llegó a configurar una causal justa para que se procediera a su despido, muy a pesar de las múltiples llamadas de atención que se le hicieron en procura de que se enmendara. [ 223 -84]

Enfermera justificó ausencia al trabajo con certificación médica alterada y falsa. (243-84)

Conforme a los artículos 65 y 73 del Reglamento Interior de Trabajo de la empresa demandada, el despido del actor fue justificado, pues consta en los autos, que con anterioridad, él había sido suspendido más de cuatro veces por faltas cometidas en su relación laboral. [ 95 -85]

Encargado de planillas giró una quincena a quien había renunciado. Encargado de planillas no comunicó renuncia de trabajador al departamento de datos. (97-85)

SÍ HUBO IRRESPETO. MANTUVO RELACIONES SEXUALES CON ESPOSA DE EMPLEADO. El propio actor admitió en la oficina de personal, que en horas de trabajo se había dirigido a la casa de un empleado de la empresa demandada, ubicada en las instalaciones de la misma compañía y ahí tuvo relaciones sexuales con la esposa de ese empleado por espacio de treinta minutos. [ 142 -85]

Trabajador laboró a medias y bajo protesta. (164-85)

SÍ HUBO IRRESPETO. PROVOCÓ INCIDENTE EN RESTAURANTE. El actor ocupaba el cargo de Jefe de Operaciones, y aunque no estaba de servicio el día en que se presentó a un restaurante a reclamarle a un señor un problema que éste tenía con su hermano, en esa ocasión, éste se hizo acompañar de dos de sus subalternos, viajando en un vehículo oficial, además uno de ellos siendo empleado de la Dirección antes dicha acudió en ayuda de su jefe sujetando al señor por los brazos en el momento del incidente que provocó el actor, quien no respetó que aquél estaba acompañado de su esposa. [ 248 -85]

SÍ HUBO IRRESPETO. ABUSOS DESHONESTOS CONTRA MENOR. El trabajador incurrió en hechos inmorales en perjuicio de una menor en el lugar de su trabajo la Aldea Infantil de Mohín, en donde laboraba como chofer y a veces como misceláneo. [ 22 -86]

Trabajador fue despedido por variar él la modalidad del trabajo. (65-86)

SÍ HUBO IRRESPETO. ABUSOS DESHONESTOS CONTRA MENOR DE EDAD. El trabajador incurrió en abusos deshonestos contra una menor de ocho años, menor que era hija del patrono del actor, conducta inconveniente y casi se puede decir hasta peligrosa, porque conduce a entorpecer la buena marcha y armonía que debe imperar en la relación de trabajo. [ 171 -86]

La actora no puede validamente argüir que tenía un derecho adquirido, derivado de la primera variación del horario que hizo un representante patronal, dado que posteriormente la entidad accionada decidió uniformarlos para todo el personal, y la servidora no acató la orden, con lo que se produjeron reiteradas sanciones disciplinarias hasta que se decretó el despido sin responsabilidad. [ 23 -87]

Empleado del... encargado de un proyecto de electrificación rural que era gratuito, solicitó y recibió dineros y otras regalías a los usuarios, por lo que fue condenado penalmente y por estos hechos fue despedido. [ 108 -87]

No existe disposición que obligue al patrono a cumplir formalismos. [ 157 -90]

Inhaló thinner en el trabajo y le ofreció a un compañero. [ 36 -91]

Se acreditó que empleado realizó irregularidades en el manejo de planillas y operaciones. [ 53 -91]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. NO SE REPORTÓ TRANSFERENCIA DE DINERO. CASO DE CAJERO DE BANCO ESTATAL. Tratándose de un cajero, sus actuaciones no se pueden ver en forma aislada sino en relación con el puesto que desempeña y sus respectivos deberes. El mismo actor reconoce que debía anotar las transferencias y que no lo hizo, por lo que con sus omisiones no sólo cometió un error sino que incurrió en un claro incumplimiento de sus obligaciones primordiales, lo que a su vez provocó trastornos en la Institución demandada que ameritaron una investigación. [149-91]

Notificación. [ 204 -91]

SÍ HUBO IRRESPETO. Al no existir la causal que le atribuyó la Caja procede la misma. [ 239 -91]

De las pruebas existentes, se desprendió que el actor dedicaba tiempo a actividades privadas ajenas a sus funciones en el Patronato Nacional de la Infancia. [ 86 -92]

El 27-8-91, la actora, le comunicó a su patrono que la Junta de Pensiones del le había otorgado la pensión, a partir del 1° de setiembre siguiente. Sin embargo, desde el 31 de julio anterior, no recibía ya el subsidio patronal por la incapacidad, y conocía que estaba excluida de las planillas; por eso había solicitado revocatoria del acuerdo y hasta su reinstalación al puesto de profesora. No existe, entonces, duda alguna de que, el despido, se efectuó primero que la pensión y en consecuencia, la posición sostenida durante el transcurso del proceso, por parte de la gestionante, en el sentido de que la ruptura del vínculo laboral ocurrió por la pensión, carece de veracidad. [ 274 -95]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE A OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CASO DE TRABAJADORA EMBARAZADA. La Sala llega a la ineludible conclusión de que la sanción de despido impuesta a la actora, estuvo plenamente sustentada en motivos graves y suficientes; razón por la cual, tal despido no puede considerarse como injustificado.  De las pruebas se desprende que se dio una serie de anomalías en el Departamento de Crédito, a cargo de la actora, que provocaron pérdidas económicas para la empresa. [43-99]

DESPIDO JUSTIFICADO. [46 -99]

Robo de pertenencias de compañero de trabajo como causal de despido justificado (se agrava en caso de funcionario público): [308-99]

FALTA GRAVE. NO SE DEMOSTRÓ PARTICIPACIÓN EN SUSTRACCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PERO SÍ NEGLIGENCIA. Empleado bancario no sigue procedimientos de depósitos y se pierde plata: no puede alegar que nunca fue adiestrado si se prueba que los procedimientos eran conocidos y utilizados por él: [846-00]

FALTA GRAVE. FUNCIONARIO PÚBLICO QUE NO DENUNCIA INCUMPLIMIENTOS NI DEFECTOS DE LA OBRA QUE SUPERVISA. Funcionario público encargado de fiscalizar o supervisar el desarrollo de una obra contratada administrativamente, que no realiza bien su función, negligente, no denuncia incumplimientos ni defectos, es complaciente: falta grave; no se requiere nombramiento formal como supervisor, basta que la obra pertenezca al área cuya jefatura ostentaba: [611-01]

Ejercicio privado de la medicina en las instalaciones y con los equipos de la Caja es falta grave: [079-02]

FALTA GRAVE A OBLIGACIONES DEL CONTRATO. ARTÍCULO 81 INCISO L) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.   [ 469-02],   [ 93-03]. 

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR UTILIZÓ TIEMPO Y BIENES DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN. Caso de Director Jurídico de Municipalidad que montó su bufete propio en su oficina de la Municipalidad, usaba tiempo laboral y los bienes de la Municipalidad para el ejercicio privado de la profesión, despido con justa causa: [184-03]

Funcionaria que laboraba como tía sustituta en Albergue del PANI, por irregularidades cometidas en perjuicio de los menores. [557-03]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. DESFALCO A EMPRESA EMPLEADORA. CASO DE DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO. La falta que se le atribuyó al accionante, consistente en desfalcar a la empresa accionada, fue debidamente comprobada y por lo tanto cometió falta grave a su contrato de trabajo que ameritaba, a la luz del artículo 81 inciso d) del Código de Trabajo, el despido sin responsabilidad patronal. [296-04]

Despido justificado, el trabajador cayó en abuso al reportar como gastos de representación y de combustible de la empresa, erogaciones personales, el vehículo asignado, según la testimonial recibida, se llega a la conclusión de que era de uso discrecional, y como tal debía tomarse en cuenta para el pago del aguinaldo. [ 471 -04]

FALTA GRAVE. Tarjeta reloj marcador: Es falta grave pedirle al compañero que marque por uno la tarjeta, para que no quede constancia de la llegada tardía: [957-04]

Se le despide, era empleada municipal, durante el período de prueba.  [ 310 -05]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADORA FUE RESPONSABLE DE ANOMALÍAS EN PAGOS DE MÁS QUE SE HICIERON A SU FAVOR. CASO DE TÉCNICA EN RECURSOS HUMANOS. A pesar de que el puesto que ocupaba y donde lo desempeñaba la obligaba a conducirse de forma absolutamente transparente, existen indicios claros, precisos y concordantes de que efectivamente fue la accionante la responsable de las graves anomalías que se presentaron en los pagos de más que se hicieron a su favor. [316-05]

Se logra demostrar que el actor fue despedido con justa causa. [ 454-05] , [740-05], [777-05] , [787-05] , [790-05] , [794-05] , [804 -05]

Asesor jurídico de la Municipalidad con pago de prohibición que ejercía notariado en horas fuera de oficina: [690-05], [922-05: caso de jefe de Catastro de la Municipalidad]

El actor era pastor de una Iglesia, y para ello debía contar con una credencial. Ésta le fue cancelada por haber incumplido con uno de los requisitos exigidos para gozar de este beneficio, en consecuencia, quedó imposibilitado para trabajar como tal. En este caso, la Asociación tiene plena autonomía por lo que cuenta con la facultad de regular sus relaciones de trabajo. Así las cosas, el actor cometió una falta grave, según las disposiciones internas de la demandada, por lo que se encuentra dentro del supuesto del inciso l) del artículo 81 del Código de Trabajo. V.S. El despido fue injusto, se pudo sancionar al pastor dentro de su ordenamiento moral y religioso, pero no jurídicamente por tratarse de derechos fundamentales. [1009-05]

REVISIÓN DE BOLSOS DE LOS EMPLEADOS. TRABAJADOR SE NEGÓ A QUE LE REVISARAN SU BOLSO. Se hace un análisis de un caso dónde el trabajador se niega a que le revisen el bolso en su trabajo a la hora de la salida. Se da por falta grave.  [ 014 -06]

DESPIDO JUSTIFICADO. negligencia y rompimiento del deber de custodia de los intereses de la institución bancaria. CAJERO DE BANCO ESTATAL. Los hechos que se le atribuyeron al demandante pueden calificarse como graves, pues hicieron objetivamente imposible la continuación de la relación de servicio, razón suficiente para justificar el despido sin responsabilidad. [90-06], [227-09]: caso en que se extraviaron timbres que estaban bajo la custodia de la Cajera General del banco

DESPIDO JUSTIFICADO. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Los informes no fueron cuestionados en cuanto a su contenido y resultado, fueron realizados por personal técnico en la materia, por lo que son prueba idónea para tener por acreditados los hechos que evidencian, amén de que esos hechos fueron ratificados por los testigos que declararon en este proceso, que tuvieron a cargo las investigaciones e informes. La misma recurrente confiesa que en la Sucursal de Desamparados, en las áreas que tenía responsabilidad el actor como asistente administrativo, existió un sistema deficiente y sin controles, que fue precisamente parte de las conclusiones emitidas en los informes que sirvieron de base para la atribución de responsabilidad disciplinaria del petente, por lo tanto con sus manifestaciones corrobora que hubo incumplimiento de parte del actor, entre otros, de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo y por lo tanto, se descarta que los informes que dieron lugar al proceso disciplinario estuvieran basados en aspectos subjetivos con el ánimo de perseguirlo. Las investigaciones hechas en la citada Sucursal evidenciaron que el actor, junto con el jefe de la Sucursal , fue el responsable indirecto de la pérdida de dinero en el área de egresos, por el pago indebido de subsidios. Por lo tanto, no encuentra la Sala que se haya dado mala valoración del amplio material probatorio aportado al proceso, ni violación de los principios de sana crítica e in dubio pro operario. [116-06]

Supervisor que no reportó maquinaria en mal estado perjudicando a la empresa. Se despide al actor, que era supervisor de una empresa de maquila, justificadamente porque una de sus tareas era reparar la maquinaria lo que no hizo pese a que se le indicó que se encontraba descompuesta [141-06]

El Tribunal de la Inspección Judicial acordó revocar el nombramiento de un funcionario del Organismo de Investigación Judicial por estimar que incurrió en falta gravísima al dar información sobre un operativo antidrogas que se iba a realizar, y en el cual se encontraban involucrados parientes de él. En la investigación realizada se utilizó como material probatorio las intervenciones telefónicas realizadas, las cuales sirven como notitia criminis mas no pueden ser tomadas como prueba directa o indirecta en el procedimiento. V.S. En el caso de marras, el material probatorio fundamental para acreditar la falta fueron las intervenciones de las llamadas, por lo que no puede tenerse por acreditada la falta; debiéndose aplicar el in dubio pro operario. [155-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR ORDENÓ TRAMITAR INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO DE FORMA ILEGAL. CASO DE AGENTE ADUANERO 5. Era Agente Aduanero 5 y cometió faltas graves al no reportar debidamente los vehículos. Existían directrices que, bien entendidas, impedían que el actor actuara como lo hizo. [237-06]

NO EXAMINAR LO VEHÍCULOS AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA ES FALTA GRAVE. CASO DE MECÁNICO. INCUMPLIMIENTO DE DEBER. La tarea principal del actor no era llenar boletas sino examinar los carros, deber que incumplió. El accionante era un empleado muy antiguo y reconoció que conocía el trámite de revisión, por lo que no puede excusarse en el error ni en un deseo de agilizar el trabajo, pues le era exigible una conducta cuidadosa y mesurada, dado lo delicado de su misión. Por ello, se comparte el criterio del ad quem, en el sentido de considerar justificado el despido. [279-06]

FALTA GRAVE. POLICÍA MUNICIPAL QUE MANEJÓ DINERO DEL CENTRO AGRÍCOLA SIN AUTORIZACIÓN. El accionante sí manejó dinero del Centro Agrícola para trasladarlo a la Asociación de Inquilinos, para lo cual no estaba autorizado. En varias ocasiones dio menos dinero del que le entregaban, y recibió ilegítimamente parte de este. Sí incurrió en una falta grave al recibir dineros en circunstancias extrañas sin ninguna autorización para ello, aún y cuando se hallaba prestando sus servicios como policía municipal. También aceptó dinero de parte de su compañero, proveniente de aquellos fondos, cuando la Municipalidad le pagaba horas extra por acudir a la feria del agricultor los sábados. [386-06]  

El actor trabajaba como pistero-cajero en una estación de servicio y fue despedido justificadamente, debido a que no existe duda en cuanto a la responsabilidad de éste en las anomalías presentadas con el uso indebido de los “vauchers” en el cierre de su caja. En virtud de lo anterior, no le resulta aplicable el principio de in dubio pro operario. [393-06]

El trabajador ejercía el cargo de jefatura del departamento de finanzas y contabilidad de la corporación para la cual laboraba, y como tal era el responsable de muchas de las anomalías que se detectaron en los estudios de auditoría, sin que conste alguna razón que le exima de responsabilidad por las deficiencias apuntadas; de las cuales algunas se estiman como manejo básico de contabilidad. En consecuencia, la parte demandada sí logró acreditar las faltas atribuidas al trabajador para justificar su despido. [399-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR DESATENDIÓ DEBERES DE OFICINA. El actor, en tanto encargado de la oficina, no se preocupó por al menos establecer controles básicos para el recibido y custodia de la información que se remitía y para constatar cuáles servicios efectivamente se habían brindado para realizar los trámites necesarios para el cobro, lo que refleja una ausencia de compromiso en pro del resguardo de los intereses patronales y, por la misma razón, se convirtió en un trabajador inconveniente para el cumplimiento de los fines de la Institución.Véase el Voto N° [544-06]

Despido justificado. Se hace un análisis del despido de un trabajador de Servicios Públicos de Heredia. Donde se arriba a la conclusión que el despido es justificado [545-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. COBRAR MULTA POR INFRACCIÓN NO COMETIDA. Los reparos no son de recibo. No existe necesidad de realizar dos procedimientos, como indica el recurrente. Basta con que se abriera y siguiera un procedimiento administrativo-disciplinario, como en efecto se llevó a cabo, para que se cumpliera con el derecho de defensa y el debido proceso. ... Siendo claro, como señala el Ad Quem, que la falta imputada no solo fue cometida por el actor, sino que su objetivo era beneficiar a un tercero soslayando así los intereses públicos de dicho gobierno municipal -los propios de su Hacienda- y eventualmente los de un tercero ajeno a la situación a quien se le iba a cobrar una multa por una infracción que no cometió. Tal y como señala dicho órgano, esta falta es razón suficiente para el despido de que fue objeto el actor, señor Flores Gonzáles. Por lo consiguiente, se debe denegar el recurso y confirmar la sentencia recurrida. (579-06)

ALTERACIÓN DE BOLETA DE TRÁNSITO (INFRACCIÓN) ES FALTA GRAVE. La falta imputada no solo fue cometida por el actor, sino que su objetivo era beneficiar a un tercero soslayando así los intereses públicos de dicho gobierno municipal y eventualmente los de un tercero ajeno a la situación, a quien se le iba a cobrar una multa por una infracción que no cometió. Tal y como señala dicho órgano, esta falta es razón suficiente para el despido de que fue objeto el actor. [612-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. FALSIFICACIÓN DE PASAPORTES EXTRANJEROS. El Tribunal tuvo por justificado el despido del actor, en tanto su conducta facilitaba la falsedad de los pasaportes extranjeros, al estamparle falsa e indebidamente los sellos migratorios. Esa fue la falta reprochada al actor, aún cuando el Tribunal también hiciera mención, en forma sucinta, a su participación en el uso indebido de las tarjetas migratorias conocidas como “landings”. [813-06]

Se sentó a jugar con una de las clientes en horas de trabajo pese a ser supervisor del Casino [814-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. VIOLENCIA DOMÉSTICA COMETIDA POR UN POLICÍA ES FALTA GRAVE. La Sala mantiene ese criterio, precisamente para los casos en que se acredite la existencia de hechos constitutivos de violencia doméstica, como lo es el que se conoce, pues, no es razonable que quien está llamado a socorrer a las víctimas de este tipo de abusos sea, a su vez, victimario. En consecuencia, la falta debe calificarse como grave, suficiente para justificar el despido sin responsabilidad patronal. [832-06]

 

DESPIDO JUSTIFICADO. ALTERACIÓN DE TAXÍMETRO ES FALTA GRAVE. El actor fue quien despegó el taxímetro del vehículo y lo regresó ya dañado, eso es falta grave suficiente para que el accionado hubiese puesto fin a la relación laboral sin responsabilidad de su parte, por lo que el despido fue justificado. Existen indicios claros, graves y precisos que demuestran también que la intención del accionante fue alterar la "maría" para obtener un provecho ilegítimo como lo es cobrar más de la tarifa legal. [849-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE A OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. En relación con este tema, resulta de interés citar la sentencia, también de esta Sala, N° [046-99], dictada a las 15:00 horas del 24 de febrero de 1999, en cuanto ahí se indicó: “… ‘Eso sí, ha de tratarse de una verdadera competencia o, por lo menos, de la posibilidad real de que la actividad, ejercida al margen del contrato de trabajo, redunde en un verdadero perjuicio para el empleador y que dañe o pueda afectar efectivamente, sus intereses (...) Sin embargo, sí incurre en incumplimiento de ese concreto deber, cuando resulte un daño potencial o efectivo para el empleador; ya sea que provenga éste de una actividad preparatoria o bien de una en ejecución - según sea el caso - , cuando aún no haya concluido la respectiva relación laboral...; En este sentido la competencia - también conocida como concurrencia - desleal se ha definido como una” …transgresión de la buena fe contractual y una falta de fidelidad en el empleo para con la empresa, que no sólo remunera el trabajo, sino que facilita medios para adquirir un perfeccionamiento que luego el interesado utiliza, con notorio abuso y evidente perjuicio para quien depositó con él su confianza, sin que ello obste que no se haya materializado la puesta en marcha de una nueva empresa, ni que por ésta se haya podido realizar operación competitiva con posible perjuicio económico (...) El ámbito de la prohibición se limita a aquellas actividades que se desarrollan dentro del mismo plano en que efectúa las suyas la empresa principal, por incidir sobre un mismo mercado y sobre un mismo círculo potencial de clientes, realizándose aquéllas de manera desleal, con olvido de las exigencias de la buena fe, mediante el aprovechamiento de datos internos de la empresa que son conocidos por su trabajo en ésta y que cuando se refieren a su sistema organizativo o de producción o versan sobre la relación de sus proveedores o clientes, pueden causar un potencial perjuicio a aquélla, por alterar el juego de la libre competencia, proporcionando una posición de ventaja para la segunda actividad”. (IGLESIAS CALERO, Manuel. “TRANSGRESIÓN A LA BUENA FE CONTRACTUAL ”. En Estudios sobre despido disciplinario. Acarl, Madrid, 1992, pág. 237)". (Los destacados no son del original). (En similar sentido también pueden consultarse las sentencias números [386-99], de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999; [098-01], de las 8:50 horas del 9 de febrero del 2001; [096-04], de las 14:50 horas del 18 de febrero del 2004; [804-05], de las 9:35 horas del 28 de septiembre del 2005). [902-06]

FALTA GRAVE. PERMITIR INGRESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS A LA EMBARCACIÓN. CAPITÁN DE BARCO. Se concluye que el demandante sí incurrió en una falta grave (inciso l) del artículo 81 del Código de Trabajo), al permitir el ingreso de personas no autorizadas a la embarcación, sin contar con los permisos respectivos; dejar que la mujer, quien en ocasiones lo acompañaba, tomara algunas veces el timón del barco, aunque esto no hubiese representado causa de algún accidente en concreto; consentir que dicha mujer durmiera dentro del barco; hablar por teléfono al momento de llevar la dirección del ferry lo cual provocó que el barco encallara momentáneamente en un banco de arena. Resulta reprochable que el encallamiento fuera producto del descuido del capitán al ir hablando por teléfono cuando se trata de una maniobra que demanda responsabilidad, pericia y cautela de quien la ejecuta; surgimiento de problemas laborales con los subalternos y por anteponer sus problemas personales a su situación de trabajo. [979-06]

FALTA GRAVE. TRABAJADOR REALIZABA TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO LABORAL EN HORAS DE TRABAJO. Las faltas en las que el patrono se basó para decretar el despido del actor, son por sí mismas faltas graves, pero revisten mayor gravedad en razón del puesto de jefatura que ostentaba. El actor no solamente ocupaba tiempo de sus propias labores en la ejecución de trabajos ajenos al contrato laboral, sino que además requería, en algunos casos, de la colaboración de otros trabajadores a quienes distraía de la ejecución de las obligaciones propias de sus cargos. [1069-06]

FALTA GRAVE. EMPLEADA TRAMITÓ TRASPASO DE PATENTE DE LICORES SIN CONSIDERAR EL EMBARGO ORDENADO. La accionante como encargada del Departamento de Patentes, Rentas y Cobranzas de la Municipalidad, efectuó el trámite de traspaso de la patente de licores sin tomar en cuenta que esta se hallaba afectada por una anotación de embargo practicado, autorizó el traspaso libre de gravámenes a pesar de que tenía pleno conocimiento del embargo que pesaba sobre la patente. VOTO SALVADO. Sobre las faltas imputadas a la actora. La actuación de la actora en relación con la serie de acontecimientos suscitados con el traspaso de la patente, no evidencian un incumplimiento grave a las funciones que le impone el artículo 147 del Código Municipal, que justificaran su despido sin responsabilidad patronal. [1081-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. diligencias DE trabajadores en Ministerio de Trabajo no justifican las ausencias o abandonos. NO FUE DESPIDO ENCUBIERTO. La actora dejó de realizar sus labores, dado su enojo ante una llamada de atención que le hiciera su empleadora.  Quedó acreditado que la accionante no se presentó a laborar. La Sala estima que sí se configuró la falta grave atribuida a la accionante, en el tanto en que se tienen por configuradas las dos ausencias injustificadas y continuas al trabajo. No medió el supuesto despido velado que se acusa en el recurso. [1129-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. GUARDA DE HOSPITAL DESPEDIDO POR JUGAR "CARTAS" EN HORAS LABORALES. Los hechos que sustentaron la falta sí se presentaron tal y como fueron alegados por la Administración a la hora de proceder al despido, de manera que se cuenta con tres personas que presenciaron directamente cuando el actor se hallaba jugando cartas en horas laborales, descuidando su puesto de trabajo como guarda de seguridad del hospital. [1130-06]

FALTA GRAVE. EMPLEADO DE LA COCA-COLA QUE ORINÓ CERCA DE CAJAS PARA PRODUCTO. La sola circunstancia de que el actor, dentro de las instalaciones de la demandada, en una zona que no está destinada para ello y cerca de las cajas para el producto, se haya orinado, es razón suficiente para justificar su despido porque, como es público y notorio, el giro normal de la demandada es el embotellamiento de productos para el consumo humano y esto constituye en indispensable el acatamiento a las normas mínimas de higiene en una empresa de esa naturaleza. [1135-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR INCUMPLIÓ CONTRATO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA. CASO DE CONSULTOR DEL MINAE. El actor incumplió el contrato de dedicación exclusiva que había suscrito con el Ministerio del Ambiente y Energía, al firmar un contrato de servicios especiales con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como consultor. La circunstancia de que en el contrato de Dedicación Exclusiva con el MINAE no se indicara la profesión que quedaba cubierta, no lo habilitaba para que suscribiera el otro contrato de servicios profesionales, por lo que se configura la falta endilgada. [1138-06]

DESPIDO POR FALTA LABORAL. DESPIDO POR MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL SINDICATO. La principal obligación del trabajador es la prestación del servicio, en forma diligente y acorde con los intereses patronales; la falta laboral se configura cuando el trabajador viola ese deber, mediante una actuación omisiva o negligente, que perjudica o pone en peligro los bienes o intereses de su patrono, sin necesidad de acreditar un ánimo particularmente doloso. [092-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. INCUMPLIMIENTO DE TAREAS. Los hechos tenidos por acreditados justifican la destitución dispuesta, pues no resulta admisible que la persona que trabaja deje de cumplir sus tareas. La situación se agrava por el hecho de que tuvo como consecuencia, perjuicios económicos para la sociedad empleadora, y además, el actor tuvo la intención de ocultar lo ocurrido a los representantes patronales. [121-07]

FALTA GRAVE. COMPORTAMIENTO IMPRUDENTE. TRABAJADOR PUSO EN RIESGO SEGURIDAD PERSONAL DE COMPAÑERO. El trato dado por el demandante a su compañero de trabajo representó un peligro potencial para este último, no obstante, no se acreditó que lo sucedido alterara gravemente la disciplina y diera lugar a la interrupción de las labores. Sin embargo, no cabe duda que la agresión -empujón y consecuente caída y golpe sufridos por su compañero de trabajo- es un hecho reprochable e injustificado, constitutivo de falta grave; un comportamiento imprudente e inexcusable, ya que con ello se comprometió -puso en riesgo- la seguridad personal del agredido, habida cuenta la acreditada peligrosidad del área de trabajo donde se desarrollaron esos hechos. Incisos b) y h) del artículo 71, en concordancia con el 81, incisos f) y  l), del Código de Trabajo. [146-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE EMPLEADO DEL IMAS QUE SOLICITA DINERO A USUARIO.  Empleado público que solicita dinero a usuario, a cambio de ponerle al día los intereses atrasados. [181-07]

FALTA GRAVE. ENVIAR FRUTA MADURA A PLANTA EMPACADORA EXISTIENDO PROHIBICIÓN EXPRESA. CASO DE PEÓN AGRÍCOLA. El actor se encontraba ante un dilema: como la orden era de cinta barrida tenía que cortar todos los racimos porque si no lo reprendían, mientras que por otro lado también le llamaban la atención si mandaba bananos maduros a la planta. La solución que ideó fue cortar el racimo que tenía visos de maduración y ocultar esa situación arrancándole los dedos amarillentos. Esta conducta configura una falta grave, pues lo que debió haber hecho fue consultarle al capataz cómo proceder en ese caso. [185-07]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA LABORAL. ALTERÓ SISTEMA DE RESERVACIONES EN AEROLÍNEA. Encargada de reservaciones de una línea aérea alteró el sistema a efectos de poder viajar con un familiar aprovechando los pasajes sujetos a espacio dados por la empleadora [281-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Alcalde municipal suplente. Trabajador que contraviene disposición expresa de no autorizar visado de planos en contraposición con lo establecido en plan regulador del cantón. Falta grave por incumplimiento de deberes. [284-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. MAL MANEJO FINANCIERO DE FONDOS DE INSTITUCIÓN. Administrador de comité local de la Cruz Roja Costarricense que incurre en malos manejos financieros con fondos de la institución. Falta grave por incumplimiento de deberes. [298-07]

DESPIDO. CONDUCTA INDEBIDA HACIA PACIENTE DE HOGAR DE ANCIANOS. No se dan los supuestos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para la aplicación del principio in dubio pro operario. La prueba de los hechos por los cuales se aplicó el despido es contundente, por lo que no existe la duda razonable  que permite resolver a favor del trabajador. [342-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. PRESTAR SERVICIOS A TERCERO EN HORAS LABORALES CON MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. EMPLEADO MUNICIPAL. Caso de trabajador municipal que incumple con deberes y prohibiciones, al prestar servicios de remoción de tierra a ex Alcalde, con maquinaria de la Municipalidad y durante su jornada laboral. Debe entenderse como quebrantados los numerales 147 y 148 del Código Municipal.  Es justificado, al proceder en horas laborales sin autorización alguna a realizar un trabajo en beneficio de un particular.  [531-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. desobediencia y conducta contraria a obligaciones contractuales. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD. Se constata la falta grave del trabajador. Respeto al debido proceso y derecho de defensa en la investigación previa. Caso de empleado público. [560-07]

Despido justificado. Falta grave por abuso de poder. CASO DE OFICINAL DE POLICÍA. Caso de oficial de policía que usa bienes del Estado y se apropia de lo que cobra por deudas de particulares. [578-07]

Despido justificado. participar en trámite de concesión solicitada por pariente político. empleada municipal. Quebranto del principio de buena fe. Funcionaria municipal que participa activamente, en trámite de concesión en zona marítimo terrestre, de familiar político. La demandante, en su condición de funcionaria municipal, participó en al menos una fase del trámite de concesión que solicitó su cuñado, no obstante tener pleno conocimiento del parentesco y, por ende, del impedimento que tenía para llevar a cabo tal diligencia. [597-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. INTERVENCIÓN EN ENTREGA DE DONATIVO. funcionario de la Cruz Roja Costarricense. El jefe nacional de socorrismo de la Cruz Roja Costarricense incurre en falta grave, al intervenir en la entrega de donativo de un "diario" a compañero de trabajo; donativo que formaba parte de las gratificaciones recibidas para atender desastres naturales. [687-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. MALTRATO VERBAL POR VÍA TELEFÓNICA A CLIENTE DE EMPRESA. Trabajador que maltrata verbalmente a cliente mediante vía telefónica. Falta grave comprobada a través de prueba testimonial que ratifica existencia en grabaciones de la ofensa. Inexistencia de quebranto al principio in dubio pro operario y al deber patronal de probar en juicio causal alegada. VOTO SALVADO. La prueba ofrecida es insuficiente para acreditar la falta, los testimonios no son contundentes en indicar la fecha en la cual sucedieron los hechos, el canal que estaba asignado para identificar el accionante y lo más importante no fueron capaces de recordar el nombre del quejoso. La prueba contundente para un caso como el de marras, sería la cinta de grabación de la conversación telefónica. [722-07]

DESPIDO POR FALTA GRAVE. ACTUAR NEGLIGENTE DE CAJERO DE LA C.C.S.S. FACILITÓ SUSTRACCIÓN DE DINERO. El actuar negligente del actor facilitó que se cometiera la sustracción del dinero bajo su custodia, al no haberle dado vuelta al dial de la caja fuerte principal y solo limitarse a ponerle llave, para luego dejar esta junto con las de la bóveda y las del local de la accionada totalmente desprotegidas en el monedero del vehículo, de donde las sustrajeron. [729-07]

FALTA GRAVE. ASESOR LEGAL DE MUNICIPALIDAD QUE CONTESTA AFIRMATIVAMENTE HECHOS DE UNA DEMANDA INCOADA CONTRA EL ENTE MUNICIPAL. El actor no actuó de conformidad con su deber de asesor legal en el sentido de defender los intereses de la Municipalidad. Incurrió en falta grave ya que actuó en contra del principio de buena fe, al contestar afirmativamente los hechos de una demanda, con las consecuencias que ello podría representar para la entidad. [730-07]

Despido justificado por falta gravísima. EMPLEADO JUDICIAL QUE SOLICITA DÁDIVA. Caso de empleado judicial que se aprovecha del cargo que ostenta y de la confianza de sus superiores. Solicitud de dádiva para tramitar permiso de salida del país a obligado alimentario. [803-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. APROBACIÓN DE CRÉDITO SIN ANALIZAR DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA. EMPLEADA BANCARIA. Acorde con la naturaleza propia de las funciones que desempeñó la actora, era elemental para la aprobación de un crédito valorar y analizar con detalle toda la documentación del expediente del crédito respectivo. Eso no lo hizo la actora y así lo ha aceptado. Queda patentizado el descuido y negligencia en su actuar, pues incumplió deberes propios del cargo. La falta es lo suficientemente grave para justificar su cesación laboral por despido -artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo-, sin amonestación previa. [863-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. PONER A DISPOSICIÓN DE OTRO EMPLEADO BANCARIO FONDOS PÚBLICOS CUSTODIADOS. El actor puso a disposición de otro empleado bancario fondos públicos que estaban bajo su custodia, facilitando que se beneficiara económicamente. El accionante sí conocía el procedimiento determinado por el Banco, no obstante lo obvió. La falta es grave y justifica su cesación laboral por despido -artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo-. [892-07], [448-09]

Despido justificado. FALTA GRAVE. EJERCER PROFESIÓN PRIVADAMENTE EN FORMA INCOMPATIBLE CON EL CARGO PÚBLICO QUE SE OSTENTA. Caso de arquitecto municipal que ejerce su profesión privadamente en forma incompatible con su cargo, a pesar de no recibir pago por prohibición. [922-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. GUARDA QUE SE DUERME EN EL TRABAJO. Se concluye que al quedarse dormido y omitir las marcas en horas de la mañana, el actor faltó a sus deberes de vigilancia, lo cual por la especial naturaleza de sus labores se estima que constituye una falta grave a sus obligaciones (inciso l) del artículo 81 del Código de Trabajo), dado que estaba en el deber de vigilar los bienes que un tercero había encomendado a su empleadora y al no hacerlo, la colocó en una posición de riesgo. [949-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. EMPLEADO MUNICIPAL QUE DORMÍA EN HORAS LABORALES Y HACÍA FUNCIONES AJENAS A SU CARGO. El actor era misceláneo y estaba destinado a la actividad de aseo de vías de sitios públicos en San Francisco de Goicoechea, con un tiempo para almorzar de 11 a 11:45 a.m.; sin embargo, el mismo fue hallado durmiendo a la 1:20 p.m. y ese mismo día también fue localizado en Guadalupe centro, haciendo otras funciones ajenas a su cargo. Por ende, incurrió en faltas graves a las obligaciones que le imponía el contrato. [958-07]

FALTA GRAVE. PERMITIR CONSTRUCCIONES SIN PERMISO MUNICIPAL. INSPECTOR DE MUNICIPALIDAD. Hay un numeroso grupo de anomalías que sí quedaron acreditadas y que justifican el despido, tales como que en varias propiedades se estaban erigiendo construcciones sin la licencia municipal correspondiente; omisión de clausurar las obras que no contaban con el permiso municipal; no realizar las inspecciones respectivas. Asimismo, de los testimonios se colige que el actor propuso a los propietarios de las construcciones “arreglar” la situación, vocablo que en la cultura costarricense tiene connotaciones muy particulares y que deja entrever una actitud poco ética de parte del accionante en el ejercicio de sus funciones. [964-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. INADECUADO TRATO A CLIENTES. Quedó demostrada la existencia de un inadecuado trato de la actora para con los clientes del sitio donde trabajaba, situación que perduró durante gran parte de la relación laboral. Además, la actitud se mantuvo aún después de que la demandada habló con la trabajadora sobre el problema y le llamó la atención en varias ocasiones. Esta Sala considera que la falta sí fue lo suficientemente grave como para justificar el despido. [966-07]

Despido justificado de empleada de Correos de Costa Rica S.A. NEGLIGENCIA EN CUSTODIA DE DINERO. Incumple con funciones inherentes a su puesto, tales como, el resguardo de valores asignados a ella, como administradora de la sucursal. Falta grave por actitud negligente. [983-07]

Despido justificado. PÉRDIDA DE CARGA TRANSPORTADA. cHOFER DE furgón.  El trabajador incumplió el deber de cuidado, lo que generó pérdida de parte de la carga. [1002-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. TRATO INADECUADO A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE CASA HOGAR. Falta grave al maltratar y cometer abuso verbal y físico en contra de adultos mayores residentes en la casa hogar donde laboraba. [1004-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. SUPERVISOR DE TALLER QUE INCUMPLE SUS OBLIGACIONES. Ese incumplimiento del trabajador puede referirse al conjunto de obligaciones que asume en virtud del contrato de trabajo; a un defecto en la ejecución de la obra o servicio contratado, o atinente a una conducta indebida del trabajador, que impida la continuación de la relación laboral. En el caso concreto, el demandante laboraba para la accionada como supervisor, teniendo dentro de sus funciones controlar el personal y coordinar los servicios. Hubo falta de diligencia del actor, también desidia y apatía en el cumplimiento de las obligaciones por las cuales fue contratado, pues a pesar de conocer los problemas presentados con el automotor, no hizo ver -tanto a los propietarios de la sociedad accionada como al cliente- las deficiencias y problemas detectados, ni tomó medidas para solventarlos, pese a que tenía la obligación de hacerlo, afectando con ello la imagen y el patrimonio de la demandada y poniendo en riesgo la vida y seguridad de las personas.[003-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. MALTRATO Y AGRESIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS A LOS ANCIANOS Y ANCIANAS DEL HOGAR EN QUE LABORABA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. Está acreditado que a solicitud de la administradora se efectuó en el Hogar de Ancianos, una valoración por parte de la gerontóloga y trabajadora social. Ha de estimarse que  la investigación elaborada por la citada profesional resulta objetiva y no  constan en autos motivos razonables para catalogarla de parcializada. Todo lo contrario, analizado el informe en su contenido se infiere que el mismo comprende de manera pormenorizada los aspectos que convergen con las recomendaciones. Aunado a lo anterior se cuenta con un segundo informe rendido por otro profesional en trabajo social, que viene a corroborar lo establecido por la especialista en gerontología, siendo coincidentes en los maltratos y agresiones físicas y psicológicas de que eran objeto los ancianos y ancianas, así como, del resto de personal aludido en el informe. De la misma manera, las declaraciones rendidas por otras dos testigos, constatan los hechos. [076-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD. CASO DE JEFE DE REPUESTOS EN SUSCURSAL DE EMPRESA. A pesar de que no existió un contrato escrito en el que se establecieran todas sus obligaciones y responsabilidades, prevalece el principio de primacía de la realidad, y como jefe de la sucursal debió velar diligentemente por el cumplimiento de todas las reglas y directrices que estableció la empresa demandada para el buen funcionamiento y de las cuales él tenía pleno conocimiento. [138-08]

DESPIDO DE FUNCIONARIA PÚBLICA POR TRABAJAR PARA EMPRESA OFERENTE EN PERÍODO DE PERMISO SIN GOCE DE SALARIO. La actora faltó a las más elementales obligaciones éticas que derivan de los principios de buena fe y lealtad que deben siempre prevalecer en toda relación de empleo; actuación con la que no sólo pudo lesionar gravemente el prestigio e imagen del Estado sino también poner en tela de duda la objetividad y transparencia del proceso licitatorio llevado a cabo y en el que ella participó como apoderada  de la empresa. En este sentido, debe advertirse que la licenciada tramitó un permiso sin goce de salario para atender asuntos personales, que le fue otorgado con base en la normativa que prevé ese tipo de licencias (artículos 92 del Reglamento Autónomo de Trabajo del MIRENEM, 33 inciso c) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y 37 inciso c) del Estatuto de Servicio Civil), sin embargo esto no constituyó más que un engaño para su empleador, pues con vista en los autos, incluso con antelación a la vigencia de dicho permiso -cuando disfrutaba de las vacaciones, ésta se encontraba avocada a la atención de los asuntos del “bufete especializado en Ambiente”. Resulta revelador su proceder en clara contravención a la normativa que regía en ese momento las actuaciones de los servidores de ese Ministerio, así como el incumplimiento de los valores que componen el contenido ético de la relación de trabajo (buena fe, fidelidad, lealtad, honestidad, entre otros).[155-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. TRABAJADOR INVERTIÓ FONDOS DE HOGAR PARA ANCIANOS EN CUENTA PERSONAL. El actor incurrió en una evidente falta grave al invertir fondos de los residentes del Hogar para Ancianos en cuentas personales. Incluso llegó a retirar el quince por ciento de la pensión que correspondía a aquellos residentes que por su condición de salud no podían hacerlo, y hasta pensiones completas de una de las residentes ya fallecidas. Además quedó demostrado que en el tiempo que laboró como contador y tesorero de la institución, se cometieron errores técnicos o bien contables en la liquidación de los fondos del Consejo de la Persona Adulta Mayor. [207-08]

