S3

 

 

REAJUSTE SALARIAL

 

 

Sí hubo solución de continuidad en la relación del actor que fue Gobernador de Puntarenas y Ejecutivo de esa Municipalidad e ingresó a laborar en el IMAS un mes y seis días después de haber ocupado ese cargo. Voto salvado: No hubo solución de continuidad porque al momento de ingresar al IMAS no había prescrito su derecho a reclamar las prestaciones por aquellos servicios. (61-80)

Se atendió reclamo de diferencias reclamadas por contratista contratado para la voltea de montaña y siembra de pasto. (67-81])

Con la prueba se demuestra que actor era Asistente Administrativo, y la demandada no logró acreditar que se tratara de un oficinista. (16-82)

Procede el pago a los actores ingenieros agrónomos del banco demandado, del pago adicional por concepto de incentivo salarial por carrera profesional, de acuerdo con el reglamento de aplicación del decreto ejecutivo N° 4949-P de 26-6-75. [18-83]

El actor desempeñaba el cargo de dependiente-vendedor y no el de Regente Agrícola, razón por la cual el reajuste de salarios debe calcularse a base del salario que él devengaba y no el correspondiente a un profesional de la rama de la agronomía. [ 148 -85]

Anualidades. Los aumentos anuales a que tienen derecho los servidores judiciales cada año, no son automáticos, sino que se reconocen de acuerdo con los méritos que tenga cada uno, tomados los mismos de la calificación periódica de servicios. En este caso los actores perdieron las de 1978 y 1979 por sanciones disciplinarias, ya que las dejaron de percibir, no por culpa del patrono, sino de ellos, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 6801 de 24-8-82 (Ley de Salarios del Poder Judicial ) y el artículo 64 del Estatuto de Servicio Judicial que son complementarios. [ 18-86] , [185-86] , [251 -86]

Anualidades. La aplicación de las normas que regula el reconocimiento y el pago de las anualidades en el Poder Judicial , no deben verse duplicadas con el incentivo que acuerda la ley de incentivos médicos, porque ello equivaldría a un doble pago por un mismo tiempo servido al Estado. Si bien se ha reconocido para ciertos efectos, que las instituciones públicas en general constituyen parte del Estado, el cual es uno solo, lo que viene a confirmar la tesis de que nadie puede pretender que se le pague una doble antigüedad por los mismos años de servicio. (86-86)

Los actores aunque trabajan para el programa de refugiados, son empleados del y pretenden que éste, está obligado a pagarles aumentos acordados a la base establecidos por una comisión, pero corresponde a la autoridad presupuestaria formular las directrices de la política presupuestaria del sector público, aunque los dineros provengan de organismos internacionales, y por ello, están sujetos como empleados del sector público a la política de dicha autoridad, por lo que se rechaza su reclamo. [121-86]

El fallo recurrido lo liquidó como si la actora hubiese trabajado la jornada completa, cuando en verdad trabajó cinco horas diarias. De esta forma, debe calcularse en proporción a las cinco horas diarias trabajadas por la actora. [173-86]

Si el artículo 79 de la Convención indica que la empresa accionada debe completar el salario que resulte como consecuencia de determinado cálculo, en caso de que la Caja o el Ins no le reconozca subsidio alguno, ha de entenderse que al trabajador debe cancelársele el 100% de su salario, y no el que resulte hasta completárselo en caso de recibir algún auxilio, ni mucho menos lo que pretende interpretar la parte demandada, de que no tenía obligación de otorgarle salario alguno, porque no recibió ningún subsidio de la Caja y sólo en ese caso es que debía hacerlo. [13-87]

La parte actora reclama que la entidad patronal debe hacer un aumento de Ë00 y en sentencia se accede a tal extremo; pero tal reclamo no tiene asidero jurídico, porque si el juicio lo que trata es de obligar a la institución bancaria a cumplir con las cláusulas del convenio y en éste no se establece ninguna obligación por parte del banco de aumentar los salarios en la cantidad dicha, el incremento decretado carece de asidero alguno y por ello no procede su reconocimiento. [18-87]

Estiman los actores que se ha violado el párrafo 1° del artículo 12 de la Ley 6836 de 22-12-82 (Ley de Incentivos Médicos), al considerar que los profesionales en ciencias médicas tienen derecho como mínimo a un aumento porcentual igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos en el tanto que éste no se integre a la base general, pero considera la Sala, que sólo proceden cuando efectuado un aumento general de salarios para los empleados y funcionarios del Gobierno Central, el mismo NO se integre a la base salarial. [ 39 -87]

Reclama la actora profesora de un centro de enseñanza privada, la totalidad del salario indefinidamente desde que la CCSS le dejó de reconocer el 50% como subsidio hasta el término de su enfermedad, con base en el artículo 167 del Estatuto de Servicio Civil, siendo la incapacidad absoluta y permanente. Acorde con los artículos 36 del Reglamento al Estatuto y 80 del Código de Trabajo, dándose el despido, el reclamo carece de fundamento, porque no podría cumplirse la condición de revalidarse la incapacidad cada año, pues al ejercer la parte patronal su derecho al despido, se disolvió la relación laboral y por ende resultaba ya innecesario cualquier revalidación de incapacidad. [ 49 -87]

Piden los actores ingenieros topógrafos trabajadores del , que se les pague los honorarios por el uso del protocolo. Pero se establece que no existe ninguna obligación para que se les remunere por el uso del mismo en los casos en que la ley así lo requiere, por ser consubstancial con el ejercicio del cargo, además de que se trata de un honorario que no está contemplado en la ley 6835 de 22-12-82, ni en ninguna otra ley de la república. [ 52 -87]

El banco demandado al aplicar lineamientos de la Autoridad Presupuestaria que ordenaba que la diferencia entre el salario de ingreso y el mínimo profesional debía aplicarse como aumento a la base, creó una brecha salarial entre un puesto determinado y funcionarios de otros puestos ubicados en la misma categoría, con lo que éstos últimos tienen derecho a las diferencias salariales mientras se mantuvo la brecha y al solucionarse el problema cesa ese derecho. [ 74 -87], [78-88]

Los derechos otorgados en el artículo 17 de la Ley N ° 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, abarcan los tres meses anteriores a la solicitud presentada ante la entidad bancaria, los demás meses están prescritos. [ 50 -88]

Para el cálculo a los profesionales en ciencias médicas por incentivos de carrera hospitalaria, administrativa y consulta externa, se considera para el caso concreto, como salario total, en el momento en que entró en vigencia la ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, la suma de los siguientes conceptos: salario de la clase, sobresueldos por costo de vida, antigüedad, así como los sobresueldos por peligrosidad y los sobresueldos de los patólogos, en su caso, a partir de los tres meses anteriores a la presentación de esta demanda, se incluirán además, para determinar el salario total, los incentivos por carrera hospitalaria, administrativa o de consulta externa. En el futuro, cuando se produzca un aumento de salarios, los incentivos en referencia se calcularán sobre el salario total que reciba el profesional en ese momento. [ 60 -88], [198-93]

Auditores del Banco reclaman el pago de las prohibiciones y beneficios contenidos en la ley 5867 al amparo de una norma presupuestaria que fue declarada inconstitucional, pero se estableció que en ningún momento adquirieron derechos provenientes de esa norma durante su vigencia ni tampoco se consolidó situación legal alguna en su favor, por lo que no procede su reclamo. [ 113 -89]

No es cierto que el actor se le nombrara como Jefe 2 sino que su traslado fue en forma horizontal conservando su categoría dentro del escalafón el mismo salario que había devengado, o sea, que a pesar del cambio de puesto la situación salarial no sufrió ninguna modificación. [ 123 -90]

Se considera correcto el fallo que ordena el reajuste, conforme al decreto de salarios mínimos. [ 57 -91]

A la Procuraduría le correspondía demostrar que el aumento (4.5%) decretado por el Tribunal Supremo de Elecciones lo fue por costo de vida. De la prueba se determinó que el aumento se dio para equiparar los salarios de este ente con el resto del sector público. [117 -92], [14-93]

Los incentivos salariales establecidos en laudo, corresponden también al actor, aún cuando ocupara puesto que requiere título de abogado y él no lo tiene. [ 222 -92]

Si a la hora de hacer los cálculos respectivos se obtiene un salario mayor al pretendido por el trabajador, debe concederse únicamente lo que éste solicitó. [ 251 -92]

El actor pretende que se le aplique el salario correspondiente a una categoría más alta, lo que se rechaza porque se trata de puestos que no reúnen los mismos requisitos de preparación académica ni de funciones a realizar. [ 311 -92]

No puede pretender la parte actora, el reajuste, porque tenía solamente mes y medio de laborar para el Ministerio de..., encontrándose entonces, en el período de prueba, en el cual, disuelto ese vínculo, no nace el derecho laboral que reclama. [ 35 -93]

El artículo 74 de la Convención Colectiva del Banco Popular reza: que el Banco reconocerá a todos los trabajadores por una sola vez, un beneficio adicional, que se hará efectivo al cumplir el primer quinquenio de servicios así: a. Primer quinquenio, un 25% del salario nominal mensual. b. Segundo quinquenio, un 50% del salario nominal mensual. c. Del tercer quinquenio en adelante, reconocimiento en cada quinquenio del 100% del salario mensual. En consecuencia el demandado debe reconocerle a la actora lo correspondiente al segundo quinquenio, porque lleva laborando, comprendido el tiempo servido en la actualidad y lo relativo al primer período de servicios, más de diez años. El primero no se reconoce por estar prescrito. Méritos. El artículo 47 de la Convención Colectiva del Banco Popular, establece un aumento anual por méritos cuando el trabajador obtenga una calificación igual o mayor al 70%. Examinadas las calificaciones que constan en autos de las cuales se dio audiencia al demandado sin objetarlas, consta que fueron superiores al 70%, por lo que tiene derecho la actora al aumento salarial por méritos. [ 43 -93]