DESPIDO JUSTIFICADO DE MÉDICO. PROCEDER NEGLIGENTE DE PROFESIONAL EN CIENCIAS MÉDICAS. Al accionante se le atribuyó una falta por el mal trato dado a varias usuarias del Hospital, como fue la presión psicológica que ejerció sobre algunas pacientes sin ningún tipo de prudencia, al sugerir que el bebé se le podía morir y que no se podía hacer nada si eso ocurría. En relación con este hecho, solamente se contó con lo dicho por las propias quejosas, dado que los demás testigos se limitaron a dar detalles sobre el procedimiento usual en el hospital cuando el médico realiza dichas visitas, así como al ambiente de angustia que reinaba en el salón de maternidad después de que las pacientes fueron visitadas por el actor. Ahora bien, entre el hecho infractor o falta y la medida disciplinaria, siempre debe darse una correlación de entidad, es decir, se requiere que opere una equitativa correspondencia entre la gravedad de la falta y la magnitud de la sanción- podría concluirse que dicha falta inexcusable debió acarrear, sin lugar a dudas, una sanción como por ejemplo una suspensión sin goce de salario, mas no el despido. Se le atribuyó una segunda falta, pues, una paciente presentaba un cuadro de placenta previa, por lo que se requería una intervención urgente del médico especialista en el campo de la ginecología y obstetricia, a la vez que era evidente que, al momento de ingresar al hospital, el estado de la paciente era muy delicado. La mayoría de los testimonios constantes en los autos coincidieron en que un caso de esas características amerita una cesárea antes que un parto normal, a lo cual se opuso el accionante en todo momento, por estimar que la paciente se encontraba "en expulsivo" y que su situación no correspondía a una situación de placenta previa. El demandante debió tomar la dirección del parto y no solo asistir periódicamente al otro médico, quien no es especialista en la materia, para lo cual lo autorizó incluso a practicarle un legrado a la paciente, sin haberlo siquiera acompañado en el procedimiento. Además, la situación particular que presentaba ella, era ya del conocimiento previo del accionante, no se trató de una situación imprevista al momento del parto.[270-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE GERENTE QUE ABUSA DE SUS POTESTADES. El accionante, en su condición de gerente, incurrió en falta grave, al haberse autorizado el pago de horas extra y aprobado préstamos a sí mismo en forma irregular, suficiente para dar por concluido su contrato de trabajo sin responsabilidad patronal.[238-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. La empresa confió el manejo del automotor al actor, y éste sin autorización alguna, lo entregó a un tercero; lo que concluyó en un accidente.[264-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. SE DEMOSTRÓ ESTADO DE EBRIEDAD, AUSENCIA Y DAÑO A PROPIEDAD DE PATRONO. [348-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE CAJERO DE JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ.  Los hechos imputados al demandante deben calificarse suficientemente graves, como para haber hecho imposible la continuación de la relación de servicio, lo cual justificó claramente el despido sin responsabilidad al amparo de lo dispuesto por el artículo 81 inciso l del Código de Trabajo. No se puede obligar a la entidad accionada a mantener a un servidor que no ha demostrado una actitud celosa y diligente en procura de proteger la imagen y los intereses de la institución, así como los recursos y fondos que le han sido confiados en virtud de su cargo, el cual debió ejercer con apego a los más estrictos controles dispuestos para tal finalidad, o a aquellos que la experiencia y la lógica demandan.[351-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. ACTOR SE NEGÓ A ACATAR NUEVO HORARIO DE TRABAJO. Al actor se le atribuyó el haberse negado a acatar el cambio de jornada que se dispuso para mejorar el servicio público que brinda la Municipalidad demandada en el cementerio, lo que sin lugar a dudas constituye falta grave, contemplada como causa justa que faculta al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, en el artículo 81, inciso h) del Código de Trabajo. VOTO SALVADO. El actor cumplió con el número de horas laborales que le correspondía según el contrato de trabajo, de manera que la falta cometida no fue un típico abandono de trabajo como se le acusó para justificar el despido, sino una desobediencia a una arbitraria decisión de cambio de horario y de días en que debía laborar. Se dio un abuso del ius variandi. Despido injustificado. [592-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. PÉRDIDA DE CONFIANZA. DESFALCO DE LANDINGS. CASO DE OFICINISTA EN AEROPUERTO. Se observa que había mucho desorden con el manejo de los landings, lo que fue aprovechado por un grupo de funcionarios de migración para sustraer los timbres. Para la época en que se dieron los hechos los encargados de rayar los timbres eran los propios servidores de migración y no los de la línea aérea, razón por la cual a los inspectores migratorios les era fácil apropiarse de los timbres de $17 sin matar y mandar a cómputo las tarjetas falsificadas con los timbres de $2 que seguramente sí rayaban. Un signo evidente de que el paquete de landings del vuelo 564 de Delta fue manipulado es la pérdida de 16 tarjetas, lo que se explica por la premura con que tuvieron que actuar los autores del ilícito para hacer la suplantación. El atraso de cuatro horas y media en ser entregado el paquete a cómputo calza con el tiempo que necesitaron los partícipes del fraude para pasar la información de los landings originales a los falsos. Por último, el cambio en la distribución de funciones que realizó el supervisor no fue una casualidad, sino que mandó a un grupo específico de oficiales a la remota (dentro del cual iba la actora) para que cometieran la infracción y precisamente por eso omitió anotar las modificaciones en la hoja de distribución confeccionada previamente. Ante la alta probabilidad de que la actora participase en el ilícito lo más sano era destituirla de Migración por pérdida de confianza, máxime que ya en su expediente personal había un antecedente por hechos similares. [708-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR NO EJECUTÓ FUNCIONES DE FORMA DILIGENTE Y OPORTUNA. El actor no ejecutó sus funciones como asesor en informática de forma diligente, ordenada y oportuna, pues se evidenció que no cumplió con su obligación, según se lo exigía el puesto que ocupaba (Encargado de departamento de cómputo) y como responsable del sistema contratado por la accionada, de presentar los informes de seguimiento del desarrollo del sistema, que permitiera a la demandada tomar las decisiones correspondientes para exigir el cumplimiento del contrato a cabalidad, o bien ejecutar las cláusulas en él  establecidas. Sobre el particular, no encuentra esta Sala la incorrecta apreciación de la prueba que reclama el actor. [766-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR ADMITIÓ HURTO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA. La prueba comprueba fehacientemente la indebida conducta del demandante, justificativa de su cese sin responsabilidad patronal. El testigo indicó haber presenciado una reunión en la que el actor confesó la falta. Esa admisión de los hechos por parte del accionante es una muestra de que estos efectivamente ocurrieron, razón por la cual el despido debe tenerse como justificado. [788-08]. Ver también [306-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR RECIBIÓ OBRA DE TENDIDO ELÉCTRICO A PESAR DE EVIDENTES ERRORES Y NO COMUNICÓ ANOMALÍAS A SUS SUPERIORES. CASO DE TRABAJADOR DEL ICE. Se comprobó que el actor era el encargado de la inspección del proyecto y fue a la vez quien recibió la obra. No obstante, durante la instalación, omitió dar una adecuada supervisión, en tanto no informó sobre los inconvenientes que al finalizar el trabajo de electrificación quedaron evidenciados y que eventualmente se pudieron corregir para así evitar las anomalías que presentó la obra al momento de ser aceptada. Son evidentes los errores técnicos y de ubicación que presentaba la obra, los cuales, de por sí, implican una falta de cuidado que no puede pasar inadvertida sin las consecuencias respectivas. VOTO SALVADO. El actor cumplió con su carga procesal de acreditar que las faltas cometidas no revistieron la gravedad exigida por ley para justificar el despido sin responsabilidad patronal. Por lo que la decisión de despedirlo sin responsabilidad patronal resulta injusta y violatoria del principio de proporcionalidad que exige una correlación adecuada entre la falta y la sanción aplicada.  [823-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR OMITIÓ REVISIÓN EXHAUSTIVA DE DOCUMENTOS. CASO DE TÉCNICO ADUANERO. Es evidente que al momento en que le fueron presentados los documentos para la liquidación de la declaración aduanera, el actor omitió realizar una revisión exhaustiva de dicha documentación a efecto de determinar si existía alguna incongruencia entre aquella y el tanto de puerta, que, en todo caso, se trataba de una copia al carbón de la mencionada declaración, por lo que ambas debían coincidir exactamente; sin embargo, el accionante se conformó con que estuviera estampada la firma del revisor, quien, incluso, no era el mismo asignado por el sistema para realizar la revisión de la mercancía. El demandante tampoco tuvo la diligencia adecuada para detectar e informar a sus superiores que la cantidad de bultos declarados no coincidía con la informada electrónicamente por la naviera, ni con la real que acreditaba la factura de compra. [824-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE DE OMISIÓN. CASO DE ADMINISTRADOR DE ALBERGUE DE ANCIANOS QUE PERMITÍA MALTRATO. La imputación que se hizo en la carta de despido fue genérica. En la contestación de la demanda, la accionada se refirió a los hechos que generaron el despido. Allí se estableció que al actor se le imputaron una serie de omisiones, pues a pesar de denuncias por irregularidades no hizo nada, situación que determinó la pérdida de confianza que conllevó a su despido. Los hechos imputados al demandante deben calificarse suficientemente graves, lo cual justificó claramente el despido sin responsabilidad al amparo de lo dispuesto por el artículo 81 inciso l del Código de Trabajo. [858-08]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. TRABAJADOR DEL ICE QUE VENDÍA EQUIPOS DEFECTUOSOS. Con las actuaciones descritas, el actor incumplió el artículo 21 del Código de Ética Institucional, que inhibe a los trabajadores del ICE utilizar las facilidades o información que proporciona la institución para el ejercicio de actividades comerciales, lo cual evidentemente es la venta de equipos de redes. Con ello además, flageló la imagen de decoro en el actuar que debe demostrar todo funcionario público, ya que su situación se ve agravada por el incumplimiento contractual que tuvo con las personas a quienes les vendió equipos de enrutadores defectuosos. La falta disciplinaria cometida por el actor debe calificarse de grave. [935-08]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. FALTAS DEL TRABAJADOR ORIGINARON PRODUCCIÓN DE TERRAZO DE MALA CALIDAD. Analizadas las probanzas, concluye esta Sala, como bien se consideró en el fallo recurrido, que las faltas atribuidas al actor sí fueron acreditadas. Quedó demostrado que el accionante era el único responsable y encargado de controlar el buen funcionamiento de la máquina para hacer terrazo. El recurrente incurrió en una serie de faltas que originaron la producción de una gran cantidad considerable de terrazo de mala calidad, por lo que la empresa accionada tuvo que prescindir de tres grandes contrataciones, lo que le causó un perjuicio económico. [968-08]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ACTUAR DE TRABAJADOR CREÓ UN MAL AMBIENTE LABORAL. Los hechos acreditados configuran la causal de falta grave prevista por el inciso L) del artículo 81 del Código de Trabajo, sancionada con el despido sin responsabilidad patronal. El actor incumplió con las obligaciones que el contrato de trabajo le imponía, haciendo insostenible, no solo la relación con su jefa inmediata, sino que, con su actuar estaba creando un mal ambiente de trabajo. De esta manera, la falta atribuida al accionante para justificar su despido, quedó debidamente acreditada en los autos; aparte que, los hechos atribuidos tienen el carácter de graves y justifican el haberle impuesto la máxima sanción. [971-08]

DESPIDO JUSTIFICADO POR ACOSO SEXUAL. CASO DE PROFESOR EN CONDICIÓN DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE COLEGIO. Se demostró que el actor le dijo palabras y frases con alto contenido sexual a una subalterna y colega, además de hacerle algunas insinuaciones fuera de orden. Se tuvieron por demostrados los hechos que se le atribuyeron al actor en calidad de falta grave, los cuales resultan contrarios e incompatibles con la imagen que, como docente y director administrativo de una institución parauniversitaria está llamado a brindar, con lo que vulneró la confianza que en él habían puesto los representantes de la institución empleadora. Así, se estima que esta circunstancia fue suficiente para que dichos personeros estimaran justa y legítima la aplicación de la máxima sanción. [992-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. SE DETECTARON ANOMALÍAS EN DEPÓSITOS REALIZADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. CASO DE CONTADOR. El accionante faltó a su deber de lealtad para con el patrono. Su actuación va en contra del principio de buena fe presente en el contrato de trabajo. El actor fue despedido por anomalías detectadas con relación a dineros depositados en las cuentas corrientes de la empresa en el Banco Cuscatlán sucursal de la zona, entre los meses de abril a julio del año 2006, situación que quedó plenamente demostrada con el informe contable y con las declaraciones de los testigos aportados por el patrono. [1018-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. CASO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE PERMITIÓ USO DE MATERIAL, EQUIPO Y PERSONAL DEL MOPT EN OBRAS PRIVADAS. El demandante permitió en diversas ocasiones el uso de material, equipo y personal del MOPT (bienes públicos) en obras de carácter privado, lo que configura un grave quebranto a las obligaciones que le imponía su contrato de trabajo. [1022-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. CASO DE DIRECTOR REGIONAL QUE INCUMPLE DEBERES Y COMO CONSECUENCIA SURGE DESCONTROL ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN QUE DIRIGÍA. El demandante es responsable de las debilidades administrativas detectadas en prácticamente todas las áreas estudiadas por la Auditoría, lo que evidencia un absoluto descontrol administrativo en la región dirigida por el accionante, lo que probablemente se veía favorecido por el hecho de que el actor pasaba casi todo el día fuera de la oficina, lo que no resulta razonable. VOTO SALVADO. Despido injustificado. La responsable directa del desorden era la administradora regional, en quien el actor debía delegar los aspectos meramente administrativos, y si bien cabía sancionar también al actor por las deficiencias encontradas en ese ámbito, el despido aplicado resulta desproporcionado, siendo lo procedente en su caso una suspensión sin goce de salario. [1032-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. CASO DE EMPLEADO BANCARIO QUE DEJÓ DE CONCILIAR CUENTAS. El actor incumplió con las obligaciones que el contrato de trabajo le imponía. No sólo dejó de conciliar cuentas en los meses de abril a octubre de dos mil tres, sino que no alertó la utilización de esas cuentas para el pago de horas extra, con lo cual se benefició él y algunos de sus  compañeros del Departamento de Canje. Esto resulta totalmente improcedente, pues los testigos fueron contestes en que ese trámite, se realizaba solo a través del Departamento de Recursos Humanos. A nada conduce determinar, si el perjuicio de la entidad bancaria fue poco o mucho, pues independientemente de eso, se demostró las faltas graves cometidas por el recurrente. [33-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. IMPERICIA DEL ACTOR ENTORPECIÓ EFICIENCIA EN EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS. FUNCIONARIO MUNICIPAL. Se demostró que el recurrente fue apercibido en repetidas ocasiones por las mismas faltas, pero nunca preparó el presupuesto de la manera que lo requería el ente contralor. Esos reiterados errores del actor conllevan una transgresión a sus deberes. La omisión de modificar el presupuesto motivó que el mismo fuera de nuevo rechazado por la Contraloría General de la República, razón por la que el recurrente incurrió en faltas que lo hicieron acreedor a la sanción disciplinaria en responsabilidad disciplinaria, al entorpecer con su impericia la eficiencia en el manejo de fondos públicos. [252-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE A OBLIGACIONES LABORALES QUE COMPROMETEN LOS INTERESES DE LA EMPLEADORA. CASO DE AGENTE DE VENTAS QUE NO ENTREGA REGALÍAS A CLIENTES. El incumplimiento de entregar a los clientes las regalías, consistentes en productos, lo cual constituye una práctica común en las empresas, fundamentalmente en áreas como la que laboraba el actor, esto es en el Departamento de Ventas y propiamente en la distribución de los productos, supone no sólo una actitud de desobediencia, sino que ese hecho, por sí mismo,  atenta contra los principios básicos de fidelidad, lealtad y buena fe. La circunstancia de que no se hubiese comprobado una actitud dolosa del trabajador que le reportara a este un beneficio económico o particular, no lo exime de responsabilidad, pues el solo hecho de que hubiese realizado actos que implicaran un divorcio con el deber de obediencia, comprometiendo los intereses de la empleadora, hace pensar que ello es suficiente para que los representantes de aquella perdieran la confianza y procedieran a despedirlo, sin la obligación de cubrir ningún tipo de indemnización laboral a su favor.[260-09] 

DESPIDO JUSTIFICADO. ABUSO DE FUNCIONES EN BENEFICIO PERSONAL.  Existe prueba testimonial y documental confiable y conteste, que arroja indicios objetivos suficientes para establecer que, los demandantes abusaron de sus funciones al decidir y ejecutar un aumento salarial, para su exclusivo beneficio personal, lo que llevó a la pérdida de confianza, y al final, originó el rompimiento del nexo laboral sin responsabilidad patronal. Esto se vio agravado por el hecho de que los fondos económicos dispuestos por los demandantes, pertenecen al Estado, situación que lleva intrínseca la obligación de contar con la aprobación de la Contraloría General de la República, requisito que se echa de menos en este caso. [998-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. SE NEGÓ A REALIZAR LABORES QUE LE CORRESPONDÍAN. CASO DE MÚSICO QUE TRABAJABA PARA EL MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES. El actor cometió una falta grave al negarse a ejecutar las piezas musicales que como músico de la Banda Nacional de Puntarenas le correspondía, tanto en varios ensayos de la banda como en las presentaciones respectivas, además de ausentarse en varias ocasiones. Todo esto sin que hubiera demostrado un  motivo razonable para negarse a hacerlo más que la simple obcecación de no aceptar ser dirigido por otra persona que, según él, había venido a usurpar ilegítimamente sus funciones, las cuales, otrora y por causas específicamente determinadas, se le habían encomendado temporalmente. [327-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. CONDUCIR VEHÍCULO OFICIAL EN ESTADO DE EBRIEDAD Y FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. Si bien el actor aceptó someterse a la prueba de alcohol, trató de burlar el procedimiento "aspirando", y no "soplando" como se le pidió. El despido del accionante, no se originó solamente por chocar contra el puente al salirse de la vía, hecho por el cual quedó absuelto, sino por manejar en estado de ebriedad, por lo que sí se le condenó, y por conducir un vehículo oficial fuera del horario autorizado. [505-09]

DESPIDO POR FALTA GRAVE. EJERCER EL NOTARIADO EN HORAS LABORALES. ABOGADO DE MUNICIPALIDAD. En cuanto a la falta que se le atribuye al actor por haber ejercido el notariado en horas laborales, si bien indica que lo hizo durante los minutos de descanso, la misma se configuró, no solamente por la prohibición legal, sino porque necesariamente debió disponer de tiempo laboral para realizar ese trabajo, de manera que la justificación que arguye no es de recibo. [545-09]

DESPIDO POR FALTA GRAVE. TRABAJADOR MUNICIPAL QUE ES INCAPACITADO Y NO INFORMA A SU SUPERIOR SOBRE SU TRABAJO PENDIENTE. Si bien el actor tuvo una incapacidad médica que justificaba su inasistencia a laborar, era su obligación conforme al principio de buena fe que interviene en las relaciones laborales, el informar a su superior del trabajo pendiente, a efecto de que este tomara las medidas que considerara prudentes a efecto de no perjudicar o atrasar los informes necesarios para la toma de decisiones. El actor dejó cerrada la oficina a su cargo, en la cual estaban los expedientes y documentos que le habían sido asignados; y por no haber tomado las medidas mínimas para que, al inicio de la incapacidad, los asuntos que tenía asignados quedaran en manos o, al menos, fueran conocidos por su superior. Además el actor se mostraba reacio a colaborar con el funcionamiento de la oficina en que laboraba. [545-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. PRUEBA TOXICOLÓGICA DIO POSITIVO. CASO DE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. LA Sala Constitucional, al conocer de un recurso de amparo incoado por el recurrente, determinó que no hubo ningún yerro en la imputación de los cargos, pero le dio la razón en cuanto a que, en vez de un procedimiento administrativo sumario, debió seguirse un ordinario; anulándose en consecuencia todo lo actuado a partir del auto inicial. El Departamento Disciplinario Legal dictó entonces, una resolución, reanudando el procedimiento, ajustándolo a los trámites del ordinario. Con ello no se generó indefensión alguna, pues no había necesidad de comenzar un nuevo procedimiento, por cuanto la causal era exactamente la misma y ya había sido debidamente imputada. Por otro lado, no hay razones para cuestionar el resultado de la prueba que se realizó al accionante.  Es claro que el actor cometió una falta grave, sancionable con el despido, al usar drogas prohibidas, lo que hacía insostenible la relación laboral dadas las delicadas funciones que lleva a cabo la policía, que incluso conlleva el manejo de armas, aparte de que, dentro de sus principales tareas está, precisamente, perseguir a los narcotraficantes. [474-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES INHERENTES AL CARGO. CASO DE FUNCIONARIO DE MUNICIPALIDAD. El actor incumplió, entre otras, las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo y no actuó de conformidad con sus deberes. El actor, en su cargo de jefatura del departamento de contabilidad, era el encargado de que el manejo contable municipal estuviera en orden, de detectar las anomalías o deficiencias que se presentaran e impidieran un trabajo eficiente y de recomendar a la administración las posibles soluciones a situaciones anómalas que estuvieran fuera de su control. De este modo, sus alegaciones acerca de la inexistencia de un proceso de inducción como justificante de las anomalías detectadas -en su gestión como  contador  municipal-  resultan  inaceptables,  pues  en  su  contrato -como en todo contrato de trabajo- estaban implícitamente comprendidos los deberes inherentes a la naturaleza de la labor que el actor debía ejecutar, los cuales al aceptar el cargo se comprometió a cumplir, sin que conste que haya comunicado ante los órganos correspondientes, limitaciones para su cumplimiento. De la misma forma, no son atinentes sus consideraciones sobre el manejo “caótico” que se daba en la municipalidad, pues, con su actitud negligente contribuyó a la situación de caos que tanto reprochó. [432-09]

FALTA GRAVE. FUNCIONARIO DE HOSPITAL QUE LE FALTÓ AL RESPETO A UNA PACIENTE MENOR DE EDAD. El accionante transgredió principios éticos y morales al faltarle el respeto a dicha usuaria, situación que se agrava por tratarse de una menor de edad, a la vez que implica una acción reprochable por tratarse de un servidor encargado de brindar un servicio público como el encomendado a la entidad demandada. Esta circunstancia resultó suficiente y legítima para que los personeros de la institución aseguradora estimaran justamente la comisión de una falta grave, lo cual justificó la aplicación de la máxima sanción. [552-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. ALTERACIÓN DE DOCUMENTO DE INCAPACIDAD. PRINCIPIO DE BUENA FE. Se tiene por acreditado que el demandante alteró el documento de incapacidad. De conformidad con el artículo 19 del Código de Trabajo, en las relaciones laborales, está siempre presente el principio de buena fe, el cual implica que cada parte, patrono y trabajador, deben asumir con responsabilidad las obligaciones que son inherentes al contrato de trabajo. Es una realidad que la alteración benefició únicamente al actor, quien conocía perfectamente que la incapacidad era por un día. El hecho acreditado configura la causal de falta grave prevista por el inciso L) del artículo 81 del Código de Trabajo, sancionada con el despido sin responsabilidad patronal. [620-09]

DESOBEDIENCIA COMO CAUSAL DE DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE TÉCNICO EN CONTABILIDAD Y FINAZAS ENCARGADO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL. Se le ordenó preparar el presupuesto ordinario del 2002 y la modificación al presupuesto de junio del 2001, y éste, sin motivo o justificación válida alguna, no obedeció las directrices. Esto, sin lugar a dudas, conllevaba consecuencias negativas para el centro hospitalario. La actitud del actor es una falta grave al contrato de trabajo, pues irrespetó el deber de obediencia que le imponía el artículo 71 inciso a). Además, lo ordenado no era algo extraño a las funciones que conocía, y tampoco implicaban actos arbitrarios o de abuso de poder. [644-09]

DESPIDO DE TRABAJADOR POR FALTA A OBLIGACIONES QUE IMPONE EL CONTRATO DE TRABAJO. DEBER DE FIDELIDAD Y BUENA FE. La accionada despidió sin responsabilidad patronal a supervisor de control de calidad, por vender por cuenta propia productos que la empresa distribuye, y realizar servicios de instalación y soporte técnico, servicios que presta la empresa. A juicio de la Sala, esa conducta indebida resulta suficientemente acreditada, y contraviene en forma abierta lo dispuesto en los artículos 19 y 81 inciso l) del Código de Trabajo, configurándose así, la causal de despido justificado. No solo se falta al deber de fidelidad y buena fe, cuando el trabajador concurre o compite directamente con la actividad del patrono. (Aunque no es tema de interés para resolver este proceso, también se contraviene este deber cuando pretende favorecer directamente a la competencia de su patrono por medio del ofrecimiento de servicios que redunden en una eventual potenciación de su  capacidad  competitiva que afecte o pueda afectar a su empleador). [862-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE DE GERENTE DE EMPRESA QUE ABUSÓ DE TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS, CUBRIENDO A TRAVÉS DE ELLAS GASTOS PERSONALES. El despido del demandante tuvo sustento en el uso indebido y desmedido que hizo de las tarjetas de crédito que se le asignaron en el ejercicio de su cargo como gerente general de la empresa. La parte actora ha insistido en el hecho de que no se acreditó que mediaran limitaciones en el uso de la tarjeta, sin embargo, tal circunstancia no es válida ni admisible para justificar su proceder, pues, de las declaraciones testimoniales se extrae que en su condición de gerente general de la demandada, fue quien implantó la política de otorgar tarjetas de crédito corporativas a los altos ejecutivos y, en atención a su cargo y decisión, él era el llamado a establecer regulaciones en el uso de las mismas, lo que no consta que haya hecho. [770-09]

DESPIDO POR FALTA DE CONFIANZA. CASO DE COBRADOR DE DINEROS DE LA EMPRESA. Su jefe inmediato encontró un faltante de dinero en efectivo, de lo cual el actor no presentó ninguna justificación. El hecho de que al día siguiente del arqueo, reintegrara el dinero, no puede verse como una justificación que elimine la falta grave cometida, pues debe tomarse en cuenta que era un cobrador con experiencia de muchos años, a quien se le había depositado toda la confianza. No se puede obligar a la demandada a mantener a un empleado que no ha demostrado tener una actitud celosa en procura de proteger los bienes e intereses que se le han confiado. VOTO SAL VADO. NON BIS IN ÍDEM. PROPORCIONALIDAD. Sí se infringió el principio “non bis in ídem”, pues en los autos hay prueba de que por esa conducta fue debidamente amonestado, el mismo día del arqueo, por su jefe inmediato. Además, se considera que una simple llamada de atención, o si se quiere, hasta una suspensión sin goce de salario, era más que suficiente, debiendo tenerse como injustificado –por desproporcionado- el cese. [283-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. CONDUCTA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE BUENA FE, LEALTAD, DILIGENCIA Y OBEDIENCIA DEBIDA A SU EMPLEADORA. CASO DE AGENTE DE VENTAS DE CREDOMATIC.  El actor incurrió en falta grave al haber gestionado y entregado una tarjeta de crédito a una persona, transgrediendo las directrices de la empresa, quebrantando sus procedimientos de seguridad. Esto provocó su despido sin responsabilidad patronal, conforme al artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo. [1066-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. DEBIDO PROCESO. CASO DE FUNCIONARIOS DE LACSA Y TACA INTERNACIONAL. Se cumplió con el debido proceso contemplado en convención colectiva, aunque los actores calificaron la situación de persecutoria. Las ausencias en virtud de no querer seguir las programaciones de vuelos que emanaban de la demandada, por sí mismas son falta grave, al no tratarse de ausencias comunes y aisladas, sino, una forma de sustituir el poder de dirección del patrono. También se aprecia como falta grave, el haber incurrido en competencia desleal con la demandada, hecho achacado a uno de los actores. De esta manera, no cabe reconocerles daños y perjuicios por la pérdida de sus puestos. [1132-09]

DESPIDO JUSTIFICADO DE GERENTE DE SUCURSAL BANCARIA. FALTA GRAVE. De conformidad con la prueba analizada, es posible colegir que sí existió responsabilidad del accionante en el control de la administración de la sucursal, ya que su proceder denota negligencia, imprudencia y falta de pericia. Todos estos factores conllevan a determinar que su comportamiento necesariamente tuvo implicaciones en el ámbito laboral, pues provocó legítimamente una pérdida objetiva de confianza en él, por parte de las autoridades bancarias. Luego, las omisiones en el control interno de la sucursal reflejan una actitud de falta de diligencia que no puede justificarse en forma alguna, con mucho más razón, cuando se trata de un funcionario bancario en un puesto gerencial con una vasta experiencia laboral en la institución. Al haberse demostrado una falta grave de acuerdo al inciso l) del artículo 81 del Código de Trabajo, también se debe entender que medió culpa grave en la conducta del trabajador. [1173-09]

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL. MÉDICO DE LA CCSS. A pesar de que la institución accionada contestó la demanda en forma extemporánea; de la certificación del expediente administrativo se infiere que el actor incurrió en la falta que sustentó el despido, a saber, la sustracción de la tarjeta de crédito y su respectivo número de clave, de la billetera de un compañero, mientras estaba en una de sus guardias médicas; tarjeta de la que sustrajo setecientos cinco mil colones sin autorización del tarjeta habiente. Con su conducta provocó la pérdida de la confianza en él depositada y, por ende, incurrió en la causal de despido prevista por el inciso l), del artículo 81 del Código de Trabajo. [082-10]

DESPIDO JUSTIFICADO DE MÉDICO CIRUJANA DE LA CCSS QUE LABORÓ EN CONSULTORIO PRIVADO ESTANDO INCAPACITADA. Conducta riñe con las obligaciones que le imponía la relación de trabajo. Además, a la luz del principio de buena fe, es inaceptable el argumento de que la incapacidad solo cubre la respectiva jornada laboral y que por ello pueden desempeñarse las misma labores fuera de ella. [083-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE AGENTE DE SOPORTE TÉCNICO QUE TRATÓ IRRESPETUOSAMENTE A CLIENTE Y MOSTRABA CONDUCTA DE MENOSPRECIO HACIA SU TRABAJO. A la Sala no le cabe la menor duda de que los hechos descritos en la carta de despido acaecidos el 7 de noviembre en verdad existieron; es decir, que trató a un cliente de manera irrespetuosa, sarcástica, haciendo mofa de un comentario suyo, utilizando un tono de voz cortante, al punto de no resolverse el problema del cliente, quien se enojó. Asimismo que al atender otra llamada, no puso la debida atención a los comentarios del cliente, el cual le debió reiterar la razón de la llamada y, además, de nuevo utilizó un tono de voz cortante y lo interrumpió varias veces. En otra llamada, usó un tono de voz que denotaba desinterés y no utilizó normas elementales de cortesía. En la cuarta llamada, el cliente se enojó por su desinterés y terminó la llamada indicando que tendría que llamar de nuevo. Además, incurrió en mal uso de los auxiliares telefónicos. [173-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. FUNCIONARIA QUE MANIPULA INFORMACIÓN INEXACTA PARA QUE SE LE NOMBRE COMO DIRECTIVA DE INSTITUCIÓN. La actora participó en la redacción y fundamentación de la nota dirigida al Colegio universitario, con información espuria y la firme intención de inducir a error al Consejo Directivo, para que la nombraran en ese órgano como representante de la comunidad por parte de la asociación, lo que en efecto sucedió. Tal actuación es irregular, impropia y sancionable de conformidad con el artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo, por cuanto con ella, la demandante quebrantó el contenido ético del contrato laboral que impone los deberes de honestidad, lealtad y fidelidad, comprendidos en el principio de buena fe. Existe vinculación directa entre los puestos ocupados por la accionante a nivel medio y el órgano de mayor jerarquía de la institución, por lo que, su actuación irregular en uno de esos puestos tenía necesariamente repercusiones en el otro, de ahí que, la anomalía atribuida a la actora acreditada en autos, haya permeado toda la relación laboral. [090-10]

DESPIDO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL GRAVE. DESOBEDECIÓ DELIBERADAMENTE INSTRUCCIONES DADAS, PONIENDO EN RIESGO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE EMPLEADOR. Con el conocimiento acumulado de más de 11 años de laborar para la demandada, sabía plenamente las características de la actividad empresarial de su patrono y que ésta depende en gran medida de la utilización de agroquímicos para el control de las plagas que potencialmente podrían afectar sus cultivos. Sin embargo, el actor desobedeció deliberadamente las instrucciones dadas y aplicó toda la dosis del producto sobre unos de los bloques encomendados dejando desprovistos otros de los segmentos, hecho que  puso en riesgo la producción agrícola de su empleador. Con su conducta transgredió el principio de buena fe contractual estipulado por el artículo 19 del Código de Trabajo, ya que su actuar fue desleal y fuera de los parámetros de la probidad. Asimismo, su falta repercute en la necesaria confianza objetiva que debe existir entre patrono y trabajador, por lo que el despido disciplinario operado al tenor del artículo 81 inciso l del Código de Trabajo es procedente.  [191-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. OFICIAL DE TRÁNSITO QUE ESTANDO DE VACACIONES ENTORPECIÓ EL TRABAJO DE SUS COMPAÑEROS EN UN OPERATIVO DE CONTROL DE TRANSPORTE ILEGAL. Se dio una falta grave. En primer lugar, el demandante entorpeció el trabajo de sus compañeros, quienes realizaban un operativo de control de transporte ilegal. Además, expresó palabras ofensivas contra el entonces Director de la Policía de Tránsito. También actuó en contra del interés público, toda vez que puso en entredicho la actuación de los policías de tránsito quienes realizaban sus labores, tratando de restarles autoridad ante los particulares, sin que resulte trascendente para el caso, si las consideraciones de fondo sobre la naturaleza del porteo eran acertadas o no. No se evidenció violación alguna al debido proceso, ya que el órgano que acordó el despido sí tenía competencia para ello. [260-10]

DESPIDO DE FUNCIONARIO JUDICIAL POR ACTUACIÓN NEGLIGENTE.  El actor, como fiscal de narcotráfico, solicitó reiteradamente un sobreseimiento sobre dos encartados en una causa penal (habían sido aprehendidos en flagrancia al momento en que pretendían abandonar el país con un alijo de droga), cuando existían suficientes indicios y elementos de prueba de que eran culpables. Si bien, no se puede determinar una conducta dolosa del accionante para favorecer los intereses de la parte acusada, su actuación se estima negligente. [255-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN INEXACTA PARA FAVORECER EL NOMBRAMIENTO DE UNA PERSONA. La demandante fue cesada por haber certificado un documento con información falsa, para lograr que otra señora lo utilizara con el fin de optar por un puesto en el órgano superior deliberante del demandado, lo que en efecto sucedió. Tal actuación es irregular, impropia y sancionable de conformidad con el artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo; suficiente para generar la pérdida absoluta de confianza en ella como servidora de la institución. Aunque no haya incumplido con sus obligaciones como jefa del Departamento y se tratara de una circunstancia ajena a las funciones propias del puesto que ocupaba, su actuación constituye falta grave a su contrato laboral por incumplir con el contenido ético de dicho contrato, respecto de aquellos ineludibles deberes de honestidad, lealtad y fidelidad inmersos en el principio de buena fe. Caso de Jefa de Biblioteca de Colegio Universitario. [289-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR REALIZÓ PAGOS SIN AUTORIZACIÓN A EMPRESAS INEXISTENTES POR SERVICIOS QUE NO SE BRINDARON. Caso de jefe de oficina. El actor realizó pagos sin ninguna autorización a empresas que no existían, por servicios que no se brindaron y contrató empresas que no estaban autorizadas para dar esos servicios. Además retiró dineros en efectivo para hacer pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social que la contadora externa de las empresas demandadas, había hecho. Se comprobó que tomó dineros que cobraba e hizo el pago de una planilla, no obstante, el dinero para ese pago, se le había entregado previamente mediante cheque, el cual cambió, pero no devolvió, lo que representó un faltante de doscientos setenta y seis mil colones. [406-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. AGENTE DE SEGURIDAD DE CENTRO PENITENCIARIO QUE CON SU FALTA DE CUIDADO FACILITÓ LA FUGA DE UN RECLUSO. El actor era el responsable de custodiar a los diez reclusos en su respectivo turno de caminata, y en el evento que alguno se fugara debía dar la respectiva alerta. Las consecuencias de que el escape no fuera conocido de forma pronta por los demás compañeros, fue por la falta del debido cumplimiento del actor al devolver a los reclusos a sus módulos. No le libera de responsabilidad el hecho que haya alegado que fue un error humano el no contabilizar correctamente los reclusos que le fueron entregados para su custodia; ni que dijera a sus compañeros vigilantes que el dato del libro de conocimiento y pizarra de control era erróneo, porque no lo era. Las tareas del puesto desempeñado por el demandante, son valoradas por esta instancia como sumamente delicadas, ya que se relacionan  con personas privadas de libertad a quienes se les ha imputado conductas perjudiciales para la sociedad. Bastó la falta de cautela del actor en la custodia para que un reo se evadiera el centro penitenciario. [603-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. ACTOR SE VIO IMPLICADO EN LAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES. Caso de empleado bancario. La auditoria interna verificó que en la sucursal de ... del banco accionado, se presentaban irregularidades en el manejo de cuentas corrientes, sucesos en los cuales se encontró implicado el actor. Las pruebas son contundentes en señalar que como consecuencia directa de las acciones y omisiones del actor, la institución demandada sufrió pérdidas excesivas en su patrimonio, incidente que sin duda demuestra la falta grave imputada por el empleador para dar por finalizado el vínculo jurídico sin responsabilidad. Las dos atenuantes alegadas por el actor, a saber, su falta de capacitación para cumplir las labores de la oficina de cuenta corriente y la sobrecarga de trabajo, no son eximentes de cumplir diligentemente con sus labores. [758-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. MANEJO IRREGULAR EN EL DECOMISO DE DROGA Y ACTOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL CON UNA DETENIDA. Caso de ex-agente de policía. Del expediente se desprende que los hechos endilgados al actor fueron debidamente acreditados y constituyen faltas graves que acarrean la pérdida de confianza. Por otra parte, al analizar el expediente administrativo se constata que en todo momento se siguió con el debido proceso y no se observan vicios que pudieran acarrear la nulidad de las actuaciones. [931-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. JEFE DE PROVEEDURÍA DE HOSPITAL QUE SIMULA EL INGRESO DE UN BIEN MUEBLE QUE NO EXISTÍA. Caso donde el actor autorizó un vale de entrada de un carro térmico que nunca ingresó. Para el momento en que ocurrieron los hechos, el actor estaba nombrado en el cargo de “jefe de proveeduría”, es decir, ocupaba un puesto de mando. La aprobación del vale de entrada, posibilitó el pago indebido de un bien cuyo ingreso no había sido efectivo. Con el actuar del demandante, se hizo creer falsamente que a la institución había ingresado un bien mueble contratado, lo cual no sucedió, pero también, se permitió a un tercero, en este caso, a un proveedor externo de la Caja Costarricense de Seguro Social, retirar un cheque y hacerlo efectivo aún y cuando no había entregado el carro térmico comprado. [952-10] 

DESPIDO JUSTIFICADO. OFICIAL DE TRÁNSITO QUE OMITIÓ PRESENTAR LOS CROQUIS DE VARIOS PARTES DE TRÁNSITO. Incumplimiento de funciones y afectación de la administración de justicia. El actor le remitió una comunicación escrita al juez de Tránsito, en la cual le indicó que se había presentado varias veces al despacho para hablar con él, pero sin éxito, con el fin de solucionar la situación y de aportarle los croquis echados de menos, a efecto de evitar futuros problemas, lo que implica una aceptación expresa del incumplimiento que se le atribuyó. La parte demandada sí logró demostrar la falta atribuida al servidor para justificar su destitución, sin que al caso resulte aplicable la regla del in dubio pro operario, en el tanto en que no media duda sobre el incumplimiento de funciones en que incurrió. [961-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONÍA EL CONTRATO. Caso de administradora. Los hechos que respaldaron las faltas atribuidas a la actora, se presentaron tal y como fueron alegados por la empleadora a la hora de proceder a su despido. Se determinó que la accionante no cumplía a cabalidad con todas las funciones que su puesto llevaba aparejadas, con el agravante de que éstas eran esenciales para el correcto funcionamiento de la institución. La actora en su cargo de administradora era responsable de las anomalías, sin que conste alguna razón que permitiera eximirla de responsabilidad. Nótese que ésta debía garantizar un funcionamiento ordenado y seguro; detectando las anomalías o deficiencias que se presentaran e impidieran un trabajo eficiente y recomendando a sus superiores las posibles soluciones a situaciones anómalas que estuvieran fuera de su control, pues para ello se le nombró como administradora, con las responsabilidades y obligaciones inherentes a la jerarquía de su cargo. No le queda dudas a la Sala que la actora incumplió las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo y no actuó de conformidad con sus deberes. [1039-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. CON UN QUÍMICO EL ACTOR MANCHÓ VARIAS PRENDAS QUE ESTABAN EN LA LAVANDERÍA DEL HOTEL. Caso de dependiente. El actor el día de los hechos, limpió con un químico de color amarillo un planchador ubicado en el cuarto de lavandería del hotel, lo que provocó que varias prendas que estaban en el lugar se mancharan. El demandante antes de iniciar la labor de limpieza con el químico, debió revisar que en el lugar no hubieran prendas, o bien si se percató que habían, podía abstenerse de realizar el trabajo, o tomar todas las previsiones necesarias para que éstas no se dañaran, pero no lo hizo; incumpliendo el deber de cuidado que demandaba su puesto. No puede aplicarse el principio in dubio pro operario, puesto que no cabe una duda razonable en relación a la falta cometida por el trabajador. [1196-10]

SANCIÓN DE DESPIDO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN NO FUE IRRAZONABLE NI DESPROPORCIONADA. Entre otras cosas, el actor, como jefe de crédito, estaba obligado no solo fiscalizar la inscripción de las garantías sino también, a controlar que las garantías que respaldaban las operaciones crediticias fueran suficientes para asegurar la recuperación del crédito otorgado. Sin embargo, él permitió que las escrituras  hipotecarias que respaldaban los créditos fueran confeccionadas por notarios de los deudores, cuyo interés no era precisamente que el crédito estuviera asegurado. Además, contra toda razonabilidad, sin la debida inscripción de las garantías de los anteriores desembolsos, se realizaron nuevos. Con esto se estaba poniendo en alto riesgo el patrimonio del acreedor (aquí demandado) ya que su actividad comercial conlleva el asegurase la recuperación de lo prestado. Así pues, habiendo quedado demostradas en el proceso administrativo las faltas cometidas por el actor, como Subdirector Ejecutivo y Jefe del Departamento de Crédito, faltas que por lo demás revisten gravedad pues pusieron en riesgo el patrimonio de INFOCOOP y minaron la confianza que se le pudiera tener -con independencia de que se produjera o no perjuicio al demandado-, no se observa que la sanción de despido aplicada fuera desproporcionada o irrazonable. Caso de funcionario del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) [1065-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. En la carta se indica que el trabajador fue despido porque se habían presentado una serie de incumplimientos de deberes por descuidos al puesto (en específico por confeccionar pulseritas y efectuar insubordinaciones). Ante la confesión del accionante y la reiteración de los hechos que conforman la falta, según el testigo, se produce una certeza sobre la constitución de la falta cometida por el trabajador que da lugar al despido con justa causa por parte del patrono. Caso de guarda de seguridad [1093-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR COBRABA A LOS ADMINISTRADOS PARA QUE OBTUVIERAN EL PERMISO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS NEGOCIOS. Caso de funcionario público. Los hechos atribuidos al actor constituyen una de las faltas más graves que puede serle atribuida a un servidor público, consistente en cobrar a los administrados con el fin de que pudieran obtener los permisos correspondientes del Ministerio de Salud, necesarios para el funcionamiento de sus negocios. Efectivamente se comprobó que el funcionario se apersonó a la casa del señor ..., en el vehículo de su propiedad que fue debidamente identificado, y que se observó cuando este último le hizo entrega del dinero previamente identificado, momento en el cual el actor procedió a retirarse del lugar y al realizarse el operativo de detención, cuando el accionante se vio sorprendido, procedió a tirar los billetes, que fueron encontrados muy cerca de su vehículo y cuya identificación fue realizada por las autoridades judiciales correspondientes, los cuales correspondían precisamente a los identificados de previo a realizar el citado operativo. [1118-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE A OBLIGACIONES DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO. OBLIGACIONES DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Se le acusó de haber incurrido en conducta reprochable e indeseable con un acto de corrupción, al valerse de su investidura de funcionario público y solicitar al proveedor una suma de dinero a cambio de realizar una función propia de su cargo (recomendar a empresa como la más apta para la compra de equipo de cloración).Todo de conformidad con el artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo. Las actuaciones del demandante fueron indebidas respecto de la obligaciones de todo funcionario y por ello es procedente el despido con responsabilidad personal, máxime por su carrera profesional y administrativa, que obliga a tener mayor celo. Ciertamente, el demandante se aprovechó de su puesto para beneficio propio, en detrimento del buen servicio público que estaba obligado a brindar y en demérito de la imagen de la Administración Pública (puso en entredicho la transparencia y honestidad con que se tramitaban las contrataciones). Así pues, se tuvo por acreditado que el actor abusó de la confianza que el patrono había depositado en él, con el fin de obtener indebidamente, un beneficio económico personal, circunstancia que configuró un grave quebranto a las obligaciones que le imponía su contrato de trabajo, lo cual originó, ineludiblemente el rompimiento del nexo laboral sin responsabilidad patronal. Caso de funcionario público de Acueductos y Alcantarillado. [1132-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE A OBLIGACIONES CONTRACTUALES. INSPECTOR DE PARQUÍMETRO QUE LEVANTABA INFRACCIONES A VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN A DERECHO. Para el caso de los inspectores de parquímetros, su función es fiscalizar el acatamiento a la regulación vial, para lo cual están investidos de autoridad e incluso de fe pública. Sus actuaciones, al igual que todo acto administrativo, gozan de la presunción de legitimidad.  Amparadas en los reportes de esos funcionarios, las municipalidades proceden a los cobros respectivos. Como esa es una función especializada, revestida con amplias facultades y con un fin específico, es inadmisible avalar el aprovechamiento de esa investidura para actuar de un modo contrario e incluso ilegal, lo que constituye un supuesto típico de desviación de poder. Por eso, resulta inadmisible que un funcionario especialmente investido para garantizar el apego a la regulación vial de la municipalidad, se apropiara de esas facultades con una finalidad distinta y abiertamente ilegal, como es levantar una infracción a vehículos que evidentemente se encuentran a derecho.  Por eso la falta cometida es grave y consecuentemente, al amparo del numeral 81 inciso l) del Código de Trabajo, el despido es justificado. [1190-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD ENTRE LA SANCIÓN Y LA GRAVEDAD DE LA FALTA. Caso de jefa de cajas de supermercado que retiró dinero sin dejar ningún respaldo. Esta Sala ha sostenido que el despido por justa causa de un trabajador se rige por los principios de causalidad, actualidad y proporcionalidad. El criterio de proporcionalidad de la sanción respecto a la gravedad de la falta permite afirmar que no toda falta cometida por el trabajador puede ser disciplinada con la sanción más severa que se le puede aplicar (despido). En este caso, la actora reconoció que retiró de una de las cajas del supermercado en que estaba ubicada como jefe de cajas, la suma de ¢200.000,00, sin dejar respaldo alguno; suma que envió a la casa de una cliente con un empacador, es decir, sin que la cliente estuviera presente en el negocio. No se observa la existencia de desproporción entre la falta cometida por la actora y la sanción de despido que se le aplicó, la cual constituyó una falta grave a las obligaciones que se derivan del contrato laboral. [1477-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. TRABAJADOR DE LA C.C.S.S. QUE EN SU CONDICIÓN DE SOCIO DE UNA EMPRESA PARTICIPÓ COMO OFERENTE EN UNA LICITACIÓN. Caso de técnico en mantenimiento de equipo médico. El hecho de que el actor y algunos compañeros de la misma sección, tuvieran la condición de socios de una sociedad y por medio de ella participaran como oferentes en una licitación pública, promovida por esa misma sección en donde trabajan, constituye una afectación directa a la transparencia que debe imperar en este tipo de procedimientos administrativos. La condición de jefatura del accionante, evidentemente lo obligaba a actuar con mayor celo en procura de la satisfacción de los intereses de su empleadora. Comprobada como lo está, la participación del actor en el levantamiento del inventario de los equipos médicos cuyo mantenimiento se licitaría (hecho invocado como sustento del despido), se acreditó el supuesto de hecho de la prohibición prevista en el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que tuvo ingerencia en la motivación de la decisión administrativa de promover el concurso. [083-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. POLICÍA DE TRÁNSITO QUE EJERCÍA UNA ACTIVIDAD PRIVADA INCOMPATIBLE CON EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. Quedó demostrado que el accionante contravino el inciso j) del artículo 81 de la Ley General de Policía número 7410, al haber ejercido una actividad privada incompatible con el desempeño de sus funciones. Es evidente que el actor trabajaba como oficial de tránsito y al mismo tiempo fungía como miembro de la junta directiva y representante de una empresa dedicada al porteo. Con sus actuaciones provocó una colusión de intereses, en los que trató de hacer prevalecer los personales, respecto de los institucionales que estaba llamado a resguardar. Como representante de una sociedad dedicada al porteo, se colocó en una situación tal en la que sus propios intereses se contraponían a los de su empleador, por cuanto, como oficial de tránsito debía verificar el cumplimiento de los requisitos para la actividad desplegada por los porteadores. A la Sala no le cabe la menor duda de que él como funcionario público no podía dedicarse –aún cuando lo hiciera en su tiempo libre- a actividades de manera tal que las hiciera incompatibles con las funciones que está llamado a desempeñar. [155-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA DE CONFIANZA. MENSAJERO PRESTABA SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS EN HORARIO LABORAL. El artículo 81 del Código de Trabajo, en su inciso l), enuncia como causa justa de despido "...cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato de trabajo", causal dentro de la cual se ha categorizado la “pérdida de confianza”. Se explica que la pérdida de confianza no es en sí misma una falta a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, sino una consecuencia de una conducta del servidor. Se cita al respecto el voto n° 898-05 de esta Sala. En el caso concreto, el actor fue despedido porque utilizaba tiempo de sus horas laborables para realizar servicios de mensajería a otras empresas y, no existe ni siquiera un indicio que justifique el argumento de que esas otras labores las desempeñaba una empresa suya. No se le está recriminando al actor el incumplimiento de algún contrato de exclusividad, lo que se le reprocha es la distracción del tiempo remunerado por la demandada. Evidentemente, la conducta demostrada constituye una falta grave en tanto burló la confianza patronal depositada en su persona, por lo que el rompimiento contractual resultaba inminente y justificado. [244-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE DEBERES. Caso de gerente de restaurante que alteró inventarios. Si bien el recurrente alega que las inconsistencias en los inventarios no produjeron pérdidas o perjuicios económicos a la demandada, pues su representada no sustrajo dinero ni mercancías, debe recordarse que la falta imputada es la de alteración de inventarios; y si bien no se evidencian esas pérdidas o perjuicios, es lo cierto que sí se dio un incumplimiento grave de los deberes que como empleada en un nivel de responsabilidad superior (a cargo del restaurante) tenía con su empleadora. [277-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES. Caso de cajero bancario. El actor recibió un cheque del extranjero por la cantidad de $20.500, en abono a una tarjeta de crédito, sin el visto bueno previo de su jefe. Si bien es cierto fue hasta después de la conducta atribuida al actor que se tramitó una mejora en el sistema respecto al plazo de congelamiento de los cheques, también es cierto que ya existía un mandato de la gerencia que prohibía recibir ese tipo de documentos para el pago de tarjetas a menos que mediase el permiso del jefe. No hay razones para pensar que el jefe no le hubiese transmitido al actor ese mensaje, ya que en la base de datos -a la que él tenía acceso- estaban todos los instructivos, así que no es de recibo la excusa de que no recibió una capacitación formal. Tampoco cabría invocar una costumbre que contrariase un procedimiento expresamente regulado, por tratarse de un ente público. Por otra parte, quién giró el cheque no era un cliente reconocido, sino prácticamente nuevo, por lo que el actor debió extremar las medidas de precaución, máxime que no se trataba de una transacción frecuente (pago de tarjeta de crédito con un cheque del exterior) y mucho menos por un monto tan alto ($20.500), por lo que se echa de menos una conducta diligente del demandante en resguardo de los intereses del empleador, lo que a la postre le ocasionó al banco una cuantiosa pérdida económica. [315-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIR DEBERES DE CUSTODIA DE BIENES. PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA. Al demandante se le despidió alegándose “violación al artículo 81, incisos l y d del Código de Trabajo”, porque incumplió los deberes de custodia de los bienes depositados en la bodega a su cargo, disponiendo de éstos a su libre arbitrio sin contar con la autorización o el aval de su empleadora; lo cual produjo que se le perdiera la confianza. Para la Sala, la falta atribuida al accionante quedó debidamente acreditada y por ende, la pérdida de confianza ha estado sustentada en hechos reales. Caso de auxiliar y encargado de bodega de una empresa.[373-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. Juez que denegó la prisión preventiva en un caso donde existía peligro de fuga. Dos fueron las  resoluciones  judiciales dictadas por el actor cuando fungía como Juez Penal. En ambas declinó ordenar la medida de prisión preventiva solicitada por el representante del Ministerio Público quien le justificó las razones por las cuales era procedente esa medida:  Se trataba de imputados de nacionalidad extranjera, sin ningún arraigo ni domicilio conocido en el país, lo que permitía advertir el peligro evidente de fuga; y existían elementos probatorios suficientes para concluir acerca de la responsabilidad penal de los acusados por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, sancionado con  altas penas privativas de libertad,  y para enjuiciar que existía un peligro inminente de obstaculización de la investigación. El actor reconoció que existían elementos suficientes para concluir sobre la probabilidad  de responsabilidad penal de los acusados en el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos; y el evidente peligro de obstaculización en la investigación. En relación con el otro alegato, de la falta de arraigo de los imputados, dada su condición de personas extranjeras, era notoria. La conducta del actor, manifestada en el dictado de dos resoluciones que evidencian un grave desacierto y un desconocimiento supino que raya en el favorecimiento ilegítimo de los imputados, se constituye en una falta gravísima al servicio de la administración de justicia porque torna nugatorio el ejercicio de la competencia jurisdiccional a la que se debe el Poder Judicial como función propia y natural. [537-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTAR A LOS DEBERES DE PROBIDAD Y BUENA FE. En la carta de despido se le indicó al actor que quedaba cesante por haber  faltado a los deberes de probidad y buena fe. La empresa demandada, en su contestación, alegó que el inciso l) del ordinal 81 del Código de Trabajo era aplicable, pues el demandante había incurrido en violaciones al Código de Ética de la empresa al hacer pagos de sobornos a funcionarios públicos para obtener licitaciones, contratar agentes y consultores vinculados con él familiarmente y, por haber presuntamente cometido un delito de estafa en contra de esa compañía. Sobre el tema se cita el numeral 19 del Código de Trabajo. La Sala resuelve que la prueba traída al proceso es clara en evidenciar la comisión de una falta laboral que por su extensión impedía la continuidad del contrato de trabajo. En este sentido, la testimonial evacuada mostró que el actor, siendo conocedor de que la normativa interna de la empresa prohibía entablar relaciones comerciales con empresas asociadas a parientes, contrató con su cuñado supuestos servicios de asesoría, los cuales resultaron ser un artilugio para llevar a cabo pagos a funcionarios públicos al margen de la ley. Los aspectos a los que se ha hecho referencia colocan en la superficie una serie de conductas del actor que contravinieron los principios básicos de probidad y buena fe, que deben imperar en toda relación de trabajo. Luego, fue público y notorio que esa situación generó el descrédito a nivel empresarial de la demandada y la obligó a enfrentar millonarias demandas interpuestas por el Estado reclamando la reparación del daño originado. También conviene mencionar que a pesar de que los hechos que sacudieron nuestro país a raíz de este caso, tejen la duda sobre la posibilidad de que algunos ejecutivos de la demandada tenían el soborno de funcionarios públicos como parte de su práctica empresarial, la realidad es que aunque se hubiese demostrado esa situación, la valoración jurídica de este caso sería la misma; toda vez que los hechos demuestran que los altos mandos de esa empresa nunca brindaron su beneplácito o aquiescencia al actor, puesto que por el contrario, se demostró que varios miembros de esa compañía tuvieron que desplazarse desde otras latitudes hasta nuestro país, con el objeto de emprender una investigación minuciosa respecto de lo que había acontecido en territorio costarricense, para luego informar al presidente de esa organización. [569-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ACTUACIÓN IRREGULAR DE FUNCIONARIO POLICIAL AL CONDUCIR VEHÍCULO REPORTADO COMO ROBADO. El funcionario encartado desde que fue detenido e increpado por el título que portaba el automotor que conducía, debió verificar y asegurarse por sus propios medios que la posesión de ese vehículo no era el producto de una conducta delictiva. Sin embargo, resulta desconcertante que este con su experiencia, ni siquiera se cuestionara el despliegue que habían hecho las autoridades de seguridad pública en torno a ese bien y, además que no notara las inconsistencias que para una persona instruida en ese campo (como lo era él) jamás hubieran pasado inadvertidas. Por esa razón, es diáfano que la relación de empleo que ligaba al actor con el Estado no podía continuar, ya que ante este grave incumplimiento de sus obligaciones, no puede persistir la necesaria confianza objetiva para seguir encomendándole un valor tan importante como lo es la seguridad de los habitantes de nuestro país. [573-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. Si bien el demandante pretende justificar el hecho de autorizar facturas para el pago de caja chica sin que constara la firma del encargado de recibir los bienes supuestamente adquiridos, en la existencia de una supuesta costumbre institucional que amparaba este actuar, lo cierto es que autorizar pagos con dineros de la administración en esas condiciones (sin constatarse el ingreso de los bienes comprados a la institución), contraviene los principios básicos que rigen el manejo de fondos públicos, respecto de los cuales, por tener precisamente ese carácter,  hay que ser sumamente celoso en su custodia y disposición. Tal comportamiento, no puede ser tipificado más que como una falta grave a las obligaciones que le impone todo contrato de trabajo a las personas servidoras públicas, ya que con ese actuar negligente se facilitó la distracción del patrimonio de la Caja Costarricense de Seguro Social. Más grave aún resulta la actuación del encargado del presupuesto de la Dirección Regional de la Caja, quien no sólo firmó esas facturas sin que contaran con los requisitos indispensables para la continuación de su trámite; sino además, aceptó haber retirado dineros directamente de las cajas de la entidad accionada en representación de supuestos proveedores, los cuales incluso ya no operaban comercialmente al momento de gestionar esos giros. No cabe duda, que con el actuar de los actores se transgredió el principio de buena fe contenido en el numeral 19 del Código de Trabajo, generándose una evidente pérdida de confianza, que a todas luces vuelve imposible el mantenimiento de la relación laboral, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 inciso l) de ese cuerpo normativo, la sanción aplicada resultaba idónea, razonable y proporcionada a la gravedad de la falta cometida. [626-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. Caso de funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones que falsificó citas de matrimonios registrales ilegales. Los funcionarios públicos son depositarios de la confianza del Estado-patrono y de los usuarios del servicio, por lo que deben tener un comportamiento impecable y probo, así como una conducta intachable. Por eso, en tratándose de servidores (as) públicos (as), independientemente de su naturaleza, función y categoría, la valoración de sus faltas debe hacerse en forma estricta y meticulosa, por estar de por medio el interés público. Se determinó que el accionante aplicó matrimonios en forma irregular a la base de datos civiles; creando citas de matrimonio registrales ilegales, sin estar autorizado, aunado a que también borró varios de esos matrimonios sin que tampoco se encontrara autorizado para realizar dicha acción. [759-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTAR AL DEBER DE DILIGENCIA. Trabajador es despedido al considerarse que faltó al deber de diligencia que le impone el contrato de trabajo, toda vez que dio fe de que algunos materiales habían ingresado al plantel de la institución para la cual laboraba, cuando en realidad el contratista no los habían entregado. Es cierto que su actuar no fue doloso ni intencional, pero su falta de diligencia facilitó que el empresario simulara el ingreso de los materiales, causando así un perjuicio económico a la parte empleadora. Cabe recordar que tratándose de bienes públicos requiere brindarles una especial tutela. El interés en las finanzas públicas exige que las instituciones a través de los funcionarios y las funcionarias públicas, acuerden medidas y mecanismos de control de su patrimonio. Caso de guarda de seguridad. [865-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR ABUSAR DE TIEMPOS DE DESCANSO Y COLGAR LLAMADAS SIN ATENDER. La empresa accionada se dedicaba en esencia (giro empresarial) a brindar servicios, específicamente atendiendo llamadas telefónicas provenientes de Estados Unidos; lo cual realizaba por medio de los agentes de servicio al cliente, puesto que ocupaba la accionante al momento de la terminación de la relación laboral. Del contrato de trabajo en cuestión, se desprende el énfasis que se le dio a las obligaciones a las que se comprometía la trabajadora, las cuales estaban relacionadas precisamente con la pronta, eficiente y adecuada atención de la clientela. Es decir, que la atención al cliente resultaba ser el punto medular en las funciones encomendadas a la accionante y, por consiguiente, el incumplimiento que se ha dado debe calificarse como grave en los términos del artículo 81 del Código de Trabajo. Sobre las llamadas cortas colgadas, se indicó que el sistema las reportaba cuando era el agente de servicio quien las colgaba, más,  en todo caso, en el supuesto contrario –es decir, cuando quien cortaba la llamada era el (la) cliente-  el agente debía dejar documentada la situación acaecida, cuestión que en este caso no consta que se hiciera. Dicho comportamiento, formó parte de un evidente desinterés constante y reprochable en el cumplimiento de sus tareas esenciales, al punto de que tenía un historial disciplinario lamentable y del cual se deduce que la empresa le dio oportunidad de rectificar su actitud, lo que es claro que no hizo.  Esa situación es suficiente para que, con justa causa, la demandada diera por rota la relación de trabajo. Se cita al respecto, otro de los asuntos en los que la Sala ha valorado las faltas cometidas por trabajadoras de empresas de servicios en el voto número 1256-10. VOTO SALVADO. Quienes emiten el voto salvado consideran que la existencia de las faltas no fue debidamente demostrada. Caso de agente de servicio al cliente en sociedad anónima. [918-11]

DESPIDO JUSTIFICADO. SE ACREDITÓ LA FALTA. NO CUMPLÍA A CABALIDAD COMO ADMINISTRADOR. La serie de irregularidades atribuibles al actor, debido a que no cumplía a cabalidad con sus funciones como administrador, permitieron una pérdida de producto mayor al permitido, generándose un perjuicio económico a la empresa accionada cuantificado en varios millones de colones. Con la declaración testimonial se confirma que la carga y descarga del producto, si bien es cierto, era realizado por otro trabajador diferente del actor, dicho trabajador estaba bajo la supervisión del demandante. En síntesis, se confirmó lo concluido en el estudio de auditoría con respecto a las anomalías consignadas. Caso de administrador de negocios contra empresa privada. [933-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE A OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO. Caso de doctora incapacitada que atendió pacientes en su consultorio privado. Se tiene por acreditado que la actora estando incapacitada del 2 al 12 de setiembre de 2008, atendió en su consultorio privado a varios pacientes, extendiéndoles el respectivo certificado médico con su cuadro clínico y recomendaciones de reposo e incapacidades. Si la demandante ejerció privadamente la profesión cuando estaba incapacitada, es claro que su actuar resulta ser una falta muy grave al contrato de trabajo, suficiente para justificar su despido sin responsabilidad patronal, conforme al artículo 81 inciso l) del Código de la materia, pues el ejercicio privado que realizó de su profesión estando incapacitada, puso en riesgo su salud, faltando al principio de buena fe, probidad que informa la relación laboral, así como otras obligaciones inherentes al contrato de trabajo, el cual se mantiene vigente aún durante el período de incapacidad, pues así lo regula el artículo 73 del Código de Trabajo, al establecer que la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo, no implica su terminación, ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. [949-11]

DESPIDO POR FALTA GRAVE AL RETENER DE MANERA INDEBIDA UN BIEN DE LA ADMINISTRACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. El demandante incurrió en una falta grave en los términos del canon 81 inciso l) del Código de Trabajo -al que remite el inciso ñ) del ordinal 81 de la Ley General de Policía. Consta que el actor estuvo unos meses incapacitado y otros de vacaciones y que se negó a entregar el walkie talkie facilitado a su persona, alegando que no se habían cumplido las formalidades instituidas; siendo la primera de ellas que el activo fuera requerido por el Jefe Regional y la segunda, que se completara la boleta de recuperación de activos. Sin embargo, del expediente se deduce que no era la costumbre en esa Delegación emplear el formulario de asignación de activos, por lo que resulta contradictorio y hasta de mala fe que el accionante lo solicitara como requisito. Por otra parte, ni siquiera había necesidad de que un superior le pidiera al actor devolver el bien, sino que era su obligación entregarlo antes de marcharse, como se infiere de la circular enviada por el coordinador de Recursos Humanos. Aunado a lo anterior, el numeral 21 del Reglamento de activos fijos del COSEVI dispone que los instrumentos deben permanecer en el centro de trabajo (ergo, el actor no se podía llevar el walkie talkie a su vivienda). La responsabilidad de él se incrementa en atención a su jerarquía, dado que era el Delegado de Tránsito, por lo que resulta sumamente reprochable que no le preocupara la buena marcha de la dependencia a su cargo. Así pues, no puede menos que calificarse como falta grave el que haya retenido en su poder, de manera indebida, un bien de la Administración que resultaba imprescindible para la debida prestación del servicio público (según prueba testimonial). [984-11]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE DE ADMINISTRADOR DE COMPAÑÍAS QUE SE NIEGA REITERADAMENTE  A REUNIRSE CON PROPIETARIAS DE LAS EMPRESAS Y A ENTREGAR LOS LIBROS LEGALES. Aunadas a las faltas que declaró prescritas el tribunal, la Sala consideró que había transcurrido el plazo de prescripción con respecto a otras que se le atribuían al actor; excepto las consistentes en haber abandonado su trabajo y negarse a entregar los libros de las empresas, las cuales tienen carácter continuado, en virtud de que se mantuvo su incumplimiento hasta el momento de ser cesado de su cargo. A pesar de que el actor alegó que no había podido entrar a las oficinas porque las apoderadas habían cambiado las cerraduras, dicho argumento no contó con el respaldo probatorio suficiente y, por el contrario, se desprende que, voluntariamente y sin justificación válida, decidió no ejecutar más labores para las accionadas. Así por ejemplo, se le citó a reuniones y en todo momento mantuvo la negativa a asistir personalmente, enviando en su lugar a su abogado. También había sido apercibido de entregar los libros legales de algunas compañías, pero alegó que la mayoría los tenían las propietarias en su poder o estaban en manos del contador y los que él poseía eran libros viejos; excusas que no lo liberan de su responsabilidad. Así pues, incurrió en falta grave a las obligaciones contractuales, lo que objetivamente genera falta de confianza que torna insostenible la relación laboral a la luz de lo normado por el inciso l) del artículo 81 del Código de Trabajo. [1029-11]

DESPIDO DE CHOFER POR TOMAR LICOR DURANTE EL TIEMPO LABORAL Y CONCOMITANTEMENTE COMETER OTRAS FALTAS GRAVES. El actor fue despedido por tomar licor durante el tiempo laboral, situación que lleva consigo el abandono de trabajo, la afectación grave de su imagen y la de la institución para la cual trabajaba, y la decisión posterior de negociar con el individuo que había chocado el vehículo institucional, conducir en una condición indebida y no reportar el acaecimiento del accidente. Los integrantes de la Sala consideran que la sanción no le fue impuesta directamente por el problema anímico de depresión y ansiedad que padecía, que los hechos demuestran que él no se encontraba en estado de irracionalidad y que la parte patronal fue diligente. Por lo tanto, resuelven que el actor cometió concomitantemente varias faltas graves que justificaron la revocatoria de su nombramiento, a la luz de lo regulado en los artículos 191 y 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. VOTO SALVADO. Quien emite este voto se aparta de lo resuelto por la mayoría, al considerar que, si bien es cierto, el actor afectó seriamente sus labores, vulnerando sus obligaciones, se debió tomar en consideración su deplorable estado de salud mental, del cual tenían conocimiento las altas jefaturas administrativas a efecto de poder aplicar con equidad y razonabilidad el régimen disciplinario, lo cual no se hizo. Además, considera que el caso del actor no está regido por el artículo 191 mencionado, sino por al artículo 194 de ese cuerpo normativo, que trata sobre la infracción o negligencia no prevista en ninguno de los artículos anteriores. Esto, por tratarse de un supuesto que requiere una valoración de las circunstancias especiales que afectaban la personalidad del actor para la época en que sucedieron los hechos. La administración no actuó diligentemente para evitar lesiones jurídicas en la esfera de la persona, y al disponer su despido violentó el principio de proporcionalidad entre la falta y la sanción, lo que constituye un vicio del acto administrativo. Agrega que no se discute que su problema de personalidad no lo hace apto para laborar dentro de la institución, sino que su cesación se haya dado por las faltas que se le imputaron. [019-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR OTORGAR LICENCIAS QUE NO IBAN A SER UTILIZADAS EN EVENTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN SINDICAL. Caso de representante sindical en una institución autónoma. Al actor se le inició un procedimiento administrativo donde se le atribuyó haber tramitado, ante la Administración del INS, licencias con goce de salario a favor de la señora A.V.O. para los días 30 de julio de 2004; 28 y 29 de julio de 2005, a sabiendas que estas no se utilizarían en eventos relacionados con la gestión sindical ni en actividades de interés institucional. Quedó demostrado que las licencias fueron utilizadas para fines personales de la funcionaria, de lo cual tuvo conocimiento el actor desde antes de tramitarlas y aun así dispuso su disfrute. Se acreditó una falta grave por parte del demandante. No es cierto que la sanción haya sido desproporcionada, pues se trató de una situación donde estuvieron de por medio fondos públicos y no puede tolerarse que el accionante, utilizara las licencias con goce de salario que se le facilitan a la organización para que sus miembros participen en actividades de interés sindical o institucional, en aspectos que no tienen relación alguna con esa materia, ni tampoco se trató de un despido por persecución sindical. [193-12]

SUSPENSIÓN POR AUSENCIA INJUSTIFICADA Y DESPIDO POR PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO ALTERADO. NO HUBO VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN SEDE ADMINISTRATIVA, NI AL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM. Lleva razón la parte recurrente en cuanto a que las faltas, por ausencia al trabajo y por presentación de un documento alterado para justificarla, son independientes, por lo que su sanción igualmente puede darse por separado. De hecho se le aplicó la suspensión de dos días por ausencia injustificada y luego el despido por la presentación del documento alterado para justificarla (falta grave, esta última, que origina la pérdida de confianza objetiva). Así pues, no considera esta Sala que se incurriera en violación del principio non bis in ídem. Tampoco se considera que hubo violación al debido proceso, por la integración del órgano director encargado del procedimiento administrativo seguido contra la actora, al establecer la normativa interna de la accionada que dicho órgano debe estar integrado por personas que laboren “para una jefatura distinta de la que solicita la realización de tal investigación”. Se ha demostrado que quienes formaron parte del mismo eran supervisoras de enfermería y subalternas indirectas de la directora de enfermería del hospital, y no que alguna de ellas hubiese sido o fuese jefe de la investigada. De manera que a la actora se le permitió en forma amplia y clara el ejercicio de su derecho de defensa siguiendo el debido proceso. Asimismo, estamos en un caso en que la actora no niega la falta cometida, es decir, ella misma declara ante dicho órgano que por su temor ante la ausencia al trabajo, alteró el documento de asistencia médica en la hora de salida. VOTO SALVADO. Quien se aparta del voto de mayoría expone que no pueden tenerse como separadas las faltas cometidas por la actora, pues, precisamente, una dependía de la otra: de no existir la alteración del documento, la ausencia resultaría justificada, caso contrario no existiría falta disciplinaria que sancionar. De forma tal que al haberse aplicado una suspensión y después el despido, se incurrió en violación del principio non bis in ídem. Caso de asistente de enfermería en hospital público. [255-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR TRAMITAR DECLARACIONES ADUANERAS DE PERSONA NO AUTORIZADA. Caso de tramitador aduanero. Actor tramitó declaraciones aduaneras sin verificar que la persona que realizaba la gestión no estaba autorizada para ello. En cuanto a la información contenida en los formularios respectivos, se constató que el declarante y el transportista no coincidían, lo que contraviene el artículo 138 de la Ley General de Aduanas. Además, los conductores que aparecen reportados en esas declaraciones, no estaban autorizados por la Dirección General de Aduanas como chofer de la empresa, y que donde debía consignarse entre otras cosas el nombre del declarante, se anotó a un tercero, quien no ostentaba ninguna representación de la sociedad. Asimismo, las declaraciones fueron presentadas ante el actor por un tercero, quien no estaba inscrito en la modalidad de agente aduanero o asistente de agente de aduana, ni laboraba para la empresa, ni estaba autorizado por el Departamento de Registro de la Dirección de Aduanas para realizar ninguna gestión. Es claro que el actuar del accionante fue negligente y con ello debilitó el sistema de control interno propio de la oficina de aduanas en la que laboraba. [308-12]

DESPIDO POR ACOSO SEXUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se confirma que  según la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda, no bastan las manifestaciones de la ofendida para concluir sobre la existencia del hostigamiento. De esta manera, valorada y analizada la prueba aportada a los autos y la del expediente disciplinario, conforme a las reglas del correcto entendimiento humano -sana crítica- según el numeral 493 del Código de Trabajo, se llega a la conclusión de que el actor incurrió en las faltas a él atribuidas por la denunciante. No otra cosa se puede concluir de la denuncia y la testimonial evacuada, por cuanto con ellas quedaron demostradas clara y fehacientemente las faltas constitutivas de la causal de despido, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley Contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, en relación con lo que establece el artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo. Se dedujo que el demandante hostigaba a la ofendida y otras funcionarias que laboraban en el nosocomio, con conductas sexuales absolutamente indeseadas que causaban grave perjuicio moral por impúdicas y ofensivas. Caso de médico de la CCSS. [328-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR REITERADAMENTE SANCIONADO POR DIFERENTES INFRACCIONES A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. NO SE QUEBRANTÓ EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. Este despacho ha considerado que el empleador válidamente puede recurrir a los antecedentes de la persona trabajadora, con el fin de determinar la gravedad de la falta, sin que esto implique un quebranto del principio de non bis in idem. En el caso concreto consta que, durante el último año de funciones, el actor fue reiteradamente sancionado por diferentes infracciones a sus obligaciones contractuales como llegadas tardías, mal manejo de las herramientas de trabajo, uso de su teléfono celular en horas de oficina,  abandono de trabajo y errores en sus obligaciones intrínsecas como operador telefónico. Se indica que la conducta del gestionante reflejó un desprecio absoluto por cumplir y atender las condiciones en que debía prestarse los servicios pactados, lo que sin margen a equivocación atentaba contra el sano funcionamiento de la empresa. Así las cosas, es criterio de esta Sala que la conducta del actor, valorada en conjunto con los elementos probatorios, fue suficiente para dar por roto el contrato de trabajo. [774-12].

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE COMETIDA FUERA DE JORNADA LABORAL. Funcionario de la CCSS que tomó una actitud desafiante con el fin de procurar que un médico cumpliera con su propósito de agredir a un paciente porque supuestamente éste lo había asaltado. Se considera actuación como falta grave aunque hechos no sucedieran en las horas laborales del actor. [780-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE POR ROBO DE ZAPATOS DE COMPAÑERA. La actora se apoderó conscientemente, de unos zapatos que no le pertenecían. Sin lugar a dudas, esa conducta no puede medirse en relación con el valor de lo que ella indebidamente tomó. Se trata de una funcionaria encargada de velar por el respeto a la integridad y seguridad de las personas y de los bienes ajenos, de tal modo que su sola presencia, en cualquier ámbito de su vida y de manera particular en su centro de trabajo, debe generar confianza, por parte de quienes le rodean. La sustracción de un bien ajeno tiene en el ámbito de las obligaciones laborales, la connotación suficiente de haber generado la pérdida de confianza en la trabajadora. [804-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. Resulta reprochable que el gestionante, conociendo que la empresa contratada estaba quebrantando lo pactado en el contrato administrativo al colocar material inadecuado y en malas condiciones, no reportara oportunamente esa circunstancia, más aún, este, lejos de atender los intereses de la institución, intentó por todos sus medios tutelar la actuación del contratista; lo que evidencia una violación al principio de buena fe. Este hecho justificó su despido, ya que incluso sus desatenciones implicaron que su superior detuviera la construcción, lo que conllevó un trastorno en la actividad ordinaria de la entidad demandada. Caso de maestro de obras. [808-12]

FALTA GRAVE POR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE DIO EL ABANDONO DEL TRABAJO. DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA RELACIÓN DE SERVICIO. El actor fungía en ese momento como suplente técnico en radiología en un hospital y se había comprometido a estar en una determinada cirugía. Mas, al escuchar por altoparlantes que se requería de un técnico de radiología en sala de operaciones, lo que ocurrió cuando él salía a almorzar, no acudió a verificar si se trataba del caso que le correspondía, o a constatar que otro técnico atendiera la situación, sino, simplemente ignoró los llamados y se fue a almorzar. Esta actitud demuestra poca diligencia, interés y responsabilidad en sus funciones. El demandante actuó con pleno desprecio de las consecuencias que su actuación podría tener, no solo sobre el servicio brindado por su empleadora –a la que le debía lealtad en sus funciones y buena fe en su relación-, sino sobre la salud y la vida de la paciente que recibía la cirugía. Si bien no se produjo un perjuicio objetivo, no cabe duda de que se estuvo en presencia de un perjuicio potencial, al tener a la paciente en dicha sala, en condiciones de verdadero peligro de contaminación o de sufrir otros inconvenientes en su salud. Amén de que se debió cancelar la cirugía siguiente por el atraso ocasionado, lo que –aunque no se ha alegado en el proceso- sí causó perjuicios en los servicios brindados por la demandada y en los asegurados que los reciben. Debe quedar claro que no se está ante un simple abandono de labores tipificado por el inciso a) del numeral 72 del Código de Trabajo en que para la procedencia del despido se requiere el apercibimiento previo (artículo 81 inciso i) ibídem). Se está en presencia del incumplimiento de las obligaciones originadas en la relación de servicio que hacen inviable su continuidad, al ser calificable como una falta grave por las circunstancias ya indicadas en que se dio el abandono de las labores, cuya sanción es el despido sin responsabilidad patronal. [813-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE DE FUNCIONARIO PÚBLICO QUE INCUMPLE DEBER DE PROBIDAD. Caso de inspector municipal que presta sus servicios de manera privada, con vehículo municipal y en horas laborales. Debe resaltarse que con sólo la presentación de dicha oferta el funcionario quebrantó su deber de probidad, ya que ofreció sus servicios privados para trabajarle a un particular, y realizar trámites frente a la misma municipalidad en la que trabajaba. No existe duda de que las actuaciones del agraviado vulneraron gravemente el deber de probidad al que está sujeto todo funcionario público en el país, así como a sus deberes como funcionario municipal. [1017-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. Policía de la fuerza pública que estando en horas laborales ofendió y amenazó a tercera persona. [1023-12]

DESPIDO JUSTIFICADO DE OFICIAL DE TRÁNSITO POR ABUSO DE AUTORIDAD. Es claro que un miembro de los cuerpos policiales del Estado, desde ninguna perspectiva puede hacer uso abusivo del poder que el ordenamiento jurídico le ha entregado para proteger y resguardar a las personas que habitan nuestra nación. Resulta hartamente reprochable que el demandante, con sus acciones, hubiera comprometido la integridad física y la propiedad de un ciudadano que transitaba de manera libre y pacífica y, no conformándose con eso, procediera a emitir infracciones de tránsito ficticias en su perjuicio. No es tolerable que un servidor público encargado de garantizar la seguridad en las vías terrestres del país, haciendo uso de los recursos del propio Estado, desatienda de manera burda sus obligaciones legales, al punto de intimidar y agredir directamente a un administrado y su familia. Dicha conducta no es propia de un funcionario público diligente y, es incompatible con el cargo que ostentaba. Así las cosas, su destitución fue justificada. [1079-12]

DESPIDO POR NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS DEBERES Y OCULTAR INFORMACIÓN A JEFE INMEDIATO. FALTA GRAVE EN EL PODER JUDICIAL. El actor laboraba como fiscal auxiliar en la Fiscalía de Narcotráfico y no solicitó en forma oportuna la prórroga de la prisión preventiva en contra de un encartado por el delito de tráfico internacional de drogas, lo que provocó su fuga; aparte de que trató de ocultar al Fiscal General que había sido debidamente notificado del auto que rebajaba la prisión preventiva de seis a tres meses. [1157-12]

DESPIDO JUSTIFICADO DE FUNCIONARIO BANCARIO POR FALTA GRAVE AL DEBER DE CUIDADO. El actor ostentaba una posición de garante de los intereses del banco, sin embargo, con total desprecio por ese deber, desatendió burdamente su obligación, generando de manera consustancial que durante el asalto del cual fue víctima la oficina que custodiaba, se sustrajera un monto mayor de dinero en efectivo. De forma pareja, es hartamente reprochable que después de ese suceso buscara falsificar una orden de dinero, para así justificar el hecho de que la bóveda del banco se encontrase abierta a contrapelo de la normativa interna de la entidad. [122-13]

DESPIDO JUSTIFICADO DE GUARDA VIGILANTE POR FALTA GRAVE A LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONÍA EL CONTRATO DE TRABAJO. Al actor lo encontraron durmiendo en una habitación del hotel para el cual estaba sirviendo; es decir, además de que abandonó el trabajo, realizó algo que estaba totalmente prohibido: hacer uso de una habitación para dormir. Así pues, procede el despido por la causal contemplada en el artículo 81 inciso L) del Código de Trabajo. [125-13]