Pretenden los actores se les reconozca todos y cada uno de los derechos otorgados por la ley 6836 de 22-12-82 o Ley de Incentivos para los Profesionales en Ciencias Médicas, así como el convenio suscrito por el Gobierno de la República, la C.C.S.S., la Dirección de Servicio Civil, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja y la Unión Médica Nacional , lo que no es posible, por la independencia y autonomía del Poder Judicial, imponerle un convenio que fue suscrito únicamente, por representantes del Poder Ejecutivo. [ 65-93] , [77 -93]

Si la ley de incentivos médicos, incorporó al régimen de salarios de los profesionales en ciencias médicas a los médicos veterinarios, que sirven en instituciones públicas, sin excluir, expresamente, a la Universidad Nacional de las reglas generales, no es posible, entonces, dejar por fuera al indicado grupo profesional, que presta sus servicios en dicha entidad. [ 192 -93], [358-99], [125-04]

Si el actor -marinero- percibía $50 diarios por cada viaje que hacía, por tratarse de un plus salarial, debió demostrar los viajes que hizo en la embarcación Energy Line , para otorgarle tal reconocimiento, cosa que no hizo, porque el haber presentado un documento sobre las salidas y entradas de dicho barco, del puerto de Puntarenas, no constituye elemento probatorio de que también él salió del país. [ 246 -93]

Se les concede a los actores, auditores no titulados de la Contraloría General de la República, el incentivo salarial de grado de responsabilidad por fiscalización superior constitucional , de conformidad con el artículo 20 del Reglamento para el incremento en el salario de los profesionales y subprofesionales, ya que tal plus está referido al cargo y ellos desempeñan idénticas funciones que sus homólogos titulados. [ 119 -94]

Para obtener el incentivo salarial de grado de responsabilidad por fiscalización superior constitucional , se requiere de la previa admisión al régimen de Carrera Profesional, siendo requisito sine qua non, dentro de éste, el ostentar un grado profesional, en los términos del Reglamento sobre el incremento en el salario de Profesionales y Subprofesionales de la Contraloría General de la República, y no de la simple titularidad o permanencia en un puesto, para que el que se exige, como requisito académico, el ostentar una licenciatura o un terminado bachillerato, lo que no cumplen los actores. [ 255 -94]

El banco debe reintegrar al actor el plus salarial correspondiente al pago de estudios superiores, desde que se le rebajó, como consecuencia de una incorrecta interpretación de lo resuelto por la Sala Constitucional , situación que debe mantenérsele en el futuro. [ 356 -94]

El extremo por diferencial cambiario fue denegado incorrectamente, porque si de acuerdo con las leyes de presupuesto de los ejercicios en los cuales el actor laboró como diplomático y dada la política institucional de minidevaluaciones de la moneda, al demandante se le debía cubrir las diferencias entre los montos presupuestados en colones y el salario, en dólares que debía remitírsele en su oportunidad, porque debe partirse de que se trató de parte de su salario, que el empleador retuvo indebidamente, obligándolo a subsistir, en aquel medio, con una retribución inferior a la que le correspondía, de acuerdo con la ley. [ 357 -94], [84 -97]

No procede reajustar el salario del trabajador -educador de una institución privada- al equivalente al de una institución parauniversitaria, porque la demandada no aparece autorizada ni registrada como tal. [ 18 -95]

La cláusula que invocan los accionantes se dio específicamente en un laudo arbitral suscrito entre los profesionales y la empresa demandada, de manera que sólo a dichos sujetos obliga, conforme a lo dispuesto por el numeral 534 del Código de Trabajo, por lo que el plus por riesgo o peligrosidad, se deniega. [ 123 -95]

(4.5). La excepción de prescripción es improcedente, porque al haberse producido el reconocimiento reiterado del derecho otorgado, por la parte patronal, no puede operarse la prescripción sobre el mismo derecho, ese reconocimiento implica ya, en un trasfondo jus laboralista, una renunciabilidad que alcanza la prescripción y la torna inaplicable lo que para este caso concreto es el espíritu del artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 11 del Código de Trabajo. [ 143-95] , [279-95] , [280-95] , [281-95] , [282-82] , [283-95] , [284-95] , [285-95] , [286-95] , [287-95] , [288-95] , [289-85] , [415 -95]

Anualidades. La posibilidad de que este extremo fuera incorporado al contrato de trabajo, dependía de la aprobación que diera sobre el particular, la Dirección General de Servicio Civil. Los mismos actores admiten que eso no ocurrió, lo que permite concluir que nunca ha sido parte de su relación laboral, y por ende no puede ser reclamado. [ 173 -95]

No procede el pago de lecciones interinas, si el actor no demostró, que efectivamente las laboró ni los hechos en los que sustenta su mejor derecho a la asignación de esas lecciones, conforme al Estatuto de Servicio Civil. [ 307 -95]

Siendo subsidios y no salarios, las sumas que se le reconocen al actor, durante los períodos de incapacidad por enfermedad, no corresponde hacer uso de ellos para establecer, reajustes salariales; máxime que esa incapacidad para trabajar, debida a una enfermedad -situación del subjúdice-, constituye causa individual de suspensión del contrato de trabajo, en virtud de la cual, al no existir prestación efectiva de un servicio, no se da la contraprestación que constituye el salario. [ 416 -95]

Los actores, peritos del Banco demandado y quienes no figuraron en el proceso colectivo, como servidores del banco, ponen igual al servicio de éste, sus vehículos personales, para la realización y ejecución de las tareas de sus puestos, tienen también derecho a que se les aplique el laudo, en sus efectos normativos y a que, por ello, se les pague el kilometraje en la misma forma en que se les satisface a quienes sí fueron parte, en aquel proceso. [ 30 -96]

Pretenden los actores, que a partir del 2-2-83, está en la obligación el demandado de reconocer y cancelar a partir de esa fecha, todo incremento salarial aplicado en el ajuste del 8.33%, dado que el pago es semanal, lo que es inatendible, pues lo propio es hacerlo con base en el promedio de semanas que tiene un mes (4.33), ya que de ese modo quedan cubiertas las semanas que contienen los 12 meses del año. No es posible, siquiera, tomar la concesión hecha por el INS del 8.33, como fuente y aplicarla extensivamente como el verdadero sistema de salarios del demandado en términos absolutos, porque los actos ilegítimos, con independencia de los derechos que en sí puedan generar para los terceros de buena fe, no pueden servir para fundamentar nuevas ilicitudes. [ 59 -96], [81-97]

El actor fue miembro del Comité Permanente de Trabajadores de la demandada, hasta el 14-4-94. Al despido -18-4-94-, todavía estaba protegido, sin duda, por el artículo 367 del Código Laboral. En reiteradas ocasiones, la demandada aceptó que al actor, se le despidió con responsabilidad patronal por una supuesta reorganización de personal y no por haber solicitado él mismo, su liquidación. Por esas razones, la Sala considera que los testimonios rendidos, no son veraces y contundentes, como para poderse determinar, con absoluta certeza, que el accionante renunció a la empresa y, que esa fuera la verdadera y única causa de la cesación de su relación laboral, por lo que procede el pago de 6 meses de salario, con base en el 367 citado. [ 301 -96]

El traslado y ascenso del actor, con igual rango y el mismo número de puesto, fue de su pleno conocimiento, de modo que siempre tuvo claro el puesto que conforme a las leyes presupuestarias estaba ocupando y de ahí que sólo puede tener derecho a los atributos económicos derivados de ese puesto y no de ningún otro. En consecuencia, si ostentando el cargo de Consejero de la Embajada de Nicaragua, se le trasladó a Washington con ese mismo puesto y luego, con el mismo número de puesto se le designó Ministro Consejero en esa misma Misión, no pasó a ocupar un nuevo puesto, por lo que no procede el reajuste que solicita. [ 306 -96]

Solicita la actora las diferencias salariales originadas en que no se le pagó el salario correspondiente a Jefe de Sección, desde el 1-10-91, lo que por esta vía judicial, resulta procedente corregir, porque lo sucedido en el caso de la actora obedeció a un error contenido en el estudio sobre Clasificación y Valoración de Puestos de la Municipalidad, elaborado por una empresa externa, equivocación que no fue corregida, sino hasta varios años más tarde, con el consecuente perjuicio económico que esa situación le significó a la servidora. [ 29 -97]

El aumento del 55% sobre el salario base decretado por la Junta Directiva de la Imprenta Nacional a los actores, es improcedente, porque carecía tanto de la previa resolución del Servicio Civil cuando del aval indispensable de la Autoridad Presupuestaria , lo que constituyen requisitos de eficacia y deben ser convalidadas a posteriori, puesto que está de por medio la administración de dineros públicos. Así las cosas, los trabajadores beneficiados con el incremento indicado, nunca pudieron adquirir derecho alguno, al amparo de aquella espuria decisión, porque la misma fue ineficaz desde su nacimiento. [31 -97]

El pago por seguro médico se deniega porque este rubro no se dio con el fin de engrosar el salario del actor, sino, todo lo contrario, fue una liberalidad patronal en procura de respaldarlo por laborar en el exterior, como complemento ineludible al sistema necesario y solidario de seguridad social, dado que éste sólo funciona normalmente en forma territorial, sea al interno del país, en la generalidad de los casos, para eventuales accidentes o enfermedades. [ 99 -97]

La accionada reportaba ante la CCSS, la suma de 50.000 mensuales como salario de la actora, sin embargo la prueba testimonial contradice ese dato y afirma que su salario era de $2.000 y por lo tanto ese es el monto que ha de reputarse como tal y con base en éste reajustar las prestaciones legales a las que tiene derecho. [ 202 -97]