DESPIDO JUSTIFICADO DE FUNCIONARIO DE LA CCSS POR FALTA GRAVE. CONDICIÓN DE FUNCIONARIO Y SOCIO DE SOCIEDAD POR MEDIO DE LA CUAL PARTICIPÓ COMO OFERENTE EN LICITACIÓN PROMOVIDA POR LA MISMA DEPENDENCIA DONDE LABORABA. La irregularidad endosada al actor no puede analizarse individualmente, sino que ha de examinarse en conjunto con la conducta desplegada por los demás implicados (precisamente por eso el procedimiento administrativo se siguió contra todos mediante una causa única), pues entre todos tuvieron una injerencia grupal en la licitación cuestionada. Es evidente que este grupo de servidores de la CCSS -todos del mismo departamento que fue el que impulsó la licitación- se unieron para crear una sociedad anónima (de la cual eran accionistas y miembros de la junta directiva) por medio de la cual ofertar servicios a su patrono, incurriendo en un conflicto de intereses. Por otra parte, está fehacientemente acreditada la participación del demandante en la toma del inventario que sirvió de base a la licitación debatida, lo cual le otorgó a él y a sus socios una ventaja en perjuicio de la sana administración de la cosa pública. Se cita como un asunto semejante resuelto por la Sala el voto n° 083-11. Caso de técnico de equipo médico. VOTO SALVADO. Quien salva el voto considera que la sanción que fue impuesta al actor resultó ilegítima. Explica las razones. [185-13]. Caso de técnico administrativo. [186-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR VIAJAR AL EXTERIOR ESTANDO INCAPACITADO. No existe prueba fehaciente de la cual se desprenda que viajara a Cuba para recibir el tratamiento médico. Por el contrario, consta que ese año contrajo matrimonio en ese país, por lo que es evidente que el motivo del viaje no era recibir el tratamiento médico, sino su propio matrimonio. De las probanzas se desprende que en verdad él no cumplió -como debió hacerlo- con el reposo médico prescrito en las incapacidades extendidas a su favor, aparte de que vulneró el principio de la buena fe que rige las relaciones laborales. En consecuencia, a la Sala no le cabe la menor duda de que el accionante incurrió en la falta grave achacada. Caso de guarda del Tribunal Supremo de Elecciones. [465-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. ASISTENTE DE ALCALDE CON RECARGO DE LA PROVEEDURÍA QUE COBRA COMISIÓN POR COMPRA DE VEHÍCULO PARA LA MUNICIPAIDAD. No es un hecho controvertido en esta instancia que el actor realizó para la demandada las funciones propias de un proveedor municipal. El hecho de que lo hiciera por recargo, por estar nombrado en el puesto de asistente de alcalde, resulta a todas luces irrelevante, para efectos de la resolución de este asunto; pues, más bien, interesa que como consecuencia de las funciones realmente desempeñadas, lógicamente estaba vinculado a los procesos de licitación llevados a cabo en el ente municipal. Desde esa perspectiva, evidentemente tenía injerencia directa en los procesos de contratación para la adquisición de bienes por parte del municipio y de ahí que, con independencia de que no fuera el encargado de adoptar la decisión final, en el caso específico de la compra del vehículo; lo cierto es que estaba llamado a cumplir con sus tareas de manera transparente, apegado a los valores éticos que deben permear el servicio público y no aprovecharse de su posición para obtener un provecho económico indebido. La existencia de un depósito de dinero constante en la cuenta registrada a nombre del accionante, realizado por la empresa proveedora de bienes a la municipalidad, constituye un importante indicio de una anomalía, sobre todo, porque el actor llevaba a cabo las funciones de proveedor; lo que hace creíble la declaración del entonces alcalde, quien dio cuenta de haber recibido verbalmente una comunicación en el sentido de que el actor le había pedido a la adjudicataria de la licitación una comisión, cuyo comprobante de depósito le fue mostrado. Aparte de que, según el deponente no era la primera vez que se le informaba sobre actuaciones anómalas del demandante. Esas dos probanzas relacionadas con las funciones desempeñadas por el accionante son suficientes para que razonablemente se tenga por comprobada la falta achacada. [217-13]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. NO CUMPLE CON PLAN DE MEJORA. TRABAJADOR DE CALL CENTER SIN INTENCIÓN DE MEJORA. El demandante no mostró interés en el plan de mejora y, durante el desarrollo del mismo, siguió incurriendo en las mismas anomalías que se le había solicitado reiteradamente corregir. Así las cosas, no tenía sentido cumplir el plazo del plan de mejora si el trabajador no deseaba aprovechar la oportunidad que le estaba brindando la empresa de cambiar de actitud y conservar el empleo. Ante tal panorama, no era obligación de la compañía esperar a que se venciera el término estipulado para el plan de mejora. [225-13]

DESPIDO JUSTIFICADO. CONDUCTA IMPROCEDENTE DE FUNCIONARIO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA, FALTA GRAVE. ALTERACIÓN DE FACTURAS. La Sala estima que sí se comprobó que el servidor cometió una falta grave en el ejercicio de sus funciones. La prueba documental es contundente para concluir que el actor tramitó facturas alteradas y otros comprobantes para su cobro; no solo de sus compañeros, sino también de él mismo. Durante su declaración en sede administrativa, el actor admitió haber cometido una alteración en una de las facturas y haber pasado por alto algunos requisitos para liquidar esos gastos, tales como el sello y la firma del funcionario que los había realizado. El actor se encargó de alterar el monto de varias facturas que presentó al cobro por compras hechas por él mismo, y que, además, liquidó otras sin tener el suficiente cuidado de si contaban con los requisitos necesarios. Es claro, entonces, que el demandante violó los deberes básicos de la función pública que estaba ejerciendo, pues el ejercicio responsable de esta le imponía la obligación de verificar los presupuestos del documento antes de proceder a su liquidación y si había alguna anomalía, debió denegar el trámite e informarlo así a la jefatura correspondiente. Con su proceder, el actor no solo mostró una actitud de desidia e irresponsabilidad, sino que también infringió la buena fe al presentar facturas alteradas, sin que para los efectos sea relevante el monto de lo defraudado, por lo que su comportamiento necesariamente debió tener implicaciones en el ámbito laboral, pues su negligencia, imprudencia y falta de probidad, legítimamente, provocaron una pérdida objetiva de confianza en él por parte de la institución. [246-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR ABUSO DE AUTORIDAD EN PERÍODO DE LICENCIA POR ENFERMEDAD. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. A pesar de que el actor disfrutaba de licencia por enfermedad, se encontraba presente en el plantel del MOPT; ahí procedió a injuriar a un usuario y, no conformándose con ello, deliberadamente lanzó una piedra contra esa persona e intentó agredirla de propia mano. La suspensión del vínculo contractual no lo autorizaba para infringir principios básicos que todo servidor público debe cumplir y, particularmente, quienes están investidos con cargos de autoridad pública. Además, no puede inadvertirse que los sucesos se dieron en horario de atención y en el recinto de trabajo, y comprometieron seriamente el orden y disciplina del plantel del cual era responsable. Caso de jefe de delegación de tránsito. [329-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. Despido se fundamentó en el artículo 81 incisos H y L del Código de Trabajo. El actor –ingeniero agrónomo y supervisor de finca- fue responsable del daño de la plantación (pérdida de plantas). Él no solo era el responsable directo e inmediato, sino que poseía los conocimientos para determinar la calidad de las plantas para el proceso a que debían someterse, según las condiciones propias de la zona y época en que esto tendría lugar. [333-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. ENFERMERO QUE COMETE ABUSO CONTRA UNA PACIENTE. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. En casos de abuso, como el presente, generalmente existe dificultad de contar con pruebas directas de las que se pueda colegir, de manera fehaciente, la comisión del mismo. Sin embargo, existen indicios fuertes de la actuación indebida del actor, quien actuó en una especie de clandestinidad procedimental que consideró apta para efectos de encubrir el abuso. De esta manera, es dable afirmar que las instancias precedentes realizaron un análisis adecuado de las probanzas existentes, a través de lo cual, llegaron a la conclusión de que la falta había sido cometida. [389-13]

DESPIDO JUSTIFICADO. CONFLICTO DE INTERESES. PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN EN CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE LA CCSS Y ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD. El caso se enmarca dentro de los supuestos contemplados en el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa. Se considera que el actor, junto con otros compañeros de trabajo, a pesar de la prohibición que los cubría, participaron como empresarios privados de una sociedad, en un concurso que promovió la dependencia institucional de la cual eran empleados, lo que les otorgó una ventaja sesgada en perjuicio de la sana administración de la cosa pública. Se indica que hubo participación en el levantamiento del inventario, lo que les permitió conocer el estado de los equipos y les benefició al presentar su oferta (se cita un asunto similar en el voto 083-11). Además, se indica que en fechas cercanas a la apertura de la contratación administrativa, el actor trasladó su participación en la empresa a un tercero, lo cual constituyó un actuar evidentemente malicioso en procura de obtener la licitación. VOTO SALVADO. Quien salva el voto considera que al demandante no le asistía ninguna prohibición a la luz de la normativa vigente al momento de los hechos y no se acreditó fehacientemente su participación efectiva en la confección del inventario de los equipos médicos cuya reparación y mantenimiento se iba a contratar; tampoco una conducta tendiente a obtener una ventaja indebida en el procedimiento de compra de servicios que luego se tramitó, ni participación alguna en la confección del respectivo cartel,  por lo que debe concluirse que la sanción impuesta resultó ilegítima. [406-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR NO CUMPLIR ORDEN DE PARTE EMPLEADORA. Policía trasladado con el propósito de que cubriera la incapacidad y las vacaciones de otro funcionario destacado en una embajada. El Estado cumplió con la carga probatoria de demostrar que el accionante se negó deliberada e injustificadamente a acatar la orden de cumplir su servicio en esa embajada, no una, sino varias veces. De manera que el despido es procedente y se considera proporcional. Nótese que se trata de un servicio público para brindar seguridad a los ciudadanos y a las instituciones públicas, de ahí la gravedad de los hechos, al anteponer una excusa injustificada  para cumplir con su deber. Caso de policía del Ministerio de Seguridad. [411-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (EXTRALIMITACIÓN). EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. Funcionario autorizó contrataciones quebrantando el principio de legalidad presupuestaria, toda vez que dispuso y ejecutó gastos no autorizados, excediéndose en los límites de la contratación administrativa fijados; actuar que comprometió fondos públicos. Además, brindó asesoría legal en el extranjero gozando del beneficio salarial de la prohibición (95% de sobresueldo). Caso de funcionario del Registro Nacional. [544-13]

DESPIDO POR FALTA GRAVE. VIOLACIÓN A LOS DEBERES CONTEMPLADOS POR EL CONTRATO DE TRABAJO. Se trata de un gerente que no cumplió con las políticas internas de la empresa (procedimiento a la hora de facturar la venta de un artículo mediante el uso de una tarjeta de crédito). La negligencia y la falta al deber de cuidado del accionante, en la tramitación de la venta, hicieron razonable que se dudara de su capacidad para llevar a cabo sus labores como gerente, máxime si se contempla que esos incumplimientos generaron un considerable menoscabo patrimonial a los intereses de la empleadora. Caso de empleado de sociedad anónima. [578-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. PÉRDIDA  DE CONFIANZA. Funcionarios de la Caja que no tuvieron el suficiente deber de cuidado al firmar vales de caja chica, mediante los cuales se autorizó el pago de facturas por productos que no ingresaron a la institución. Es claro que los demandantes violaron los deberes básicos de la función pública que estaban ejerciendo, mostraron una actitud de desidia e irresponsabilidad que, necesariamente, debió tener implicaciones en el ámbito laboral imposibilitando la continuación de la relación de servicio. Se aclara que no es cierto que se haya variado la causal de despido imputada, pues los hechos fueron muy claros y la pérdida objetiva de confianza no es una causal por sí misma, sino la consecuencia de la comisión de una falta grave que genera la razonable y objetiva imposibilidad de la continuación de la relación de empleo o de trabajo. [596-13]

DESPIDO JUSTIFICADO A POLICÍA PENITENCIARIO POR FALTA GRAVE A OBLIGACIONES LABORALES. La Sala confirma lo dicho por el tribunal, el cual indicó que el actor desdeñó el espíritu del programa de pernoctación  de los privados de libertad -que viene a ser un régimen de confianza para que salgan del Centro Penal durante el día- permitiendo que un privado de libertad firmara en fecha posterior, la hoja de control de asistencia, con el fin de que no se detectara su ausencia. [597-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA GRAVE. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES.  Caso de trabajador de hospital encargado de velar por el adecuado funcionamiento de una caldera, quien dejó de realizar las pruebas respectivas. [599-13]

DESPIDO POR FALTA GRAVE. Agente de seguridad del MOPT que abandonó su trabajo, llevándose consigo el arma de reglamento y, atentó contra su vida. Había abandonado el tratamiento psicológico que se le venía dando. [647-13]

DESPIDO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL POR FALTA GRAVE (HURTO). En las declaraciones no hay contradicciones, por el contrario, son claras, coherentes, categóricas y contestes en cuanto a la responsabilidad del actor en el hurto o sustracción de materiales del plantel municipal. [658-13]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS Y NORMAS

(ARTÍCULO 81 INCISO H DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

El trabajador se negó a obedecer las directrices en la gestión del hotel dadas por el representante patronal e incluso le dijo andate a la mierda, comé mierda . [ 290 -91]

Se demostró que el actor incumplió las órdenes, al no realizar un estudio especial que se le encomendó, además de que en horas laborales no atendía sus funciones. [ 2 -92]

NEGACIÓN DE ACATAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y NORMAS. ARTÍCULO 81 INCISO H DEL CÓDIGO DE TRABAJO.  [411-01], [696-01], [773-01] [48-03], [162-03]

DIFERENCIA ENTRE BAJO RENDIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO Y ABANDONO DE LABORES. El abandono de labores se encuentra contemplado, como falta laboral, en los numerales 72, inciso a), y 81, inciso i), del Código de Trabajo; mientras que la disminución del rendimiento, como causal de despido, se encuentra regulada en el inciso h), del último numeral citado. [434-02].

NO ACATÓ ÓRDENES. Despido justificado de un transportista. Se comprobaron tres faltas cometidas al no querer acatar las ordenes de su patrono y actuar a su libre juicio. [ 305 -05]

ACTORA NO ACATABA ÓRDENES. El despido se fundamentó en el inciso h) del artículo 81 del Código de Trabajo, debido a que la actora hacía caso omiso de las órdenes que le giraba su patrono (folio 4). No se estima acertado el razonamiento del ad quem en cuanto consideró que la demandada no demostró cuáles fueron las órdenes que la actora se negó a acatar, pues de los autos se infiere sin mayor dificultad que la instrucción consistía en limpiar debidamente las cabinas. [930-06]

OTORGAR SOBREGIROS Y BECAS SIN CUMPLIR REQUISITOS ES FALTA GRAVE. EMPLEADO BANCARIO. INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTACIONES INTERNAS.  El actor, como gerente del Banco, expuso a este a una posible pérdida, otorgó sobregiros, desvió recursos financieros, autorizó la beca sin que se cumpliera el concurso interno y sin estar legitimado para ello, omitió ejercer la potestad disciplinaria correctiva sobre sus subalternos, omitió trámites necesarios antes de pasar como incobrables obligaciones a favor del Banco. Las actuaciones del actor, revelan un menosprecio de las disposiciones reglamentaciones internas, los principios de la técnica bancaria, y arrogarse potestades que no son las inherentes a un jerarca de una institución pública, poniendo en riesgo el patrimonio público que le había sido confiado custodiar. Además, el auto de procesamiento dictado en contra del actor por el Tribunal Penal alcanzó firmeza. [239-06]

DESPIDO JUSTIFICADO DE TRABAJADOR ADUANERO POR INCUMPLIR OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN NORMATIVA. La razón de ser de su cargo es hacer efectivo el régimen tributario respecto de los bienes y mercaderías que ingresan al territorio nacional. Ese principio, no pudo ser soslayado por un funcionario con tantos años de permanecer involucrado en el área aduanal fiscal, pues aún cuando en aquellas funciones (Técnico en operaciones aduaneras 1) tuviera poco tiempo de desempeñarse, la vinculación con la materia supone el conocimiento más generalizado de que su obligación era cumplir la normativa existente. Su desaplicación está incluso tipificada como una conducta penalmente recriminable. Actuación anómala del actor al autorizar indebidamente, seis certificados de importación temporal de vehículos sin haber exigido los requisitos establecidos por las disposiciones reglamentarias existentes en ese momento, particularmente, el documento oficial con el que se acreditara la condición de residente en el extranjero, de las personas nacionales a favor de quienes fueron extendidos.  [043-07]

Despido justificado. FALTA GRAVE. IRRESPETO DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES. EmpleadA públicA Caja Costarricense de Seguro Social. Administradora de clínica de la CCSS que irrespeta reiteradamente procedimientos institucionales de compra y contratación de servicios. Falta grave por quebranto al deber de probidad, buena fe y cooperación. [255-07]

Despido justificado. Buena Fe. REALIZAR TRÁMITE CONTRARIO A ÓRDENES DE EMPLEADOR. El trabajador quebrantó el principio de buena fe, en contra de las instrucciones específicas que tenía para realizar el trámite crediticio. El demandante incurrió en una falta grave en el desempeño de su puesto, al realizar un trámite contrario a lo ordenado por los personeros de la empresa. [626-07]

Despido justificado. ACTORA NO ACATABA ÓRDENES. La devolución de trabajo que se le hacía a la actora, para reparar defectos, era constante. Le devolvían no solo la supervisión de calidad sino las compañeras que seguían en el área de trabajo, pues tenían que hacer los procesos luego de ella. A veces se negaba a reparar los productos, o bien, a veces desacataba las órdenes  directas de reparar las cosas cuando se le pedía. Se habló con la actora varias veces para que mejorara su actitud; sin embargo, hubo malacrianzas y faltas de respeto. Además, la actora se negaba a usar la pulsera antiestática muy a menudo. [695-07]

Despido justificado. Bajo desempeño. Carga de la prueba. Corresponde al trabajador demostrar la justificación del bajo desempeño, de la disminución de la excelencia en la calidad de la producción, por dolencias físicas generadas en riesgos del trabajo. No existe prueba idónea indicativa de que las dolencias de la actora hubieran sido la razón de no poder dar bien el rendimiento deseado por el patrono; específicamente, que hubieran sido la causa única del poco desempeño -sobre todo en términos de calidad- en las labores de cosedora de bolas de béisbol. [696-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES SUPERIORES EXPRESAS. PRINCIPIO DE BUENA FE. Aceptó un cheque postfechado, que no tenía fondos, lo que implicó una pérdida económica para la empresa. El accionante desobedeció la política de dicha empresa, encaminada a evitar la recepción de un cheque en condiciones anómalas. Si bien, el demandante pudo no saber -en ese momento- que el mencionado título valor carecía de fondos, sí era claro que éste tenía una fecha distinta a la del día en que se emitió, por lo cual, era evidente la anomalía. De manera que, actuó en contra del principio de buena fe. VOTO SALVADO. Se trata de un despido injustificado, pues, luego de un examen minucioso del expediente, se llega a la conclusión de que es cierto lo manifestado por el accionante, en el sentido de que, la sociedad demandada le exigió la renuncia, advirtiéndole que, de lo contrario, buscaría cualquier motivo para destituirlo; como a la postre sucedió.[918-07]

DESPIDO JUSTIFICADO DE FUNCIONARIO BANCARIO (CAJERO). CONTRAVINO PROCEDIMIENTO DE MANUAL DE CAJAS. El personal bancario se caracteriza porque en la prestación de servicios sobresale el elemento confianza, dado el manejo de valores. El patrono tuvo causa justificada para despedir sin responsabilidad de su parte al actor, ya que como cajero del Banco accionado, convirtió en colones, sin el visto bueno de la Gerencia de la Agencia, un cheque del Banco Cuscatlán, el cual fue devuelto por fondos insuficientes, lo que implicó una pérdida económica para el Banco. Contravino el procedimiento previsto en el Manual de Cajas del Banco Interfín, para el pago de cheques de otros Bancos y cuentas corrientes de ese Banco.[028-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES. CASO DE GUARDA QUE SE NIEGA A EJECUTAR OTRAS LABORES COMPLEMENTARIAS. De las pruebas se logra inferir que durante el desarrollo de la relación de trabajo, el demandante incumplió en varias ocasiones con las órdenes giradas por su jefe inmediato. Además no demostró, en los términos del inciso primero del artículo 317 del Código Procesal Civil, el haber aceptado y realizado de la manera más diligente, cuidadosa y respetuosa, todas las labores que le fueron asignadas por sus superiores. VOTO SALVADO. El actor fue contratado como guardia y tal función fue cabalmente cumplida por él, pues nunca se le acusó de haber comprometido la seguridad del lugar de trabajo. [1030-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FUNCIONARIO NO COMUNICÓ A SUS JERARCAS SOBRE ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL QUE CONDUCÍA. El hecho que motivó el despido estribó fundamentalmente en el accidente ocurrido y el cual el actor no puso en conocimiento de sus jerarcas, ni de las autoridades respectivas; lo que motivó que el Instituto Nacional de Seguros rechazara reconocer la reclamación de la póliza de automóviles. El actor omitió y ha omitido declarar y reconocer el accidente que le ocurrió con el vehículo patrimonio del Estado. Tal omisión constituye una afrenta grave a sus obligaciones laborales, no sólo por el daño material generado ante la declinatoria del instituto asegurador en la reclamación del seguro respectivo; sino también, por la falta de lealtad que impidió al patrono la investigación de lo acontecido en ese momento.[165-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE CHOFER QUE NO ACATABA ÓRDENES DE LA EMPRESA PARA LA CUAL LABORABA. El actor faltó al deber de buena fe; este dejó de observar las órdenes y directrices existentes en la empresa, manteniendo una actitud displicente, desaprensiva, de no colaboración, a pesar de que su patrono buscó conminarlo para que ajustara su desempeño a las normas establecidas. Al no cumplir con las órdenes dadas, el despido era la consecuencia inevitable. La actitud poco diligente del ex trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones, evidencian un proceso de decadencia progresiva en la relación de trabajo, que condujo a la pérdida de confianza. [176-09]

DESPIDO POR FALTA GRAVE AL DEBER DE SUPERVISIÓN Y DILIGENCIA. AUTORIZÓ Y AVALÓ GESTIONES ANÓMALAS EN PROCEDIMIENTOS DE COMPRA. CASO DE DIRECTOR GENERAL DE HOSPITAL. El accionante incurrió en la falta al deber de supervisión y a la diligencia que su puesto como director general del Hospital le exigía, pues autorizó y avaló distintas gestiones en los procedimientos de compra que contravenían la normativa y los principios sobre contratación administrativa aplicables, de los cuales no podía separarse en virtud del principio de legalidad y, especialmente, por tratarse de una materia tan sensible, respecto de la cual se exige suma transparencia a los efectos de evitar contrataciones anómalas. [138-10]

DESPIDO POR INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DE LA INSTITUCIÓN ACCIONADA. NO SE DEMOSTRÓ CUMPLIMIENTO. Al actor se le atribuye el desacato a una serie de recomendaciones e instrucciones que se le giraron en forma clara y concreta. El "onus probandi" (deber probatorio) recae en quien se encuentre en mejores condiciones para aportar la prueba al proceso y en el caso del actor, a quien se le atribuyeron las faltas por conductas omisivas, era a él a quien le correspondía demostrar que había cumplido con las recomendaciones formuladas. Caso de administrador de empresas de la CCSS [151-10]

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD AJUSTADO A DERECHO. CLARA IMPRUDENCIA Y NEGLIGENCIA. El actor incurrió en faltas graves en el desempeño de su puesto, ya que actuó en contra de lo establecido en el Plan Regular de la Municipalidad. Se tuvo por acreditado el error cometido al conceder el permiso de construcción  de una cancha de fútbol cinco, una soda, una oficina y unas duchas, edificaciones que al momento de los hechos tenían un avance de un 90%, sobre una calle pública prevista por el Plan Regulador. Además, no puede dejarse de lado que él tenía varios años de laborar para el municipio en calidad de ingeniero, era el encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Departamento de Ingeniería de la demandada. Se observa una clara imprudencia y negligencia en su proceder, incompatibles con sus funciones como servidor municipal y contrarias a los intereses municipales, lo que justificó la aplicación de la máxima sanción en su contra. Nótese que su actuación fue contraria a los intereses municipales y públicos. VOTO SALVADO. DESPIDO INJUSTIFICADO POR DESPROPORCIONADO. La concesión de una licencia contraria al Plan Regulador puede obedecer a un acto de corrupción (que indudablemente entrañaría una falta grave) o a un simple error, el cual, a su vez, puede ser excusable o no (de lo que dependerá su calificación como falta grave o más bien leve). Se consideró que los yerros cometidos por el demandante resultan en cierto modo excusables por lo que debieron ser sancionados con un castigo  inferior al despido. [257-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR DESOBEDIENCIA Y DESACATO A LAS NORMAS. Caso de pistero que omitió las medidas de aguas. La causal de cesación invocada contra el actor fue la reiteración de faltas y conductas inadecuadas. El despido del demandante está ajustado a derecho, por desobediencia y desacato a las normas, a los procedimientos estándares establecidos por Shell Costa Rica, así como a las órdenes e instrucciones cursadas por sus superiores en forma reiterada a través de llamadas de atención y amonestaciones en que se le señaló la necesidad de un cambio, sobre el cual hizo caso omiso. La falta que permitió a la empleadora despedir al actor sin responsabilidad de su parte, fue la omisión de las medidas de agua de los días 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24 y 25 de octubre, a que estaba obligado el demandante dentro de sus funciones y no puede sostenerse que estuviese prescrita por haberse dado días antes de la cesación, la cual fue valorada junto con el resto de las reiteradas conductas irregulares demostradas. [610-11]

DESPIDO POR PROCEDER DE MANERA NEGLIGENTE Y PROVOCAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS A LA EMPLEADORA. CASO EN QUE HUBO CONTRADEMANDA O RECONVENCIÓN. El actor era sub-gerente de un supermercado y le correspondían las funciones de tesorería. Ignoró procedimientos internos establecidos. [1120-12]

DESPIDO POR COMPORTAMIENTO DESLEAL Y FALTA GRAVE AL DEBER DE PROBIDAD. OSTENTÓ CONDICIÓN DE PATRONO MOROSO. La prueba documental deja entrever que el negocio, lejos de ser una actividad clandestina del esposo de la accionante, como se pretendió hacer creer, se había establecido como una actividad comercial-familiar, en la que participaban tanto la accionante como él. De manera que bien hizo el tribunal en catalogar de grave el hecho de que la demandante, teniendo una experticia de años en la inspección de leyes de seguridad social, no apercibiera a su cónyuge de la responsabilidad de cumplir con las obligaciones patronales. La Sala considera que hubo un comportamiento desleal, un incumplimiento con el código de ética de la institución y una falta al deber de probidad, máxime por el puesto que ostentaba la demandante. Caso de funcionaria de la CCSS. [1083-13]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR CONDUCTA INMORAL, INJURIAS, CALUMNIAS O VÍAS DE HECHO CONTRA COMPAÑERO

(ARTÍCULO 81 INCISO B DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

SÍ HUBO IRRESPETO. CONTRA COMPAÑERO. El presidente de la demandada consintió en que los trabajadores tomaran licor el día dedicado al traslado de oficina. Ello no exculpa la actitud del actor de agredir a un compañero, luego de concluida la labor. (83-83)

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERA. La actora en una riña que tuvo con una compañera, le lesionó un ojo, lo que revela, junto con otro caso similar en que había participado, un comportamiento nada recomendable, además de que los hechos ocurrieron en horas de trabajo y dentro de la institución. [ 12 -84]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERO. El actor propinó un puñetazo en horas de trabajo a un compañero y quedó demostrado también, que no observaba siempre un buen comportamiento. [ 25 -86]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERO. El trabajador protagonizó un incidente dentro de las instalaciones de la sociedad demandada, que ameritó hasta la intervención de compañeros, habiéndose proferido por él y en contra de un compañero frases salidas de tono. [ 217 -86]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑEROS. El despido fue justificado, porque de la prueba recabada se concluyó que efectivamente, el actor, se le despidió no sólo por el último incidente que protagonizó, sino por una actitud manifiesta, durante el transcurso de la relación laboral de claro irrespeto a sus compañeros, que lo perfilaba como un empleado problema, ya que su comportamiento provocó abiertos roces con los compañeros de trabajo y, a la vez, produjo una desarmonía que impedía el sano desarrollo de toda relación laboral. [ 12 -95]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERA. El despido fue justificado, porque el actor llegó tomado al trabajo, le faltó al respecto a su compañera al meterle la mano por la falta y tocarle una nalga y además, amenazó a su patrón, encañonándolo con una pistola. [ 371 -95]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑEROS. De los elementos de prueba aportados, se demostró de manera fehaciente, que el actor, participó en un altercado, que tuvo lugar en una bodega del Registro de la . Ese incidente se produjo por el reclamo que, él y dos compañeros suyos, le hicieron a unas funcionarias, a razón de que, según ellos, por el dicho de éstas, la jefa común se había enterado de la reincorporación tardía de los primeros a sus labores habituales, después de almuerzo, donde usó epítetos inadecuados para referirse a sus compañeras de trabajo, tal es el caso del término sapa . Su actitud revela, que sí acudió a la violencia verbal como mecanismo de canalizar su injustificado enojo, por lo que el despido es justificado. [ 144 -97]

SE ALTERÓ LA DISCIPLINA. VÍAS DE HECHO CONTRA COMPAÑERO. El despido es justificado, porque el actor acudió en el centro de trabajo a las vías de hecho contra un compañero en horas laborales, alterando la disciplina y ocasionando la interrupción de labores.  No hay duda de que con su actuación, el actor interrumpió las labores de varios empleados al menos en 15 minutos, con lo que causó perjuicio suficiente a la empresa, situación que sanciona el inciso b) del artículo 81 del Código de Trabajo. [ 243-97] , [246 -97]

HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERA. SE ALTERÓ LA DISCIPLINA. Del estudio de los autos, se desprende sin lugar a dudas, que la conducta atribuida a la actora, para fundamentar el despido sin responsabilidad patronal, está contemplado en el artículo 81, inciso b), del Código de Trabajo, ya que acudió a las vías de hecho durante la jornada de trabajo, contra una compañera -quien fungía como representante patronal en el Cen-Sinai de , alterando gravemente la disciplina del lugar de trabajo en donde se interrumpieron las labores. [ 164 -99]  

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERO. Las declaraciones vertidas, analizadas con criterios lógicos y racionales, dan fundamento suficiente para considerar que, efectivamente, el actor, en su cargo de administrador del Cenada, mostró una grave conducta indebida, no acorde con su investidura ni con las obligaciones derivadas de su cargo, con suficiente entidad para justificar legalmente el despido decretado en su contra. Efectivamente, con toda la prueba recabada, quedó acreditado que el 19-1-97, el señor , cumpliendo con las obligaciones de su cargo de vigilante, le negó la entrada, al preparqueo de la Central Mayorista , al señor ; quien, en algunas ocasiones, le transportaba al actor y a ese lugar, camote de su propiedad. La actitud del actor, para restarle autoridad al señor , no sólo es censurable, por la forma en que procedió, al decirle que no servía para nada , ordenar su reubicación, y amenazarlo con sancionarlo al día siguiente, sino que su gestión se estima del todo incorrecta; en el tanto en que, no cabe duda, como jerarca administrativo, en su actuación se espera siempre una conducta diáfana, de ejemplo, y en un todo ajustada a las disposiciones que ordenan y regulan las operaciones del lugar. Si, como se advierte del expediente, la intervención del señor no era otra que la de ejecutar tales disposiciones normativas, las cuales impedían el acceso de los compradores mientras no se cumpliera con la hora dispuesta; no se encuentra explicación justificativa alguna, para esa conducta del actor, en el incidente presentado con el vigilante, por causa del señor Si bien es cierto que, una de las facultades típicas de los jerarcas, consiste en el ejercicio de las potestades disciplinarias sobre sus subalternos, ello no significa que, sin motivo legítimo alguno, puedan abusar de las mismas, en franco deterioro de la integridad moral de los servidores; y menos cuando la actividad de éstos se ajusta, absolutamente, al cumplimiento de sus deberes. [ 331 -00]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERO. En el caso concreto es un hecho aceptado por el demandante que él participó en una pelea con un compañero de trabajo. Mas, ha alegado legítima defensa. Esta causa de exculpación de responsabilidad le correspondía probarla a él y no al patrono (artículos 461 del Código de Trabajo y 317 del Procesal Civil). [ 76 -03]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA COMPAÑERO. Mecánico de maquinaria agrícola  hirió a compañero con herramienta de trabajo, en altercado en centro de labores presenciado por clientes.  [ 520 -03]

DESPIDO JUSTIFICADO. TRABAJADOR SE ENFRENTÓ VERBAL Y FÍSICAMENTE CON OTRO COMPAÑERO. NO FUE PERSECUCIÓN SINDICAL. El actor incurrió en una justa causa de despido. La falta atribuida por la parte empleadora fue que el trabajador inició un enfrentamiento verbal y físico contra un compañero, ocasionando con el incidente que se interrumpieran las labores en la planta empacadora. [1109-06]

DESPIDO POR FALTA GRAVE. AGRESIÓN VERBAL Y DE HECHO CONTRA UN COMPAÑERO DE TRABAJO. El actor incurrió en una falta grave al expresarse contra un compañero de forma irrespetuosa utilizando términos en contra de la moral y provocó una pelea cuando estaba en tiempo laboral, alterando la disciplina e interrumpiendo las labores del área correspondiente. Por lo que la decisión patronal no resulta desproporcionada, toda vez que la actuación del accionante constituye un acto de indisciplina e irrespeto. [712-07]. Ver también [412-07]

Despido justificado de médico de la CCSS. FALTA GRAVE. AGRESIÓN A COLEGA. Caso de médico que pelea en el parqueo de su centro de trabajo, durante horas laborales. Responsabilidad y comportamiento exigidos a los funcionarios públicos. [830-07]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA A LOS DEBERES DEL CONTRATO LABORAL. DURANTE JORNADA LABORAL ACUDE A VÍAS DE HECHO CONTRA UN COMPAÑERO. No se acreditó que la discriminación o persecución sindical en contra del demandante fuera el motivo que llevó a los representantes de la compañía demandada a despedirlo, sino que medió una causa objetiva que justificó que se tomara la decisión de aplicar la máxima sanción, sin responsabilidad patronal. Se despidió al actor por haber protagonizado una pelea con un compañero de trabajo, que provocó la paralización de las labores por un periodo considerable de la jornada y que afectó a otros trabajadores.  [372-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. ACTOR PROFIRIÓ AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES CONTRA COMPAÑERO DE TRABAJO. SE INTERRUMPIERON LAS LABORES. Para que se configure esta falta deben darse los tres supuestos que prevé la norma: a) que el hecho ocurra durante el tiempo en que se ejecutan los trabajos; b) que se altere gravemente la disciplina y c) que se interrumpan las labores. Se desprende que el actor profirió agresiones físicas y verbales a un compañero de trabajo que expresamente había mostrado su rechazo a este tipo de conductas, lo que motivó una alteración grave en la disciplina al punto que otro compañero de trabajo debió intervenir para calmar al trabajador agredido, interrumpiéndose las labores de los involucrados por 10 minutos. La conducta perpetuada por el actor durante su jornada de trabajo, representó una clara agresión contra un compañero de trabajo y una abierta provocación para una confrontación física que pudo haber tenido consecuencias mucho más nocivas para los propios involucrados y para la entidad empleadora, de las que ya de por si tuvo. [1474-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR ACOSO SEXUAL. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. Se estima que el actor incurrió en los hechos inmorales que le fueron atribuidos. La conducta del petente no solo generó pérdida objetiva de confianza, sino que afectó a otros trabajadores del ente demandado que alteraban el orden como resultado de la actuación que riñe con la moral, y su gravedad se acentúa por el papel del jefe que ostentaba, lo que afectó la imagen institucional (entre otras cosas, tomaba los genitales y nalgas de sus compañeros, profiriéndoles palabras obscenas y mostrándoles sus nalgas; también se dirigía a personas del sexo femenino con palabras vulgares, obscenas y comportamientos inmorales). [370-11]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR CONDUCTA INMORAL, INJURIAS, CALUMNIAS O VÍAS DE HECHO CONTRA PATRONO

(ARTÍCULO 81 INCISOS A y C DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA PATRONO. Secretario General de la Central de y desde luego como dirigente sindical, no usó los términos adecuados al dirigirse al Jefe del Departamento de Auditoría de la y jefe inmediato de él, en la carta que le envió a éste. [ 15 -80]

SÍ HUBO IRRESPETO. CONTRA JEFE. El actor a través de volantes, calificó de incapaz al jefe inmediato. (73-81)

SÍ HUBO IRRESPETO. CONTRA SUPERIOR JERÁRQUICO. Trabajadora procedió de hecho y de palabra contra su superior jerárquico. (67-82), [455-01]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA ADMINISTRADOR. El trabajador irrespetó gravemente al administrador de la finca de la demandada, expresándole entre otras manifestaciones, que no fuera majadero, que dejara de joderlo, usted me tiene harto, expresiones hechas a viva voz y delante de público. [ 163 -84]

SÍ HUBO IRRESPETO. INJURIA CONTRA JEFE INMEDIATO. Si bien fue cierto que el actor se sentía molesto por la orden que dio su jefe para que un compañero visitara un cliente suyo, ello no lo autorizaba para acudir a la injuria contra su jefe inmediato en el momento en que sostenían una entrevista, ni tampoco para amenazarlo con pegarle un golpe en la frente, anunciando esa amenaza con palabras salidas de tono. [ 43 -85]

SÍ HUBO IRRESPETO. INSUBORDINACIÓN HACIA SUPERIORES. Bombero que era subjefe de la Dirección de Bomberos, se le comprobó desacato, rebeldía e insubordinación hacia sus superiores. [ 101 -85]

SÍ HUBO IRRESPETO. VÍAS DE HECHO CONTRA JEFE. Actor se rebeló y entró en discusiones con su jefe, por colocación de un poste. Además acudió a las vías de hecho cuando se le dijo que ya no trabajaba más. (110-85)

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA PATRONO. Se vio botar al trabajador refrescos y licor en daño de su patrono; usaba palabras duras contra la administradora del negocio; en ocasiones les mentó la madre a sus compañeros de trabajo y no mostró siempre la obediencia que debió para su jefe. [ 3 -86]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA JEFE. El actor algunas veces se le devolvía su trabajo para que lo hiciera de nuevo, trabajaba a disgusto, mostró inconformidad con su salario y hasta solicitó una carta de despido para cobrar prestaciones. Aparte de ello, luego de que se le encomendó el arreglo o reparación de un vehículo, y porque no se le dio aprobación al reporte de sus labores en ese día, reaccionó en forma violenta y sin mediar provocación profirió palabras ofensivas a su jefe. [ 35 -86]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA. El actor en estado de embriaguez profirió insultos contra el administrador de la empresa diciendo llamen a Olman a ese hijo de puta administrador . [ 91 -86]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA REPRESENTANTE PATRONAL. La expresión injuriosa proferida por el actor contra el representante patronal se produjo durante las labores que desarrollaba el trabajador, precisamente en la calle y en el autobús a su cuidado, no siendo necesario que ello sucediera en un local por ser la labor del actor la de chofer. [ 167 -86]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA ADMINISTRADOR DE FINCA. El actor acudió a las vías de hecho contra el administrador de la finca e hijo de la propietaria, a las nueve de la noche, fuera del lugar de trabajo y en horas que no eran de labor, pues el incidente se produjo en la casa del accionante, la que a pesar de estar en propiedad de la parte patronal, para estos efectos era la casa del actor. [ 2 -87]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA SUPERIOR INMEDIATO. El actor profirió palabras ofensivas, groseras y salidas de tono contra el superior inmediato, que alteraron las labores del resto del personal. [ 183 -90]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA JEFE. Trabajador que se pronunció contra su jefe en forma irrespetuosa, retándole, incluso a pelear, al decirle que mejor fueran afuera a arreglar el problema. [ 36 -91]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA GERENTE. Increpó y retó el trabajador al gerente de Recursos Humanos de la demandada y realizó otros actos agresivos fuera de horas de trabajo, rompiendo la armonía laboral. [270 -91]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA PATRONO. Incurrió en falta grave pastor que cuestionó abiertamente la honestidad de la jerarquía patronal pretendiendo la disgregación de la Iglesia; afectando con ello el debido respeto del trabajador hacia el patrono o su representante. [ 230 - 92]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA PATRONO. Se logró establecer fehacientemente, que el actor increpó de forma gravemente ofensiva e injuriosa a su patrono. El hecho de que se le pudiese estar hostigando, por la razón que fuese o que él sintiese que fuera así, no le daba derecho para insultar a su patrono, menos en una Sesión oficial de Junta Directiva, donde se encontraban presentes altos funcionarios, la Jerarquía, de la Institución. La condición de representante sindical que tenía el actor, así como el puesto de jefatura que ocupó, lo llamaba a imponer el ejemplo. Ese actuar ofensivo pudo afectar, incluso, las relaciones obrero-patronales; pues ¿cómo se comportarían entonces, los trabajadores, si sus representantes, tratan de imponer sus ideas con insultos y ofensas?. [ 79 -97]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA GERENTE. La testigo quien era Secretaria del Gerente, afirmó que, el actor, le había proferido en tono alto, una serie de ofensas a él, tales como que: era una cochinada de Gerente, que no servía para nada, que nunca estaba en la oficina para estar al tanto de las cosas.En ningún momento oí que él lo despidiera. Luego el señor.se presentó a mi oficina y me dijo que le hiciera una carta de despido. Después de ahí, el actor se fue a su oficina y el Gerente a la oficina del actor. . Así las cosas, se debe concluir que, contrario a como lo afirma el recurrente, el Tribunal no efectuó una errónea valoración de la prueba testimonial, por lo que el despido fue correcto. [ 99 -99]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA REPRESENTANTE PATRONAL. Una vez analizada en su conjunto la prueba testimonial y en relación con la documental aportada a los autos, se llega a la conclusión de que la falta atribuida a la accionante, para justificar su despido, quedó debidamente acreditada en los autos; aparte de que, los hechos a ella atribuidos tienen el carácter de graves y justifican el haberle impuesto, la máxima sanción.  En efecto, los testigos indicaron que la accionante no contaba, normalmente, con la natural disposición de ánimo para obedecer las órdenes de la representante del patrono. Se concluye, entonces, que la conducta de la trabajadora, en el desempeño activo de sus labores, no fue la apropiada; pues, con su actuar, irrespetó, incluso delante de otros empleados, a la representante patronal, tratándola con palabras injuriosas y desobedeciendo las órdenes emitidas para el desarrollo y cumplimiento de las labores que se le encomendaban; provocando, a la vez, un ambiente laboral hostil y atentando contra el poder de mando y de dirección que tiene el patrono, en virtud del contrato laboral; actitud ésta que no modificó, pese a que fue amonestada por escrito. [ 269 -99]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA ENTIDAD PATRONAL. El actor manifestó a uno de sus compañeros que "Esta compañía es una cochinada, el sistema de facturación es una mierda". Aunque el actor haya dicho tal cosa como un comentario, ante compañeros, hacer manifestaciones en ese sentido de la entidad patronal, hace que surja un claro distanciamiento entre empleado y empleador que torna imposible la subsistencia de la relación laboral. En el caso que nos ocupa fue el trabajador quien incurrió en falta grave, al calificar la empresa y la facturación que ahí se realiza, como una "cochinada" y como una "mierda", faltando a la lealtad y a la consideración que deben caracterizar la relación laboral. Manifestaciones como esta dan al traste con la cordialidad que debe existir entre el trabajador y empleador, no resultando razonable obligar a una de las partes a mantener como empleado a quien lo denigra y menos aceptable es la actuación del empleado, si es la persona que lo va a representar ante sus clientes. [ 52 -01]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA EMPLEADOR. Las lesiones que sufrió con... ponen en evidencia que no se trató de una simple autodefensa, sino de una verdadera agresión, pues el hecho de haber utilizado el actor la soga como lo hizo pone de manifiesto una saña incompatible con una mera autodefensa. Lo que debió haber hecho el actor, ante el ataque de su empleador, fue dar por rota la relación con responsabilidad patronal (posibilidad que le daba el inciso b) del numeral 83 del Código de Trabajo), pero no devolver el embate de la forma en que lo hizo, ya que con ello incurrió en una grave falta laboral, sancionable con el despido. [ 453 -01]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA SUPERIOR. INSUBORDINACIÓN El actor quien era jefe de ingenieros de la sociedad demandada, al ser convocado a una teleconferencia, para solucionar un conflicto personal entre trabajadores de la demandada, acudió con todos los subordinados y, al ordenársele que éstos se retiraran, se retiró también, en un acto de insubordinación y falta de respeto a su superior. [ 469 -02]

SÍ HUBO IRRESPETO. La actora, quien es ingeniera, abandonó abruptamente la reunión a la que fue citada por su jefe para solucionar problemas de coordinación con otra compañera en torno a un proyecto, gritando que ya no podía más, y se dirigió a su oficina dentro de la cual, al hablar por teléfono se le oyó exclamar a viva voz "que mierda, hijueputa" y repitiendo "que ya no aguanto más", seguido del lanzamiento de objetos. Ya antes, en otra reunión su jefe le había llamado la atención y a raíz de ello había dejado de hablarle. Meses antes del despido se tornó muy tensa, por problemas de índole familiar y emocional, que ameritaron incapacidades. La Sala estima reprochable esa conducta porque por su función y condición profesional, ella debía mantener una relación constante y estable, habida cuenta la relación de subordinación en que estaba. Lo que por sí mismo contraría sus deberes a obedecer las órdenes de su superior inmediato, coordinando con la jefatura las acciones necesarias para cumplir con las metas y truncando la búsqueda de una solución a los problemas presentados en la ejecución del proyecto. Lo mismo se afirma de las palabras soeces y lanzamiento de objetos, tornando imposible la relación y alcanzando la gravedad suficiente para justificar el despido. [ 61 -03]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA PATRONO. No se puede tolerar una conducta agresiva ni palabras soeces por parte del actor, quien le dijo hasta "hijueputa" a su patrono. [ 370 -03]

SÍ HUBO IRRESPETO CONTRA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. Procede el despido por cuanto el trabajador, ocupando un puesto de confianza para con la Junta Directiva , tuvo malos tratos e irrespetos hacia los miembros de la misma. [ 503 -04]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE. ACTOR ACTUÓ EN FORMA ABIERTAMENTE INMORAL CONTRA SU PATRONA. Con sus actuaciones incurrió en forma abiertamente inmoral en contra de su patrona y por ello, su conducta se encuentra dentro del supuesto del inciso a) del artículo 81 del Código de Trabajo, al conducirse el actor en forma abiertamente inmoral contra su representante patronal, que imposibilitó la continuación de la relación laboral.  [1060-04]

DESPIDO POR ACTO INMORAL. Esas pruebas acreditan plenamente, sin margen de duda, la falta en la que incurrió el demandante; y aún en el supuesto de que efectivamente sufriera de una alergia, no resulta admisible que haya expuesto sus genitales en el lugar de trabajo, menos cuando tenía cerca un servicio sanitario. [254-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE POR  IRRESPETO A LA AUTORIDAD PATRONAL E INTEGRIDAD MORAL DE SUPERVISORA. La actora incurrió en una falta grave, pues no sólo causó daños en las instalaciones de la empresa al rayar la pared del baño -lo que de por sí constituye un comportamiento inadecuado e inaceptable- sino que con esa actuación (grabar ofensas en la pared) también irrespetó en su condición de persona y específicamente como mujer a una compañera de trabajo que además ocupaba el cargo de supervisora en la demandada. Su actuación constituye un agravio a la dignidad y al honor de la persona contra la cual se dirige; pues en sí misma encierra una connotación negativa que por las circunstancias que mediaron, reviste un propósito altamente ofensivo, con una clara intención de desprestigiarla frente al resto de los empleados y con lo cual se propiciaba a su vez, el irrespeto de los compañeros hacia la ofendida.[346-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FUNCIONARIO PÚBLICO QUE INSULTÓ Y RETÓ A PELEAR A SU SUPERIOR. Caso de Guardia Civil. Los hechos imputados al actor, las ofensas y el reto a pelear a quien era su superior, efectivamente se dieron. Situación que no puede permitirse en un funcionario público responsable de la seguridad de la población y, consecuentemente, de quien se espera un comportamiento apegado a las normas del respeto, la dignidad, la discreción y la moral, no solo con su superior –representante del empleador-, sino también, para con quienes se relacionen con él, lo que se debe demostrar en todos los ámbitos de la vida. Las acciones cometidas por el actor constituyen falta grave a sus deberes de funcionario público, por lo que es procedente la sanción disciplinaria del despido que se le aplicó. [914-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR IRRESPETO AL REPRESENTANTE PATRONAL Y SU FAMILIA Y POR CONDUCTA INMORAL EN LAS INSTALACIONES DE SU EMPLEADORA. La Sala llega a la convicción de que fue acreditado fehacientemente que no solo hubo irrespeto por parte del demandante hacia el representante patronal (ofensas) y la esposa e hija de este (gestos obscenos y palabras vulgares), sino también una conducta abiertamente inmoral durante el desempeño de sus funciones, dentro de las instalaciones de su empleadora, tal y como se contempló en la carta de despido, propiciando incluso con aquellas actuaciones, discusiones con compañeros de trabajo como la suscitada cuando en un acto bochornoso y reprochable le tocó los pechos a la esposa del guarda de seguridad. Nótese que con esto contrarió el obligado respeto mutuo y la lealtad que deben imperar en toda relación laboral (se citan los artículos 19 y 71 inciso d) del Código de Trabajo). A lo que debe sumarse que con su actuar fomentaba, ineludiblemente, problemas en el ambiente laboral y el irrespeto de otros empleados hacia el representante patronal y su familia. Así pues, la empleadora se encontraba autorizada para dar por rota la relación laboral sin responsabilidad de su parte. No resultaría razonable obligar a una de las partes a mantener como empleado a quien lo denigra y propicia un ambiente laboral hostil. VOTO SALVADO. El empleador(a) debe demostrar la existencia de los tres elementos básicos de la falta disciplinaria: 1) elemento material (como es la acción u omisión); 2) el elemento moral (que consiste en la imputación del acto a la voluntad libre del trabajador); y, 3) el elemento formal (sea la perturbación producida en el funcionamiento del servicio o alteración inmediata o posible de su eficacia). Doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional que se extrae del voto 5594-94.  En la prueba testimonial se dan contradicciones evidentes que no permiten generar la certeza necesaria para tener por acreditados los hechos acusados. Se debe aplicar el principio protector. Caso de counter. [499-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR IRRESPETO A PATRONO. Todos los testimonios son concordantes en relatar como el actor descalificó de forma grave a su empleador ante su propia clientela y, no conformándose con eso, lo desafió a que se dieran de golpes, hechos que sin duda avalan la tesis de los juzgadores de segunda instancia de que se configuró la causal del inciso a) del artículo 81 del Código de Trabajo.  [1083-12]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR LABORAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ

(ARTÍCULO 81 INCISO I DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

Trabajador a la hora del café lo que tomó fue licor. (108-84)

Profesor universitario  ebrio en gira oficial. Ofendió a colega suyo y dejó caer comida sobre espalda de otra persona (129- 85)

EL TRABAJADOR ESTABA EN ESTADO DE EBRIEDAD E HIZO ABANDONO DEL CENTRO DE TRABAJO. A pesar de que el Estado contestó en forma extemporánea la demanda, de la certificación del expediente administrativo aportada oportunamente a los autos, se infiere sin lugar a dudas, que el actor incurrió en las faltas en que se sustentó el despido de que fue objeto –haber recibido el puesto en estado de ebriedad y haber hecho abandono del centro penitenciario sin permiso-. [274-03]

Despido justificado de guarda. TRABAJADOR EN ESTADO DE EBRIEDAD. Trabajador que ingiere licor en horas laborales. [802-07], [952-08]: caso de funcionario de la Junta de Protección Social

DESPIDO JUSTIFICADO. DESPIDO POR EBRIEDAD EN EL TRABAJO. CASO DE POLICÍA MUNICIPAL. La reincidente conducta del actor, de presentarse a laborar en estado de ebriedad, a pesar que tanto su Jefe como la Directora Administrativa, con anterioridad le hubieran llamado la atención -verbalmente y luego por escrito- ; lleva a la conclusión de que el acto de despido está ajustado al Ordenamiento Jurídico.[242-08]  

DESPIDO JUSTIFICADO. PATRONO OTORGÓ POSIBILIDAD DE REHABILITACIÓN ANTES DE OPTAR POR DESPIDO. La Sala considera que sí medió proporción entre la falta cometida y la sanción impuesta, aparte de que también se estima que la entidad accionada confirió varias oportunidades al actor para que se reivindicara, pues con anterioridad había incurrido en varias faltas, derivadas de su problema de ingesta alcohólica, procurándole la posibilidad de que se rehabilitara, sin acudir directamente a la destitución. En efecto, se tiene que ya el demandante había incurrido en importantes faltas motivadas en su enfermedad. Se tuvo por acreditado que el actor fue encontrado, durante horas laborales, dormido y en mal estado. Cuando se le despertó no podía articular bien las palabras, estaba rojo, olía a alcohol y no podía caminar en forma adecuada. El actor no solo se presentó a laborar en estado de embriaguez, sino que a consecuencia de esa situación no estaba en capacidad de realizar correctamente su trabajo, el cual finalmente abandonó para irse a dormir, todo lo cual se estima grave. [819-08], [822-08]

DESPIDO JUSTIFICADO DE TRAILERO, POR EBRIEDAD. La juzgadora de primera instancia tuvo por demostrada la ebriedad, el daño en las seis llantas del furgón, el abandono que de este se hizo, así como la pérdida de las dos llantas nuevas. Por esa razón, como se indicó, aún si se tuviere por no demostrada la ebriedad, subsistirían esas otras faltas que no fueron objeto de impugnación, por ende, con base en ellas se debe tener por justificado el despido.[348-08]

DESPIDO POR ALCOHOLISMO. PODER JUDICIAL AGOTÓ LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE ACTOR SUPERARA EL PROBLEMA. CASO DE AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS. Antes de la interposición de la queja que dio como resultado la revocatoria del nombramiento, el actor llegó a trabajar al menos en dos ocasiones con los síntomas propios de una persona que ha bebido recientemente, lo cual hacía que cambiara su forma de desempeñarse en horas laborales, al punto de dirigirse irrespetuosamente hacia sus compañeros y jefes, e implicaba que tuviera que retirarse de su puesto y que, en otras ocasiones, se ausentara injustificadamente, con la consecuente afectación negativa que ello representaba para la prestación del servicio brindado a la institución. Asimismo, se concluye indubitablemente que la institución realizó las gestiones necesarias para que el accionante tratara de superar su problema de dependencia al alcohol. [183-10]

DESPIDO DE CHOFER POR TOMAR LICOR DURANTE EL TIEMPO LABORAL Y CONCOMITANTEMENTE COMETER OTRAS FALTAS GRAVES. El actor fue despedido por tomar licor durante el tiempo laboral, situación que lleva consigo el abandono de trabajo, la afectación grave de su imagen y la de la institución para la cual trabajaba, y la decisión posterior de negociar con el individuo que había chocado el vehículo institucional, conducir en una condición indebida y no reportar el acaecimiento del accidente. Los integrantes de la Sala consideran que la sanción no le fue impuesta directamente por el problema anímico de depresión y ansiedad que padecía, que los hechos demuestran que él no se encontraba en estado de irracionalidad y que la parte patronal fue diligente. Por lo tanto, resuelven que el actor cometió concomitantemente varias faltas graves que justificaron la revocatoria de su nombramiento, a la luz de lo regulado en los artículos 191 y 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. VOTO SALVADO. Quien emite este voto se aparta de lo resuelto por la mayoría, al considerar que, si bien es cierto, el actor afectó seriamente sus labores, vulnerando sus obligaciones, se debió tomar en consideración su deplorable estado de salud mental, del cual tenían conocimiento las altas jefaturas administrativas a efecto de poder aplicar con equidad y razonabilidad el régimen disciplinario, lo cual no se hizo. Además, considera que el caso del actor no está regido por el artículo 191 mencionado, sino por al artículo 194 de ese cuerpo normativo, que trata sobre la infracción o negligencia no prevista en ninguno de los artículos anteriores. Esto, por tratarse de un supuesto que requiere una valoración de las circunstancias especiales que afectaban la personalidad del actor para la época en que sucedieron los hechos. La administración no actuó diligentemente para evitar lesiones jurídicas en la esfera de la persona, y al disponer su despido violentó el principio de proporcionalidad entre la falta y la sanción, lo que constituye un vicio del acto administrativo. Agrega que no se discute que su problema de personalidad no lo hace apto para laborar dentro de la institución, sino que su cesación se haya dado por las faltas que se le imputaron. [019-12]

DESPIDO POR FALTA DE CONFIANZA. CONDUCCIÓN DE AMBULANCIA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL. HUBO APERCIBIMIENTO PREVIO. Se trata de un chofer de ambulancia de un hospital que condujo este vehículo bajo los efectos del alcohol, trasladando en esas condiciones a un funcionario del hospital, a dos pacientes de éste y a sus respectivos familiares. Se conoce que existían antecedentes sobre el consumo del alcohol del actor y un apercibimiento previo por presentarse a laborar en estas condiciones. Además, no hay evidencia de que él fuera un enfermo alcohólico, pues pese a que fue invitado a que demostrara esa situación para que la institución pudiera ayudarle, no lo hizo. De esta manera, puso muchas vidas en peligro, aunado a los posibles daños materiales que tal comportamiento pudo acarrear; comprometiendo con ese accionar la imagen de la institución, pues este hecho trascendió el ámbito laboral específico del hospital e involucró a la Policía de Tránsito. Así pues, se colocó en una situación contraria a la idoneidad requerida para el desempeño de su cargo, lo que evidentemente produjo una pérdida de la confianza depositada en él por su empleadora. [268-12]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA

 

 

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. ACTOR OCULTÓ INFORMACIÓN ACERCA DEL USO DE MATERIALES. No existe duda de que fue el Ingeniero quien le indicó al actor, que no rebajara las boletas de uso de materiales, correspondientes a los días 28, 29 y 30 de junio del 2000; sin embargo, esa orden contrariaba el  motivo esencial de la existencia de su cargo y se traducía en una alteración de los informes, que diariamente tenía que reportarle a la demandada.  Tal situación debió plantearla ante la Autoridad Superior que correspondía, a fin de salvar su responsabilidad, respecto del grave incumplimiento de sus obligaciones propias. Lo anterior es así, porque el deber esencial del actor era reportar rigurosamente el  uso de materiales, en forma diaria; pues ese es el mecanismo a través del cual, la demandada, controla si se utilizan más materiales  que los señalados por los estándares. [305 -02]

CONDUCTA IMPROCEDENTE DE FUNCIONARIA DE CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. PÉRDIDA DE CONFIANZA. SUSTRACCIÓN DE BIENES. Se concluye que el proceder de la demandante, de tratar de sustraer bienes perecederos, que le pertenecían a la entidad pública para la que servía, constituye un hecho grave que no resulta tolerable en el ámbito de la relación que mantenía con la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que le exigía un comportamiento intachable. De manera reiterada se ha indicado que las condiciones personales que se valoran en una determinada persona, para ser contratada, así como la transparencia en el ejercicio de las labores conexas o directamente relacionadas con su trabajo, por su naturaleza de "intuitu personae", deben mantenerse a lo largo de toda la contratación. Además, debe tomarse en cuenta el tipo de trabajo que despliega el o la servidora; y, en el caso presente, la entidad demandada perdió objetivamente la confianza en la accionante, por la anomalía en la que incurrió. En cuanto a este tema, Cabanellas ha señalado que "cuando los actos que el trabajador provoca justifican la pérdida de la confianza, es evidente que desaparece la armonía que debe predominar en el contrato de trabajo, por lo que se justifica el despido, principalmente si el conjunto de los actos del subordinado crea insuperable recelo.  tal es el caso de las conductas que, sin constituir delito, originan la pérdida de ese elemento que es básico en la relación laboral; aun cuando la deslealtad sancionada no constituya delito criminal ni falta de tal carácter y razón suficiente para imposibilitar la continuidad del contrato de trabajo.  debido a esa naturaleza del vínculo laboral, el trabajador debe mantener una conducta intachable dentro y fuera del trabajo; cuando no es así, desaparece el elemento de confianza en él depositado, y puede ser despedido con justa causa... en conclusión, todo hecho que sea susceptible de sembrar la desconfianza del empresario y que impida la prosecución de la relación laboral -dentro de un ambiente sin recelos- puede servir para fundar la ruptura del contrato de trabajo." (Cabanellas de Torres, Guillermo. compendio de derecho laboral, tomo i, buenos aires, editorial heliasta, s.r.l., tercera edición, 1992, pp. 973-974).  [ 935-05]

CAJERO DE JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. ACTITUD NEGLIGENTE EN CUANTO A PROTECCIÓN DE FONDOS DE LA EMPLEADORA. Los hechos imputados al demandante deben calificarse como graves, ya que hicieron objetivamente imposible la continuación de la relación de servicio, lo cual justifica claramente el despido sin responsabilidad; pues no se puede obligar a la entidad accionada, a mantener a un servidor que no ha demostrado tener una actitud celosa y diligente en procura de proteger los recursos y fondos que le han sido confiados en virtud de su cargo, el cual debió ejercer con apego a los más estrictos controles dispuestos para tal finalidad, o a aquellos que la experiencia y la lógica demandan. Se da valoración de informes de auditoria, como parte de la valoración de la prueba, para sustentar el despido sin responsabilidad patronal de un funcionario de la Junta de Protección Social  [1060-05]

PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA. FRAUDE CON RECETA MÉDICA. Véase el voto N° [217-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE ODONTÓLOGO DE CLÍNICA QUE FALSIFICÓ INCAPACIDADES PARA JUSTIFICAR AUSENCIAS. El actor no aparece en los registros de atención médica en el servicio de Emergencias, para las fechas de 1994 y 1995, respecto de las cuales presentó  comprobantes de asistencia a ese servicio.  Ese hecho, sumado a las inconsistencias gráficas contenidas en tales documentos y que han sido evidenciadas por las propias autoridades del Hospital, resultan suficientes para estimar que el actuar del actor constituye una pérdida objetiva de confianza, en el tanto en que, haciendo uso de papelería de uso normal para las autoridades médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, con información falsa, pretendió y de hecho logró, justificar las ausencias a sus labores. [783-06]

Despido Justificado. robo de dinero. PÉRDIDA DE CONFIANZA. FALTA GRAVE. La conducta del actor provocó la pérdida justificada de la confianza objetiva. Se concluye que el actor sí incurrió en la falta atribuida y por ende en la causal de despido prevista por el inciso l), del artículo 81 del Código de Trabajo; al constituir su ilegítima conducta una falta grave, que facultó a la accionada para dar por roto el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. [964-06]

SE DEMOSTRÓ PÉRDIDA DE CONFIANZA POR SUSTRACCIÓN DE FONDOS. EMPLEADO BANCARIO. DESPIDO JUSTIFICADO. En autos constan suficientes elementos probatorios que permiten calificar como justificado el cese del actor. La causal de pérdida de confianza cobra especial relevancia tratándose de servidores bancarios. Los indicios hacen pensar que es muy posible que el actor haya tenido algún grado de participación en las irregularidades encontradas por el banco, razón para perderle la confianza y despedirlo, como correctamente fue apreciado por el Tribunal. [1004-06]

TRABAJADOR REPORTABA HORAS EXTRA QUE NO LABORABA. El actor transgredió el deber de fidelidad, además de causar perjuicios económicos a la accionada, al tener que pagar horas extra que no fueron laboradas.  Dentro del marco de buena fe y confianza el jefe asumía que el accionante realmente había trabajado las horas extra que reportaba. [1069-06]

PÉRDIDA DE CONFIANZA POR NEGLIGENCIA E IMPRUDENCIA. El Instituto de Desarrollo Agrario dispuso sancionar y destituir al actor de su puesto como abogado. Desde la perspectiva disciplinaria laboral, la Sala estima que cabe atribuir responsabilidad al actor, pues su negligencia e imprudencia legítimamente provocaron la pérdida de confianza en él depositada por parte del Instituto empleador. [011-07]

PÉRDIDA DE CONFIANZA. ACTOR NO MOSTRÓ DILIGENCIA DEBIDA. Si el actor, en su condición de jefe y administrador de la sucursal, no mostró la diligencia debida ante la comisión grave y reiterada de violación y sustracción a la correspondencia en la sucursal a su cargo, es claro que la demandada haya perdido la confianza de depositar en él la administración de sus intereses. La omisión cometida, constituye un hecho objetivo que impide la continuación –por culpa del trabajador- de la relación laboral. [035-07] 

PÉRDIDA DE CONFIANZA POR OMISIÓN DE DETECTAR E INFORMAR GRAVES ANOMALÍAS. La destitución vino impuesta por la omisión del actor en su condición de auditor interno, de detectar e informar a los directores de la asociación mutualista, sobre las graves anomalías que se estaban presentando, lo cual se estima ajustado a derecho, pues precisamente su puesto demandaba de él estas responsabilidades. [075-07]

Despido justificado de trabajador de empresa agroindustrial que sustrae dos kilos de queso. Con la prueba testimonial se acreditó claramente que el trabajador, quien era chofer repartidor y cobrador, sustrajo dos kilos de queso de la empresa en que laboraba.  [110-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. Falta grave. pérdida objetiva de confianza. CASO DE GERENTE DE SUCURSAL BANCARIA. El funcionario incurre en excesos injustificados en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la buena marcha de la oficina. El hecho de que otras jefaturas autorizaran el gasto en bocadillos y bebidas para actividades sociales esporádicas o reuniones de trabajo de cierto nivel, no es comparable con la situación propiciada por el actor, quien con dinero del Banco prácticamente abastecía el comedor de los empleados. [180-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. CASO DE TRABAJADOR DE LA CCSS. El funcionario, administrador de la Clínica, incurrió en omisión al no ejercer los controles debidos. La falta de control atribuida al demandante, y al que estaba obligado en razón de su cargo, provocó que se suscitaran importantes anomalías en el manejo de la caja chica, especialmente al momento de girar dinero a los propios servidores, quienes no estaban autorizados, para que lo entregaran a los proveedores. El funcionario justificó los hechos en el exceso de confianza que mantenía respecto del personal subalterno. De esta manera, se violentaron normas de control interno propias de su cargo y de acatamiento obligatorio. [188-07]

PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA. COBRO INDEBIDO EN BENEFICIO PROPIO. El demandante se aprovechó de su puesto para beneficio propio, en detrimento del buen servicio público que estaba obligado a brindar y en demérito de la imagen de la Administración Pública, incurriendo en la falta de cobrar indebidamente setecientos dólares, para resolver una situación migratoria y no tramitar un parte.[191-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. GRAVE VIOLACIÓN AL CONTENIDO ÉTICO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL Y A LA BUENA FE, QUE OBJETIVAMENTE AFECTAN LA CONFIANZA DEL PATRONO (artículo 19 del Código de Trabajo). La gravedad se da con la participación activa que tuvo el funcionario municipal, en que se revisara la gestión para la obtención de una patente de un particular y, estar pendiente del trámite, interesándose en asuntos que no correspondían a su departamento. El actor, como funcionario público, está sujeto a un contenido ético esencial en su relación contractual con la Administración, que le exige un comportamiento acorde con las normas de la ética. [200-07]

PÉRDIDA DE CONFIANZA. FALTA GRAVE. VOTO SALVADO. La falta cometida por el accionante sí resultó grave, pues con su comportamiento lesionó la confianza en él depositada, lo cual hacía imposible la continuación del contrato que unía a las partes, dado que quedó acreditado que ingresó a la oficina de quien ostentaba el cargo de jefatura y sin ninguna autorización procedió a hurgar en el escritorio, retiró documentación que ahí estaba, la cual no estaba autorizado a ver ni a consultar y además la divulgó. [402-07]

Despido justificado. pérdida de confianza. EMPLEADO MUNICIPAL. Trabajador municipal que incumple deberes de probidad y honradez que se le exige a los funcionarios públicos. Entregaba a quien necesitara de servicios para el trámite de patentes, tarjetas de presentación de su esposa por cuanto para él era prohibido realizar esos trámites, la recomendaba a ella para que los realizara y esta a su vez enviaba a su padre o a una amiga a realizar trámites como son la autorización del uso de suelo. [481-07]

Pérdida objetiva de confianza y quebranto al deber de fidelidad. Despido justificado. Caso de coordinador de carrera universitaria que, se aprovecha de su cargo para distraer fondos de su empleador. [580-07]

PÉRDIDA DE CONFIANZA. FALTA GRAVE DEL ACTOR. ENTREGA DE TIQUETES DE PARQUEO ALTERADOS. A pesar del irrisorio perjuicio económico ocasionado, la irregularidad cometida reviste el carácter de grave, porque refleja la falta de honestidad del accionante, quien con su conducta además, pudo dañar la imagen del parqueo o dar pie a alguna denuncia ante la Oficina de Protección al Consumidor. VOTO SALVADO. PRUEBA CLARA Y FEHACIENTE. INDUBIO PRO OPERARIO. La prueba que consta en autos no permite concluir, en forma fehaciente y sin duda, que el trabajador incurrió en falta grave, por lo que debe mantenerse la condena a pagar el preaviso, la cesantía, así como los daños y perjuicios; y por accesoria la condena en costas.[585-07]

PÉRDIDA DE CONFIANZA. Despido justificado. ADMINISTRACIÓN INDEBIDA DE FONDOS. EMPLEADO bancario. En el caso concreto, mediaron conductas anómalas que crearon ese recelo que hace imposible la continuación de una relación laboral. Logró acreditarse la pérdida de confianza que se le atribuyó al trabajador, pues las anomalías en que incurrió justificaron el recelo generado en contra suya por parte de las autoridades bancarias. [616-07], [809-08]

Pérdida de confianza. Deber de fidelidad. Despido justificado. ADMINISTRADOR QUE INCUMPLE DEBERES. El administrador de un almacén incumple con sus deberes de vigilancia con los bienes patronales que le fueron entregados. No procede el pago de cesantía, preaviso ni intereses. [698-07]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. FALTA A LA LEALTAD Y QUEBRANTO DEL PRINCIPIO DE BUENA FE. Se atribuye falta grave a la Administradora de la soda de una empresa, al sustraer documentación privada de la empleadora, que ningún empleado estaba autorizado para sacarla del recinto de trabajo. No justificó su comportamiento anormal y se mostró reticente a devolver la documentación cuando se le requirió. [755-07]

Despido justificado. ACOSO SEXUAL. CASO DE PROFESOR UNIVERSITARIO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. Acoso sexual en centro de enseñanza universitario. Pérdida objetiva de confianza por la naturaleza de sus funciones. Docente que acosa sexualmente a alumna. [808-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. CAJERO MUNICIPAL OMITIÓ REPORTAR SOBRANTE Y FALTANTE DE DINERO. El actor como cajero de la Municipalidad, no detectó, informó y reportó un sobrante y un faltante de dinero, con lo cual faltó a sus obligaciones. Situación que hizo surgir una duda sobre su debido proceder, con lo cual ha de considerarse que el despido se encuentra justificado, pues se produjo una pérdida de confianza basada en una causa objetiva. [855-07]

Despido justificado. PÉRDIDA DE CONFIANZA. EMPLEADO JUDICIAL. Pérdida objetiva de confianza por inducir a error al juzgador. Empleado judicial toma decisión de levantar orden de captura -por extravío de expediente- sin consultar al juez. [901-07]

DESPIDO JUSTIFICADO. LESIÓN DEL ELEMENTO CONFIANZA QUE DEBE PREVALECER EN EL CONTRATO DE TRABAJO. Desde tempranas horas de la mañana el trabajador se había llevado un producto propiedad de la accionada para su oficina, sin pagarlo, y no fue sino hasta avanzadas horas de la tarde, en que al haber sido enfrentado por su jefe directo, procedió a realizar un pago parcial, mediante la gestión de un crédito con su empleadora, lo que reafirma que no contaba con el dinero suficiente para realizar la compra. De esta manera, viola abiertamente el procedimiento conocido para adquirir un artículo de la empresa empleadora.[017-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA DE CONFIANZA. CASO DE EJECUTIVO INDUSTRIAL. El accionante cometió una falta grave al autorizar con su firma el otorgamiento de un crédito a una compañía, sin que ésta contara con garantías suficientes para responder eventualmente ante un posible incumplimiento. Además, a pesar de lo anterior, el accionante avaló la entrega de mercadería sin tomar en consideración el incumplimiento que ya sea había empezado a generar en las obligaciones. Lo anterior motivó una falta de confianza en los representantes de la accionada que justificó el despido del demandante  y esa transacción le generó a la empleadora una pérdida económica de grandes proporciones. Se acreditó también la actitud prepotente adoptada por él a la hora de realizarse la auditoría, quien no solo llegó a obstaculizar el trabajo de los auditores a cargo, sino que, incluso presionó a uno de ellos para que el trabajo no se realizara o se hiciera a su manera. [094-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA DE CONFIANZA OBJETIVA. CASO DE FUNCIONARIO DE LA CCSS QUE SE PROPASA CON USUARIA EN VISITA DOMICILIARIA. No es posible obligar a  la institución accionada  a mantener en su puesto a una persona que ha sido cuestionada en dos oportunidades y diferentes por hechos tan graves como propasarse con las usuarias en las visitas domiciliarias, sobre todo tomando en cuenta las delicadas funciones que conllevaba su cargo como Asistente Técnico de Atención Primaria, en constante contacto con mujeres adultas, adolescentes y niñas, que al momento de las visitas se encuentran solas en las viviendas, motivo suficiente para que se le perdiera la confianza.[098-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. CASO DE CAJERA DE PANADERÍA MUSMANI. La actora, al no registrar la venta o no entregar el tiquete de caja a los clientes, oportunamente, faltó flagrantemente a los deberes que le imponía el contrato de trabajo e incurrió en una falta grave; con su comportamiento, faltó a las obligaciones que establecen los artículos 19 y 81, l ), del Código de Trabajo. Jurisprudencialmente se ha establecido que, con el actuar indebido, no es necesario que se haya causado un perjuicio económico, real y efectivo al patrono, sino que basta con que sea potencial, para justificar el despido.[190-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. ESTAFA. SUSTRACCIÓN, ENDOSO Y CAMBIO DE CHEQUES PERTENECIENTES A LA ACCIONADA. Se concluye que el actor tuvo participación en los graves hechos a él atribuidos. Los hechos constitutivos del despido fueron debidamente demostrados, no otra cosa se puede inferir del hecho de que el demandante tuvo en su poder las llaves de la gaveta del escritorio donde se guardaban los cheques sustraídos, que la gaveta en cuestión nunca fue violentada de lo que se deduce que fue abierta con las llaves y que el actor conocía y era vecino de una de las dos personas que endosaron los cheques con que se realizó la estafa. [260-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. CASO DE CHEQUEADOR DE AUTOBUSES.  El contenido de los medios de prueba permite aseverar, que el 24 de octubre de 2003 el actor no solo no se presentó a su lugar de trabajo a la hora convenida, debido a que estaba dedicado, dentro de su horario laboral, a colaborar con su compañera, vendiendo desayunos en el plantel de la empresa, sino, para cubrir su grave incumplimiento, incurrió en otro consistente en consignar en las tarjetas de control de tiempo, marcas que no eran ciertas. Tales irregularidades en su actuar, justifican plenamente la pérdida objetiva de confianza imputada en la contestación de la demanda y, por supuesto, hacían procedente su despido sin responsabilidad patronal. [262-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. CASO DE ABOGADO Y NOTARIO DEL IDA QUE CONFECCIONA ESCRITURA DE COMPRA VENTA SOBRE PARCELA AFECTADA POR LIMITACIONES LEGALES. Existió un ardid para saltarse las limitaciones del IDA que pesaban sobre la finca en cuestión, en el que estuvieron involucrados los comparecientes, el notario y el registrador. Eso es sumamente reprochable proviniendo del señor, respecto de quien aquí no se valora su actuación como notario (lo que compete a la jurisdicción notarial), sino su comportamiento como servidor del IDA, y es obvio que dicha institución tuvo sobradas razones para perderle la confianza. A ello se agregan otros motivos, tales como que en la matriz se haya consignado un precio diferente al del testimonio, en un claro intento de defraudación fiscal, lo que resulta criticable tratándose de cualquier ciudadano, pero sobre todo si es impulsado por un funcionario público, y si bien ese proceder se enmarcó dentro de su actividad como notario y no como servidor del IDA, lo cierto es que dentro de los requisitos de todo empleado público está su idoneidad moral.[331-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA POR ENCUBRIR A COMPAÑERO. CASO DE OFICIAL DE POLICÍA. Un oficial de policía no puede permanecer indiferente ante una solicitud de dinero, que un compañero de funciones le haga a una persona particular. Se entiende que su silencio y pasividad avalan o encubren tal actuación; su cargo le imponía la obligación de hacer ver a su compañero el error en que estaba incurriendo y evitar tal actuación. En último caso, debió informar a su superior acerca de lo ocurrido. De mediar justificación, debió el actor demostrarlo.[515-08]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA POR NO EJERCER CONTROLES EN FORMA DEBIDA. CASO DE JEFA DE DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD. La sanción guarda correspondencia con las faltas cometidas. Debe tenerse en cuenta que la actora ocupaba un puesto de jefatura de uno de los departamentos de la Municipalidad y por ello estaba obligada a fiscalizar debidamente el cumplimiento de las funciones de quienes laboraban en dicha dependencia. Al haberse dado una alerta sobre la existencia de anomalías en su Departamento, debió proceder de forma acuciosa y con recelo, mas procedió a pedir informe a la persona directamente involucrada con las irregularidades, lo cual no es una actitud que corresponda a quien desempeña un cargo de jerarquía. De ahí que el Alcalde le haya perdido la confianza, pues quedó demostrado que no ejerció controles en forma debida y ante una petición suya, respecto de un asunto delicado, procedió con negligencia. [001-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. CASO DE OFICIAL DE  FUERZA PÚBLICA QUE PERMITE QUE COMPAÑERO ABUSE SEXUAL Y PATRIMONIALMENTE DE MUJER DETENIDA. Se comprobó la falta. Si bien el co-actor no ejecutó directamente el abuso sexual y patrimonial contra la mujer aprehendida, sí permitió que su compañero lo realizara, lo que significa un grave incumplimiento de deberes pues como policía más bien debía proteger o auxiliar a la ciudadanía, lo que denota que no era una persona apta para ocupar ese cargo, debiendo reputarse su despido como debidamente justificado por pérdida de confianza, pues resulta inaceptable que una autoridad pública presencie un abuso contra un detenido y no lo denuncie. [222-09]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. COMPRA DE REPUESTOS DE ORIGEN DUDOSO. COMPETENCIA DESLEAL. El actor tenía conocimiento de que el origen de los repuestos que compró al empleado del Departamento de Repuestos, era dudoso y, en todo caso, implicaba una competencia desleal entre el vendedor de los repuestos y su empleador, situación anómala que a juzgar por la forma en que se llevó a cabo la concreción de las transacciones (fuera de las instalaciones de la empresa) no deja duda que tenía conocimiento del perjuicio que se le estaba causando a la Agencia, con lo que se evidenció el quebranto de principios básicos del contrato laboral, como son la buena fe y lealtad. Así, generó una razonable pérdida de confianza e imposibilitó la continuación del vínculo jurídico-laboral, lo que de conformidad con el artículo 81, inciso l) del Código de Trabajo facultó a su patrono para ejercer el despido sin responsabilidad. [334-09]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. ACTUACIONES IRREGULARES EN EL EJERCICIO DEL CARGO. GERENTE DE RESTAURANTE. Quedaron demostrados los problemas con la contabilidad del negocio, las pérdidas de dinero y el altercado con otro compañero, a quien el actor indicó que no podía ingresar a realizar su trabajo a ninguno de los restaurantes. [566-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA DE CONFIANZA. CASO DE REGISTRADOR QUE AUTORIZÓ RETIRO SIN INSCRIBIR DE HIPOTECA. La copia microfilmada del documento con el cual el actor pretende sustentar su actuación, no es legible; y por lo mismo, el tribunal no puede tener por demostrada la pretendida comparecencia del acreedor hipotecario, titular del derecho cuyo retiro sin inscribir se solicitaba. Por eso, el único dato cierto y demostrado es el mismo que tuvo por acreditado la entidad patronal, es decir, que autorizó un retiro sin inscribir de una hipoteca, con base en un testimonio en el que quien comparece es la parte deudora. La decisión patronal de despedir al actor, por haber autorizado un documento de tan dudosa legitimidad; que además, no le correspondía autorizar  sino a una compañera suya,  puede estimarse justificada en tanto no sólo violentó los procedimientos institucionales establecidos para la gestión de los documentos sino que además, su proceder constituye una razón objetiva de pérdida de confianza al haber demostrado un desconocimiento de normas elementales mínimas en el proceder registral, autorizando el retiro sin inscribir solicitado por una persona distinta al titular del derecho. [564-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA DE CONFIANZA. TRABAJADOR FIRMÓ BOLETAS DE RECIBO DE MATERIALES QUE NO HABÍAN INGRESADO AL LUGAR DE TRABAJO. EL HECHO DE ACTUAR POR ORDEN DEL SUPERIOR INMEDIATO NO LE EXIME DE RESPONSABILIDAD. El actor, estando destacado como encargado de bodega en la unidad de proveeduría, emitió documentación e información falsa sobre el recibo de materiales, porque firmó boletas de recepción de productos que no habían ingresado a su lugar de trabajo, con conocimiento de que efectivamente no habían sido entregados, incurriendo así en causal de despido, de acuerdo con el inciso l) del artículo 81 del Código de Trabajo, por pérdida de confianza del empleador. El hecho de que el superior inmediato del demandante le haya ordenado ejecutar el acto que se le imputa, no lo exime de la responsabilidad por la comisión de ese acto irregular, pues no consta que contra dicho acto haya consignado y enviado por escrito sus objeciones al jerarca, como lo prevé el artículo 109 de la Ley General de la Administración Pública. Su actuación colocó a la administración en un estado potencial de sufrir dicho perjuicio. [648-09]

DESPIDO JUSTIFICADO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESPIDO DE POLICÍA POR DECOMISO IRREGULAR DE UNA BICICLETA. Actuación en clara contravención a la normativa que rige las actuaciones de los servidores del Ministerio de Seguridad Pública, y por ello mismo, el incumplimiento de los deberes derivados de la relación de servicio. La responsabilidad del demandante resultó irrefutable, esto provocó que se le perdiera la confianza y se procediera a despedirlo, sin la obligación de cubrir ningún tipo de indemnización laboral a su favor. [622-09]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. TRABAJADOR TOMÓ PREVISIONES PARA ENGAÑAR A SU EMPLEADORA. [804-09]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. GERENTE NO BRINDÓ EXPLICACIONES ACERCA DE PÉRDIDAS EN SUPERMERCADO. No se trata de atribuirle una autoría personal por las diferencias encontradas. Se le imputa la omisión de no haber brindado ni antes ni durante el proceso, alguna posible explicación en torno a esos faltantes, obligación que es consustancial a su puesto gerencial y de administración general del punto de venta. [917-09]

DESPIDO JUSTIFICADO. ABUSO AL EJERCICIO DEL CARGO Y PÉRDIDA DE CONFIANZA. FALTANTE DE DINERO DEL FONDO FIJO DE TRABAJO. CASO DE CONTADORAS MUNICIPALES. Asociado a la prueba de testigos, en el arqueo practicado se detectó un faltante de dinero del fondo fijo de trabajo; el que obedeció a que la actora, en su condición de custodia de los dineros de tesorería, y atendiendo la gestión de dos funcionarios, procedió a girar un adelanto de viáticos y salarios a favor de estos, lo que resulta reprochable. Respecto a la otra actora, su conducta también es censurable, al presentarse a gestionar un adelanto en el pago de viáticos que ella sabía era improcedente y lesivo al control interno, lo que constituye un abuso en el ejercicio del cargo que ocupaba como coordinadora de la hacienda municipal. Con ello, las demandantes incumplieron con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Control Interno, nº 8292, según el cual se entiende por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos: a) proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. [852-09]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA. POLICÍA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  SE NEGÓ A SOMETERSE A PRUEBA TOXICOLÓGICA. El actor se negó a dar una muestra de orina para un examen toxicológico. La utilización de pruebas como estas, al menos en el caso de los oficiales de policía son válidas, no solo porque fomentan la salud ocupacional, sino que al mismo tiempo sirven para garantizar al Estado y a los miembros de la colectividad, que un servicio público de tal jerarquía como lo es la seguridad ciudadana, se encuentra en manos de funcionarios con aptitud ética, psíquica y mental, indispensables para el desempeño del cargo, amén de los riesgos que implica el medio en que se desenvuelven. De ahí que, a la luz de los preceptos 79) e inciso f) y 81 inciso a) de la Ley General de Policía, deba estimarse que la negativa a cumplir esta clase de exámenes constituye una falta de suma gravedad. [124-10]. Ver también: [072-10] Quedó demostrado que se negó, sin haber brindado al expediente ninguna justificación válida. De acuerdo con la Ley General de Policía y el Reglamento para las pruebas toxicológicas a los miembros de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, se autoriza a dicho Ministerio para que realice tales pruebas al personal que desee ingresar a las fuerzas de policía, lo mismo que al que se encuentre en funciones. Expresamente se dispuso que la toma de la muestra es de carácter obligatorio. Para los aspirantes la consecuencia de la negativa es la exclusión inmediata de la lista de elegibles. En el caso de un funcionario activo, el reglamento dispone que se instaurará el procedimiento correspondiente, pero ello para los efectos del debido proceso al que como funcionario público tiene derecho; no es posible entender que por la condición de funcionario activo, el incumplimiento sea menos censurable. Es una obligación impostergable que se debe acatar aún sin previo aviso, pues existe un interés de que la condición física de los funcionarios sea constatable en el momento dispuesto por las autoridades respectivas, previendo la posibilidad de que los funcionarios policiales no manipulen a su antojo la toma de la muestra. Por esta razón, el despido ordenado no resulta desproporcionado a la falta cometida, y la circunstancia objetiva de pérdida de confianza subsiste.