En el demandado, antes de agosto de 1973, la jornada era de 6:10 horas diarias; pero después de ese mes a los empleados nuevos se les contrató con una jornada de 8 horas diarias, por lo que la misma se vio incrementada en una 1:50 horas. Con ello se dio, que mientras unos empleados tenían una jornada superior, los anteriores a aquella data tenían uno inferior y fue así como Gerentes, Las Jefaturas, Jefes de Sección y Encargados de Unidad, salían de su trabajo antes que los demás, dejando al personal subalterno sin una supervisión adecuada, por lo que el accionado acordó dado su alto costo aprobar a los jerarcas, esa 1:50 de más, por lo que no existió una desigualdad, pues los empleados nuevos conocieron y siempre aceptaron el nuevo horario. Por ende, el caso es que la parte accionada quiso establecer la jornada de ocho horas diarias pero, a fin de no afectar a sus antiguos empleados respetó -como tenía que hacerlo- la que éstos venían desempeñando. No se da, por consiguiente, la desigualdad achacada por los actores, pues ésta sólo se produciría cuando se le de, a situaciones iguales, un trato diferente; nunca cuando las situaciones son distintas. [ 222 -97]

El derecho al quinquenio reclamado por el actor es exigible y por única vez, después de cumplir cinco años de laborar, no antes, y el actor fue despedido de su cargo un día antes de los cumpliera, por lo que no puede tomarse en cuenta para el promedio de su salario y por ende en el reajuste de sus prestaciones. [ 226 -97]

Al actor se le trasladó con su aceptación, del puesto que tenía al de Ejecutivo de Banca Empresarial, todavía no creado en ese momento, al parecer por una promesa, de una mejora salarial y en el entendido de que ese cargo tendría una categoría superior. En esa idea y en el tanto se terminaba un estudio y valoración de puestos del Banco, se le canceló un sobresueldo por el recargo de funciones, pues permaneció en el mismo cargo. Realizado el estudio no alcanzó la categoría prometida, ni la del antiguo puesto ejercido. Huelga decir que las promesas hechas por la gerencia, no pasan de ser eso. Debe recalcarse que el actor aceptó el traslado y consecuentemente, el cambio respectivo, por lo que no puede pretender las diferencias salariales correspondientes a su anterior cargo, que con el estudio resultó en una categoría superior, pues respecto de él perdió su derecho, al aceptar el nuevo puesto; ni las diferencias concernientes al salario de la categoría que fue prometida. [ 239 -97]

El actor en su demanda señaló que se desempeñaba como director musical y arreglista, programador y productor, animador, intérprete y cantante, conductor del vehículo y promotor, de los cuales los juzgadores de instancia reconocieron sólo las de director musical, cantante y bajista. Se le cancelaba en forma adicional la suma de Ë5.000 por animación, por lo que no debe reconocérsele y en cuanto a las supuestas tareas de promotor y arreglista, no hay prueba alguna para otorgarlos, pues la recabada es omisa en cuanto a estos extremos, de igual manera en cuanto al puesto de chofer, ya que si lo desempeñó fue de modo ocasional excluyéndose, así de su salario, pues, la mayoría de las veces, fue transportador por otra persona. [ 277 -97]

Pretenden los actores el beneficio concedido a los profesionales y bachilleres de la demandada, en el Laudo Arbitral a partir de su vigencia, aunque ellos no fueron firmantes del mismo. Pero el derecho pretendido no existe en los términos reclamados, ya que los efectos del laudo en forma retroactiva, como está decretado en él, únicamente son aplicables para las partes que intervinieron en dicho proceso judicial, pues en relación con terceros, el laudo es una ley, que puede ser invocada por todas las personas que se encuentren en las mismas condiciones de quienes figuraron como parte en el proceso, pero por regla de principio, hacia el futuro. [ 124 -98]

Solicita el actor, se le respete en las funciones de médico especialista en oftalmología en el Hospital , o en cualquiera otra que desempeñe en el futuro, la categoría G 9 que disfrutaba en la plaza de Director Regional de Servicios Médicos de la Región Pacífica Central. Aún partiendo del hecho de que el puesto de Director Regional es un puesto de confianza y que por esa razón no se puede pretender la estabilidad en el puesto; tal cuestión no tiene relevancia para resolver la litis, pues, el actor, no incluyó como parte de su pretensión la reinstalación al puesto. La Sala estima que al demandante se le debió respetar la categoría G 9 sin menoscabo alguno, manteniéndosele el salario y los diferentes pluses salariales, al haberse éstos incorporado a su contrato de trabajo. Al compensarse la diferencia salarial entre el puesto de G9 y el de G2 con nuevas anualidades u otras mejoras salariales, se menoscabó en forma evidente los derechos del actor. [ 11 -99]

El actor en este juicio, señala en la demanda que ocupa, en la Municipalidad demandada, el puesto de Auxiliar de Topografía y Catastro y que mediante el Decreto Ejecutivo N° 21037-J, se le nombró Certificador Auxiliar ad honorem del Registro Nacional ; lo que se dispuso en virtud de un convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia y dicha Municipalidad, con el objeto de facilitarles, a los usuarios, el acceso a la información de la base de datos del Registro Nacional; y concluye que, con lo anterior, se produjo un cambio en sus tareas, las cuales fueron aumentando con el recargo de esa funciones, por lo que pretende que se le conceda un aumento de salario que le retribuya ese recargo, a partir de la entrada en vigencia de aquel Decreto Ejecutivo. De acuerdo con lo dicho, el simple cambio en las tareas de un servidor público, no puede dar lugar a que los Tribunales de Justicia revisen esa situación de hecho, a los efectos de acordar revalorizaciones o incrementos, al margen del sistema salarial, vigente en la entidad pública a que pertenece el interesado, porque ello implica una actividad técnica de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. De esta manera, el actor, debió, para que su pretensión de aumento de salario pudiera ser tutelada en la jurisdicción, haber acreditado que la jerarquía competente de la Municipalidad, exorbitó, al recargarle las expresadas funciones, el bloque de legalidad que delimita sus atribuciones, en la organización de la actividad del Ente. Ello sólo sería posible si, con la atribución de nuevas tareas se violentó racionalmente el contenido laboral del puesto ocupado por él, de Auxiliar de Topografía y Catastro , según el respectivo Manual, y que, las nuevas tareas, se ajustan mejor -en los términos que quedaron explicados-, al contenido ocupacional de otro puesto o puestos superiores, que conllevan una mayor retribución; pues solo de esa manera podría saberse si la tarea encargada, de expedir certificaciones de la base de datos del Registro Nacional, que se le encargó en virtud del referido convenio interinstitucional y de aquel Decreto Ejecutivo, amerita un cambio salarial de acuerdo con la correspondiente estructura; que, para el caso, representa la fuente de derechos y de obligaciones, para ambas partes. No hay, en el expediente, pruebas del Manual Descriptivo de los Puestos que puedan tener interés en el asunto, ni el actor dedujo, precisa y correctamente, su pretensión invocando la violación de esos instrumentos, pues, como se dijo, se limitó a pedir un aumento de salario. [ 226 -99], [936-00], [105-02] , [592 -02]

El Sindicato actor considera que la decisión del Banco, de hacer efectivo el aumento del 10.99% a partir del 1-1-93, viola el artículo 58 del Laudo, pues según esa norma los incrementos deben hacerse a partir del 1° de julio de cada año, de modo que si esa variación correspondió al aumento por costo de la vista del período anual que cerró el 30-6-92, el mismo debió de aplicarse a partir del día siguiente y así lo han demandado en este proceso, en el cual han obtenido una sentencia favorable. El demandado critica esa sentencia, en primer término, porque se estimó la demanda con base en el mencionado artículo 58 arbitral, el cual, por ser una cláusula normativa no incorporada como derecho adquirido en los contratos individuales de trabajo, según criterio de la Contraloría General de la República, no puede servir de base para fallar en ese sentido, porque de conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional en sus resoluciones Nos 1696-92, de las 15:30 horas del 23-6-92 y 3285, de las 15 horas del 30-10-92, la disposición quedó anulada por inconstitucional. Es cierto lo de esa declaratoria; pero también lo es que la Sala Constitucional , en su segunda sentencia, que es aclaratoria de la primera, dejó establecido que los Laudos con prorroga automática o prorrogados de hecho -a los cuales corresponde el que interesa a este juicio de conformidad con su artículo 121- continuarían su vigencia hasta el 31-12-93 en cuanto al as cláusulas que reconocían derechos directamente a favor de los servidores o de sus organizaciones sociales y que las restantes cláusulas se tendrían por fenecidas a la fecha de publicación del fallo de la Sala, lo que se hizo en el Boletín de 3-8-92- Si el artículo 58 debe incluirse en el articulado que no concede derechos directamente a los expresados sujetos, su vigencia antes de ese 3 de agosto resulta incuestionable a la luz de lo dispuesto por la misma Sala Constitucional , por lo que sí es posible, tal y como lo hicieron los juzgadores de instancia, volver a su letra para reconocer y hacer respetar los derechos salariales que nacieron a su amparo en un período anterior. De acuerdo con lo explicado, no hay ninguna duda de que el acuerdo del Banco de diciembre de 1992, en virtud del cual dispuso el pago del 10.99% sobre los salarios básicos, lo fue para cubrir la diferencia, por igual porcentaje, que quedó pendiente del incremento salarial que acordó en la sesión de su Junta Directiva de 20-7-92 y que correspondió al ajuste que debía de hacerse por costo de la vida con base en el artículo 58 citado, por el período anual que expiró el 30 de junio. En ese acuerdo se dijo que si la cláusula del Laudo mantenía su vigencia, el aumento que se estaba haciendo encontraría fundamento en el artículo 58 y que Cualquier porcentaje adicional será objeto de consideración una vez que se conozcan los resultados financieros del Banco para el presente año, y además se confirme en su caso la plena vigencia del referido artículo 58 del Laudo . Si esa vigencia fue efectivamente confirmada hasta el 3 de agosto, debe entenderse que el aumento del 12% acordado en julio y la diferencia del 10.99% que se quedó debiendo para completar el incremento del costo de la vida estimado para aquel período en el 22.99%, encuentran como fuente normativa el artículo 58 de repetida cita. En atención a lo dicho y al contenido del acuerdo precedente, no hay duda, por más que en el acuerdo de diciembre se hablara de un reconocimiento al personal por su esfuerzo y dedicación , que ese porcentaje era el mismo que se había quedado adeudando, de modo y manera que cualquier variación no puede verse sino como un subterfugio para dejar de pagar el incremento durante el período semestral impago. Si ese acto se dictó para complementar el de julio y para dar lo que dejó condicionado a la vigencia del artículo 58 y que correspondía al período anual que terminó, como se dijo, el 30 de junio, lo efectos deben reconocerse a partir del 1° de julio. Lo contrario equivaldría a distorsionar la intención original del Banco, plasmada expresamente en el acto, de la cual después pretendió apartarse, y a desconocer un efecto del artículo 58 producido durante su vigencia. [ 379 -99]