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. CASO DE FUNCIONARIA BANCARIA EN PUESTO GERENCIAL. La pérdida de confianza no es una causal autónoma o expresamente señalada en el artículo 81 del Código de Trabajo, sino que se trata de una manifestación de la falta grave estipulada como causal de despido en el inciso l) de ese numeral. De conformidad con la prueba indicada, es posible concluir que sí existió responsabilidad de la accionante en los sobregiros otorgados a los mencionados clientes de la institución, no solo por lo pernicioso de la perpetuación de estos, sino también, por contravenir las disposiciones reglamentarias que proscribían la existencia de más de un sobregiro en una misma cuenta corriente salvo que se tratara de uno nuevo para la cancelación del anterior. La accionante actuó de manera negligente e imprudente, provocando pérdida objetiva de confianza en ella, por parte de las autoridades bancarias.[1160-09]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA POR ANOMALÍA CON TARJETA DE DÉBITO. CASO DE TRABAJADOR DE GASOLINERA. Actor fue despedido, por las anomalías ocurridas con una tarjeta de débito sobre la que se aplicó en el establecimiento de la demandada un cargo que no correspondía a una venta real de combustible y respecto de la cual tampoco existía el respectivo cliente; lo cual, según se señaló, produjo que se le perdiera la confianza. Además, el despido se vio reforzado con la existencia de la causa penal que se siguió contra el actor y 5 compañeros más, estos últimos involucrados en otros hechos de la misma naturaleza, por el delito de estafa; la cual, si bien concluyó con el sobreseimiento de los involucrados, de manera que no les representó responsabilidad penal alguna, no tiene la suerte de exonerarlos de sanción en sede laboral. En el presente caso, no le queda duda a la Sala que el actor faltó a las más elementales obligaciones éticas que derivan de los principios de buena fe y lealtad que deben siempre prevalecer en toda relación de empleo –máxime en su caso donde la demandada había confiado en él la tutela de sus intereses concediéndole incluso, el manejo del dinero en efectivo-; actuación con la que comprometió y lesionó gravemente el prestigio e imagen de su empleadora. [020-10]

DESPIDO JUSTIFICADO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA. FALTA DE CONFIANZA POR RETENCIÓN Y PÉRDIDA INEXPLICABLE DE DINERO BAJO SU CUSTODIA. El artículo 71 inciso b) del Código de Trabajo establece como obligación del trabajador, ejecutar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Esta Sala al igual que lo hiciera el ad-quem, estima que el demandante desatendió sus deberes al proceder inexcusablemente de forma inusual o desajustada a los lineamientos establecidos en el departamento de cobros a su cargo. Se configuró la causal de despido del artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo, pérdida de confianza que constituye falta grave a su contrato laboral, pues retuvo sumas de dinero cobradas, por más tiempo del que se le permitía a los agentes de ventas, lo anduvo en forma descuidada y negligente, y argumentó la pérdida del numerario por sustracción o robo; cosa que no ha quedado clara aún si en efecto sucedió, pues en  vía penal se manejan versiones distintas. [085-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. FUNCIONARIA QUE MANIPULA INFORMACIÓN INEXACTA PARA QUE SE LE NOMBRE COMO DIRECTIVA DE INSTITUCIÓN. La actora participó en la redacción y fundamentación de la nota dirigida al Colegio universitario, con información espuria y la firme intención de inducir a error al Consejo Directivo, para que la nombraran en ese órgano como representante de la comunidad por parte de la asociación, lo que en efecto sucedió. Tal actuación es irregular, impropia y sancionable de conformidad con el artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo, por cuanto con ella, la demandante quebrantó el contenido ético del contrato laboral que impone los deberes de honestidad, lealtad y fidelidad, comprendidos en el principio de buena fe. Existe vinculación directa entre los puestos ocupados por la accionante a nivel medio y el órgano de mayor jerarquía de la institución, por lo que, su actuación irregular en uno de esos puestos tenía necesariamente repercusiones en el otro, de ahí que, la anomalía atribuida a la actora acreditada en autos, haya permeado toda la relación laboral. [090-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. TRABAJADOR PERMITIÓ EL USO DE BIENES PÚBLICOS PARA FINES PRIVADOS. Caso de funcionario municipal (administrador de cementerio). El accionante permitió el uso de bienes públicos (como es la oficina administrativa del cementerio) para fines privados y dispuso del tiempo que debía dedicar a los servicios por los que fue contratado por la municipalidad, a otros fines distintos a los que le exigían sus obligaciones laborales. Además no tenía competencia para recibir donaciones para el municipio, y más grave aún, que el actor no lo informara o reportara a los órganos competentes de dicho ente municipal y el que no se efectuara el debido depósito en las cuentas municipales, siguiendo los procedimientos establecidos a tal efecto. Se ha generado una pérdida de confianza en razón de la actuación imputada al trabajador, con lo que dejó de existir la buena relación entre las partes que debe predominar en la relación laboral, por lo que se justifica el despido. [213-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. NEGLIGENCIA EN LAS LABORES DE VIGILANCIA. Guarda que por descuido permitió que se perpetrara un robo en una de las viviendas de la urbanización cuya seguridad le estaba confiada a él en ese momento. Concluye la Sala que el actor era el responsable de la seguridad de la urbanización, por lo que debió tomar las medidas del caso para preservar el bienestar de las familias que le habían encomendado dicha función, independientemente de si se trataba de una de las casas por las que se pagaba el servicio o no, pues al ocurrir un hecho así, también se vulneró la confianza de la asociación que fungía como su empleadora. [287-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. ACTOR PERMITÍA QUE VEHÍCULO PARTICULAR TRASEGARA BASURA RECOGIDA EN UN TERRITORIO AJENO A LA MUNICIPALIDAD PARA LA QUE LABORABA. Caso de misceláneo de Municipalidad. Es claro que el actor participaba, con el resto de la cuadrilla, en el operativo mediante el cual se permitía que el vehículo particular trasegara la basura recogida en un territorio ajeno a la jurisdicción territorial de la Municipalidad de ..., al vehículo de recolección de basura de este gobierno municipal, en el que laboraba. Esto se concluye tanto de los documentos relacionados con las cantidades de basura recogida, como de la existencia de una denuncia de un particular quien la presentó por la vía telefónica a la Jefatura de Servicios Municipales. si bien al actor no se le vio transbordando la basura, es lo cierto que participaba en el proceso, sin que hubiese hecho nada para impedirlo, sea denunciando la situación anómala ante sus superiores; máxime que no era la primera vez que se daba. [308-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. FUNCIONARIO POLICIAL EVADE CONTROLES FISCALES. El funcionario realizó el ingreso indebido de mercadería sin pagar impuestos, en la Zona Sur del país. La falta fue admitida por el actor argumentando que no lo había hecho con la intención de evadir el fisco, sino porque así se lo había indicado el vendedor. Es claro que el actor como miembro de la fuerza pública , en apego a los deberes que le impone el Reglamento de Ética de los Miembros de las Fuerzas de Policía Adscritas al Ministerio de Seguridad Pública, no debió conformarse con la información suministrada de manera informal por un vendedor de una tienda, sino que tenía la obligación de asesorarse adecuadamente con las autoridades correspondientes. Su pasividad demuestra que no actuó con probidad y comprometió la investidura policial,  contrario a los más altos ideales y buenas costumbres. De allí sobrevino una pérdida objetiva de confianza y como sanción se justifica el despido sin responsabilidad patronal. [780-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. ACTOR EXIGÍA GRATIFICACIONES A LOS TRABAJADORES A SU CARGO. Caso de capataz que alegaba despido discriminatorio por afiliación sindical. La situación cuestionada era de suma gravedad y violatoria de los derechos humanos de los inmigrantes; además, trascendía el ámbito privado de las personas involucradas, pues se daba en relación con las actividades que tanto él como los trabajadores involucrados desarrollaban en la empresa. Situación que generó una pérdida de confianza objetiva en el trabajador. [864-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. EMPLEADO BANCARIO QUE INFRINGIÓ PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LAS POLÍTICAS BANCARIAS. El actor tenía conocimiento de la posición del banco respecto a la existencia del grupo de interés económico, por lo que al tramitar nuevos créditos de personas con vínculos cercanos de parentesco con los personeros de estas empresas, debió advertirlo a sus superiores, lo que no hizo. También infringió una serie de procedimientos exigidos por las políticas bancarias, en la tramitación de once créditos; lo cual a la larga desencadenó que se otorgaran créditos cuya recuperación por vías ordinarias no resultara posible, y por vía de ejecución forzosa no se lograra recuperar el total de la deuda, produciéndose una pérdida de varios millones de colones para el banco. [927-10]

DESPIDO JUSTIFICADO DE SERVIDOR PÚBLICO POR INCURRIR EN VIOLENCIA DOMÉSTICA. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. La prueba testimonial rendida fue diáfana en demostrar que el actor en repetidas ocasiones incurrió en violencia doméstica contra de su compañera sentimental. La falta es hartamente reprochable, toda vez que desde ninguna óptica un servidor público encargado de velar por la seguridad ciudadana y socorrer a las víctimas de violencia doméstica, puede al mismo tiempo incurrir en las misma conductas que por mandato del legislador está encargado de vigilar. Por otro lado, independientemente de una presunta condición patológica, ese  o cualquier otro tipo de padecimiento no atenúa ni justifica ningún acto de agresión doméstica. [932-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR EN EL EXTRAVÍO DE MATERIAL. Caso de ingeniero en sistemas de INTEL. Conviene aclarar que al ser despedido el actor no se le atribuyó propiamente la sustracción de los bienes del empleador, pues efectivamente no hay prueba directa de su participación en tan reprochables hechos. Lo que se le achacó fue una pérdida de confianza, posición entendible de parte de la empresa pues, como atinadamente lo señaló el tribunal, hay numerosos indicios que apuntan a que es muy probable que el accionante tuviese algo que ver con el extravío del material. Es claro que a la sociedad demandada no le era posible mantener al actor en su puesto y guardar una relación armónica con él pesando tan serios cuestionamientos sobre su persona, ya que el perjuicio económico fue sumamente elevado ($1.447.496), amén de que la situación trascendía la esfera de la empresa pues el producto estaba siendo adquirido en el mercado negro. [959-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. QUEDÓ DEMOSTRADO EL FALTANTE DE FACTURAS Y DINERO PRODUCTO DE LAS VENTAS. Caso de cajera que se encontraba otorgando el preaviso por haber renunciado a su puesto. El hecho atribuido a la actora fue un faltante de facturas, y el dinero producto de las ventas contenidas en ellas, hecho que alegó el empleador cuatro días antes de que finalizara el preaviso, como causal para terminar la relación laboral, argumentando una pérdida objetiva de confianza en la recurrente. Es claro que durante el período de preaviso la relación laboral está vigente, y también las obligaciones y derechos de las partes. En este caso, la separación anticipada del puesto, previo al término del preaviso, tuvo una justificación válida, pues si durante ese lapso el empleador conoció que faltaban dineros en los cierres de caja, y que la actora estaba involucrada, es lógico que la relación laboral no podía continuar. No procede el pago de preaviso, cesantía ni los daños y perjuicios del artículo 82 del Código de Trabajo. [1032-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL ACTOR AL CONFECCIONAR DECLARACIONES DE IMPUESTOS Y TARDANZA INJUSTIFICADA EN SU PRESENTACIÓN. Caso de contador y administrador. El actor no solamente actuó en forma negligente a la hora de confeccionar las declaraciones de impuestos, sino que también, debido al procedimiento tributario que se generó en razón de esa situación, tampoco actuó con el debido cuidado al no reunir la información y documentación requerida en el plazo señalado para ese efecto. Se trataba de documentos que normalmente se encuentran en las oficinas de una empresa, sin embargo, existió una tardanza injustificada para presentarlos y se tuvo que pedir una prórroga. El accionante mostró una actitud de desidia e irresponsabilidad, por lo que su comportamiento necesariamente debió tener implicaciones en el ámbito laboral de la compañía. [1053-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. SE COMPROBÓ NEGLIGENCIA E IMPRUDENCIA. FALTA DE CONFIANZA. Se demostró falta grave de dos funcionarios Públicos (irregularidades en autorización de gastos de representación, depósito de garantía en contrato de arrendamiento y adelanto de salario). Con su proceder, los servidores mostraron una actitud de desidia e irresponsabilidad, por lo que su comportamiento necesariamente debió tener implicaciones en el ámbito laboral, toda vez que su negligencia e imprudencia, legítimamente, provocaron una pérdida objetiva de confianza en ellos por parte de la administración. De manera reiterada se ha indicado que las condiciones personales que se valoran en un determinado (a) trabajador (a) para ser contratado (a), así como la transparencia en el ejercicio de las funciones conexas o directamente relacionadas con el servicio prestado, por su naturaleza de “intuitu personae”, deben mantenerse a lo largo de toda la relación.  Además, debe tomarse en cuenta que una inadecuada prestación de los servicios brindados por el servidor generan consecuencias nefastas en el sistema de recaudación fiscal del país. Caso de administradora y de contador público del INAMU. [1073-10]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. ROBO DE DINERO DE CAMIÓN  REMECERO QUE CUSTODIABA EL ACTOR PROVOCÓ PRISIÓN PREVENTIVA EN SU CONTRA. INDEPENDENCIA ENTRE VÍA PENAL Y LABORAL. Se citan los votos n°935 y 1060, ambos de 2005 y 616-07. La actuación del actor fue censurable, él era un oficial  de seguridad dedicado a la custodia de valores de terceros (bancos y negocios comerciales), que contrario a lo que la lógica y el sentido común suponen respecto del comportamiento de este tipo de trabajadores, aunado a los protocolos de seguridad que el propio puesto lleva aparejados, su actuación distó mucho de la conducta normal en esta actividad (el vehículo-camión remecero era manejado muy despacio y fue detenido mientras uno de los ocupantes hablaba por celular, situación que fue aprovechada por los hampones para cometer el robo). Fue la facilidad con que se perpetró el ilícito, ante la pasividad de los responsables del cuido de aquellos bienes, que se despertaron las sospechas contra los oficiales involucrados, por parte del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, circunstancia que les significó que se les siguiera una causa penal por hurto agravado y que se les impusiera prisión preventiva. Además, debe advertirse que el actor en su condición de “jefe de ruta”,  tenía una mayor responsabilidad. Se estima lógico el recelo surgido en los representantes de la demandada y la consecuente pérdida de confianza. Por otro lado, el actor con su actuación comprometió los intereses de su empleadora, afectando no solo su patrimonio, sino también su prestigio e imagen, en relación con terceros que ocupaban sus servicios para el manejo y custodia de sus bienes. Con respecto al sobreseimiento dictado por el Juzgado penal, se estima que entre la vía penal y la laboral existe independencia; en la jurisdicción penal se resolvió de esa manera porque se valoró que no se dio el elemento doloso en la conducta, lo que no es necesario en materia laboral para que las actuaciones del trabajador den lugar a una pérdida de confianza objetiva. [1185-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA: CONCEPTO. CASO DE TELEFONISTA QUE PROFIERE INSULTOS A UN CLIENTE DE LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA. Las labores prestadas por el actor a la demandada eran de telefonista bilingüe, y la accionada tiene como giro comercial principal recibir apuestas en línea; lo que hace que su clientela por la vía telefónica sea fundamental para asegurarse una actividad lucrativa. Desde luego que un mal trato a un cliente, en un servicio como el de marras, afecta la reputación de la empresa; peor aún si el maltrato está constituido por las palabras ofensivas que el actor profirió en contra del cliente, con independencia de las circunstancias particulares en que surgió la situación. Estos hechos constituyen una falta grave del actor a sus obligaciones laborales que inducen a la pérdida de confianza por parte de la empleadora. [1256-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. EMPLEADA JUDICIAL QUE RECIBE DINERO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE PERITO SIN EXTENDER EL RECIBO CORRESPONDIENTE. La actitud de la actora constituye una falta gravísima que bien fundamentó la decisión patronal al haber realizado una serie de inconvenientes, actuaciones relacionadas con el recibo de honorarios de perito a una de las partes, sin haberle extendido recibo; y motivar una serie de inconsistencias  en el trámite de giro de ese pago al perito así como en el trámite de la autorización de gastos dentro de ese expediente. Ningún derecho fundamental se ha violentado al negarle a la actora la pretensión planteada de manera subsidiaria, si se ha tenido por demostrado que incurrió en comportamientos que hicieron perderle, de manera objetiva, la confianza de su patrono. Su actuación comprobada evidencia una gravísima falta que genera una pérdida objetiva de confianza ante la naturaleza del servicio público prestado, que exige de un personal probo e irreprochable artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si la decisión patronal de prescindir de los servicios personales de la actora fue justificada, el reclamo por daño moral es también improcedente. [1342-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. TRABAJADOR QUE NO DIO USO CORRECTO Y ADECUADO DEL SERVICIO DE CORTESÍA DE TELEVISIÓN POR CABLE OTORGADO POR SU EMPLEADORA. Caso de empleado de Amnet. La empresa accionada le otorgaba al actor el servicio de televisión por cable de manera gratuita, lo que se hacía como una cortesía a favor de sus empleados. Tal consideración por parte de la sociedad empleadora demandaba del trabajador un uso adecuado y correcto. Pese a ello, a través de una inspección rutinaria, otros trabajadores del área de auditoría detectaron que del techo de una vivienda salían acometidas para casas vecinas y que al momento de verificar el número de suscriptor se percataron que este correspondía al servicio de cortesía brindado por la empresa al accionante. Si el demandante había dejado la casa de sus progenitores, esa circunstancia no lo exime de responsabilidad, por cuanto si la empresa le había otorgado el uso del servicio de cable en forma gratuita para su disfrute personal, él era el responsable del uso que se le estuviera dando. [1556-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. TRABAJADOR DESVIÓ FONDOS PÚBLICOS PARA FAVORECERSE. Caso de empleado de RECOPE. Queda en evidencia la falta cometida por el actor. Nótese que este, con plena noción de lo reprochable de su actuar y valiéndose del cargo que ostentaba, desvió fondos públicos para favorecerse. El actor, siendo conocedor de los procedimientos empleados a lo interno para la reparación de los insumos de trabajo, deliberadamente solicitó la compra de unos repuestos para su vehículo personal, haciéndolos pasar como si fueran para la bomba “zoom” del Plantel de La Garita. Ese suceso pone de manifiesto una profunda violación del principio de lealtad y buena fe que debe existir en toda relación de empleo, evento que hace imposible que el vínculo jurídico que existía entre las partes pudiera subsistir, toda vez que la confianza objetiva entre ellas ya no se encontraba presente. [1508-10]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. FUNCIONARIA PÚBLICA QUE HACÍA MANEJO INCORRECTO DE MECANISMOS DE RECEPCIÓN DE DINERO. Caso de funcionaria de Universidad. La accionante no cumplía a cabalidad con todas las funciones que su puesto llevaba aparejadas. Se advierte que ésta no mostró una actitud adecuada y diligente en la custodia de los bienes e intereses de su empleadora. Nótese, el manejo incorrecto que se hacía de los mecanismos de recepción del dinero, sobretodo lo relativo a las irregularidades detectadas en los comprobantes de pago, justificando la anotación posterior de la fecha en las copias correspondientes, para los casos en que no podía realizar el depósito en la Oficina de Administración Financiera dentro del plazo establecido, circunstancia que constituye a su vez  una infracción más de los lineamientos institucionales determinados al efecto. Aun y cuando no se hubiese comprobado una actitud dolosa de la trabajadora que le reportara a ésta un beneficio económico en detrimento de la Universidad, el solo hecho de que hubiese realizado actos que implicaran un divorcio con el deber de custodia de los intereses de la institución accionada por una cuestión de mera negligencia, hace pensar que ello es suficiente para que los representantes de aquella perdieran la confianza y procedieran a despedirla, sin la obligación de cubrir ningún tipo de indemnización laboral a su favor. [190-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA DE CONFIANZA. MENSAJERO PRESTABA SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS EN HORARIO LABORAL. El artículo 81 del Código de Trabajo, en su inciso l), enuncia como causa justa de despido "...cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato de trabajo", causal dentro de la cual se ha categorizado la “pérdida de confianza”. Se explica que la pérdida de confianza no es en sí misma una falta a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, sino una consecuencia de una conducta del servidor. Se cita al respecto el voto n° 898-05 de esta Sala. En el caso concreto, el actor fue despedido porque utilizaba tiempo de sus horas laborables para realizar servicios de mensajería a otras empresas y, no existe ni siquiera un indicio que justifique el argumento de que esas otras labores las desempeñaba una empresa suya. No se le está recriminando al actor el incumplimiento de algún contrato de exclusividad, lo que se le reprocha es la distracción del tiempo remunerado por la demandada. Evidentemente, la conducta demostrada constituye una falta grave en tanto burló la confianza patronal depositada en su persona, por lo que el rompimiento contractual resultaba inminente y justificado. [244-11]

DESPIDO JUSTIFICADO. SE DEMOSTRÓ FALTA GRAVE. CONDUCTA DEL ACTOR  PROVOCÓ QUE EMPRESA REALIZARA SOBREPAGOS. PÉRDIDA DE CONFIANZA. Se infiere que el actor era el capataz o encargado del proyecto de una empresa de palmito. La Sala considera que los testimonios son suficientes para tener por demostradas las faltas atribuidas y la gravedad de estas, ya que de ellos se desprende fehacientemente que los supuestos pagos realizados de más, se debieron directamente a una conducta del actor que generó pérdidas económicas a la empresa empleadora. Es claro que los sobrepagos hechos por la empresa tuvieron su origen en errores generados por un inadecuado control en la confección de la planilla y ulterior revisión de los demás documentos que servían de base para el pago al contratista. [426-11]

DESPIDO JUSTIFICADO DE FUNCIONARIO POR ACOSAR SEXUALMENTE A PERSONA QUE SOLICITÓ TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN. PÉRDIDA DE CONFIANZA. Al actor se le imputó una falta relativa al acoso contraria a la ley, en relación con una joven a quien entrevistó para determinar si cumplía o no con los requisitos para optar por un puesto de trabajo dentro de la institución demandada. Es claro que lo narrado por la actora ante el órgano director del procedimiento concuerda con los hechos descritos en el acta de denuncia y en el acta de investigación preliminar. No existen elementos de prueba que permitan dudar sobre la veracidad de estas declaraciones, o bien material probatorio que reste credibilidad a lo narrado por ella. No es cierto que la declaración sea confusa, ya que la denunciante de manera espontánea afirmó que al ser entrevistada por funcionario, éste se refirió a ella como “cariño”, “mi amorcito”, “que era bonita”, “que él me daría el trabajo solamente por los “camanances” “que tengo, me preguntó además que si soy soltera, y que cuando le respondí que sí, entonces me preguntó que porqué estoy soltera teniendo una hija” y que al ponerse de pie le agarró los camanances, y que durante la entrevista le decía “que lindos camanances”. Tampoco resulta cierto que los hechos hayan sucedido sólo en la psiquis de la ofendida, tal y como lo manifiesta el recurrente. Por el contrario, para esta Sala lo narrado por ella merece credibilidad pues no se encuentran contradicciones en las declaraciones rendidas en las diferentes etapas en las que fue escuchada, sino que se presentó a la Contraloría de Servicios de la institución para denunciar lo sucedido, y se apersonó posteriormente ante el órgano del procedimiento disciplinario para ratificarlo. Para calificar la trascendencia de la conducta del funcionario, debe tenerse presente que se trata del encargado de un área, en este caso, la de reclutamiento y selección del Departamento de Personal. Es decir, se trata de un puesto de jefatura en donde la afectada estaba bajo una relación de poder y aunque no era funcionaria del demandado, es claro que en una entrevista de trabajo como representante de la parte patronal, se ubica en una situación de evidente poder ante el o la postulante. Debe tomarse en cuenta que los hechos denunciados son contrarios a la integridad física y a la dignidad humana, que generaron, un daño psicológico y moral a la ofendida, quien manifestó sentirse incómoda con lo sucedido. No cabe duda que el actuar irrespetuoso del recurrente limitó el derecho al trabajo de la denunciante, pues ante tan difícil situación, prefirió no mostrar interés en algún puesto de trabajo. La utilización de este tipo de frases en una entrevista de trabajo o bien, la acción de  tocarle la cara a la postulante, son hechos irrespetuosos desde todo punto de vista cuestionables que amerita la calificación de falta grave, y por eso, considera esta Sala que el despido sin responsabilidad patronal es proporcional a la falta cometida. Además, el empleador no puede tener confianza en un funcionario que como en el caso de estudio, debe ser garante de respeto a los y las postulantes y de una escogencia por méritos y no por intereses. Por otro lado, los atestados personales o profesionales del funcionario no justifican en nada su actuar y, mucho menos, restan credibilidad a lo denunciado por la actora. Caso de licenciado en administración de empresas con puesto de jefatura. [454-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA DE CONFIANZA. SE COMPRUEBA LA CAUSAL. Es clara la existencia de la falta grave endilgada a la peticionaria, al realizar encuestas sobre aspectos comerciales donde se incluían algunos de acceso público y otros de carácter interno propios de la empresa en que laboraba el consultado -esto para una tercera empresa y de forma remunerada- no solo dentro de la empresa para la que laboraba, sino en otras de la competencia. No queda duda de la afectación que su actuar originó a la accionada, no solo por la información comercial privada que obtuvo de los entrevistados, y que era de interés de un tercero, sino también por la afectación a la imagen de la empresa, la cual se tuvo como la que realizaba las encuestas por medio de sus empleados, por lo que otra empresa reprochó su actividad y la calificó entre otros epítetos de: corrupta, innoble, inhumana, manipuladora, abusiva e indecente. La actuación de la actora infringió el principio de lealtad, fidelidad y confianza que debe privar entre las partes de la relación laboral (sobre el tema se cita la sentencia n° 20-10), lo que conlleva el rompimiento del vínculo laboral sin responsabilidad patronal. [483-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. Caso de empleado municipal. Las faltas endilgadas al actor fueron: a) borrado de cuentas por cobrar que no procedían del impuesto de bienes inmuebles. El actor, de acuerdo con sus funciones, no estaba autorizado para borrar del sistema los montos pendientes de este tipo de cuentas y que el procedimiento correcto para ello, era a través de una resolución administrativa, procedimiento que tampoco fue realizado. b) Modificación efectuada al sistema integrado municipal con respecto a un inmueble. El actuar del trabajador, debilita el sistema de control interno y que deja la posibilidad, de que se presente un uso indebido de los sistemas de información con lo que podría provocarse un perjuicio económico a la municipalidad. c) uso no autorizado de la clave de otro funcionario, quien no brindó nunca su consentimiento para tales efectos. No sólo debilitó el sistema de control interno, sino que además, dio un mal ejemplo a otros compañeros y compañeras de trabajo de la municipalidad, irregularidades que no pueden bajo ningún pretexto justificarse. d) alguna participación en la falsificación de permisos de construcción, a partir de haberse encontrado en la computadora que utilizaba una serie de documentos escaneados que correspondían a permisos de construcción aparentemente falsos. Quedó acreditado que el actor ejecutó funciones, que no eran propias del cargo que ostentada en el municipio. [668-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. Caso de tramitador aduanero que tramitó solicitudes de tránsito aduanal sin verificar autorización. Al actor no se le despidió únicamente por tramitar solicitudes de tránsito aduanal, sin verificar si la persona que presentó esos trámites se encontraba debidamente autorizada para ello, sino por incurrir en una serie de omisiones, que sumadas todas, vulneraron los sistemas de control ideados en la aduana para el correcto manejo fiscal de las mercaderías en tránsito, exponiendo al Estado a posibles pérdidas económicas.  Véase que el actor digitó manualmente, sin que existiera ninguna justificación válida para ello, varias declaraciones aduaneras de “Tránsito, Recepción y Depósito Fiscal tipo 14 y 15”, siendo que las primeras, por disposición legal, debían ser transmitidas directamente por la agencia aduanas vía electrónica. Esta circunstancia, sumada a la falta de verificación de que la persona que tramitó las solicitudes manuales efectivamente laborara para la agencia aduanal “S.A.I.S.A.”, facilitó que se movilizara mercadería, supuestamente por esa empresa, cuando en realidad el traslado lo efectuó un tercero que no tenía ningún vinculo con la compañía aduanera. [793-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. CAJERO DE BANCO QUE INCURRE EN DIVERSAS ANORMALIDADES. El actor incurrió en demasiadas anormalidades en un corto periodo de tiempo, por lo que mediaban razones objetivas para perderle la confianza; máxime que tenía 21 años de experiencia, lo que torna más reprochable su comportamiento. Definitivamente no era conveniente para el banco mantener a un empleado así, dadas las tareas tan delicadas que ejecuta un cajero. El actor afectó la imagen del banco ante los clientes y le causó un importante daño económico, superior al millón de colones. [979-11]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA. ACTOR SOLICITÓ ENTREGA DE DÁDIVA A CAMBIO DE NO LLEVAR EMBARCACIÓN A PRESENTAR DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS. Se identificó claramente al trabajador como uno de los capitanes de la embarcación que intervino a la embarcación T.K, solicitando, a cambio de no llevar esa nave a playa para que presentara la documentación reglamentaria que debía portar, la entrega de una dádiva, consistente en unas camisetas. Estos hechos constituyen una falta grave, por violentar la prohibición contenida en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y el canon de la Ley General de Policía, al aceptar beneficios patrimoniales con ocasión del cumplimiento de funciones propias de su cargo. No cabe duda para esta Sala, que con el actuar del actor se transgredió el principio de buena fe contenido en el numeral 19 del Código de Trabajo, generándose una evidente pérdida de confianza, que a todas luces vuelve imposible el mantenimiento de la relación laboral. [064-12].

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA. EMPLEADO BANCARIO NO REPORTÓ UNA DIFERENCIA FALTANTE DE DIEZ MIL COLONES. Que el actor no reportó como diferencia faltante, en su cierre de operaciones, la suma de diez mil colones. Esa diferencia se detectó al realizarle un arqueo sorpresivo al día siguiente. El actor no ha protestado la veracidad de esa imputación y sólo argumentó que el faltante relacionado se encuentra dentro del rango normal y permitido en una actividad bancaria por lo que la sanción acordada resultó desproporcionada. La omisión en comunicar la diferencia existente y en su lugar consignar un dato distinto constituye un hecho objetivo que indefectiblemente provocó una pérdida de confianza en la administración patronal por los cánones de seguridad y certeza que requiere su actividad, conocidos por sus funcionarios y funcionarias y a los que deben absoluto apego como garantía del patrimonio económico y social de la entidad bancaria. La sanción aplicada al actor no resulta ser desproporcionada, ya que con su actuar provocó que la entidad patronal perdiera confianza en él, condición que es requisito fundamental que deben reunir los funcionarios que manejan dineros ajenos. [187-12]

DESPIDO POR FALTA DE CONFIANZA. CONDUCCIÓN DE AMBULANCIA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL. HUBO APERCIBIMIENTO PREVIO. Se trata de un chofer de ambulancia de un hospital que condujo este vehículo bajo los efectos del alcohol, trasladando en esas condiciones a un funcionario del hospital, a dos pacientes de éste y a sus respectivos familiares. Se conoce que existían antecedentes sobre el consumo del alcohol del actor y un apercibimiento previo por presentarse a laborar en estas condiciones. Además, no hay evidencia de que él fuera un enfermo alcohólico, pues pese a que fue invitado a que demostrara esa situación para que la institución pudiera ayudarle, no lo hizo. De esta manera, puso muchas vidas en peligro, aunado a los posibles daños materiales que tal comportamiento pudo acarrear; comprometiendo con ese accionar la imagen de la institución, pues este hecho trascendió el ámbito laboral específico del hospital e involucró a la Policía de Tránsito. Así pues, se colocó en una situación contraria a la idoneidad requerida para el desempeño de su cargo, lo que evidentemente produjo una pérdida de la confianza depositada en él por su empleadora. [268-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA  DE CONFIANZA. HUBO NEGOCIACIÓN INDEBIDA Y CONFLICTO DE INTERESES. El actor fue nombrado por una empresa como el empleado de mayor jerarquía en Costa Rica, por lo que a su cargo estaba el manejo de la misma y era responsable de todas las negociaciones y del éxito de los negocios. Sin informar a sus superiores en el extranjero, procedió a realizar compras a otra empresa en la que él tenía participación (compras de café para el consumo del personal de la compañía, el que utilizó como regalía para clientes y otras personas relacionadas con la demandada). Se trató, sin duda, de una negociación indebida, en la que claramente mediaba conflicto de intereses, pues la negociación se hizo en beneficio y provecho de la sociedad vendedora en la que él tenía participación, sin que la otra corporación haya contado con la representación debida en procura de sus intereses. Tal comportamiento justifica plenamente que se haya creado un recelo en el dueño de la demandada puesto que el trabajador sobrepuso los suyos. Esto justificó su destitución. Caso de ejecutivo de empresa. [287-12]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. FALTA DE VERACIDAD DE BOLETA DE CONTROL DE ASISTENCIA A CITA MÉDICA. ELEMENTOS DE LA FALTA DISCIPLINARIA. Ha quedado demostrado en los autos que el actor presentó una boleta de cita médica para justificar su ausencia al trabajo. Sin embargo, al consultarse a la Clínica sobre la veracidad de la cita a que dicho documento se refiere, de la contestación brindada queda claro que no existía respaldo en la base de datos sobre la referida cita y que el documento presentaba rasgos distintos a los propios de la Clínica, además de que no tenía sello de salida, concluyendo que el mismo no estaba sustentado en una cita médica. Se le dio audiencia para que ejerciera su derecho de defensa, mas no lo hizo. En este caso, los tres elementos constitutivos de la falta disciplinaria se encuentran presentes: el elemento material, que es la acción u omisión endilgada, el elemento moral, que es la imputación del acto a la voluntad libre del trabajador, y el elemento formal, constituido por la perturbación producida en el funcionamiento del servicio o la alteración inmediata o posible de su eficacia; por lo que su sanción deviene procedente. Asimismo, debe señalarse que el peticionario con su actuación infringió también los principios de buena fe, lealtad, diligencia y obediencia debida a su empleador. No hay duda de que se ha generado una pérdida de confianza, dada la actuación imputada al trabajador, con lo que dejó de existir la buena relación que debe predominar entre las partes de la relación de servicio, por lo que procede el despido. Caso de operario del ICAA. [345-12]

DESPIDO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. ACTOR HACÍA COMPETENCIA DESLEAL. El actor constituyó una sociedad que brindaba servicios  similares a las de su empleador, dirigidos al mismo mercado meta y de manera oculta. Es claro que su actuar debe considerarse contrario a los deberes y obligaciones que le impone el contrato de trabajo, pues la lógica y la razón imponen que resulta perjudicial para el patrono tener bajo sus órdenes un empleado que le hace competencia desleal, pues tenía acceso a la información interna de la empresa, formas de trabajo, tecnologías, requerimientos, clientes y hasta posibles deficiencias en el servicio que su patrono ofrecía y, a la vez, formaba parte de una sociedad que vendía servicios similares, situación que crea sin lugar a duda un conflicto de intereses. Caso de informático. [416-12]

DESPIDO POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS. Funcionaria de la CCSS alteró documentos para el pago de viáticos a otros compañeros, lo cual provocó que la entidad incurriera en importantes erogaciones de dinero. [470-12]

FALTA GRAVE. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. RECIBO DE DÁDIVA. Funcionario de la CCSS que recibió dádiva de un empleador particular, para generar un cobro de planillas por un periodo menor al correspondiente. Se acreditó. [537-12]

FALTA GRAVE. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. SELLOS Y PASAPORTES EN RIESGO. El actor puso en riesgo los sellos de la oficina de Migración, con las graves consecuencias que tal circunstancia pudo acarrear, pues, ante el requerimiento de la policía de tránsito, el demandante dejó su vehículo, quedando dentro de él varios sellos oficiales de la dependencia pública y su carné de funcionario. También se encontraron unos pasaportes, uno de los cuales había sido reportado como perdido, lo que generó un recelo suficiente para generar pérdida de confianza objetiva. [944-12]

DESPIDO JUSTIFICADO DE CAJERO DE BANCO. FUNCIONARIO CONTRAVINO EL PRINCIPIO DE BUENA FE Y PROVOCÓ FALTA DE CONFIANZA. El demandante estaba en posición de brindar información privilegiada para ayudar a su empleador a dilucidar la pérdida del dinero acaecida en la sucursal bancaria. Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes para que brindara auxilio en la investigación que se llevaba a cabo, optó por ignorar esas peticiones, lo que sin lugar a dudas generó un obstáculo para que el banco pudiera llegar a la verdad material de los hechos. Dicho comportamiento es sumamente reprochable, pues el actor lejos buscar tutelar los intereses de su empleador como era su deber, tomó una posición displicente respecto de lo que acontecía, lo que sin lugar a dudas contravino el principio de buena fe que debe regir en las relaciones obrero patronales. Por otra parte, es indudable que la ausencia de colaboración de ese servidor, llevó razonablemente al banco a dudar de la confianza que podía depositar en él; máxime si se analiza que el mismo actor había denunciado los sucesos. [1012-12]

DESPIDO JUSTIFICADO DE FUNCIONARIO PÚBLICO POR FALTA DE CONFIANZA. CASO DE POLICÍA. El actor fue despedido por conducta inadecuada, al entrar a una escuela sin permiso en horas en que permanecía cerrada. Sobre los funcionarios públicos, la Sala considera que  son depositarios de la confianza del Estado-patrono y de los usuarios del servicio, por lo que deben tener un comportamiento impecable y probo, así como una conducta intachable; por lo que la valoración de sus faltas debe hacerse en forma estricta y meticulosa, al estar de por medio el interés público ante el cual debe ceder el del trabajador (a) en cuanto a la mayor rigurosidad en la calificación de las faltas. Se agrega que son responsables de que la función que realizan sea ejecutada conforme a criterios de objetividad, imparcialidad, eficiencia y profesionalidad, entre otros-, por lo que la confianza en ellos (as) depositada, alcanza una trascendencia particular al momento de analizar las faltas que se les atribuyen, especialmente si las mismas están relacionadas con las tareas específicas asignadas o pueden incidir en ellas. En el presente caso, el funcionario no se hizo merecedor de la confianza en él depositada. [1059-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. FALTA GRAVE POR PÉRDIDA DE CONFIANZA (artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo). Caso de técnico en telecomunicaciones despedido por encontrarse un día, en horas laborales, en una casa de habitación donde se comprobó la utilización de treinta servicios telefónicos de actividad ilícita de “by pass” que generaron pérdidas económicas de aproximadamente $69.700,00. Además, se le endilgó haber ocasionado un debilitamiento en el control interno al no haber protegido el patrimonio de la institución, ello por haber utilizado horas laborales y el vehículo institucional en actividades ajenas a los intereses de su patrono. Se considera que aún en el supuesto de que no hubiese portado herramientas o instrumentos cuantiosos, el mismo vehículo y cualquier objeto de trabajo constituye un bien institucional y por ende forma parte del patrimonio público, no siendo factible que un funcionario disponga de esos bienes para fines particulares. Por otra parte, no puede perderse de vista que a pesar de que en ningún momento se le endilgó al actor haber participado en la instalación de los servicios telefónicos mencionados, no deja de ser extraño que permaneciera gran parte de la mañana en ese lugar y, más aún, llama la atención que siendo técnico no se percatara de lo que ocurría a su alrededor. [1064-12]

DESPIDO JUSTIFICADO POR FALTA DE CONFIANZA. El actor no mostró una actitud diligente en la custodia de los bienes e intereses de su empleadora, pues perdió la suma de ¢610.000,00 netos, pese a la experiencia acumulada en su trabajo. Además, quedó evidenciado como quebrantó el principio de buena fe cuando, según su propio dicho, intentó engañar a su empleadora para ocultar aquel incumplimiento contractual en que había incurrido y, para cuyo efecto, había hecho manejos incorrectos de los dineros que obtenía, en aras  de ocultar el faltante de dinero del que era responsable. Esto justificó claramente el despido sin responsabilidad patronal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 81 inciso l del Código de Trabajo; pues no se puede obligar a la accionada a mantener a un empleado que no ha demostrado una actitud celosa, transparente y diligente en procura de proteger la imagen y los intereses de ésta, así como los recursos y fondos que le han sido confiados en virtud de su cargo. [1126-12]

PÉRDIDA  DE CONFIANZA EN FUNCIONARIO DE ESTACIÓN DE PEAJE. Quedó probado el faltante de monedas que hubo en las cajas operadas por el actor, y aunque no se demostrara que él se haya dejado la plata, el mero hecho de las diferencias detectadas ya era motivo suficiente para perderle la confianza. Desde esa perspectiva, todo el procedimiento administrativo giró en torno a tales diferencias, por lo que no se le causó al accionante indefensión alguna. VOTO SALVADO. Quienes salvan el voto estiman que se está ante un caso en el que procede la aplicación del principio in dubio pro operario. [1172-12]

DESPIDO JUSTIFICADO DE AGENTE DE ADUANAS, POR PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA, AL INCUMPLIR PROCEDIMIENTO LEGAL EN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO DECOMISADO. El demandado fundamentó la decisión administrativa de despido en la causal de pérdida de confianza, decisión que resultó avalada por el tribunal y que esta Sala confirma por cuanto la actuación del actor evidencia una grave desatención a los deberes funcionariales que le eran exigibles, sobre todo en su condición de jerarca de la Administración Tributaria del Estado, es decir, en un puesto al que se accede porque supone una mayor confianza patronal, por la experiencia, por la diligencia, por el compromiso y por el conocimiento técnico de la normativa atinente a la materia. Se confirma la decisión, independientemente de que en fecha muy posterior y con motivo del cuestionamiento de lo acontecido en relación con el decomiso y la salida del vehículo del Almacén Fiscal, el importador procediera al pago de los impuestos de ley. [1190-12]

DESPIDO JUSTIFICADO. Los comentarios efectuados por la trabajadora en contra directa de los intereses de su empleador, sin motivación alguna, constituyeron un acto de deslealtad, generador de pérdida de confianza, que justificó plenamente la decisión adoptada. [038-13]

PÉRDIDA  DE CONFIANZA. FALTA GRAVE. Trabajadora de Credomatic, supervisora, que a pesar de saber que las directrices que daba su jefe inmediato eran ilegítimas las cumplió en vez de denunciarlo, cuando ello implicaba un beneficio propio en el manejo de las comisiones. No se estima que se haya aplicado o valorado en forma indebida el deber de obediencia que le asiste al personal subordinado, pues tal y como lo señaló el órgano de alzada, tal obligación subsiste en el supuesto de actividades normales o legítimas y nunca en perjuicio de la propia empleadora. En cualquier caso, a la luz de ese deber, la trabajadora bien pudo realizar sus responsabilidades bajo protesta, lo que nunca hizo. [065-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA  DE CONFIANZA. FALTA GRAVE.  Funcionario del ICE que instaló previstas fuera de horas laborales utilizando indebidamente la infraestructura de la institución y perjudicando los intereses de esta. [078-13]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. CASO DE TESORERO DE BANCO NACIONAL DE COSTA RICA QUE NO INFORMA OPORTUNAMENTE SOBRE ANOMALÍAS COMETIDAS POR EL GERENTE. La pérdida de confianza se originó en la actuación omisa y negligente del demandante, quien incumplió varios deberes de su cargo como Supervisor Administrativo en la Agencia Terramall (puesto que incluye funciones de tesorería en oficinas donde la figura de tesorero no existe), lo que permitió y facilitó que el gerente manipulara, en indebida forma, el efectivo custodiado en la agencia bancaria. Esa sola evidencia de deslealtad para con la empleadora en beneficio de un tercero (compañero o no), era suficiente para que se diera una absoluta pérdida de confianza que hacía imposible a la institución accionada continuar con la relación de empleo, por ser obligación de todo trabajador poner en conocimiento de su empleador las anomalías que puedan menoscabar sus intereses, por lo que resultaba inaceptable una actitud omisa en tal sentido que los pusiera en riesgo. El incumplimiento de dicho deber, al margen de si produjo o no un perjuicio económico a la entidad demandada siempre produce una lesión, porque la simple voluntad de defraudar o de engañar a la parte empleadora o la de ser cómplice, por omisión u ocultación de aquel comportamiento, lesiona la confianza depositada en el trabajador que ha actuado tan reprochablemente. Respecto de los empleados bancarios, debido a lo delicado de la función que desempeñan y la naturaleza de los bienes que administran, se les exige un comportamiento probo e incuestionable. [223-13]

DESPIDO JUSTIFICADO. CONDUCTA IMPROCEDENTE DE FUNCIONARIO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA, FALTA GRAVE. ALTERACIÓN DE FACTURAS. La Sala estima que sí se comprobó que el servidor cometió una falta grave en el ejercicio de sus funciones. La prueba documental es contundente para concluir que el actor tramitó facturas alteradas y otros comprobantes para su cobro; no solo de sus compañeros, sino también de él mismo. Durante su declaración en sede administrativa, el actor admitió haber cometido una alteración en una de las facturas y haber pasado por alto algunos requisitos para liquidar esos gastos, tales como el sello y la firma del funcionario que los había realizado. El actor se encargó de alterar el monto de varias facturas que presentó al cobro por compras hechas por él mismo, y que, además, liquidó otras sin tener el suficiente cuidado de si contaban con los requisitos necesarios. Es claro, entonces, que el demandante violó los deberes básicos de la función pública que estaba ejerciendo, pues el ejercicio responsable de esta le imponía la obligación de verificar los presupuestos del documento antes de proceder a su liquidación y si había alguna anomalía, debió denegar el trámite e informarlo así a la jefatura correspondiente. Con su proceder, el actor no solo mostró una actitud de desidia e irresponsabilidad, sino que también infringió la buena fe al presentar facturas alteradas, sin que para los efectos sea relevante el monto de lo defraudado, por lo que su comportamiento necesariamente debió tener implicaciones en el ámbito laboral, pues su negligencia, imprudencia y falta de probidad, legítimamente, provocaron una pérdida objetiva de confianza en él por parte de la institución. [246-13]

DESPIDO JUSTIFICADO. PÉRDIDA DE CONFIANZA. NO ACAECIÓ PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA. El actor realizó sin la autorización respectiva, retiros de dinero de una tarjeta institucional que le había sido confiada, lo que propició la pérdida de confianza patronal. [[302-13]

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL. PERDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA. La actora incurrió en una grave falta pues no sólo no incluyó la información sobre la cual se le había capacitado para que registrara en el sistema o documentalmente sino que ocultó el hecho, amparándose en que el sistema había fallado, lo cual no era cierto. En cuanto a la ausencia de supervisor, el día de los hechos, el tribunal señaló que esa defensa no es atendible para justificar su falta en tanto de la prueba testimonial se desprende que la actora había recibido entrenamiento y capacitación, y contaba con amplia experiencia para actuar en semejantes situaciones. Este razonamiento no lo rebate la recurrente, quien simplemente se limita a decir que ante la ausencia del supervisor las operarias no tenían a quién acudir. Si la actora estaba debidamente entrenada para saber qué hacer en semejantes casos -tal y como lo admitió el tribunal- no tiene relevancia que en ese momento no estuviera presente el supervisor. En definitiva, la actora no ha mencionado ni concretado las razones por las cuales, la ausencia del supervisor se convirtió en la causa que motivó la falta a ella endilgada. [307-13]

DESPIDO JUSTIFICADO DE EMPLEADA BANCARIA POR FALTA DE CONFIANZA. NO FUE DILIGENTE Y RIGUROSA EN SU LABOR. La Sala ha sostenido el criterio de que la persona empleada bancaria, que realiza funciones que requieren el manejo de sumas considerables de dinero o que de alguna manera están relacionadas con los procesos de otorgamiento de créditos, tienen la obligación, aún más que cualquier otra, a actuar en forma transparente, a ser confiable, cumpliendo diligente y de buena fe las labores que le son encomendadas. Por ello, la naturaleza de la actividad bancaria conlleva un mayor rigor en la valoración de las faltas. En el caso concreto, a la Sala no le cabe la menor duda de que la actora no fue diligente y rigurosa al analizar las referidas solicitudes de crédito a su cargo [387-13]

DESPIDO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Actor conformó una sociedad muy similar en su giro a la empleadora y, aprovechó su conocimiento, recursos y tiempo como trabajador de esta última. [459-13]

DESPIDO DE SUBJEFE DE BODEGA DE LA CCSS POR FALTA DE CONFIANZA. FALTA GRAVE. Funcionario entregó medicamento sin seguir el procedimiento establecido. Efectivamente, lleva razón la accionada al indicar que si el actor hubiese realizado una revisión acorde con el procedimiento establecido para la solicitud de extrapedidos, habría detectado la ausencia de requisitos y devuelto la solicitud. Sin embargo, no fue diligente al despachar los frascos del medicamento, actitud culposa y negligente con la que su empleador perdió la confianza depositada en él, pues su proceder permitió la pérdida de aquel medicamento necesario para las personas aseguradas, generando una pérdida económica considerable a la institución demandada, lo que configuró de forma indubitable la causal de “falta grave” que se le atribuyó para cesarlo. [496-13]

DESPIDO JUSTIFICADO POR PÉRDIDA DE CONFIANZA OBJETIVA. El casacionista no aporta ningún elemento probatorio que lleve a dudar de la prueba documental y, aunque la reputa de falsa, tampoco recurrió a la vía penal a acusar dicho delito, sin que se le pueda tener como no idónea por el solo hecho de que se haya presentado tardíamente. Con respecto a la prueba testimonial, el tribunal tuvo por justificado el despido al realizar una valoración integral de dicha prueba. De esta manera, considera la Sala que el hecho de que el conductor introdujera tiquetes de adulto mayor (falsos o reales) con el fin de obtener un beneficio a costa del operador final del servicio público de transporte, o que fuera el proveedor de esos tiquetes al resto de los operadores de los autobuses, como ha quedado demostrado en la litis, constituye una falta grave capaz de causar una pérdida de confianza objetiva, conducente a justificar la terminación del vínculo laboral (en relación con este tema se cita la sentencia de esta Sala n° 20 de las 9:45 horas del 8 de enero de 2010). Se aclara que en la práctica cada tiquete tiene un valor económico importante (sea la tarifa completa o un porcentaje de ella). Nótese, según lo indicó el tribunal -lo que no fue cuestionado ante esta Sala-  que el reclamante ya tenía antecedentes sobre este mismo tema. De manera que no se observa la mala valoración de la prueba acusada. Caso de conductor de autobús. [1283-13]

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR REORGANIZACIÓN

 

Fertica  despidió por situación financiera que no mejoró luego de dos años de cerradas plantas y de reubicación del actor en otros puestos.  Se acogió a cláusula 29 inciso b) de la Convención Colectiva que permite el despido por razones económicas sin pago doble de prestaciones. (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 114-85)

La reestructuración que se llevó a cabo en el Banco... quedó plenamente acreditada en autos, tanto mediante la prueba testimonial como con la documental, y con la misma la dependencia en la que laboraba el actor fue afectada, por lo que el reclamo del actor -reinstalación- carece de asidero jurídico y fáctico. [ 119 -02]

Sector Público. Artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil. [350-02]

CESACIÓN OBEDECIÓ A PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN. DESPIDO JUSTIFICADO. EMPLEADO DE RECOPE. La respectiva cesación de los servicios del actor estuvo motivada en el proceso de reestructuración, por lo que no es posible estimar que exista ilegalidad o arbitrariedad alguna en el despido. Los procesos de reestructuración  para conseguir una mejor organización de los servicios, constituyen una razón objetiva que autoriza a la Administración Pública a prescindir de los servicios de los funcionarios públicos (artículo 192 Constitucional). [136-06]

DESPIDO POR REORGANIZACIÓN. El despido del accionante no fue un hecho individual y discriminatorio por su condición de representante sindical.  El despido fue colectivo, parte de una reorganización empresarial que implicaba, entre otros aspectos, la reducción de las áreas de siembra.  [677-06]

DESPIDO POR REORGANIZACIÓN. Si se despide con responsabilidad patronal por reorganización y después de que el despido se hace efectivo la empresa detecta faltas graves, no puede pretender anular el despido con responsabilidad y dictar uno sin responsabilidad: [842-06]

Despido justificado POR REESTRUCTURACIÓN. RECOPE. Por reestructuración orgánica de Refinadora Costarricense de Petróleo. Del análisis de los autos no se encuentra que en el proceso de reestructuración se haya incurrido en algún vicio que haga posible acoger la pretensión del demandante. Se está en presencia de un despido congruente con el proceso de reestructuración efectuado en la Institución demandada, respetuoso del debido proceso y ajustado a razones estrictamente objetivas. [571-07]

Despido justificado. Supresión de puesto. EMPLEADO MUNICIPAL.  Despido de funcionario municipal por reestructuración institucional obedeciendo a criterios de eficiencia y modernización. Se deben cancelar las prestaciones laborales al funcionario. [834-07]

 

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR REVELACIÓN DE SECRETOS

(ARTÍCULO 81 INCISO E DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

CAUSA DE DESPIDO. REVELACIÓN DE SECRETOS.  ARTÍCULO 81 INCISO E) DEL CÓDIGO DE TRABAJO. FALTA GRAVE. [ 61-02]

 

 

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR SUFRIR PRISIÓN

(ARTÍCULO 81 INCISO K DEL CÓDIGO DE TRABAJO)

 

 

Condena de prisión como causal de despido: Se alega que el  fundamento es la imposibilidad de prestar el servicio, por lo que si se otorga libertad condicional no debería despedirse: inatendible sí puede considerarse esa condena penal (aunque no haya reclusión) es falta grave en términos del artículo 81.l del Código de Trabajo: [192-01]

Contador Municipal fue condenado a prisión por abuso de autoridad en perjuicio de la Ejecutiva y la misma Municipalidad. [ 108-91]

VALORACIÓN DE LA CONDENA PENAL COMO CAUSAL DE DESPIDO. La Sala encuentra que el dictado de los autos de procesamiento contra el actor en vía penal, en sí mismo es suficiente para autorizar el despido, pues se trata de hechos ocurridos con ocasión del ejercicio del cargo. [239-06]

VALORACIÓN DE LA “CONDENA PENAL” COMO  CAUSAL DE DESPIDO SUBSUMIBLE EN EL INCISO K) DEL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO DE TRABAJO. SUFRIR PRISIÓN. CONCEPTO. “Sufra” prisión mediante sentencia ejecutoria, interpretación que debe hacerse de una manera restrictiva, pues se trata de derecho sancionatorio, aun y cuando se esté en presencia de una relación de naturaleza estatutaria. Literalmente, el término “sufrir” tiene varias acepciones, entre ellas: “someterse a una prueba, soportar, satisfacer por medio de la pena” (Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid, 1984, Tomo II, p. 1269), por lo que, dentro de este contexto específico, dicho vocablo implica un estado de privación de libertad en perjuicio de alguien, donde no basta la imposición de la pena de prisión sino que esta debe ser efectivamente descontada. De lo anterior se desprende que debe existir, necesariamente, una circunstancia material que haga imposible que el funcionario pueda seguir desempeñando sus actividades laborales en el centro de trabajo o institución donde trabaja. El legislador, claramente, lo que exigió en la hipótesis de la norma es que el trabajador haya tenido que ir a prisión, ya que la parte empleadora no tendría que sufrir las consecuencias de esta interrupción del despliegue material de funciones que, finalmente, es lo que viene a justificar el rompimiento de la relación. A nivel doctrinario se ha analizado la interpretación de esta causal. Así, Carro Zúñiga señala al respecto: “En este caso, vale decir, cuando se dicta la sentencia condenatoria, la causa de despido no surge de la sentencia en sí, sino del hecho de que el guardar prisión le impide trabajar.” (CARRO ZÚÑIGA, Carlos. Las justas causas de despido en el Código de Trabajo y jurisprudencia de Costa Rica. San José: Juritexto, 1992, p. 64). En la legislación mexicana, el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, establece una causal similar, aunque no idéntica, a la nuestra, al establecer que es motivo de despido “la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo”. Como se observa, dicha disposición no se refiere a si dicha pena es cumplida o no por el trabajador, pero sí aclara que debe obstaculizar el cumplimiento de la relación. Por su parte, Néstor de Buen, refiriéndose a esa misma norma, apunta: “Esta causal, …, funda el despido no tanto en la conducta delictiva del trabajador como en el hecho de que la sentencia le impida el cumplimiento de la relación de trabajo, v. gr., por la privación de la libertad o porque de la sentencia derive una cancelación de la autorización, licencia, título profesional o cualquier otro documento necesario para el desempeño de alguna actividad. En el primer caso: privación de libertad, la imposibilidad sería física. En el segundo, sustancialmente jurídica”. (DE BUEN, Néstor. La extinción de la relación laboral en México. En: La extinción de la relación laboral. Lima: Editorial Aele, 1987, pp. 143-144). Como se desprende de lo anterior, resulta claro que la intención del legislador nacional, en el supuesto del inciso k) del artículo 81 del Código de Trabajo, fue establecer como causa justa de despido la verdadera interrupción de la relación laboral o de servicio originada en que el trabajador o funcionario tuviera que ir efectivamente a prisión, de manera que no fuera factible la prestación del servicio, con la excepción que de seguido se explica. [580-06]

DESPIDO JUSTIFICADO POR Enriquecimiento ilÍcito. El delito de enriquecimiento ilícito por el que se le condenó a seis meses de prisión, de manera que, con su actuar, incurrió en irregularidades en sus funciones que conllevaron a perder la confianza de la Administración, lo que justificó el despido. [580-06]

DESPIDO JUSTIFICADO POR CONDENA A SUFRIR PRISIÓN. Caso de empleado municipal que solicita reintegración a su trabajo una vez cumplido el período carcelario. El Tribunal de Juicio de Heredia condenó al actor a purgar cuatro años de prisión por los delitos de abusos sexuales contra personas menores e incapaces y corrupción en concurso ideal. No procede la demanda al concurrir la causal dispuesta por el inciso k del ordinal 81 del Código de Trabajo. [882-10]

 

 

 


 

DESPIDO JUSTIFICADO POR USO INDEBIDO DE HERRAMIENTAS

(ARTÍCULO 81 INCISO I DEL CÓDIGO DEL TRABAJO)

 

 

Empleado del ICE que se favoreció haciendo un mal manejo de los bienes de la Administración puestos bajo su cuido. [ 829-04]

Está claramente demostrado, que el actor quien era empleado judicial, dio un uso no autorizado de las instalaciones de este Poder Judicial ; que introdujo o invitó a oficinas oficiales, al menos a una mujer, con el fin declarado de tomarle fotografías, que una vez que esta accedió a hacerse las fotos, procedió a invitarla a que usara otro tipo de ropa, más ligera -pantalón corto y una blusa transparente- que él le proporcionó; que le ofreció medirle las piernas, la cadera y la cintura; que insistió, hasta lograrlo, que fuera de nuevo para tomarle fotos en vestido de baño, y que al llegar acompañada de otra mujer, invitó a ésta a ponerse el vestido de baño y cuando ésta accede, procede a filmarla. Todos estos hechos se dieron en oficinas de este Poder Judicial , y la circunstancia de que ocurrieran en horas no hábiles de oficina no elimina la gravedad de la conducta del recurrente. Esos hechos quedaron debidamente demostrados en los autos, siendo que la actividad descrita, constituye una falta gravísima que está muy lejos de ser acorde con la dignidad del funcionario judicial y de la lealtad y fidelidad que le debe guardar a la Institución patronal, obligaciones del trabajador que le impiden realizar actos en la prestación del servicio o, incluso, en su vida privada, que afecten negativamente la imagen de este Poder de la República, por lo que debe, en todo momento, comportarse en estricto apego a las reglas de la moral y de las buenas costumbres, sin dar pie, en lo más mínimo, a quejas o comportamientos cuestionables que debiliten la confianza pública de que el funcionario es depositario y, con ello, la confianza pública con que debe contar la Institución para la que trabaja (En este sentido puede verse, de esta Sala, los votos números [76-92] de las 9:00 horas del 3 de abril y [212-92] de las 10:00 horas del 11 de setiembre, ambos de 1992, y el N°. 479 de las 16:09 horas del 22 de enero de 1997, de la Sala Constitucional ); obligaciones que surgen tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial , el Estatuto de Servicio Judicial y el Código de Trabajo, particularmente el artículo 19, que incorpora el principio de buena fe a las regulaciones de la relación laboral o estatutaria, que implica: "... vinculaciones ético-morales y personales que obligan a las partes a observar una conducta que sea siempre compatible con estos cánones, especialmente aquella que traduzca y efectivice el principio de buena fe en el cumplimiento de lo pactado. Entendida la buena fe en su significación objetiva de cumplimiento honesto y escrupuloso de los deberes contractuales, impone a las partes de la relación de trabajo una conducta recíproca de lealtad y a proscribir toda idea de engaño o mala intención. Al combatir el espíritu de improbidad y la astucia, la buena fe, noción supra ética del obrar honestamente, asegura una mejor y más correcta ejecución del contrato. Estos, y no otros, son los alcances del principio de buena fe a que se refiere el artículo 19 del Código de Trabajo." (Carro Zúñiga, Carlos y Carro Hernández, Adriana. Derecho laboral costarricense (1993). San José: Editorial Juritexto, 1ª. Ed., p.17). [ 208 -05]

DESPIDO JUSTIFICADO. Utilización de Recursos Computacionales. Policía y Costumbre. El préstamo del usuario -y por ende, de la clave de acceso al sistema- era una práctica concientemente contraria a la directriz existente en la empresa, y como tal no susceptible de invocación como costumbre. Valoración de la Prueba. Admisibilidad de Prueba para mejor Proveer. Falta de Derecho.  [526-06]. Ver también [092-06]

FALTA GRAVE. UTILIZAR INSTALACIONES Y EQUIPO DE HOSPITAL PARA EJERCER MEDICINA PRIVADA. PATÓLOGO. El accionante cometió una grave falta pues cobró honorarios por un trabajo supervisado durante su jornada laboral, utilizando las instalaciones y el equipo de la CCSS. Esta conducta se encuentra prohibida por el artículo 6 de la Ley N° 6577 del 6 de mayo de 1981. La excepción que contempla ese numeral no es aplicable a este caso, dado que el procedimiento de conservación de tejidos no es un servicio que solo pueda proporcionar la CCSS. [1047-06]

DESPIDO JUSTIFICADO. CASO DE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. El puesto ocupado por el actor, implicaba entre otros deberes inherentes al cargo, el de custodiar bienes que forman parte del patrimonio del departamento, contando con las potestades para percibir, administrar y custodiar, gastar e invertir fondos públicos. Jurisprudencialmente se ha establecido la tesis de que, las faltas en que incurren las y los servidores públicos, deben ser analizadas con mayor severidad, al estar de por medio los fines públicos que persigue la Administración y sus instituciones. En el caso, se acreditó el uso indebido de los recursos públicos, para fines personales en perjuicio de la administración pública. [144-07]

FALTA GRAVE. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE HERRAMIENTAS DEL TRABAJO. INDEBIDO USO DE LÍNEA TELEFÓNICA. Consta que de la línea telefónica y durante la jornada laboral del actor se realizaron llamadas internacionales que no tenían relación alguna con las labores por él desempeñadas, lo que acredita el uso indebido que hizo de esta herramienta. La condición de jefatura que se le atribuyó, le exigía mayor compromiso con el manejo del teléfono y si él no realizó las llamadas, era responsable del buen uso que él y los demás trabajadores hicieran de ese instrumento. [925-07]

USO ABUSIVO DEL TELÉFONO EN EL LUGAR DE TRABAJO. El artículo 72, inciso d), del Código de Trabajo prohíbe “Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono, para objeto distinto de aquél a que están normalmente destinados (…)”. En contra de lo que se afirma en el recurso, el grave quebrantamiento de esa norma, aunque se haya verificado una vez y no haya habido apercibimiento previo, puede dar lugar al despido sin responsabilidad patronal. Sin embargo, en el caso concreto, no es posible concluir que las llamadas personales a su compañero sentimental, sean de tal gravedad, que justifique la ruptura de su relación estatutaria de servicio, teniendo en cuenta el estado de ansiedad por el que estaba pasando, ante el acoso moral que sufría de parte de sus jerarcas.[093-08]

RELACIONADO CON EL USO INDEBIDO DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA ver voto [670-08]: Suspensión del Trabajador

DESPIDO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. CRITERIO CON BASE EN DECLARACIÓN DE UN SOLO TESTIGO. Esta Sala considera que no existe imposibilidad de basar un criterio jurisdiccional en la declaración de un solo deponente, salvo que por medio de las reglas atinentes a la valoración de la prueba se logre concluir que existan razones para dudar de su credibilidad. La declaración del testigo fue valorada ampliamente y sirvió para determinar que el actor había hecho uso indebido de un vehículo y del personal de la Municipalidad, en un proyecto habitacional de un tercero. Si bien es cierto, el testigo fue parte de un acto que le generó responsabilidad disciplinaria, no se observa que poseyera motivaciones para faltar a la verdad en su deposición. [266-10]

 


 

DICTAMEN MÉDICO (CERTIFICADO MÉDICO)

 

REVISIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS. En un riesgo que sufrió la actora el Instituto Nacional de Seguros lo acogió, pero al liquidarle, lo hizo con un salario distinto al mínimo legal, estando obligado a usar el salario mínimo de la ocupación que desempeñaba la actora al ocurrirle el accidente para hacer la liquidación, amén de que hay discrepancia, entre lo fijado por el INS y el OIJ, en cuanto al porcentaje de incapacidad parcial permanente y temporal, por lo que se acoge la demanda porque hubo discrepancias a favor de la actora, en cuanto a la fijación de incapacidad parcial permanente, además, la indemnización que se acuerde a su favor no puede calcularse con base en un salario inferior al mínimo legal, aun cuando en la realidad hubiere estado percibiendo uno menor. [ 193 -84], [ 718 -01]

REVISIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS. En cuanto a la indemnización por incapacidad está probado en el expediente que el Organismo de Investigación Judicial, diagnosticó una incapacidad general orgánica de un 5% y no de un 1.5% que indicó el INS demandado.  [ 252 -84]

REVISIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS. Dictamen médico legal señaló que actor no ameritaba incapacidad permanente y el actor no apeló, lo que impide entrar en mayores consideraciones. (179-85)

REVISIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS. Si al trabajador se le fijó un 8.5% de pérdida de la capacidad general ya reconocida y ahora se determina un 20%, significa una situación agravatoria de 11.5% de pérdida de esa capacidad, que debe ser indemnizada. [ 24 -94]

REVISIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS. En cuanto a la alegada violación del artículo 264 del Código de Trabajo, debe apuntarse que, en el sublite, no pudo haberse producido, toda vez que, esa norma, contempla presupuestos de hecho diferentes a los aquí sucedidos. En el caso ahora bajo análisis, el actor recurrente no pretende la revisión del dictamen médico que dispuso dar de alta al trabajador, lo que ocurrió desde octubre de 1977, por lo cual, no pudo haberse violentado esa norma. [ 69 -99]

Se analiza la Diferencia con la Recomendación Médica. [ 565-01]

Se ordena nuevo dictamen a médicos particulares. [169-02], [465-02], [208-04], [769-04]

El artículo 35 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil obliga a los y a las funcionarias públicas incapacitadas por más de cuatro días al mes, a justificar sus ausencias con certificado médico emitido por profesionales al servicio de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros. Si se interpretase y aplicase de ese modo, se dejaría sin ningún sentido lo estipulado en el inciso c), del ordinal 90, ibídem -que forma parte del capítulo IX, relativo a "Reclamaciones y despidos"-, al tenor del cual el traslado de la gestión de despido a la persona expedientada tiene como propósito fundamental "...que exponga los motivos que tuviere para oponerse al despido, junto con manifestación precisa de las pruebas que proponga en su descargo." En este asunto, aparte de no haber cuestionamiento alguno al respecto,  también está acreditado que, antes de plantearse la gestión de despido, la actora comunicó, a su jefe inmediato, el motivo -enfermedad- por el cual faltó a su trabajo. Primero lo hizo en forma verbal, por vía telefónica, y, luego, a través de la presentación de una constancia emitida por un profesional privado, el cirujano dentista....  Es indiscutible que, por razones de forma y fondo, tal documento no es, técnicamente, una incapacidad para el trabajo. No obstante, ello no implica que pueda negársele, de manera legítima, todo valor probatorio de las razones por las que se incurrió en las ausencias. Las especiales circunstancias en las que se desarrolló la relación de servicio y la índole del padecimiento de la demandante, hacen perfectamente creíble su necesidad de atención médica urgente y, sobre todo, la de guardar reposo. Por esos motivos, los días en que no se presentó a trabajar, comprendidos en el texto del mismo, de ninguna forma pueden ser tenidos o conceptualizados como inasistencias injustificadas. Su jefe inmediato tuvo efectivo conocimiento de la situación por la que ella estaba pasando y, aún así, no le dio la oportunidad de justificar sus ausencias, conforme se lo permitiesen, a ella, sus posibilidades; tal y como hubiese correspondido. Para la Sala, en este asunto debió haber sido más importante la problemática real de salud de la actora, que la exactitud probatoria que se ha venido reclamando con base en una norma reglamentaria que no constituye un fin en sí misma y que, en caso de pretender vincularla con el régimen disciplinario, ha de atenderse fundamentalmente a la finalidad correctiva de éste.  No es posible, entonces, tener por injustificadas las ausencias en cuestión, por el sólo hecho de que no se hayan presentado dictámenes médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es verdad que, en muchos procesos, por razones de seguridad jurídica y al ser normal y factible que se acredite una incapacidad, que no es tal, con una prueba complaciente, no se ha aceptado como correcta la práctica de justificar la inasistencia al trabajo con documentos extendidos por doctores particulares, sin embargo, eso no niega la posibilidad de recurrir a esos medios cuando, dentro del contexto, son fiables para verificar lo acaecido. Sin duda, es de mala fe que, ante circunstancias especiales como las de este caso, la representación patronal se haya negado a valorar la constancia aportada, exigiendo, como única forma de hacerlo, algo que era absolutamente imposible de obtener para la señora ..., toda vez que ningún médico de la Caja Costarricense de Seguro Social la había atendido en ese período, por tratarse, como es público y notorio, de un padecimiento cuya atención está restringida no sólo por la alta demandada sino también "...de acuerdo con las posibilidades de la infraestructura de servicios y las regulaciones que la institución dicte." (Artículo 23 del Reglamento de Salud). No parece lógico pretender que, ante la situación de emergencia presentada, acudiese a una institución que no le ofrecía la seguridad de atenderla de manera oportuna, contando, por otro lado, con los medios para asegurarse un tratamiento inmediato. También resulta irrazonable que, en pleno proceso de recuperación de dos cirugías bucales, debiese acudir a un hospital público a validar su necesidad de reposo, en franco detrimento del que debía estar guardando sí quería recuperarse. En consecuencia, la rigidez probatoria que se deriva de la norma reglamentaria está lejos de constituirse en obstáculo para impedir la demostración, por otros medios legítimos de prueba, de la razones por las cuales faltó a su trabajo. Diferente sería la situación si se hubiese ausentado sin dar ningún tipo de información o de razón a su empleadora, pues ello mostraría una actitud irresponsable hacia las obligaciones esenciales generadas por su relación de servicio. Pero, como se ha indicado, la demandante cumplió con su deber de comunicar sus padecimientos a su jefe inmediato y con el de acreditarlos, de manera válida, dentro de sus particulares circunstancias. Así las cosas, resulta evidente que la falta endilgada no se configuró por faltar uno de sus elementos esenciales: el moral, es decir, la imputación del acto acusado a una voluntad libre, y, por ello, no es posible tener por justificado el despido de la actora en la causal prevista en el inciso g), del artículo 81, del Código de Trabajo, por lo que se declara el despido injustificado y se ordena la reinstalación. [78-03]

COMPETENCIA DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE Y VALORACIÓN DEL DICTAMEN MÉDICO, en materia de riesgos. [ 208 -04]

SE REQUIERE DICTAMEN MÉDICO. PENSIÓN POR INVALIDEZ CON FUNDAMENTO EN LA ENFERMEDAD DEL SIDA. Para declarar la  invalidez se requiere de un dictamen médico específico que determine que el asegurado ha sufrido una pérdida de dos terceras partes o más de la capacidad de desempeño de su profesión, actividad habitual u otra compatible con su capacidad residual. (Artículo 8 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS). Los dictámenes periciales constantes en autos no determinan ese grado de invalidez en el recurrente, incluido el emitido por el Consejo Médico Forense ordenado como prueba para mejor resolver, por lo que no se le podría tener como inválido para los efectos de otorgarle la pensión solicitada. [496-06]

PENSIÓN POR INVALIDEZ. CASO DONDE DICTAMEN MÉDICO FORENSE ES DESFAVORABLE. La pensión es un acto administrativo reglado, pues su otorgamiento depende de que se cumpla con los requisitos establecidos en la norma. El artículo 8° del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, reformado por sesión Nº 7027 del 21 de mayo de 1996, La Gaceta N º 113 del 14 de junio de 1996, y mediante Sesiones de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social Nºs. 8009 y 8019 de 17 de noviembre y de 15 de diciembre del 2005, respectivamente. LG# 5 de 6 de enero del 2005, establece: “Para efectos de este Seguro se considerará inválido el asegurado que, por alteración o debilitamiento de su estado físico o mental, perdiera dos terceras partes o más de su capacidad de desempeño de su profesión, de su actividad habitual o en otra compatible con su capacidad residual, y que por tal motivo no pudiere obtener una remuneración suficiente, todo a juicio de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. También se consideran inválidos las personas que sean declaradas en estado de incurables o con pronóstico fatal que aún ante la posibilidad de realizar algún trabajo, razones de conveniencia social o de humanidad, justifiquen a juicio de la Comisión Calificadora el otorgamiento de una pensión. En estos casos la resolución deberá ser aprobada por la Junta Directiva , a propuesta de la Gerencia respectiva. En todo caso el derecho de pensión se supedita a que el estado de invalidez se origine en fecha posterior a la de ingreso a este Seguro. En el evento de que la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez determine que el asegurado no se encuentra inválido, y de no existir nuevos elementos de juicio no valorados por dicha Comisión, el asegurado podrá presentar nueva solicitud de pensión, una vez transcurrido un plazo mínimo de doce meses, contados a partir del momento en que se le denegó administrativamente su gestión anterior” . En el caso en estudio, el actor ofrece como prueba para mejor proveer, la ampliación de los dictámenes médicos practicados. Sin embargo, por las razones que de seguido se dirían, no resulta admisible. En primer lugar, porque la ampliación debió pedirla cuando se le confirió plazo para referirse a los mismos. En segundo lugar, para efectos de pensión, el dictamen médico legal, es la prueba técnica pertinente para establecer si una persona es o no acreedora de la misma. Esto significa que si cuando se le practica la prueba, no alcanza el nivel de incapacidad establecido, no es posible conceder la pensión. Finalmente , los interrogantes que se plantean vía ampliación, no conducen razonablemente a constatar la condición de invalidez; el primer y segundo punto, tienden a evacuar y aclarar dudas del casacionista, como sería determinar si el padecimiento tiende a mejorar o empeorar, o si los trabajos que exigen esfuerzo físico son o no recomendables para estos pacientes; igual acontece con el punto tercero, y el cuarto corre la misma suerte; establecer si se hizo o no prueba física, no modifica las conclusiones o recomendaciones. Por ello, no es procedente ordenar la prueba ofrecida para mejor proveer, ni revertir el resultado del proceso. [ 932-06]

PENSIÓN POR INVALIDEZ. VALORACIÓN DE LOS DICTÁMENES MÉDICOS. CASO DE PROFESORA CON INVALIDEZ MENTAL. El o la juzgadora deben resolver en atención no sólo a lo dispuesto por el Consejo Médico Forense, sino que deben atender las demás pruebas que constan en los autos, lo que permite incluso resolver separándose de ese criterio porque no es vinculante. Los dictámenes médicos, sucede en el caso concreto, se deben valorar, como prueba pericial, a la luz de la sana crítica.[065-08] 

SE RECHAZA ADICIÓN Y ACLARACIÓN DE DICTAMEN MÉDICO. El dictamen médico no fue elaborado por el Consejo Médico Forense, razón por la cual esa dependencia no puede aclarar o adicionar un criterio médico que no ha emitido. [705-08] 

DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL PUEDE SER APELADO. CASO DE RIESGO DEL TRABAJO. El dictamen del Departamento de Medicina Legal podrá ser apelado ante el Consejo Médico Forense, a los efectos de la existencia de una incapacidad laboral y el porcentaje  de la misma. El recurso de apelación debe interponerse ante el tribunal que conoce del proceso en el plazo  de ocho días, contados a partir del día siguiente a aquel en que el dictamen impugnado haya sido notificado a todas las partes. En este caso, solamente encontramos como prueba aportada por el actor de su condición, la del pago de la renta reconocida por el accidente laboral sufrido, que fue atendido por el Instituto demandado, documento que no aporta ninguna novedad al proceso para arribar a otra conclusión más allá de la que podría deducirse de los dictámenes médicos, sobre la condición de salud del actor. Consta  el reconocimiento de incapacidad permanente  y temporal otorgado y pagado al actor, lo cual tampoco, es prueba que riñe con el dictamen médico de marras, por el contrario, el resultado emitido por Medicina Legal otorga una diferencia reconocida al demandante en sentencia por la incapacidad temporal. El dictamen emitido por los peritos oficiales del Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial, es el elemento más consistente y que goza de toda credibilidad  para guiar  el fallo,  por lo cual no es un error de valoración acoger  sus  conclusiones  en sentencia. Por lo que no procede modificar el monto y el porcentaje de la incapacidad permanente y temporal. [790-08]

DICTÁMENES MÉDICOS. GUÍA PARA LOS JUZGADORES. Es cierto que las pericias médicas como tales son una guía para los juzgadores y no pueden imponerse a la decisión de quienes juzgan, sin embargo, deben ser tomadas en cuenta como criterios orientadores. En este caso, los médicos analizaron todos y cada uno de los padecimientos que aquejaban al actor, por lo que, no encuentra la Sala motivo alguno que le permita apartarse de la conclusión a que llegó el Consejo Médico Forense. [299-09]

DICTAMEN DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE NO ES VINCULANTE PARA QUIEN JUZGA.  CASO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ELECTRICISTA. A pesar de que el Consejo Médico Médico Forense dictaminó que el demandante no estaba inválido en los términos del artículo 8 del reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, se deben atender las demás pruebas que constan en los autos, lo que permite resolver separándose de ese criterio. A la luz de los padecimientos concretos y el dictamen del especialista en medicina del trabajo, se puede afirmar que, está inválido desde el punto de vista orgánico, pues tiene más de las dos terceras partes de pérdida de la capacidad para desempeñar su labor habitual u otra compatible con su capacidad residual. [429-09]

CERTIFICADO POR ENFERMEDAD PRESENTADO TARDÍAMENTE Y EMITIDO POR MÉDICO PRIVADO.  CASO DE PERÍODO PROLONGADO DE AUSENCIAS DE FUNCIONARIO DE CCSS. El demandante presentó tardíamente (después de una prolongada ausencia), un certificado  por enfermedad, emitido por un médico privado, que debió haber presentado al centro de salud para su correspondiente homologación (numeral 29 del Reglamento del Seguro de Salud). [746-09]

VALIDEZ DE LOS DICTÁMENES MEDICO LEGALES. IMPUGNACIÓN. Los agravios planteados en relación con la validez de los dictámenes médicos expedidos por los organismos técnicos que asisten a la administración de justicia, resultan atendibles únicamente en cuanto se protesta la valoración que pudo hacer el tribunal de esa experticia, no así en cuanto a los reproches de nulidad por la falta de participación de un especialista en neurología. Tales objeciones debió hacerlas el interesado, en el momento procesal oportuno, con el fin de que no precluyera la oportunidad de realizar un nuevo examen que salvara los posibles yerros que ahora le atribuye.  La impugnación de los dictámenes médicos legales tiene un trámite particular que debe hacerse valer en un plazo específico, fuera del cual, caduca para el interesado la posibilidad de impugnación ante el superior del órgano dictaminador.  De conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, el Consejo Médico Forense es el órgano competente para conocer en alzada, sobre las cuestiones médico legales que se susciten en los procesos, cuando así sea solicitado por los tribunales de justicia. [936-09]  

CERTIFICADO DE MÉDICO PARTICULAR. COSTUMBRE. CASO DE DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. El reglamento interior de trabajo de la demandada prevé, a modo de excepción, que la ausencia se justifique con un certificado de un médico particular u otro medio de prueba, pero, únicamente cuando el servidor justifique que no pudo recurrir a los servicios médicos que provee la institución o que ésta no le prestó la atención reglamentaria requerida, circunstancia que se extraña en este caso. Por otra parte, no puede admitirse que estaba autorizado para ello, bajo el argumento de que era: “la costumbre tanto de la Institución como de mi persona al aceptar por tanto tiempo los Certificados Médicos y rebajarlos de mi salario”, toda vez que, no puede pretender derivar derecho alguno amparado en la costumbre (la costumbre contra legem no crea derecho), sobre todo en materia de empleo público, donde rige el principio de legalidad. [123-10]

CRITERIO VERTIDO EN LOS DICTÁMENES MÉDICOS NO SON VINCULANTES PARA EL JUZGADOR. Caso de pensión por invalidez. El o la juzgadora deben resolver en atención, no solo a lo dispuesto por el Consejo Médico Forense, sino que deben atender las demás pruebas que constan en los autos, lo que permite incluso resolver separándose de ese criterio porque no es vinculante. Los juzgadores (as) sólo están vinculados por la Constitución y la Ley (artículo 154 de la Constitución Política), de modo que los dictámenes médicos, se deben valorar, como prueba pericial, a la luz de la sana crítica, para resolver en justicia el litigio. [1588-10], [1603-10]

DICTÁMENES MÉDICOS CONTRADICTORIOS. LA SALA ORDENA UNA TERCERA VALORACIÓN COMO PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Caso de pensión por invalidez de la CCSS. En este caso tenemos un primer dictamen emitido por el Médico Forense de la Unidad Médico Legal  del Departamento de Medicina Legal  del Organismo de Investigación Judicial, que afirmó la condición inválida del actor por pérdida de dos terceras partes de su capacidad funcional. Dicho dictamen fue apelado por la demandada, lo que motivó un segundo pronunciamiento por parte del Consejo Médico Forense, también de ese departamento, que  rindió un criterio opuesto, en el sentido de que el actor no está inválido. Ha de tomarse en cuenta que esta Sala de conformidad con el artículo 561 del Código de Trabajo, solicitó como prueba para mejor proveer una nueva valoración médica del actor. De este último dictamen, que confirma el rendido por la Unidad Médico Legal, se advierten las condiciones y padecimientos particulares del actor: un adulto de 61 años de edad, con poca escolaridad (primer grado), que lo ha obligado a desempeñarse como jornalero; diabético e hipertenso, con problemas de visión, de dificultad respiratoria; con dolor en zona lumbar que lo limita a realizar manejo de cargas; con rodillas limitadas en su extensión y flexión con chasquido asociado a probable osteoartrosis; y con los miembros superiores  con cierta rigidez involuntaria. Las condiciones personales y físicas descritas, además de los criterios técnicos rendidos permiten llegar al convencimiento de que el actor, debido a su edad, sus antecedentes laborales y el estado físico general actual, está incapacitado en los términos descritos por el artículo 8 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, de la demandada. [1603-10]