Los accionantes, pretenden que se les pague las diferencias salariales derivadas de las revaloraciones dispuestas para los funcionarios cuyas actividades tuvieran especialidad en cómputo. Se pretensión está basada en el hecho de que, de conformidad con el oficio STAP-3-472-93, se autorizó el reajuste salarial de los salarios base de los funcionarios del , de acuerdo con la estructura salarial del Servicio Civil. Así, al disponer la resolución DG-201 -93, una nueva valoración para las clases correspondientes a la actividad en informática y la asignación a la correspondiente categoría de la Escala de Sueldos y Salarios de la Administración Pública , pretenden que se les cancelen las diferencias derivadas de esa nueva valoración y el consecuente ajuste de los salarios base, desde el 1-7-93, que fue la fecha de vigencia de esa resolución. Por otra parte, está claro que, la Autoridad Presupuestaria , al autorizar dicho ajuste de salarios, respecto de la Estructura Salarial del Servicio Civil, le ordenó al , la realización de un estudio integral de los puestos del Instituto, en un plazo de seis meses, contado a partir del 1-1-94. Este estudio no fue aprobado por la Administración del , sino hasta el 26-6-96, en lo concerniente a los servidores del área de informática. Los actores, atribuyen la responsabilidad de pagar las diferencias reclamadas, al Instituto demandado, precisamente, por el atraso en la realización de ese estudio, debido a lo cual, según lo que exponen, la Autoridad Presupuestaria , negó el pago retroactivo a partir del 1-7-93. En efecto, como se dijo, dicho estudio se ordenó con el acuerdo N° 2.873, adoptado desde el 9-11-93 y debió concluirse, según el plazo originalmente concedido, el 1-7-94; pero no se concluyó, en la realidad, sino hasta casi dos años después; lo cual produjo que, durante todo ese período, a los funcionarios del , con actividades en informática, que era a quienes se les podía aplicar la resolución DG-201 -93, que significaba un aumento respecto del salario base, no pudiera aplicárseles, con el consecuente perjuicio patrimonial, directo. Así las cosas, la inaplicación de los alcances de la resolución DG-201 -93, no se llevó a cabo, debido a la conducta omisiva de la Institución empleadora, al no presentar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria , el obligado estudio integral, requerido para la necesaria homologación, en cuanto a la clasificación de puestos respecto del Manual del Servicio Civil. Esta inactividad ilegítima del , no puede recaer sobre el servidor, perjudicándolo; puesto, precisamente, por no haberse realizado ese estudio integral, en el plazo otorgado, el aumento salarial no pudo verificarse entonces, sino hasta julio de 1996. La Administración, en criterio de la Sala, debe responder por todos los daños causados por su funcionamiento, legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo que medie alguna causa de justificación; sin embargo, en el presente caso, el , no acreditó que el atraso en la realización del estudio integral de puestos, se haya debido a algún motivo justificante. Por consiguiente, sobre el , recaer la responsabilidad de reconocer las diferencias salariales que, a los funcionarios, les hubieran correspondido; pues, no existe razón alguna, legítima o válida, justificante para que sobre ellos, puedan recaer los resultados negativos de dicha directa inactividad, negligente y culpable, del propio Instituto empleador. [ 392 -99]

Hecho el estudio de las pruebas que constan en los autos, en especial, la testimonial, se arriba a la conclusión de que los reclamos del recurrente carecen de cualquier sustento, en el tanto en que, de esa probanza se desprende que, la relación de trabajo entre el actor y el demandado, no se dio bajo las circunstancias que, el accionado, ha pretendido desde la contestación de la demanda. Así , éste no logró acreditar que, el actor, haya trabajado para él, únicamente, dos horas al día, tres veces por semana y, tampoco, que fuera una persona enferma, al grado tal de no poder laborar y que, por esa razón, haya abandonado sus labores. De la prueba evacuada, se desprenden conclusiones bien diferentes y debe indicarse que no existe elemento alguno que haga duda de la veracidad de las declaraciones rendidas, tampoco de la hecha por la cónyuge del actor. Con los claros y contestes testimonios, no quedaron fehacientemente acreditados los argumentos que, en su defensa, intentó, a lo largo del proceso, el recurrente y, por consiguiente, su recurso no puede ser legalmente acogido. Al respecto, debe tenerse en cuenta que es la parte accionada sobre quien recae la carga de demostrar los hechos en que sustentó su oposición. [ 77 -00]

El demandado reclama, que el sobresueldo pagado al actor, requería de un ineludible procedimiento de aprobación, por parte del Ministerio , según lo establecido en la normativa correspondiente y que, al no contarse con dicho requisito esencial, el aumento le fue concedido por un órgano incompetente; lo que vició la actuación administrativa y, consecuentemente, tal sobresueldo, le fue concedido de manera irregular; razón por la cual, luego se le dejó sin efecto. El accionante, por su parte, durante el transcurso del proceso, ha sostenido que, la Administración, actuó arbitrariamente; pues, le revocó un derecho ya concedido, sin haberle hecho siquiera comunicación alguna. Ha argumentado que, con base en la doctrina de los actos propios, la Administración estaba imposibilitada para revocarle, en la forma en que lo hizo, tal derecho ya otorgado. De conformidad con lo expuesto, quedó claro que, al actor, por la acción de personal N° 98-200890, se le concedió y se le pagó, el referido aumento, durante el mes de febrero de 1998. Luego, la acción número 98-200893, le concedió una prórroga de ese aumento, a partir del 1-3-98 y hasta el 31-1-99; sin embargo, por lo dispuesto en la acción de personal numero 236526, se le revocó, con claros efectos retroactivos al mes de marzo de 1998. De lo expuesto por el accionante en el escrito inicial, se desprende también que, dicho aumento, se le canceló sólo en tres ocasiones. Cabe señalar que, según el principio o la regla de la intangibilidad de los actos propios (prohibición de venire contra factum propium ), derivado de las normas constitucionales 11 y 34, a la Administración, le está vedada la posibilidad de revocar o de anular los actos propios, declarativos de derechos subjetivos de los administrados; salvo los casos de excepción, como los de la revocación, contemplados en los artículos 152 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y los que concierne una nulidad absoluta, evidente y manifiesta; según lo preceptuado en el numeral 173, ídem. En cuanto a lo sustentado por el accionante, durante la litis y, en especial, en su recurso de apelación, cabe indicar que, la teoría de los actos propios, requiere de ciertas condiciones o requisitos para que pueda ser legítimamente aplicada. En efecto, doctrinariamente, se ha establecido que, para su aplicación, es necesaria la existencia de una conducta anterior, relevante y eficaz; que resulte contradictoria con la que, posteriormente, se trate de ejecutar y que, en ambas, exista una identidad de sujetos. Presupuesto indispensable es, entonces, la existencia de un acto jurídicamente relevante, sea de trascendencia en el mundo del derecho; pero, se requiere, además, que dicho acto sea eficaz, en términos jurídicos. Lo anterior, también se deduce del análisis de la jurisprudencia constitucional; pues, en cada caso, se impidió que, la Administración volviera sobre sus propios actos , cuando se trató, efectivamente, de actos eficaces. En el caso que se analiza, se considera, entonces, que la citada doctrina no es de aplicación; pues, claramente, el acto administrativo de que se trata; si bien, de hecho tuvo una efímera eficacia, temporal e intermitente; jurídicamente, no fue nunca eficaz; pues, de conformidad con la normativa aplicable, para su formación y para su eficacia, el acto, requería de la necesaria autorización, del Jerarca del Ministerio ; la cual nunca se dio, ni siquiera con posterioridad. Por eso, como el acto estaba sujeto a un requisito ineludible -que nunca se dio, en su integración- jurídicamente, jamás devino en eficaz. En consecuencia, al faltar la obligada aprobación del Ministro -órgano constitucional encargado de la aceptación (artículo 21, inciso 1), ídem)- jurídicamente, el acto, no alcanzó eficacia y; por ende, según lo expuesto, la doctrina citada, no resulta aplicable. En resumen, no se está ante los presupuestos legales que permitan aplicar la doctrina de los propios actos y, por ello, no se estima que el actuar de la Administración sea contrario a la misma. Así , con la acción de personal número 236526, lo único que se hizo fue cesar los efectos que, de hecho, estaban surgiendo de un acto absolutamente ineficaz. Consecuentemente, el accionante, carece de cualquier derecho para que se ordene el pago del 50%, sobre su salario base, desde el momento en que dejó de pagársele y hacia el futuro. [ 316 -00]

Los actores son médicos residentes, de nacionalidad extranjera, realizan estudios de postgrado en los distintos hospitales de la accionada; gracias a un convenio suscrito entre la Universidad de Costa Rica y dicha entidad, para la formación de profesionales en medicina. Para la ejecución de ese convenio se creó un reglamento -norma o disposición general administrativo- denominado del residente extranjero . Del análisis de ese reglamento, queda claro que la finalidad del convenio entre la Universidad de Costa Rica y la entidad demandada, es la de permitir que los médicos extranjeros hagan sus estudios y sus prácticas de especialidad en los hospitales nacionales. Este es el único beneficio de la accionada. Todas las disposiciones del reglamento acreditan fehacientemente la naturaleza del vínculo que existe entre la accionada y los médicos residentes extranjeros, contrato que no es laboral, sino simplemente uno que surgen de la relación que existe entre un centro de enseñanza que, a través de la Caja brinda la formación a sus educandos. A éstos, únicamente se les otorga un permiso para realizar sus estudios y sus prácticas profesionales de especialidad, en clínicas y hospitales costarricenses, con una imposibilidad legal absoluta de carácter migratorio, para poder ejercer la medicina o de cualquier otra forma laborar en Costa Rica. A pesar de que dicho reglamento resulta ser ineficaz al faltar la aprobación del mismo por parte del Poder Ejecutivo, ello no genera ningún derecho a favor de los accionantes, puesto que su condición no es igual a la de los médicos nacionales que prestan sus servicios para la entidad accionada. Los actores tienen que contar con una beca, otorgada por entidades de sus respectivos países, para poder optar por su especialidad académica, en el nuestro. Esta condición implica que deben llevar una carga académica idéntica a la de cualquier médico nacional, que también cursa sus especialización, y realizar las mismas prácticas profesionales que ellos realizan, con la salvedad de que los frutos de esa capacitación, no los disfrutará nuestro país sino los de ellos; lo que ya de por sí los coloca en una situación legítimamente desigual, con respecto de los médicos residentes nacionales; la que no infringe el principio de igualdad, tutelado en el artículo 33 de la Constitución Política , por lo que resulta ser del todo improcedente la pretensión de los actores, de que se les reconozca un salario, por las funciones desplegadas en sus períodos de capacitación profesional y de prácticas hospitalarias -dentro de las cuales se encuentran las llamadas guardias-; porque, en realidad, ello forma parte de las obligaciones académicas que deben cumplir para poder obtener su especialidad; lo cual los hace diferentes a los médicos residentes nacionales. [ 377 -00]

Se concluye que el nombramiento realizado en el puesto de , se realizó completamente al margen del procedimiento contemplado en el Estatuto de Servicio Civil y en su Reglamento y, por ende, con flagrante y frontal violación del principio de legalidad. No consta un acto válido y eficaz de investidura, sino que, la única documentación que aparece, en relación con el nombramiento, es una extraña circular, firmada por el Jefe de la , por medio de la cual, le hacía saber a todo el personal, el nombramiento del accionante, en el cargo de Jefe de la Oficina de ; sin embargo, está demostrado que no se siguió el procedimiento obligado y tampoco se confeccionó y tramitó la correspondiente acción de personal; así como no se puso en conocimiento de las oficinas encargadas de los trámites respectivos esa designación, tanto para la constatación del nombramiento, como para los efectos de una nueva y más alta remuneración. [ 690 -00], [38-01] , [50 -01]

El cambio de jornada y las horas extra reclamadas por los actores, al no estar autorizadas por la entidad competente, ni por el ordenamiento jurídico en su conjunto, no pueden considerarse lícitas y efectivas, y tampoco como obligaciones a cargo de la institución; dado que no se trata de actuaciones ni de conductas, menos de actos previstos o regulados por el ordenamiento jurídico sectorial, con pleno sometimiento a la Constitución Política. [ 742 -00]

Pretende la actora se le cancele el salario del puesto de prosecretario del Tribunal Penal (el cual viene ocupando) al mes de diciembre de 1997, a partir del 1-1-98 y hacia el futuro. Pero todo obedece a modificaciones en el Manual de Puestos, a partir del 1-1-98. Algunos puestos de escribiente, prosecretario y secretario, que pasaron a ser clasificados en el nuevo Manual de Puestos, como Auxiliar Judicial 3, tenían una base salarial superior a la que, de acuerdo con la nueva clasificación equivalía a su categoría. En razón de ello, por mediar derechos adquiridos, y ser imposible una reducción del salario, sus puestos de denominaron Auxiliar Judicial 3-B, 3-C y 3-D. Tales derechos adquiridos, como vemos, obedecen a una situación especial, en la que no se encontraba la actora, quien hasta diciembre de 1997 ostentó el puesto de Escribiente 2G-4, con una base salarial de..., que se vio aumentada, en su nuevo puesto de Auxiliar Judicial 3. En el caso que nos ocupa, el concepto de derecho adquirido, denota una circunstancia consumada, en la que un derecho, antes inexistente, ha ingresado en la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. La figura del secretario desapareció, y en consecuencia, no puede decir la actora, que ella en este momento, por el hecho de que deba asistir a debates, esté realizando las mismas funciones que antes realizaban los secretarios, y eventualmente, los prosecretarios. Pues estas, eran de un contenido diferente y mucho más amplio. Consecuentemente, los anteriores secretarios y prosecretarios, percibieron un salario acorde a funciones distintas, que actualmente ya no realizan, y se mantienen con el salario anterior, en virtud de su derecho adquirido. Las funciones que actualmente desempeña la actora, como Auxiliar Judicial 3, obedecen a nuevas reglas, propias y adecuadas a la situación actual. [ 24 - 01]

Las diferencias salariales, reclamadas por el accionante, no pueden concederse; pues, a pesar de que existe el oficio..., que le encargó la Sección de Revisión, no existió un nombramiento formal que le de derecho a un eventual mayor salario. Su puesto es otro y en atención al principio de legalidad, el salario no podía ser modificado por la Administración. No puede tenérsele, jurídicamente con base en aquel principio de primacía de la realidad, nombrado en determinada plaza, que no es la que le corresponde formalmente, por tratarse de una típica relación de empleo público, en la que dicho principio es desplazado por el de legalidad, fundamental en la regulación de relaciones con el sector público. Por otra parte, no resulta violentado el principio de igualdad salarial, ya que, en el caso bajo análisis, el actor no contaba con el indispensable nombramiento que lo legitimara para devengar el salario correspondiente al puesto; el que no podría válidamente efectuarse, al carecer de los esenciales requisitos académicos requeridos para tal nombramiento. [ 518-00] , [690-00] , [698-00], [742-00] , (872-00), [38-01] , [141-01] , [109-01] , [181-01] , [471 -01], [160-02] , [235-02] , [267 -02] [25 -04]

No es procedente, la pretensión del actor de que se ordene la realización de un estudio para determinar las diferencias salariales a las que dice tener derecho con base en un laudo arbitral, según el cual los salarios base de los empleados del Instituto..., serán al menos iguales al promedio que resulte de los que devenguen los empleados homólogos en el Banco Central, el Instituto Nacional de Seguros, Asbana y Banco Nacional de Costa Rica; pues los estudios sí se realizaron, sólo que su puesto, a la luz de las funciones que verdaderamente realiza y no desde el punto de vista formal, no es homologable. [ 171 -01]

El actor indicó, en la demanda, el monto percibido mensualmente por concepto de comisiones. De no ser cierto, la empresa demandada se encontraba obligada a desvirtuar tal afirmación, aportando los registros contables, que por mandato legal, se encontraba obligada a llevar. Al no cumplir la accionada, con la ineludible carga probatoria, debe tenerse como cierto el monto que señaló el actor en su demanda. [ 229-01] , [244 -01]

Servidor municipal, cuyo nombramiento fue de asistente legal, de lo cual tenía conocimiento, pretende que se le pague el salario correspondiente al del puesto de abogado, porque realiza esas funciones; pero, al estar nombrado en otro puesto, no puede concedérsele el pago del otro. [ 322-01], [561 -02]

El actor fundamentó su demanda en varias disposiciones internas de la institución demandada, concernientes a la remuneración por "recargo de funciones", de las que se desprende que el "recargo de funciones" se caracteriza por ser temporal, sea por períodos cortos, lo que no concuerda con el caso concreto, en que las labores del actor como Subdirector del... del Hospital de..., se han ejercido en forma permanente desde finales de 1994 hasta la fecha. Aunado a lo anterior, no ha quedado acreditado que el demandante cumpla con los requisitos legales del puesto de..., como lo exigen las disposiciones legales correspondientes. De lo expuesto se colige que el reconocimiento de las diferencias salariales efectuado por los juzgadores de instancia carece de cualquier fundamento jurídico y, como tal, atenta contra el principio de legalidad. [ 425 -01]

La relación de servicio que nació entre el actor y la "Unidad Coordinadora del Programa de mejoramiento de la calidad de la Educación General Básica , UCP", debió ser una de naturaleza laboral pública o estatutaria -como era la voluntad del legislador, en cuanto al personal especialista se refiere-, y no darse bajo un contrato administrativo de consultoría, como ocurrió, toda vez que, dicha contratación no se ajustaba a lo que disponía el artículo 2 de la Ley 7315 de 23 de octubre de 1992, ni al texto del Decreto Ejecutivo N° 21903-MEP del 2 de febrero de 1993, por lo que la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria , ordenaron modificar la naturaleza de los contratos suscritos por el personal especialista, por todo el plazo que señalaba el Convenio de Préstamo, esta vez bajo la modalidad de contratos laborales o de relación estatutaria, no de consultoría, con cargo a la subpartida presupuestaria de Servicios Especiales y no a la de Consultoría , con lo que se adecuó dichos contratos al ordenamiento jurídico, respetando -de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria-, los derechos adquiridos por aquel personal, hasta la fecha en que fue derogado el acuerdo que autorizó aquel tipo de contratación, sea, antes de que los contratos de consultoría se transformaran en contrataciones de régimen laboral público o estatutario. No procede, en consecuencia, el pago de las diferencias salariales entre lo que ganaba el actor bajo el contrato en cuestión y lo que empezó a ganar en la relación laboral o estatutaria, cuando su actividad se adecuó a la subpartida presupuestaria de contratación que por ley le correspondía, a saber la subpartida de servicios especiales y no de consultoría, toda vez que no se trató de una cancelación o de un incumplimiento contractual, según lo disponía la cláusula Décimo Tercera del contrato, sino de la adecuación del mismo a la Ley. En ese sentido la Contraloría había dispuesto que no objetaría los pagos efectuados por la Subpartida de Consultorías; pero que, en el futuro, la contratación del personal debía ser por la Subpartida de Servicios Especiales, y que por tratarse de una relación estatutaria, era procedente el pago en moneda costarricense, según el artículo 57 de la Constitución Política y 165 del Código de Trabajo, por lo que resulta improcedente el pago de las diferencias salariales entre lo que ganaba el actor bajo el contrato en cuestión y lo que empezó a ganar después de la modificación. [ 451 -01]