DICTAMEN MÉDICO GOZA DE CREDIBILIDAD CASO DE RIESGO LABORAL. La prueba aportada por el actor no aporta ninguna novedad al proceso, para arribar a otra conclusión más allá de la que podría deducirse del Dictamen Médico Legal, sobre la condición de salud del actor. Por otro lado, consta el reconocimiento de incapacidad permanente  y temporal otorgado y pagado al actor, lo cual tampoco, es prueba que riñe con el dictamen médico de marras, y por el contrario, el resultado emitido por la pericia médica otorga una diferencia por la incapacidad temporal y permanente, reconocida al demandante en sentencia. El dictamen emitido por los peritos oficiales de la Sección Medicina del Trabajo, del Departamento de Medicina Legal, del Organismo de Investigación Judicial, es el elemento más consistente y goza de toda credibilidad para guiar el fallo recurrido. [1610-10] 

DICTAMEN MÉDICO: COMPETE AL CONSEJO MÉDICO FORENSE. RIESGO DEL TRABAJO. El dictamen médico acogido tanto por el juzgado como por el tribunal para sus pronunciamientos, fue realizado precisamente por un órgano técnico adscrito al Organismo de Investigación Judicial que, no solo goza de absoluta independencia sino que es el competente en la materia. El Consejo Médico Forense está organizado por secciones, a las cuales les corresponde dictaminar, en alzada, sobre las cuestiones médico legales, que se susciten en los procesos cuando lo ordenen los Tribunales de Justicia, de oficio o a solicitud de parte, como sucedió en el caso concreto; en el cual, fue precisamente el actor quien mostró su descontento con el dictamen médico legal pese a que le era favorable. [078-11]

NO HAY PRUEBA PARA DESVIRTUAR DICTAMEN DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE. TODA DUDA DEBE RESOLVERSE A FAVOR DEL FONDO DE PENSIONES. La inconformidad del actor se centra en que el ad quem se basó en el dictamen médico legal del Consejo Médico Forense que concluyó que no está inválido, y no en el rendido por la Sección de Medicina del Trabajo, Departamento de Medicina Legal, Organismo de Investigación Judicial, según el cual para fines de pensión por invalidez sí tiene más de las dos terceras partes de pérdida de la capacidad para desempeñar su labor habitual u otra compatible con su capacidad residual. Sin embargo, el Consejo Médico Forense arribó a su conclusión, luego de tomar en cuenta la información médica contenida en la pericia impugnada, los antecedentes médicos y el examen mental y físico practicado. No existen elementos de prueba que vengan a desvirtuar lo manifestado por ese Consejo, porque a la luz de los padecimientos concretos del actor, el resto de las probanzas y el dictamen de la especialista en psiquiatría, se puede afirmar que no está inválido desde un punto de vista orgánico, ni mental. Asimismo, al comparar el recurso de apelación y el incoado ante esta tercera instancia rogada, se infiere que la parte actora cambia la línea argumentativa de su defensa, pues en aquel los reproches se circunscribieron más que todo a aspectos de índole formal y al presunto reconocimiento que había hecho la institución accionada del cumplimiento de requisitos para optar por la pensión y no a la discrepancia de criterios médicos, ni al carácter no vinculante de la valoración del Consejo Médico. En todo caso, no puede perderse de vista que cuando se discute una pensión, dado que se trata de un tema de previsión social, toda duda debe resolverse en favor del fondo de pensiones, pues su sostenimiento y vigencia ha de prevalecer en interés de los potenciales beneficiarios; criterio que resulta congruente con el precepto 17 del Código de Trabajo, que manda interpretar el ordenamiento jurídico, no solamente de conformidad con el interés del trabajador, sino también en armonía con la conveniencia social. [503-11]

SE DENIEGA PENSIÓN POR INVALIDEZ. VALOR DE LOS DICTÁMENES MÉDICOS FORENSES. La Sala ha sostenido que el dictamen médico legal es la prueba técnica pertinente para establecer si la persona es o no acreedora de esta pensión y, en razón de que no se cuenta con ningún otro elemento probatorio que permita apartarse de la conclusión a la que llegaron los aludidos dictámenes técnicos -en el sentido de que los problemas que aquejan al demandante no lo incapacitan para laborar-, no es posible concederle la pensión. Caso de electricista que cumplía con el número de cotizaciones pero no estaba inválido. [1053-11]

DICTAMEN MÉDICO. NO EXISTE NINGÚN VICIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA POR EL SOLO HECHO DE HABERSE APARTADO DEL CRITERIO DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE. Caso de pensión por invalidez de la CCSS. El artículo 493 del Código de Trabajo le otorga a la persona juzgadora un amplio margen en la valoración de la prueba, lo que no implica arbitrariedad. La persona que juzga se encuentra sujeta al principio de legalidad, debiendo apreciar la prueba con base a las reglas de la sana crítica racional y al principio de razonabilidad. Desde esa perspectiva, no existe vicio alguno atribuible a la sentencia recurrida, por el sólo hecho de haberse apartado del criterio del Consejo Médico Forense, máxime que se emitieron sobradas justificaciones para adoptar esa decisión, considerando la especialidad de las personas profesionales en ciencias médicas que examinaron al trabajador, la sustentación técnica de los dictámenes que antecedieron, las explicaciones detalladas y fundadas que esas  pericias contienen, etc. [498-12]

VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN PENSIÓN POR INVALIDEZ. DICTAMEN DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE. No existe ninguna disposición que imponga un sistema de valoración preferente o vinculante, para los dictámenes técnicos que emiten las autoridades del organismo médico legal, aunque resulta indudable el carácter de prueba muy calificada que revisten dichas valoraciones técnicas por tratarse de peritos oficiales (artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial). De manera que, quien juzga debe resolver en atención a lo dispuesto por el Consejo Médico Forense, lo mismo que a las demás pruebas constantes en el expediente, lo que permite incluso resolver separándose del criterio emitido por ese cuerpo técnico. [863-12]

PENSIÓN POR INVALIDEZ. ACTOR NO SE ENCUENTRA INVÁLIDO SEGÚN DICTÁMENES MÉDICOS. El demandante gestionó una pensión por invalidez y, en autos no logró acreditarse tal condición, nótese que el criterio médico legal fue unánime en torno a que el actor no alcanzaba el grado de invalidez requerido por la normativa para hacerse acreedor del beneficio pretendido. [227-13]

VALORACIÓN DE LOS DICTÁMENES MÉDICOS. Es cierto que las pericias médicas como tales son una guía para los juzgadores y no pueden imponerse a la decisión de quienes juzgan, sin embargo, deben ser tomadas en cuenta como criterios orientadores. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, el criterio del Consejo Médico resulta coincidente con los diversos dictámenes que se emitieron en sede administrativa, en el sentido de que el actor no se encontraba inválido en los términos del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, excepto por el criterio de la doctora de la sección de Medicina del Trabajo. En todo caso, no puede perderse de vista que dado que se trata de un tema de previsión social, toda duda debe resolverse en favor del fondo de pensiones, pues su sostenimiento y vigencia ha de prevalecer en interés de los potenciales beneficiarios; criterio que resulta congruente con el precepto 17 del Código de Trabajo, que manda interpretar el ordenamiento jurídico, no solamente de conformidad con el interés del trabajador, sino también en armonía con la conveniencia social. [719-13]

 


 

DISPONIBILIDAD

 

 

Por tratarse de una obligación convencional, procede el pago del 40% por disponibilidad acordado en Convención Colectiva de JAPDEVA, a pesar de que en otras instituciones es del 25% del sueldo. Si el acuerdo fue tomado en contravención con lo establecido por Autoridad Presupuestaria, ello es responsabilidad de los jerarcas institucionales. [16-87]

Tal incentivo fue otorgado a gran cantidad de servidores, a pesar de su carácter excepcional y restrictivo, de tal suerte que, ocupando el petente un puesto, con respecto al cual, existe un acuerdo firme de la Junta Directiva , en el sentido de aplicar el régimen de mérito, queda claro que el impedimento que fuera tomado en cuenta para fundamentar el rechazo de la demanda, fue removido; esto es, la no aprobación de la Autoridad Presupuestaria , nada inhibe para reconocerle ahora, al actor, la aplicación del régimen de disponibilidad. [ 62 -94]

Pretenden los actores el pago por disponibilidad en el porcentaje de un 45% sobre el salario base de cada uno de ellos, independientemente de que ganen o no dedicación exclusiva, lo que es procedente, porque de la norma legislativa y de la convencional, a las que están subordinadas las del reglamento, en que se basan los petentes para solicitar tal beneficio, no puede derivarse que la dedicación exclusiva incluya la disponibilidad, pues se trata de beneficios salariales diferentes y, en consecuencia, independientes entre sí. [ 138 -97], [216-06. Empleado Municipal]

Si al actor se le trasladó a un puesto, donde no era necesaria la disponibilidad que se le pagaba y ello se hizo desde el mes de octubre de 1989, por qué se le suprimió ese plus hasta el 1-2-90?. Estima la Sala que la pretensión no sólo se encuentra amparada como un derecho adquirido, en tanto ocupa el puesto que tiene disponibilidad, incorporado al contrato por el instrumento colectivo suscrito entre la institución y su sindicato, sino también, por una sentencia jurisdiccional. [ 228 -97]

El plus por disponibilidad no puede generar derechos permanentes para ningún servidor; consecuentemente no se pueden alegar derechos adquiridos, cuando desaparecen las condiciones objetivas que motivaron su reconocimiento; dado que su percepción queda sujeta al desempeño de un cargo y a la necesidad institucional de conceder ese incentivo. Es decir, que al no existir motivo para que la persona que ocupa determinado puesto, deba desempeñar el cargo dentro de los supuestos de la disponibilidad, no puede legalmente justificarse una determinada retribución económica; la cual, de darse en tales condiciones anómalas, conllevaría a un pago obviamente ilegítimo, independientemente, de que se haya percibido, por largo tiempo o no, el incentivo; aún ejerciendo iguales funciones y en el mismo puesto; menos aún en casos, como el presente, en el cual varios actores han disfrutado del mismo, sin desempeñar funciones que ameritaran esa retribución adicional -servidores que de conformidad con la índole propia de sus funciones, no tenían por qué estar disponibles-, razón por la cual, fue correctamente suprimido tal beneficio, con base en su no aprobación, al denegarse la partida presupuestaria, que servía para hacerle frente al pago de esa compensación, y en que, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria , determinó que, los puestos que tienen a su cargo los actores, a quienes no se le otorgó la concesión del incentivo, no cumplen con los requerimientos establecidas por esa Autoridad, para poder devengar legalmente ese pago por disponibilidad. [ 247 -98]

Los actores laboran para el OIJ, como asistentes de hechos de tránsito, en la Sección de Investigaciones de Tránsito. En virtud de la función que desempeñan se encuentran sometidos a una jornada laboral, en la cual deben estar disponibles para atender cualquier percance de tránsito en el que se requieran sus servicios. En sesión de Corte Plena, celebrada el 6-1-92, con ocasión de una gestión presentada por el Jefe de la Sección de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, se resolvió que, las horas extraordinarias que laboran los funcionarios de ese departamento serían compensados por horas libres, pues la actividad policial no puede estar sujeta a horario. A partir de julio de 1992, esa situación varió, puesto que los accionantes percibieron un incremento de un 20% de su salario base, por concepto de disponibilidad; sin embargo, a partir de setiembre de ese mismo año se les eliminó el recargo de funciones por ese concepto. En un estudio realizado por el Departamento de Planificación del Poder Judicial , se definió la disponibilidad de los funcionarios del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ como el período durante el cual un grupo de investigadores labora con el período ordinario, a partir del cual debe permanecer localizable durante la vigencia del rol. Le corresponde conocer de aquellos asuntos que debe atender el grupo de guardia . La Corte Plena -en sesión del 6 de enero de 1992-, había indicado que las horas extraordinarias laboradas por los servidores del Departamento de Investigaciones Criminales debían ser compensadas por horas libres, con base a lo cual se les cancelaba a los accionantes el tiempo que tenían que estar disponible. Sin embargo, a diferencia de los rubros cancelados por laborar en una jornada extraordinaria, el plus salarial que se paga por disponibilidad obedece al reconocimiento que se hace al servidor por su obligación de acudir al llamado de su empleador para ejecutar sus labores, fuera de su horario normal, cuando las mismas sean requeridas. Es cierto que, en la mayoría de los casos, tal disponibilidad se fija con base a un porcentaje del salario base, no obstante, en el caso de los actores -antes de que renunciaran a ella-, se les retribuía con un aumento en su tiempo de descanso que, al fin y al cabo, venía ser un descanso pagado. Bajo esta perspectiva, se concluye que el Poder Judicial llegó a confundir dos componentes salariales distintos, lo cual llevó a negarles a los accionantes el pago del plus salarial por disponibilidad , el cual, como se explicó anteriormente, consiste en que el servidor este disponible para ejecutar sus labores, cuando las mismas sean requeridas fuera de su horario normal. Este plus salarial es de una naturaleza jurídica distinta a los descansos, e incluso a la jornada extraordinaria, pues ésta última consiste en una remuneración que se le cancela al trabajador por laborar más allá del límite de jornada ordinaria convencional o, legalmente establecida. En otras palabras, por la disponibilidad el trabajador acepta laborar cuando sea requerido fuera de su jornada y horario normal cuando eso ocurre debe pagársele al trabajador ese tiempo laborado que es tiempo extraordinario. En razón de lo anterior, fue un error que el Poder Judicial pretendiera cancelar esa disponibilidad compensándolo con un mayor tiempo de descanso, y en realidad, los actores si gozan de derecho para que se les reconozca ese plus salarial, a partir de tres meses antes de la presentación de esta demanda y hasta octubre de 1992 -fecha en que renunciaron al régimen de disponibilidad-. [ 363 -00]

DISPONIBILIDAD Y HORAS EXTRA.  No son incompatibles. No se incurre en doble pago si también se paga disponibilidad. Jefe o encargado de emergencias médicas, fue contratado con una jornada de 44 horas semanales y esa debe tenerse como su jornada ordinaria. Así las cosas, el tiempo de trabajo que supere esas 44 horas semanales resulta extraordinario y debe pagársele como tal.  [442-02], [ 412 -04]  

En virtud del principio de legalidad, no puede serle concedido, al actor, el reconocimiento y pago del rubro que pretende; pues, su concesión, quedó sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes, razón por la cual, sino se contó con la misma, el acto de otorgamiento, por parte de la Junta Directiva , no llegó a adquirir eficacia jurídica; y, consecuentemente, no puede ser ejecutado, hasta tanto no se supere aquel impedimento indicado (artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública ). [633-01], [74-02] , [102-02] , [386-02] , [511 -02]

No se incurre en doble pago si se reconocen también horas extra. [ 442 -02]

Solicitan los actores, quienes a la fecha de su acción, desempeñaban cargos de Dirección y Subdirección General del Organismo de Investigación Judicial, jefatura y subjefatura del Departamento de Investigaciones Criminales y Jefaturas de Delegaciones Regionales, del citado Organismo, el sobresueldo del 20% mensual por concepto de disponibilidad, variación de la jornada y riesgo policial a partir del momento en que se les pagó a los investigadores a raíz del acuerdo de Corte Plena de fecha... En 1992, aparte del citado sobresueldo, que sólo benefició a los investigadores -excluyéndose del mismo a los aquí actores- unos y otros se vieron beneficiados, además, de una revaloración salarial en la base. Distinta en sus términos, pero mejora, al fin y al cabo, de sus salarios. De ahí que, si bien a los Jefes de los Departamentos del Organismo y a los Jefes de las Delegaciones, se les excluyó de ese beneficio puesto que en la sesión del ...de 1992, en que se conoció la revaloración general, se les había aumentado considerablemente la categoría y salario base, para fijarlos igual que a los actuarios -lo que se explica por razón de su jerarquía-; los investigadores a los que sí se les concedió dicho plus, igualmente se vieron beneficiados, con un aumento en sus salarios base, como producto de dicha revaloración general. Mediante el artículo.. de la sesión de Corte Plena del..., se aprobó el informe de la Comisión ampliada de Enlace Corte O.I.J, se reconoció un plus sobre el salario base, esta vez del 10% de disponibilidad, 10% por riesgo policial y un 20% por variación de jornada, no solo ya para los aquí actores, sino incluso a otros puestos de investigadores del O.I.J. De modo que, cualesquiera fuesen los móviles, cabe derivar -lógicamente- que en este último acuerdo de Corte Plena subyace el propósito de dar -y; en efecto se dio-, trato igual a los aquí actores, en relación a otros puestos de investigadores, subalternos suyos, respecto del citado plus salarial. No se infringe, en este caso, el principio de legalidad. Tampoco se sustituye la voluntad ni se invade la competencia de la administración en materia salarial pues, se trata de un conflicto jurídico, tutelable por la jurisdicción de trabajo, en tanto se viola el principio de igualdad, por lo que se conceden las diferencias salariales desde la fecha en que se le pagó a los investigadores del O.I.J. con base en el acuerdo de la Corte Plena del 19-10-92 y hasta el 31-12-01. [502-03]

Los trabajadores que tienen el plus de disponibilidad, si se les pagara además horas extraordinarias, tendrían un doble pago ilegítimo. [566-04]

De documento dado al trabajador no se deduce la imposición de disponibilidad, sino que en el mismo se daba una guía de aspectos a fortalecer o desarrollar en el trabajo. [723-04]

Se disminuyó el tiempo que el trabajador tenía que estar disponible. [974-04]

DISPONIBILIDAD. EMPLEADO JUDICIAL. No procede el pago de la disponibilidad porque si bien es cierto fue hasta en la sesión de Corte Plena, celebrada el 25 de febrero del 2002,  cuando se aprobó el Reglamento de compensación por disponibilidad en el Poder Judicial (acta N° 9, artículo XXXI) ello no implica, como lo quiso hacer ver el recurrente, que antes no se cancelara la disponibilidad; pues, con anterioridad, existían distintas directrices para regular el pago de dicho plus, según la necesidad del servicio público, la población cubierta, los requerimientos del despacho y la cantidad de jueces sujetos a disponibilidad [ 655 -05]

HORAS EXTRA. NO “DISPONIBILIDAD”.  El tiempo de la guardia se ha de computar como jornada extraordinaria, en el tanto en que el actor estaba en la obligación de permanecer en el lugar de trabajo, a disposición del empleador. En consecuencia, tal denominación como disponibilidad, en realidad debe considerarse como tiempo efectivo de trabajo, pues no se trata de la normal disponibilidad, que por lo general se cumple fuera del centro de labores. [903-06]

DISPONIBILIDAD LABORAL Y HORAS EXTRA. PAGO RETROACTIVO. CASO DE TÍAS SUSTITUTAS. RÉGIMEN LABORAL EXCEPCIONAL. Se ha de condenar a la parte demandada a reconocer y pagar a cada una de las actoras, las sumas equivalentes a 3 horas extraordinarias por cada día efectivamente laborado en los albergues o aldeas infantiles de la Institución, en condición de Tías Sustitutas. Como la cuestión de las horas extra es nacida al amparo de la norma reglamentaria  impugnada, y que dio lugar al pronunciamiento anulatorio de la Sala Constitucional, es claro que estas obligaciones, deben ser reconocidas y pagadas con retroacción a la fecha de vigencia de la norma reglamentaria anulada, o posteriormente, si la relación laboral empezó después. También lleva razón el recurrente en cuanto reprocha que la demandada debió cancelarles el plus salarial por disponibilidad en forma retroactiva al tiempo de vigencia que correspondía, conforme lo resuelto por la Sala Constitucional. [510-07], [841-07]

NO PROCEDE PAGO DE PLUS SALARIAL POR DISPONIBILIDAD. CONCEPTO. ACTORES NO OCUPAN PUESTO DE JEFATURA ADMINISTRATIVA. CASO DE DIRECTORES DE ENFERMERÍA DE C.C.S.S. En el caso de los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, el requisito indispensable para percibir ese sobresueldo es  ocupar un puesto de jefatura administrativa que necesariamente debe estar incluido dentro del organigrama de la institución. A pesar de que los actores ostentan puestos de dirección y desempeñan funciones de jefatura, no están reconocidos como jefatura administrativa incorporada dentro del organigrama institucional, ya que se consideró que la jefatura que ostentan es de naturaleza técnica. [490-08]. Ver también [231-02]

PAGO DE SOBRESUELDO A JEFATURAS EN EL OIJ.  PRINCIPIO DE IGUALDAD. Les  corresponde el pago del plus por peligrosidad, variación de la jornada y disponibilidad desde el 19 de octubre de 1992, fecha en que la Corte Plena acordó el pago de ese rubro para los investigadores del OIJ, pues las condiciones de hecho, en esencia, eran las mismas. En consecuencia, lo resuelto no violenta el principio de legalidad. [564-08]

NO PROCEDE PAGO DE PLUS SALARIAL POR DISPONIBILIDAD. NO SE REALIZÓ ESTUDIO PREVIO NI SE APROBÓ POR EL ÓRGANO COMPETENTE. Para que a un profesional como el actor se le pueda pagar disponibilidad debe existir un estudio previo del caso a la luz de la normativa vigente a la fecha de la contratación, ser formalmente ratificado y aprobado dicho sobresueldo por el órgano competente, y ser firmado por el trabajador un adicional al contrato de trabajo -donde se estipularan las condiciones que regularían el reconocimiento de ese sobresueldo-.  Está probado que el actor aceptó las condiciones de la contratación que se le ofrecieron sin el pago de zonaje y disponibilidad, incentivos que nunca se le concedieron al actor. [639-09]  

NO ES DISPONIBILIDAD SINO HORAS EXTRA. EL ACTOR DEBÍA PERMANECER EN EL LUGAR DE TRABAJO -A DISPOSICIÓN DEL EMPLEADOR- DURANTE LA HORA Y MEDIA DEDICADA A LA ALIMENTACIÓN. La disponibilidad, así concebida, entraña que el trabajador sí puede salir del centro de trabajo y hacer las actividades propias de su vida privada, solo que adquiere el compromiso de estar localizable y a la espera de ser llamado por el patrono en cualquier momento para prestar sus servicios durante ese lapso de disponibilidad, restricción a la libertad que se retribuye generalmente mediante el reconocimiento de un plus salarial. Empero, no era esa la situación del señor ... por cuanto -se insiste- él estaba obligado a pasar en la granja durante la hora y media en cuestión. [202-10]

DISPONIBILIDAD Y HORAS EXTRA NO SON RUBROS EXCLUYENTES. El rubro pagado bajo el concepto de disponibilidad no puede considerarse como retribución de la jornada extraordinaria. La disponibilidad cubre la disposición del trabajador de hacerse presente para ejecutar su trabajo en el momento en que se requiera. En consecuencia, ese plus y la remuneración por horas extra no son excluyentes, ya que con esta última se paga el tiempo efectivo de trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria. En este caso, no puede concluirse, como se pretende, que las horas extra le fueron debidamente pagadas al demandante. [988-10]

DISPONIBILIDAD. CONCEPTO. PROCEDE OTORGAR EL PLUS SALARIAL POR DISPONIBILIDAD. Caso de ingeniero electrónico. El actor inició labores para la accionada a partir del 1° de diciembre de 1999 al 15 de noviembre de 2005 desempeñándose en el puesto de ingeniero “señior”. Luego, fue nombrado como jefe de nuevos proyectos. A partir de inicios de 2001, se modificaron las condiciones originales del contrato de trabajo, estableciéndose a cargo del actor, la  obligación de estar expectante y localizable en cualquier momento. Esta disponibilidad obligaba al actor a atender cualquier evento (averías), inconveniente o solicitud de los clientes de la empresa, es decir, se fundamentaba en la necesidad de la accionada de contar con sus servicios. El plus salarial reclamado por el demandante debe otorgarse, toda vez que, la disponibilidad a la cual estuvo sometido a partir de principios de 2001 con ocasión de los servicios ofrecidos por la empresa a sus clientes, representó una limitante a las actividades propias de su vida privada. No se desconoce que este plus salarial fue concebido de forma particular para los servidores y servidoras del sector público, sin embargo, en este asunto, quedó acreditado que a partir de enero de 2001, las partes acordaron, que el demandante, debía estar disponible. [1520-10]

DISPONIBILIDAD Y HORAS EXTRA NO SON EXCLUYENTES. DISPONIBILIDAD Y DÍAS FERIADOS TAMPOCO SON EXCLUYENTES. Esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el plus por disponibilidad y el pago de horas extra remuneran servicios distintos y que, por esa situación, no son excluyentes. El rubro conocido como “disponibilidad” no retribuye la labor en tiempo extraordinario, sino que cubre la disposición de la persona trabajadora a ejecutar su trabajo, fuera de la jornada de labores, en el momento en que se requiera. Lo mismo cabe predicar respecto del pago de los días feriados efectivamente laborados, pues no puede considerarse que el pago por disponibilidad cubre el salario correspondiente a la labor efectiva durante esos días. En tales casos, la persona trabajadora tiene derecho a la remuneración legalmente prevista por la prestación de servicios en esos días. [1534-10], [1536-10], [1537-10], [1538-10], [1539-10], [1541-10], [1544-10], [1545-10], [1550-10], [1567-10], [1568-10], [1569-10], [1570-10], [1572-10], [1604-10]

CONDENA AL PAGO DE HORAS EXTRA LABORADAS EN DÍA DE DISPONIBILIDAD. DIFERENCIA ENTRE HORAS EXTRA Y DISPONIBILIDAD. El demandante circunscribió su pedido al tiempo extraordinario laborado en disponibilidad, por lo que se realiza la distinción entre ambos conceptos. En relación con el tema la única prueba que consta en los autos es la testimonial aportada por la parte actora. La accionada no contestó la demanda ni tuvo participación en el proceso. De esta manera se corrobora que el actor estaba sujeto a disponibilidad los sábados, lo que supone, conforme a la naturaleza del servicio brindado por la demandada y las funciones desarrolladas por el actor, que éste prestaba trabajo efectivo durante esos días y, en consecuencia, que se computaron a su favor horas extra. De tal forma, la accionada estaba en la obligación de cancelarle al demandante las horas extra que laboró, lo que no hizo, por consiguiente corresponde condenarla al pago de dicha deuda. [260-12]

DISPONIBILIDAD. AUSENCIA DE NORMATIVA NO EXIME EL DEBER DE PAGARLA. Actor tiene derecho aún cuando la Autoridad Presupuestaria no autorizara el pago de ese plus y haya ordenado la confección de un reglamento. Si Recope mantuvo al accionante en disponibilidad, debe pagar lo que corresponde. La falta de previsión, o bien, la inacción administrativa en procurarse el instrumento normativo que le permitiera contar legalmente con la disponibilidad del actor, para prestar sus servicios fuera de la jornada de trabajo, no puede servir para desconocer el hecho cierto de que él, de manera real y efectiva, fue puesto a laborar en esa condición. [633-12]

HUBO RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DISPONIBILIDAD. Se dio un reconocimiento administrativo durante el curso del proceso, razón por la cual respecto de esa pretensión ya no media interés actual. La petición del recurrente para que se ordene el reajuste de la cesantía, aguinaldo y vacaciones liquidados al finalizar su relación no es admisible por cuanto no formó parte de las pretensiones deducidas en la demanda. [1185-12]

NO PROCEDE PAGO DE RIESGO POR DISPONIBILIDAD A FAVOR DE FISCALAS Y FISCALES. PRINCIPIO DE IGUALDAD SALARIAL NO HA SIDO VIOLENTADO. Los y las demandantes no están en las mismas condiciones de riesgo a las que deben enfrentarse cada día, en razón de sus funciones, los y las investigadoras del OIJ y sus jefes y jefas, quienes realizan una actividad más operativa, policial, enfrentando de manera directa las actividades delictivas, y a quienes Corte Plena les reconoció el 20% por ciento por concepto de riesgo y peligrosidad, disponibilidad y variación de la jornada. No cabe duda de que el ejercicio de las funciones de fiscal y fiscala implican un riesgo inherente al cargo, pero de ninguna manera puede equipararse en condiciones de igualdad al que enfrentan los y las investigadoras del Organismo de Investigación Judicial. [362-13]

 

 


 

DISPONIBILIDAD MÉDICA

 

 

La accionada al firmar un convenio con los neurocirujanos marcó una diferencia entre éstos y los demás especialistas, en este caso concreto se demostró incluso que laboran más horas extra que aquellos y reciben un pago mucho menor. Por ende, debe la accionada incluirlos en tal convenio y reconocerles las diferencias dejadas de percibir por concepto de disponibilidad desde la fecha del convenio, sin perjuicio de que pueda pagar sumas diferentes, a partir de un mínimo ya fijado y en la medida en que la diversa ocupación efectiva de los servicios de éstos, se compruebe y se permita. [ 98 -96], [87-99], [446-03]

Disponibilidad médica: los actores solicitan el pago de las diferencias dejadas de percibir por concepto de disponibilidad médica, así como también el pago de las diferencias correspondientes a aguinaldo, vacaciones, salario escolar y demás rubros que derivan de dicha disponibilidad; todo lo anterior les fue concedido. El recurso interpuesto ante esta Sala hace referencia a las costas personales, debido a que la cuantía del proceso es inestimable, el artículo que se aplica en este caso es el artículo 495 del Código de Trabajo en relación con el 223 del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria el artículo 452 del Código de Trabajo. [018-05]

Disponibilidad médica/Horario: el inicio del horario de la disponibilidad es a partir de la terminación de la jornada ordinaria, tal como lo dispone las "Normas para la Prestación y el Pago de Disponibilidad para Profesionales en Medicina Humana"; en caso de que se de una variación en el inicio de dicha jornada, el porcentaje pagado por la jornada completa de disponibilidad será disminuido en forma proporcional. La disponibilidad no se puede considerar un derecho adquirido, ya que depende de las necesidades del servicio. [825-05]

La actora laboró como Microbióloga en el Centro Nacional de Rehabilitación y se sometió a un régimen de disponibilidad, para casos de emergencia, el cual realizaba cada quince días y se le remuneraba al tenor del artículo 65 del Arreglo Conciliatorio entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, del 25-2-92; el cual establecía, como porcentaje, el mismo de un médico especialista (G-2) bajo el régimen de disponibilidad, calculado sobre el salario base de un asistente médico general (G-1). Dicho porcentaje era de un 3% sobre el salario de dicho médico G-1, por estar disponible, y de un 3% de la misma base, por hora efectiva laborada de lunes a viernes y 5% por las laboradas sábados, domingos y feriados. Dichos índices porcentuales son tomados del artículo 84 del Arreglo Conciliatorio entre la Caja y la Unión Médica Nacional , del 17-11-92. El 18-4-94, por circular N° 9063, denominada Normas para la prestación y el pago de disponibilidades para profesionales en medicina humana , la Gerencia de la División Médica , de la demandada, acordó elevar el porcentaje pagado al médico G-2, sujeto al régimen de disponibilidad, a un 18.8%, variando la hora efectiva, laborada en un fin de semana o en un feriado a un 3.5% y manteniendo un 3% para las laboradas de lunes a viernes. Sobre este punto la actora alegó, que siendo el porcentaje adicional de salario por disponibilidad del médico G-2, el utilizado en el pago de su disponibilidad como Microbióloga, al ser variado, el suyo también se modificó, pues es el índice dispuesto para el mismo. Reclama el pago de la diferencia, entre lo percibido y lo dispuesto por el médico G- 2, a partir de dicha reforma. Según lo regulado en el artículo 65 del Arreglo Conciliatorio suscrito entre la demandada y el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, se infiere claramente el establecimiento convencional, entre patrón y sindicato, de un índice, para la determinación del porcentaje a pagar, por concepto de disponibilidad. No existe un tanto por ciento fijo y determinado, que se regule directamente en la norma, sino que el mismo es determinable, por remisión al porcentaje devengado por una categoría profesional específica, en el caso de índices para realizar cálculos, cualquier reforma que se opere sobre dicho parámetro, modifica automáticamente, salvo que indique, expresamente, lo contrario, lo establecido en las normas jurídicas, que hace remisión al mismo y, por ende, estas últimas dependen de las modificaciones que se le hagan al primero. En este caso, la reforma al porcentaje pagado al Médico Especialista, conforme al arreglo entre la demandada y la Unión Médica Nacional , es totalmente omisa en cuanto a variar o no lo dispuesto en el arreglo hecho con el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas. Lo anterior conduce a apreciar una reforma implícita de la situación de los profesionales en salud adscritos al artículo 65 anteriormente citado; dado que, el texto de la norma no sufre variación alguna y sigue remitiendo, pura y simplemente, al índice establecido para el Médico Especialista, el cual sí fue modificado. Conforme a lo anterior, se debe concluir que, toda reforma que se haga de tal parámetro, influye directamente en la situación salarial de los profesionales, que dependen del artículo 65 ya aludido, al prestar su servicio bajo el régimen de disponibilidad. En consecuencia se debe confirmar la sentencia recurrida, que condenó a la demandada a pagarle, a la actora, la diferencia de 15.8%, que se negó a reconocerle una vez variado el porcentaje por disponibilidad, del Médico Especialista o G-2 en el año 1994, de un 3% a un 18-8%. [ 227-00]

DISPONIBILIDAD. SE APLICÓ NORMATIVA RETROACTIVAMENTE DESCONOCIENDO EL DERECHO DEL ACTOR. CASO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA. El actor tenía asignadas jornadas de disponibilidad en gastroenterología con el consecuente reconocimiento de ese sobresueldo en su salario. Las mismas le fueron suprimidas por cuanto no se hallaba debidamente inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos con una especialidad en gastroenterología. Esta Sala estima que el acto ejecutado por la Caja Costarricense de Seguro Social resultó abusivo, al aplicársele al accionante, retroactivamente, una disposición normativa que desconoce su derecho a percibir el pago de un sobresueldo que venía disfrutando desde hace más de ocho años y en cuyos requisitos, inicialmente, no se incluyó la correspondiente inscripción de la especialidad en el colegio profesional. Puede concluirse que al actor se le conculcó un derecho adquirido, máxime cuando demostró tener la idoneidad necesaria para realizar las funciones encomendadas. [775-08], [601-08] : Tiene NOTA

CÁLCULO DE INCENTIVO POR CARRERA HOSPITALARIA. PAGO POR DISPONIBILIDAD FORMA PARTE DEL SALARIO. PROCEDE EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES. No cabe duda de que el pago por disponibilidad forma parte del salario total y no puede concluirse, como se ha pretendido, que este último está conformado únicamente por los componentes salariales fijos, pues tal conclusión no puede extraerse de la normativa aplicable. [712-09], [903-09], [086-10], [259-10], [337-10], [910-10], [955-10], [992-10], [199-11],  [881-11]

DISPONIBILIDAD MÉDICA FORMA PARTE DEL SALARIO TOTAL. DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL INCENTIVO POR CARRERA HOSPITALARIA. CONCEPTO DE SALARIO TOTAL. El incentivo por carrera hospitalaria a que tiene derecho el actor, debió calcularse con base en el salario total y, como parte de él, tomar en cuenta lo devengado por concepto de disponibilidad. [179-10], [211-10], [336-10], [399-10], [436-10], [529-10], [957-10], [958-10], [991-10], [993-10], [1055-10], [1141-10], [1142-10], [1353-10], [1592-10], [152-11], [757-11], [787-11], [788-11], [810-11], [833-11],

DISPONIBILIDAD MÉDICA. NATURALEZA JURÍDICA: RETRIBUCIÓN ECONÓMICA. INCENTIVO POR CARRERA HOSPITALARIA. La dedicación exclusiva médica constituye un complemento de naturaleza salarial. Este tipo de complementos salariales, deben considerarse para los deberes de cotización a la Seguridad Social e impuestos, y su naturaleza salarial no puede ser determinada libremente por las partes, pues viene dada por la propia ley. Por su parte, en cuanto al incentivo por carrera hospitalaria, el legislador previó que el mismo se calculara con base a la totalidad de los ingresos de naturaleza salarial que perciba el profesional en ciencias médicas. Siendo que el pago por disponibilidad forma parte del salario total, debe entonces considerarse para el cálculo del incentivo por dedicación a la carrera hospitalaria. [402-10], [605-10]

CÁLCULO DE INCENTIVO POR CARRERA  HOSPITALARIA. MONTO DE DISPONIBILIDAD FORMA PARTE DE SALARIO TOTAL. CONCEPTO DE SALARIO TOTAL.  De los numerales 5 y 13 d la Ley de Incentivos a los profesionales en ciencias médicas, no puede extraerse que el incentivo por dedicación a la carrera hospitalaria deba calcularse únicamente con los componentes fijos del salario, tal y como se ha alegado. Véase que la norma señala expresamente que su importe corresponde a un porcentaje sobre el salario total y en este se incluyen el salario base, los sobresueldos, incentivos, aumentos, anualidades y cualquier suma que se considere salarial. Sin lugar a dudas, lo pagado por disponibilidad médica constituye un sobresueldo de naturaleza salarial, razón por la cual debe considerarse parte del salario total (sobre salario total se citan las sentencias n°309-97 y 996-07. [024-11], [588-11]

DEDUCCIONES APLICADAS A LAS DIFERENCIAS SALARIALES RECONOCIDAS POR DISPONIBILIDADES. La jurisprudencia de esta Sala ha reiterado el criterio de que el agente retenedor de las sumas por cargas sociales e impuesto al salario es la parte patronal. Las cantidades retenidas como tales las debe remitir el patrono a las respectivas instituciones, quienes por el atraso podrían reclamar el derecho a intereses (artículos 30 y 31 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y numerales 23 y 46 de la Ley de  Impuesto sobre la Renta)(se cita la sentencia n° 936-07). [458-11]

DISPONIBILIDAD MÉDICA COMO INTEGRANTE DEL INCENTIVO POR CARRERA HOSPITALARIA. Si el incentivo por dedicación a la carrera hospitalaria se previó para ser calculado con base en el salario total, y en este se incluyen todos los sobresueldos y cualquier suma que tenga naturaleza salarial, lo pagado por disponibilidad, que es una forma de retribución salarial, también debe incluirse en la base de cálculo de aquel incentivo, sin que le sea permitido a los órganos jurisdiccionales valorar la conveniencia o inconveniencia que representa, para los intereses institucionales, una interpretación en tal sentido,  porque eso es materia propia del legislador que lo ordenó así. Además, la sentencia impugnada es clara en cuanto el reconocimiento se ordena, únicamente, para los periodos en que los actores efectivamente hayan laborado disponibilidad; determinación que se libró a la vía administrativa o bien a la de ejecución de sentencia en caso de desacuerdo. [1055-11]

SE RECONOCE LO DEVENGADO POR DISPONIBILIDAD MÉDICA DENTRO DEL RUBRO DE CARRERA HOSPITALARIA. Sin lugar a dudas, lo pagado por disponibilidad constituye un sobresueldo de naturaleza salarial, razón por la cual debe considerarse parte del salario total. Así pues, para el cálculo del incentivo por dedicación a la carrera hospitalaria, debe tomarse en cuenta lo devengado por los actores por concepto de disponibilidad. [1068-11], [1070-11], [277-12], [405-12], [526-12]

NO SE RECONOCE DISPONIBILIDAD MÉDICA DE LA CCSS PORQUE ACTOR NO ES ESPECIALISTA. Fue debidamente acreditado que el actor se ha desempeñado únicamente como médico general y no como especialista, de ahí que no podría reconocerse el emolumento solicitado. [423-12]

NO HAY PRESCRIPCIÓN DE INTERESES. CASO DE DISPONIBILIDAD MÉDICA. En virtud del principio de que lo accesorio sigue la suerte del principal, al no haber prescrito la acción para el cobro de diferencias por disponibilidad médica, tampoco pudo prescribir el derecho al reembolso de los intereses que estas generaron antes de su reconocimiento en sede judicial. [823-12]

DISPONIBILIDAD MÉDICA. CONCEPTO. PAGO PRORRATEADO EN LA CCSS ES PROCEDENTE. Es cierto que la reglamentación no establece en forma expresa que la retribución prevista se pagará conforme a la cantidad de horas de disponibilidad. Sin embargo, tampoco regula lo contrario, o sea, que se pagará ese porcentaje único con independencia de la cantidad de horas en que la persona esté sujeta a la disponibilidad. A juicio de la Sala, la interpretación dada en las instancias precedentes a los numerales 9 y 20 de la reglamentación es correcta y se ajusta al criterio de austeridad con el que deben manejarse los fondos públicos. En efecto, de conformidad con la normativa citada, “Al médico que cumpla con su jornada diaria de disponibilidad, tal como lo establece el presente reglamento, se le pagará la suma correspondiente al veintinueve punto cero ochenta y tres por ciento (29.083%) del salario base del G-2…”. Ahora bien, debe entenderse que ese pago está previsto para el cumplimiento de las jornadas diarias, sean estas de quince o de veinticuatro horas. Si la jornada diaria se ve disminuida en atención a los requerimientos del servicio, se estima equitativo que también se merme la retribución, en relación proporcional a la cantidad de horas de la jornada requerida por día, sin que esa interpretación se considere contraria al principio protector. En razón de lo expuesto, a nada conduce analizar si al caso se aplicó o no una directriz que había sido dejada sin efecto por la nueva reglamentación, por cuanto se considera que esta sí contempla el pago proporcional que la parte actora reprocha. [550-13]