La variación de los contratos, no fue caprichosa, ni arbitraria. Por el contrario la misma tuvo su sustento en órdenes emanadas por la Contraloría y la Autoridad Presupuestaria , con el fin de dar cumplimiento a la ley. Efectivamente , tal y como lo estableció la Contraloría, entre el artículo 2 de la ley 7315 y el artículo 15 del Decreto 21903, había una evidente incongruencia y era necesaria ajustarse a esa normativa, lo que no es abusivo, sino un indicativo del cumplimiento del principio de legalidad, que es el que rige las relaciones de servicio público. Como una consecuencia del ajuste de los contratos a la ley, se dio una variación en el salario percibido por la actora. Ajustándose dicho salario a lo dispuesto para la subpartida de servicios especiales, l que era lo que legalmente correspondía y no a la de consultorías como erróneamente se había hecho. Respecto a la variación de salarios en la administración pública hay que tomar en cuenta que se trata de desembolsos de dineros públicos; los cuales deben manejarse siempre con pleno apego a los controles y a las formalidades exigidas, expresamente, por el especializado ordenamiento jurídico sectorial vigente. No procede en consecuencia, el pago de las diferencias salariales entre lo que ganaba la actora bajo el contrato en cuestión y lo que empezó a ganar después de la modificación. [ 452 -01]

El puesto de winchero no fue homologado con el sistema de clasificación y valoración del Servicio Civil, cuando el Instituto Costarricense de... se ajustó al Manual de Clases de dicho Organismo, por no tener una jornada específica de labores, razón por la cual el actor no le asiste derecho a percibir el salario correspondiente al puesto de operador de equipo estacionario, previsto en ese otro Manual, el del Servicio Civil. [ 491 -01]

Con excepción del período en que el actor fungió como Jefe de Tesorería por autorización que diera la Autoridad Presupuestaria , no procede el reconocimiento de las diferencias salariales pretendidas. De previo a sus nombramientos, el actor sabía que éstos no le iban a deparar ningún beneficio económico adicional. Los Tribunales, mediante la vía del proceso declarativo, no pueden crear derechos que suponen a su vez la creación de plazas, con modificación del Manuel respectivo de puestos y de la Escala Salarial de la Institución; cuestión de tipo técnica y por los mismo de resorte exclusivo de la Administración en atención a las necesidades del servicio público, a la efectiva provisión de fondos y a la armonía del sistema. [ 573 -01]

En el contrato de trabajo de domicilio, la remuneración se cancela a destajo. No se prevén horarios, ni jornadas, así como tampoco, un rendimiento mínimo por parte del trabajador. Por ello, no resulta posible el establecimiento de un salario mínimo; y, carece de sustento fáctico y legal, la condena al pago de diferencias salariales. [ 685 -01]

La demandante se siente discriminada, porque sus compañeras de trabajo realizan labores idénticas a las suyas y cuentan con la misma preparación académica, pese a lo cual ostentan el grado de profesional 3 y perciben una remuneración superior a la suya, como profesional 2, lo que considera violatorio del principio constitucional de igualdad salarial. No obstante, el hecho de que, inexplicablemente, esas funcionarias estén catalogadas como profesionales 3, cuando a nivel del personal subalterno sólo existen las categorías de profesional 1 y 2, no le da derecho a la actora a que se le ubique como tal, porque, por tratarse de una relación estatutaria, priva el principio de legalidad sobre el de igualdad salarial, no pudiendo la actora ser clasificada al margen de lo que dispone el Manual Descriptivo de Puestos. [ 63 -02]

Se establecen los alcances del laudo dictado en diligencias de arbitraje establecidas por los empleados profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como de la resolución de la Dirección General del Servicio Civil, número.... Se indica que el instrumento colectivo, se limitó a ordenarle a la Dirección General de Servicio Civil, revisar el salario base y anualidades y otros aspectos salariales de los puestos Profesionales 1, 2 y 3; Jefe Profesional 1, 2 y 3, y Director General para ajustarlos a los dictámenes de la técnica, la realidad imperante, la equidad y la justicia. De ahí que, se considere que la fórmula automática para ajustar los salarios de los profesionales, cuando se otorgue un aumento general a los funcionarios amparados al Régimen de Servicio Civil, no se contempló en el laudo, sino que fue el resultado directo de determinados estudios técnicos posteriores, acogidos por la Administración en aquella resolución. Por último, se señala que el mecanismo de ajuste creado, partió del salario base del médico veterinario, más, no como un simple punto de referencia para incorporar la aplicación de un aumento de un aumento porcentual y equivalente al crecimiento del salario promedio de la Administración Central , como con grave error lo señala el recurrente. Lo que se pretendió, con la expedición de ese acto administrativo, fue darle respuesta al problema que se presentaba, porque las mismas categorías de profesionales, dentro del Régimen del Servicio Civil, tenían distintas remuneraciones y beneficios. [ 70-02] , [163 -02]

La Ley de Salarios de la Administración Pública , establece una escala de salarios, que rige para todo el sector público, y que deberá ser modificada, de acuerdo con las circunstancias, según criterios técnicos, por la Dirección General de Servicio Civil. Este es el órgano técnico competente, para fijar los mínimos, aplicables a todo el Sector Público, según lo dispone la Carta Magna. La escala en mención, es constitucionalmente vinculante para todo ese sector, como un mínimo, de acuerdo con las descripciones de clases con que traba la Dirección. Las demás escalas salariales del Sector Público, serían válidas, en la medida en que respeten ese mínimo, y su violación podría dar lugar, a un conflicto jurídico tutelable en sede jurisdiccional. Las estructuras salariales adquieren carácter normativo, pues forman parte de un presupuesto público, en el cual habrá un código para cada destino. Por ello, las modificaciones a las situaciones particulares -la condición de un determinado empleado- se hacen siempre sujetas a una real disponibilidad presupuestaria y hacia el futuro, a partir de un determinado momento, que ya está reglado, por el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, y las directrices de la Autoridad Presupuestaria. Consecuentemente , no es posible acceder a las pretensiones de la actora, toda vez que, ello implicaría, por parte de los Tribunales, incurrir en una ilegítima invasión de la competencia exclusiva -constitucional y legal- de los órganos involucrados en la fijación de los salarios. [ 105-02] , [479-02] , [566 -02]

Se cambia el criterio en cuanto a la naturaleza de Recope, concluyéndose, conforme con la jurisprudencia constitucional, que tiene una naturaleza mixta; razón por la cual, el régimen jurídico de los empleados es mixto, en el tanto en que se aplica la legislación laboral común, siempre y cuando no se desplacen consideraciones de orden superior, propias del Derecho Público. En lo tocante a la materia salarial, se concluye que se rige por los principios del empleo público, por lo que se deniega el pago de las diferencias salariales reclamadas. [ 146 -02]

Pretende el actor las diferencias de salario de oficinista 3 a cajero, lo que no es factible en este caso, invocando el principio de primacía de la realidad, dado que, en atención al principio de legalidad, el salario no podía ser modificado por la administración, toda vez que aquél no contaba con un nuevo nombramiento ni tampoco con la correspondiente e indispensable acción de personal, en un cargo que tuviera un salario mayor. [ 160-02] , [267-02] , [583 -02]

Pretende el actor que la prestación de servicios profesionales en ingeniería junto con los avalúos que realizó por más de 10 años, es una sola prestación laboral. Que la prestación laboral de avalúos y de ingeniería desplegada en un derecho adquirido y que el ingreso que percibe por los avalúos que realizó autorizados por la Junta Directiva de la institución patronal es un "plus salarial" que forma parte integral de su salario. No sólo no existía una regulación que reconociera la situación de un sueldo base más un plus por honorarios, sino que nunca hubo acuerdo, ni tácito ni expreso, equivalente por sus efectos a una norma o regla que declarara a favor, mucho menos con la perfección jurídica requerida, que el actor podía y debía realizar los avalúos como parte de supuesto y funciones, siendo la situación distinta, por lo que, a falta de regulación y de un acto administrativo expreso, declarativo de derechos laborales, en lo que a la realización de avalúos y los consiguientes ingresos se refiere, no existen derechos, igualmente laborales, adquiridos -entiéndase propiedad suya y parte integrante de su trabajo ordinario-, de buena fe, que no pudiesen ser unilateralmente excluidos, como en efecto se hizo, al establecer otro trámite, con ocasión y como consecuencia de la contratación de ingenieros y arquitectos externos a la institución. [ 125 -03]

No podría tutelarse la tesis de la demanda, en el sentido de que lo percibido por el trabajo en los procesos judiciales no debe tomarse en cuenta para el cálculo de extremos laborales derivados de la conclusión de la relación que ligó a las partes, pues la petición de la actora de acogerse a la movilidad laboral fue condicionada a que se le tomaran en cuenta esas percepciones con el indicado fin y así fue aceptado. Precisamente esa situación fue la que llevó a comisionar al Director Ejecutivo a negociar una posible transacción o finiquito. Si no estaba de acuerdo en la propuesta, una actitud transparente obligaba a una resolución negativa, que no se dio. [ 160 -03]

Pretende el actor las diferencias salariales correspondientes a 3 puntos más por carrera profesional, generadas desde 1991 al 1998 conforme a los salarios devengados en toda esa época. Como si se tratara de una Administración Pública indiferenciada, equivocadamente se condena al Estado, como ente público mayor que es, por errores administrativos que no le son imputables -a saber que el título obtenido por el actor en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, le fuera reconocido por la Universidad de Costa Rica como Especialidad en 1991 y como Maestría hasta 1998-, sino achacables a dicha Alma Mater que, como ente menor (no órgano del Estado), es una persona jurídica distinta, con personalidad jurídica propia, conforme con el artículo 4 de su Ley Orgánica. La actuación del Estado (Ministerio...) estuvo ajustada a derecho al otorgar los puntos correspondientes a la homologación de los estudios del actor. La tardanza en reconocer el título no es un error imputable al Estado. Erróneo e ilegal habría sido que por parte del Ministerio, se le hubiera reconocido y pagado unos puntos por un título que no había sido reconocido formalmente por dicha Universidad. Si el reconocimiento de títulos fuera competencia del Ministerio de Educación, sí le habría cabido responsabilidad al Estado. El reconocimiento de los puntos por parte del Ministerio... fue oportuno y ajustado a derecho. Habida cuenta que, cuando en 1991 el actor presentó su título, homologado a especialidad, el Ministerio le reconoció los 7 puntos correspondientes por carrera profesional; y cuando en 1998 lo volvió a presentar, esta vez homologado a maestría, le reconoció los 3 puntos restantes a que tenía derecho. Conforme a los artículos 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública , el contenido de todo acto administrativo debe ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho, surgidas del motivo. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. El motivo -que por lo dicho abarca cuestiones de hecho pero también de derecho -, deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. En el caso presente, el motivo legítimo y existente del acto del Ministerio... debía ser no una cuestión de hecho sino de derecho, como lo era necesariamente la acreditación documental del respectivo grado académico reconocido y equiparado por la Universidad. Por lo dicho, cuando en 1991 el actor presentó su título o certificación correspondiente al Ministerio... -tras la resolución No. ... del...de setiembre de ese mismo año, por la que formalmente la Universidad se lo reconoció como Especialidad-, procediendo entonces su Departamento de Recursos Humanos a reconocerle siete puntos por carrera profesional, así como a pagarle el incentivo correspondiente, con vigencia a partir del 1 de julio de 1991, dicha resolución y actuación administrativas no solo fueron oportunas sino legales, esto es proporcionadas al fin legal y correspondientes al motivo. Igualmente lo fueron la resolución y actuación administrativa posteriores cuando en 1998, -tras el reconocimiento que de ese mismo título le hiciera la Universidad, solo que esta vez como de maestría- el Ministerio... le reconoció los 3 puntos restantes por carrera profesional, procediendo a pagarle el incentivo correspondiente, con vigencia a partir del 1 de enero de 1999. Conforme a lo anterior, si bien es verdad que materialmente se trataba del mismo título, no es cierto que, desde el punto de vista jurídico tuviesen el mismo valor y efectos, tanto el presentado en 1991 cuanto el aportado en 1998, ni por ende que se tratase del mismo supuesto de hecho. Por lo que resulta correcto afirmar, como lo hace el recurrente, que erróneo e ilegal habría resultado que, por parte del Ministerio..., se le hubiera reconocido y pagado unos puntos por un título que no había sido reconocido formalmente por dicha autoridad acreditadora. Por otra parte, según la doctrina que se deriva del artículo 142. 2 de la ley General de la Administración Pública , para que un acto administrativo produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado, se requiere que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción y que la retracción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe, por lo que, siendo jurídicamente inexistente en 1991 el grado académico de maestría, no podía válidamente el Ministerio... reconocerle diferencias salariales por concepto de carrera profesional, retrayendo para ello, a ese año, los efectos del reconocimiento del grado de maestría obtenido en 1998. Como tampoco, por consiguiente, como se dispuso en sentencia de primera instancia. [ 169 -03]

Pretenden los actores, se obligue al Instituto... a aplicar el ajuste técnico salarial, aprobado para las clases profesionales del sector público, por la Dirección General de Servicio Civil, a partir del segundo semestre de 1998, obligándosele a pagar las diferencias en los respectivos salarios base y en los demás pluses salariales. Del contenido general de la autonomía conferida a las instituciones autónomas, se desprende que en materia salarial están sujetas a la ley, por tratarse de una materia de gobierno. Ahora bien, para concretar el punto en discusión, está claro que el Instituto... no está bajo la cobertura de acción de la Dirección General del Servicio Civil, cuya actividad está circunscrita especialmente al Poder Central. El Instituto..., en materia de política salarial, queda sujeto a la Autoridad Presupuestaria , tal y como se desprende de la resolución de la Sala Constitucional N ° 3309 de 15 horas del 5 de julio de 1994 (y en el mismo sentido puede consultarse la reciente sentencia, también de la Sala Constitucional , número 12019, de 9:08 horas del 18 de diciembre de 2002). En efecto, la Ley N ° 6821 de 14 de octubre de 1982, denominada Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria (hoy derogada, por la reciente Ley N ° 8131, publicada el 16 de octubre de 2001, que es la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos), y que estuvo vigente en la fecha en que se emitieron las directrices cuya aplicación reclaman los recurrentes, incluía en el ámbito de su aplicación al..., pudiéndosele ubicar, en la clasificación que se hacía en el artículo 2, como parte del Sector Público no financiero; razón por la cual, como se indicó, estaba sometido a las directrices generales emanadas de la Autoridad Presupuestaria , incluidas las de política salarial. De lo anterior, se concluye fácilmente que las resoluciones de la Dirección General del Servicio Civil, números..., no resultan de aplicación directa y menos aún vinculante en el Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como se plantea en el recurso; por más que ahí se señalara que resultaban de aplicación para todas las instituciones del sector público, que estuvieran bajo el ámbito de la Ley de Salarios de la Administración Pública. Precisamente , por esa situación es que la Autoridad Presupuestaria emitió la resolución..., por la cual decidió ampliar la cobertura (ámbito subjetivo), de las resoluciones de la Dirección General , en los términos ahí expuestos y sólo respecto de ciertas clases, sin que la parte interesada haya hecho prueba alguna en el sentido de que se cumplen los presupuestos de hecho previstos. A modo de conclusión, queda clara la tesis de que las resoluciones de la Dirección General del Servicio Civil no vinculan al Instituto de Desarrollo Agrario, dada su naturaleza jurídica de institución autónoma; y, por consiguiente, la aplicación directa que pretende el recurrente carece de sustento jurídico. [ 240 -03]

La vinculación del personal integrante de la Unidad Coordinadora del Proyecto debía hacerse mediante contratos de trabajo o por una relación estatutaria de servicio; sin embargo, se acudió a un "Contrato de Consultoría", que por esas mismas razones presentaba claros visos de laboralidad. Al darse cuenta la Contraloría General de la República, que las contrataciones de ese personal especializado habían sido pactadas contrario a lo dispuesto en la ley concreta, reguladora de los empréstitos, señaló que no procedía la aprobación del presupuesto correspondiente, hasta tanto no se corrigieran las imprecisiones apuntadas; por cuanto, el artículo 2 de la ley, claramente establecía lo siguiente: "Autorizase la creación de la Unidad Coordinadora del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica , como un órgano adscrito al Ministerio de Educación Pública, bajo la dirección del Ministerio de Educación Pública. Esta Unidad asumirá las funciones que se le atribuyen al Organismo Ejecutor, en los contratos de préstamo señalados en el artículo 1 de la presente Ley y tendrá a su cargo la ejecución del Programa. El personal de la Unidad Coordinadora estará excluido del Régimen de Servicio Civil; será nombrado por contratos de tiempo determinado y su clasificación y valoración será competencia de la Autoridad Presupuestaria. Por la vía del concurso de antecedentes internos se realizará la selección de personal más calificado, lo cual estará a cargo de una comisión establecida por las altas autoridades del Ministerio de Educación Pública (M.E.P.)". Así las cosas, pese a la existencia del Reglamento relacionado, el actor no puede pretender derivar derechos de dicha normativa (artículo 8, inciso 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial ). Por otra parte, tampoco puede pretender que se le concedan las pretensiones reclamadas; pues está claro que lo pedido deriva de un acto irregular, pues su contrato se pactó aún después de haberse dictado el segundo acuerdo de la Autoridad Presupuestaria ; razón por la cual, tuvo que procederse a ajustar las relaciones del personal de la de UCP al contenido de la ley. El derecho que pretende no puede serle concedido; pues está claro que la remuneración que le estaba siendo cancelada derivaba de un acto ilegítimamente pactado. Ahora, el acuerdo de la Secretaría Técnica salvó los derechos adquiridos, pero en cuanto a los montos mayores ya percibidos y claramente señaló que a partir de la modificación (ajuste a la ley), la remuneración sería la establecida para el puesto desempeñado por el actor. No se trata aquí de una modificación unilateral e ilegítima de la Administración, tal y como se ha querido hacer ver durante el transcurso de la litis, sino de la adecuación del contrato pactado con el actor, a los términos legales, tal y como lo ha argumentado la representación del ente demandado. [ 257 -03]

Preexistían resoluciones pertinentes de los órganos competentes sobre recalificación, reasignación o reestructuración de puestos; así como fundamento legal, jurisprudencial y resolución administrativa que, reconocía a favor de los actores y a cargo del Tesoro Público, obligaciones genéricas previamente declaradas por el Poder Ejecutivo. En el sub júdice, no fue sino tras el estudio, caso por caso, de los documentos de autos que, como correspondía, los juzgadores de instancia concedieron, por exclusión, a determinados actores y a cargo del Estado, el pago de diferencias salariales e intereses, de ciertos períodos, tras determinarse que no habían pagados y por ende era adeudados por éste. [327 -03]

El hecho de que el actor estuviere en un puesto de "auxiliar" y ocasionalmente funcionarse como "técnico", no quiere decir que tenga derecho a un ascenso por esas ocupaciones ocasionales. [ 355 -03]

REAJUSTE SALARIAL. Convención colectiva. Universidad de Costa Rica.  Alcances del dimensionamiento del voto N° 4453-00 de la Sala Constitucional en relación con las situaciones acaecidas antes del fallo. La eventual adquisición del derecho al reajuste salarial por costo de vida, se dio con anterioridad a la reseña de dicho voto en La Gaceta, queda cubierto por el mencionado dimensionamiento de sus efectos. [269-07]

REAJUSTE SALARIAL. Derechos adquiridos del trabajador. Adquisición del derecho a reajuste salarial por costo de vida en aplicación de convención colectiva previo a su declaratoria de inconstitucionalidad. [269-07]

REAJUSTE SALARIAL. ASISTENTES DENTALES DE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCR. No procede la solicitud de reajuste con relación a escala salarial privada. No se acreditó que durante esos años los actores y actoras percibieran un salario menor al mínimo establecido en los decretos ejecutivos previstos para el sector privado, para el puesto ocupado por ellos; por lo cual, resulta improcedente el reajuste en aplicación de esos decretos. [526-07]

REAJUSTE DE SALARIO POR RECARGO DE FUNCIONES. PROCEDE AÚN SI DESEMPEÑÓ FUNCIONES DE FORMA INTERINA. Si aún de manera interina, el actor se desempeñó en las funciones de Director de ambas Direcciones a partir del 23 de setiembre de 1998, el reconocimiento al reajuste por el recargo de las funciones de Director Ejecutivo debe entonces serle retribuido a partir de esa data. [779-07]

PROCEDE REAJUSTE SALARIAL POR REASIGNACIÓN DE PUESTO. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. ADMINISTRACIÓN NO PUEDE BASARSE EN ESTE PRINCIPIO PARA CONCULCAR DERECHOS. A la Administración solo le está permitido lo que está expresamente autorizado en la Constitución o las leyes. Sin embargo la Administración no puede escudarse en este principio para conculcar derechos de los administrados. La argumentación esgrimida por la accionada para justificar la omisión en el pago  reclamado carece de sustento ya que  la sanción aplicada no modificó en modo alguno el estatus laboral del accionante, porque cuando se le sancionó, la reasignación se había consolidado; de manera que no se violentó el principio de legalidad por los juzgadores al ordenar el pago correspondiente. [271-09]

NO PROCEDE EL REAJUSTE SALARIAL. SALARIO MENSUAL SUPERA EL MÍNIMO ESTABLECIDO PARA LA CATEGORÍA DE VIGILANTES. CASO DE VIGILANTE DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO. El cálculo de los derechos laborales que correspondan ha de efectuarse con base en el salario mensual tenido por acreditado por los juzgadores de instancia -no objetado por ninguna de las partes- de ¢255.744. Este monto retributivo supera el sueldo mínimo que rigió para la categoría de los vigilantes en los periodos respectivos (en el segundo semestre de 2006 fue de ¢153.515, en el primero de 2007 ¢161.114, y en el segundo semestre de ese año ¢169.331 -ver los Decretos Ejecutivos n.° 33188-MTSS, 33437-MTSS y 33840-MTSS respectivamente), por lo que no es de recibo el reajuste salarial requerido. [300-10]  

REAJUSTE SALARIAL. EL SALARIO MÍNIMO QUE APARECE EN EL DECRETO CUBRE TODA JORNADA ORDINARIA (6 HORAS -NOCTURNA-, 7 HORAS -MIXTA-, 8 HORAS -DIURNA- Y 12 HORAS -ESPECIAL-). Caso de guarda dormilón. El procedimiento empleado por el a quo para calcular las diferencias salariales es correcto. Tomó el salario mínimo mensual de un trabajador semicalificado, según los decretos ejecutivos que rigieron en cada semestre, y lo comparó con el sueldo mensual que percibía el actor. La jornada ordinaria del accionante era de 12 horas, estando todas ellas cubiertas por el salario mínimo establecido por decreto, lo que se infiere del artículo 3 del mismo. En otras palabras, el salario mínimo que aparece en el decreto no es solo para los trabajadores que laboren 8 horas al día, como equivocadamente lo entiende el impugnante, sino que ese monto cubre la jornada ordinaria, cualquiera que esta sea (6 horas si es nocturna, 7 si es mixta, 8 si es diurna -ordinales 136 y 138 del Código de Trabajo- o 12 si es la jornada especial del canon 143 de dicho cuerpo normativo). [584-10]

REAJUSTE SALARIAL: PROCEDE EN TANTO SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS ACUERDOS EMITIDOS POR EL BANCO Y NO SE HAYA DEMOSTRADO SU PAGO. Caso del Banco Nacional de Costa Rica. Los acuerdos emitidos por la Junta Directiva del banco, números 9580 y 9675, aprobaron equiparar el salario de los funcionarios que ocupaban puestos de jefatura sin tener grado académico universitario. Los señores ..., cumplían los requisitos exigidos en los acuerdos, no obstante, consta que se les pagó el reajuste por diferenciación de categoría de 383.15 colones; por lo que en su caso no procede reconocerles ningún reajuste salarial. En cuanto a los señores ... y ..., quienes fueron nombrados como Jefe 1, ostentando ambos una categoría 20 en la Escala Ejecutiva dentro del escalafón del banco demandado; cumplían con los requisitos exigidos, sin embargo, el demandado no demostró el pago del reajuste salarial de 383.15 colones aprobado; por lo que en este caso sí procede reconocer el reajuste desde la fecha en que adquirieron el derecho. Asimismo, el demandado deberá pagar las diferencias salariales que resulten de los rubros afectados por el reajuste. [890-10]

RECONOCIMIENTO DE FÓRMULA DE AJUSTE AUTOMÁTICO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. DERECHO ADQUIRIDO. La fórmula de ajuste automático se dejó de aplicar, supuestamente, por haberse derogado la resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-078-89 (que la contenía) con la n° DG-046-94, no obstante expresar esa última que se respetarían los derechos adquiridos de los servidores afectados. Los demandantes adquirieron el derecho a que se les siga aplicando la fórmula de ajuste automático que reclaman, por haberse consolidado e incorporado a su patrimonio como derecho adquirido, por lo cual continúan siendo acreedores de dicho beneficio (pues se encontraban en la circunstancia de hecho prevista en dicha resolución). Lo anterior significa que si la resolución DG-046-94 eliminó o modificó el beneficio que establecía dicha fórmula, la enmienda solamente es aplicable a aquellos que llegaron a ocupar el puesto de profesional 1, 2 y 3, profesional jefe 1, 2 y 3, y de directores generales con posterioridad a la derogatoria. En consecuencia, se debe fijar a los actores ese beneficio indefinidamente -hacia futuro-, rebajándoseles cualquier rubro que les hubiese sido reconocido por dicho concepto, mediante el sistema de aumento salarial que se les ha venido aplicando. Sobre el derecho adquirido se citan los votos n° 28-01 y 549-03. Por otra parte, el problema relativo a la vigencia de los laudos, con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de los numerales 368 (parte segunda) y 497 a 553 del Código de Trabajo (antigua numeración), respecto de las administraciones públicas, con regímenes de empleo de naturaleza pública, dispuesta por la Sala Constitucional mediante su voto n° 1692-92 (luego adicionado y aclarado), carece de cualquier interés en este asunto por intrascendente, pues el derecho reclamado en el proceso no solo deriva del instrumento arbitral, sino también, de la mencionada resolución administrativa. Caso de funcionarios del Ministerio de Obras públicas y Transportes. [1288-10]

REAJUSTE SALARIAL. QUEDÓ ACREDITADO QUE EL PATRONO CANCELABA UN SALARIO MENOR AL SALARIO MÍNIMO LEGAL. No puede tenerse por cumplida la obligación patronal de cancelar el salario legal debido, si con la certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, se demuestra que el actor percibió en algunos meses, un salario menor al legalmente determinado. La parte demandada reprocha como improcedente el reconocimiento de diferencias salariales, porque su representada no cancela a sus trabajadores menos del mínimo legal, sino que, puede  darse la particularidad, de que un trabajador reciba un salario inferior por alguna incapacidad, porque no laboró ciertos períodos o por algún permiso. Sin embargo, la obligación procesal de la accionada, al tenor de lo dispuesto en el numeral 317 inciso b) del Código Procesal Civil, era acreditar que las diferencias encontradas en las planillas mencionadas, se debía a que el trabajador estuvo incapacitado, porque no laboró algunos períodos o debido a permisos, lo que no cumplió. [1548-10]

REAJUSTE SALARIAL. HOMOLOGACIÓN  SALARIAL A FUTURO: NO PROCEDE POR CUANTO SE SUPRIMIÓ LA NORMA QUE SERVÍA DE BASE PARA APLICAR REAJUSTES. Caso del IFAM. Se cita voto [1170-2010]. La entidad accionada, en uso de sus potestades legales, derogó el método de revisión salarial consistente en la “homologación”. Así las cosas, al suprimirse la norma que servía de base para aplicar esos reajustes, no es posible “a futuro” continuar aplicando ese método, por cuanto no existe un derecho de los administrados para la inmutabilidad del ordenamiento jurídico, y lo que debe respetarse son los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de una norma vigente. En todo caso, la actora lo que solicita es el reconocimiento retroactivo del pago de diferencias generadas al amparo de la normativa vigente, y no aduce un derecho a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico. En virtud de lo anterior, deberá modificarse la sentencia recurrida, ordenando el pago de las diferencias generadas por la homologación salarial, hasta el momento en que estuvo vigente la norma que definía ese método de reajuste. [799-11]

SALARIO. NO PROCEDE REAJUSTE POR LABORES DE NOTARIADO PÚBLICO EN BANCO. Si dentro de la categoría en que están nombrados los actores está contemplada la realización de funciones notariales, ningún derecho les asiste para que se les remunere de manera adicional dichas tareas.  [965-12]